Julio Alberto Martínez Euan

Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
640/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Julio Alberto Martínez Euan
  • Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante el cual acusa recibo del oficio, con el que se le devolvió un legajo de copias certificadas, que envió en apoyo a su informe justificado, el cual se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos incidentales de los cuales se advierte que aun obra un diverso cuaderno auxiliar correspondiente a este expediente, toda vez que por auto de veintisiete de los cursantes se ordenó su archivo definitivo, se ordena devolver a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, las copias certificadas de las constancias conducentes del expediente del juicio ejecutivo mercantil 476/2014 de su índice, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el trece de septiembre y firmada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la aludida sentencia se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo 640/2021-III, promovido por Julio Alberto Martínez Euán, contra el acto que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito ingresado al buzón judicial y registrado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito es esta entidad federativa el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, Julio Alberto Martínez Euán solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal a su favor, en contra del acto que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe rendido por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de tres de noviembre de dos mil veinte, en el que no se accedió a poner en posesión el predio rematado en el juicio. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la resolución de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno dictada en el expediente 476/2014. Lo que se corrobora con las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado a las cuales se les concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Cuarto. Antecedentes del acto reclamado. Las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil número 476/2014, remitidas por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, brindan la información siguiente: Mediante sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince, se condenó al demandado Gerardo Jesús Aguilar Marrufo al pago de las prestaciones reclamadas y se ordenó hacer trance y remate de los bienes embargados. En proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de ciento trece mil pesos. Por acuerdo de uno de junio de dos mil diecisiete, se reconoció a Julio Alberto Martínez Euán -aquí quejoso-, el carácter de cesionario de la totalidad de los derechos derivados del juicio y de la ejecución de la sentencia quedando en el mismo lugar, grado y prelación que correspondían al cedente. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de ciento sesenta mil cuarenta y un pesos con sesenta centavos. En audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se declaró cerrado y fincado el remate del predio cuatrocientos veintiuno de la calle treinta y tres de la colonia residencial del norte de esta ciudad a favor del aquí quejoso, por la cantidad de trescientos ochenta mil pesos. El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se hizo constar que fue prevenido el juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos de pago con número 1429/2018 promovido por José Castellanos Sosa y el dieciocho de octubre del mismo año se hizo constar que fue admitido dicha tercería. Mediante proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de veinticinco mil quinientos pesos. En escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, el aquí quejoso solicitó se decretara que el auto aprobatorio de remate había causado ejecutoria así como el pago por compensación en virtud de que el monto de la planilla aprobada era por un monto inferior del remate, esto es, ciento ochenta y cinco mil quinientos cuarenta y un pesos con sesenta centavos, saldando una diferencia de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta centavos, misma que, según adujo, acompañó a su mencionado escrito. En acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, se tuvo por presentado a Julio Alberto Martínez Euán -aquí quejoso- no accediendo a la compensación que solicitó, en virtud de que había una tercería excluyente de preferencia de derechos. En contra de tal determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación que fue resuelto el diecisiete de febrero de dos mil veinte, en el sentido de declararlo improcedente. El tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por presentado a Julio Alberto Martínez Euán, solicitando que se dicten las medidas necesarias para ponerlo en posesión del inmueble rematado, a lo que no se accedió en virtud de que si bien había exhibido la cantidad de ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con cuarenta y nueve centavos, sin embargo el remate se cerró y se fincó a su favor por trescientos ochenta mil pesos, por lo que se consideró que no se había dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 1412 bis del Código de Comercio, pues no se ha había consignado en su totalidad del precio del remate, en virtud de la tercería excluyente de preferencia de derechos de pago, aunado a que no se accedió a la compensación que solicitó dicho compareciente. En contra de tal determinación el quejoso interpuso recurso de revocación que fue resuelto el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el sentido de declararlo improcedente, al estimarse que el bien inmueble lo adquirió por venta judicial la cual se encuentra condicionada para ser perfecta que se consigne el precio total del remate, siendo que al advertirse la constancia de interposición de la tercería de preferencia de derecho, se negó a tener pagada por compensación con su crédito que se solicitó y aun cuando dicha determinación fue recurrida por el aquí quejoso, ésta fue confirmada, por lo que al no advertirse que se haya pagado en su totalidad el precio del remate por virtud de la interposición de la tercería dicha venta judicial no se había perfeccionado. Determinación que constituye el acto reclamado. