Julieta Ramos Roman

Expediente 533/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
533/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Julieta Ramos Roman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con el oficio 1988 y anexo del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que en el término de tres días hábiles expresara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad, acuerdo que se notificó a la parte quejosa el treinta del referido mes y año. Atendiendo a lo anterior, este órgano de control constitucional, procede a resolver de oficio, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor. Conforme a la ejecutoria de amparo emitida por este Juzgado, la protección de la Justicia Federal se otorgó para el siguiente efecto: Que la autoridad responsable realice las gestiones necesarias para que en el plazo de cinco días hábiles, se de contestación, conforme proceda legalmente, y de forma congruente, el planteamiento formulado por la quejosa, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante su potestad. Notifique en breve término esa respuesta a la quejosa. Ahora, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los lineamientos precisados, haciendo el examen de las constancias remitidas con el oficio 1988 y anexo del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de las documentales referidas se advierte que mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, el Juzgado responsable informó a la quejosa Julieta Julieta Ramos Román, que respecto a su solicitud de decretar la nulidad absoluta de todo lo actuado a partir de que causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio penal 157/2016; no ha lugar a acordar favorablemente, dado que la promovente no es parte en el juicio de referencia. Determinación que fue notificada el catorce de diciembre de dos mil veinte. Como se ve, la responsable atendió el núcleo esencial de la concesión del amparo, pues dio contestación a la solicitud planteada por la quejosa mediante escrito de dieciocho de marzo de dos mil veinte; y notificó tal determinación en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones. Por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria, ya que las responsables atendieron al núcleo esencial que motivó la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, licenciada D. Guadalupe Reyes García, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; quien actúa asistida de José Alberto Morelos Gómez, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciocho de diciembre de dos mil veinte.********************Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro encargada por ministerio de ley; en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio ********************y anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio se procederá a analizar el cumplimiento de la sentencia.********************Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada del oficio y anexo que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, los cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tal documento; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador.********************Por otra parte, con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25 del mismo pleno, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento.****************************************Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia.****************************************El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto.******************** En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MESA IV ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de la secretaría y tomando en cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto o en su caso informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para el efecto siguiente: Que la autoridad responsable realice las gestiones necesarias para que en el plazo de cinco días hábiles, se de contestación, conforme proceda legalmente, y de forma congruente, el planteamiento formulado por la quejosa, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante su potestad. Notifique en breve término esa respuesta a la quejosa. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $8,688.00 moneda nacional (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos, cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    MESA IV "... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 533/2020. (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el asunto. De una lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama el que no le notificó que el expediente 117/2010, que anteriormente conocía el Juez Sexto de lo Penal, lo conocería el Juzgado Tercero de lo Penal bajo el número 157/2016; que este Juzgado no ha decretado la prescripción en ese expediente y que no le han acordado su escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, donde solicitó se decretara la nulidad de todo lo actuado en dicha causa así como la prescripción. TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe justificado, el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro aceptó la existencia de la causa penal; por otra parte, negó que no se hubiera contestado el escrito presentado por la quejosa y negó que exista acuerdo de prescripción o solicitud pendiente de acordar al respecto, promovida por alguna de las partes. Ahora, tal negativa se desvirtúa pues a la fecha de presentación de la demanda no existe contestación al escrito presentado por la quejosa ni tampoco pronunciamiento alguno sobre la prescripción de la causa penal; de ahí que se tengan por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto a que no se notificó a la quejosa que la causa que se instruye contra su fiado (e hijo), ante el Juzgado Sexto de lo Penal bajo el registro 117/2010, sería tramitada ante el Juzgado Tercero de lo Penal bajo el número 157/2016; y la omisión de decretar la nulidad de lo actuado por tales motivos así como la omisión de declarar la prescripción de la causa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del promovente; dichos preceptos establecen. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Bajo ese contexto, en términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. Lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veinticinco del tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, que a continuación se cita: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. El perjuicio debe entenderse como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño originado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior; entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción constitucional es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Ahora, conforme a lo manifestado por la inconforme en su demanda de amparo, se advierte que reclama sustancialmente, el que no se le notificó que la causa que se instruye contra su fiado (e hijo), ante el Juzgado Sexto de lo Penal bajo el registro 117/2010, sería tramitado ante el Juzgado Tercero de lo Penal bajo el número 157/2016; la omisión de decretar la nulidad ante esa circunstancia y la prescripción de la causa. Todo ello lo hace valer, dado que el sentenciado es su hijo, y en el proceso, afirma que es su fiadora. Sin embargo, esa sola circunstancia, de ser fiadora de su hijo, no conlleva a que los actos reclamados le generen una afectación a algún derecho subjetivo, pues no es parte dentro de la causa penal 157/2016 que se tramita ante el Juzgado Tercero de lo Penal. Así, es insuficiente que por tener el carácter de fiadora (o madre del procesado) el juez de la causa esté obligado a notificarle el cambio de órgano que conocería del asunto, así como aquellas determinaciones emitidas en la causa penal en cita, pues se insiste, no es parte en el procedimiento. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el juicio de amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. No obstante, con la falta de respuesta al escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte ante el juez responsable, se transgreden los derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Federal, en esencia, porque la autoridad responsable no ha dado contestación. Para corroborar su dicho, la parte quejosa anexó el original del acuse de recibo de su escrito de dieciocho de marzo de dos mil veinte, presentado ante la potestad de la responsable en esa fecha. Así, son FUNDADOS los conceptos de violación. En efecto, el artículo 8° Constitucional, el cual prevé el derecho de petición, dispone que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder de forma favorable a los intereses del solicitante. Ahora bien, tal precepto constitucional dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.". A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De la literalidad del citado dispositivo se colige que contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional que se analiza, los cuales son: a) Dictar el acuerdo correspondiente de manera congruente; y b) Comunicarlo en breve término al interesado. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda y al en que se resuelve, no existe contestación al escrito presentado por la quejosa, por lo que resulta inconcuso que se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Sin que sea obstáculo el que el juez responsable indique que por la contingencia sanitaria que se vive a nivel mundial, se suspendieron plazos y términos judiciales, y por ello no se ha contestado el ocurso, pues ha transcurrido con demasía un término prudente para dar respuesta. En tales circunstancias, al resultar FUNDADO el concepto de violación que hizo valer la parte quejosa relativo a la garantía constitucional que establece el artículo 8º de la Carta Magna, lo procedente es CONCEDER al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la Jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, publicada en la página dos mil ciento sesenta y siete del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil once, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Así como la jurisprudencia ciento veintinueve, visible en la página ochenta y ocho del tomo III, materia administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y uno, bajo el rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8°. Constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a la autoridad obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Efectos de la concesión del amparo. Que la autoridad responsable realice las gestiones necesarias para que en el plazo de cinco días hábiles, se de contestación, conforme proceda legalmente, y de forma congruente, el planteamiento formulado por la quejoso, mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil veinte, ante su potestad. Notifique en breve término esa respuesta al quejoso. SEXTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. Captura de la sentencia en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por (.) en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JULIETA RAMOS ROMÁN, en términos del considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese.

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