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No habiendo causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se deba analizar de oficio por esta autoridad, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830, del rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Entre sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce que con la resolución reclamada se pretende soslayar el derecho a una debida administración de justicia, basándose únicamente en la promoción de una tercería excluyente de preferencia, mismo que es totalmente improcedente por ser extemporánea, ya que el remate para el cual fue citado el tercerista con tres días de anticipación se llevó a cabo el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho y en segunda almoneda, por lo que sólo contaba con seis días para completar los nueve que expresamente dispone el numeral 430 del Código Federal de Procedimientos Civiles, siendo que al promover el juicio de tercería hasta el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, transcurrieron dieciocho días excediendo por mucho el término que concede dicho numeral, que la autoridad invoca pero sin aplicarlo, haciendo valer un derecho precluido sobre los del quejoso. Asimismo, aduce que la tercería tiene por objeto establecer a cuál de los acreedores preferentes que aparecen en el certificado de gravámenes del juicio ejecutivo mercantil se debe pagar primero con el precio total de la venta del predio rematado, por lo que al encontrarse en suspenso dicho pago total la venta judicial no se encuentra perfeccionada sino que hasta que se realice el pago. Agrega que del certificado de gravámenes del predio rematado que tuvo a la vista la Juez responsable se advierte que el gravamen relativo al embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil promovido por el tercerista es posterior al trabado en el juicio de origen, en consecuencia es improcedente que pueda tener un derecho preferente el mencionado tercerista, aunado que el quejoso no conoce el contenido de la demanda de tercería, por lo que no acceder a la posesión y declaración de pago del precio del remate con la compensación del crédito y el saldo exhibido resulta carentes de fundamentación y motivación. Además, el quejoso indica que para que sea procedente la tercería de preferencia es insuficiente que únicamente se acredite que un acreedor tiene a su favor un crédito en contra de la persona ejecutada, sino que se debe acreditar que dicho crédito es anterior al crédito del ejecutante y mucho menos se acredita sea exigible al instante de iniciarse la tercería, en virtud de que el crédito por sí solo es insuficiente para logar que al rematarse el bien se le pague preferentemente por no existir prueba documental alguna que demuestre la preferencia del crédito, en virtud que del certificado de gravámenes se aprecia que el embargo trabado a favor del tercerista fue inscrito el ocho de septiembre de dos mil catorce, es decir, en fecha posterior al embargo trabado en el juicio de origen, que fue el veinticuatro de junio del año dos mil catorce, lo que se deduce su total falta de preferencia, en consecuencia, no existe motivo para suspender la compensación de pago del precio del remate solicitado por el quejoso, así como la posesión del predio que ha entrado a su patrimonio, por lo que dicha determinación carece de fundamentación y motivación Asimismo, aduce que resulta falso que no se haya consignado la totalidad del remate, toda vez que mediante escrito de doce de agosto de dos mil diecinueve exhibió la cantidad de ciento noventa y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, en concepto de diferencia del precio del remate fincado a su favor por trescientos ochenta y nueve mil pesos sin centavos. Resultan inoperantes por una parte e infundados por otra, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Se llega a tal determinación, ya que se estiman inoperantes los argumentos que formula la parte quejosa tendientes a cuestionar la procedencia de la tercería excluyente de preferencia, toda vez que son cuestiones ajenas al juicio. En efecto, al margen de que la autoridad responsable en su resolución reclamada hizo referencia a la interposición de un juicio de tercería excluyente de preferencia, esto fue únicamente al indicar que así se advirtió de la constancia secretarial y que por esta razón no se accedió en diverso acuerdo a tenerse por pagado el remate mediante compensación, siendo que la procedencia o improcedencia de dicho juicio de tercería son cuestiones que se van analizar precisamente en dicha contienda, por lo que este juzgador no puede abordar los argumentos en la forma que fueron planteados por el quejoso. Por otro lado, resulta infundado el concepto de violación formulado por el quejoso en el sentido de que resulta falso que no se haya consignado la totalidad del remate, pues a su entender, mediante escrito de doce de agosto de dos mil diecinueve exhibió la cantidad de ciento noventa y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos, en concepto de diferencia del precio del remate fincado a su favor. Se dice infundado este argumento, ya que en contraposición a lo aducido, no se estima que haya pagado la totalidad del remate, toda vez que como bien indicó la autoridad responsable, le fue negada la compensación, por lo que la cantidad exhibida no pude considerarse como diferencia del precio del remate. Bajo estas consideraciones, al estimarse inoperantes en un parte, e infundados en otra, los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julio Alberto Martínez Euán, contra el acto que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por lo motivos expuesto en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del Juzgado.

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