Julieta Osiris Carreño Gomez
Expediente 650/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julieta Osiris Carreño Gomez
- Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio; con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase lo anterior, del conocimiento de las partes, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. En términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 650/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica, el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta localidad, turnado el día siguiente hábil a este Juzgado, al que correspondió conocer por razón de turno, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: La Omisión a impartirle justicia pronta y expedita que implica que no ha dictado auto de inicio o de radicación de la demanda presentada ante su potestad el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que demandó al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Fiscal General del Estado. Inclusive, no ha dictado sentencia en los plazos y términos que marca la Ley. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; registró con el número 650/2020; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada, quien no se apersonó al juicio y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. De la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa reclama a la autoridad que designó como responsable, la omisión a impartirle justicia pronta y expedita que implica: 1.- La omisión de dictar auto de inicio o de radicación de la demanda presentada ante su potestad el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que demandó al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Fiscal General del Estado; y, 2.- La omisión de dictar sentencia en los plazos y términos que marca la Ley. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión del dictado del auto de inicio, como así lo sostiene la responsable en su informe justificado y corrobora con la copia certificada que remitió como justificación a éste, de la que se advierte, efectivamente, que la demanda presentada por el ahora quejoso fue admitida el dieciocho de marzo de dos mil veinte, esto es, con antelación a la presentación de la demanda. Por lo que respecta a la omisión de dictar sentencia, el acto también resulta inexistente, en la consideración de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de octubre de dos mil veinte), los autos de los que deriva el acto reclamado, no se encontraban aun en estado de resolución, lo que se corrobora si se toma en cuenta que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esto es, durante la prosecución de la demanda de que se trata, apenas se tuvo por contestando la demanda por parte de las autoridades demandadas y calificando el ofrecimiento de pruebas, lo que revela, por supuesto que el acto es inexistente a la fecha de presentación de la instancia, en vista de que si no se hiciera así esta resolutoria se estaría ocupando de dilucidar situaciones jurídicas ulteriores distintas a los planteamientos que motivaron la acción por parte de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 12, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, materia común, localizable en la página diez, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En tal circunstancia, ante la inexistencia de los actos reclamados de que se trata, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. CUARTO. No es obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no se haya emplazado a las entidades públicas a las que le resulta el carácter de terceras interesadas, en la razón de que el sentido de la sentencia no le para perjuicio. Se invoca en apoyo la diversa tesis 531 de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable en la página 531 del tomo VI, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguiente TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Es aplicable también la tesis 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556 del libro 39, febrero de 2017, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio promovido por ***, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE "la presente determinación se pública hasta el día de hoy debido a que fue autorizada el cuatro de enero de dos mil veintiuno."
- Principal
MESA III "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 650/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica, el veintitrés de octubre de dos mil veinte, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta localidad, turnado el día siguiente hábil a este Juzgado, al que correspondió conocer por razón de turno, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: La Omisión a impartirle justicia pronta y expedita que implica que no ha dictado auto de inicio o de radicación de la demanda presentada ante su potestad el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que demandó al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Fiscal General del Estado. Inclusive, no ha dictado sentencia en los plazos y términos que marca la Ley. Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo; registró con el número 650/2020; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le compete, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada, quien no se apersonó al juicio y se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se celebró en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Materia del juicio. De la demanda de garantías se desprende que la parte quejosa reclama a la autoridad que designó como responsable, la omisión a impartirle justicia pronta y expedita que implica: 1.- La omisión de dictar auto de inicio o de radicación de la demanda presentada ante su potestad el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, en que demandó al Director de Recursos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca y del Fiscal General del Estado; y, 2.- La omisión de dictar sentencia en los plazos y términos que marca la Ley. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión del dictado del auto de inicio, como así lo sostiene la responsable en su informe justificado y corrobora con la copia certificada que remitió como justificación a éste, de la que se advierte, efectivamente, que la demanda presentada por el ahora quejoso fue admitida el dieciocho de marzo de dos mil veinte, esto es, con antelación a la presentación de la demanda. Por lo que respecta a la omisión de dictar sentencia, el acto también resulta inexistente, en la consideración de que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintitrés de octubre de dos mil veinte), los autos de los que deriva el acto reclamado, no se encontraban aun en estado de resolución, lo que se corrobora si se toma en cuenta que con fecha veintiséis de noviembre de dos mil veinte, esto es, durante la prosecución de la demanda de que se trata, apenas se tuvo por contestando la demanda por parte de las autoridades demandadas y calificando el ofrecimiento de pruebas, lo que revela, por supuesto que el acto es inexistente a la fecha de presentación de la instancia, en vista de que si no se hiciera así esta resolutoria se estaría ocupando de dilucidar situaciones jurídicas ulteriores distintas a los planteamientos que motivaron la acción por parte de la quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 12, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, materia común, localizable en la página diez, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". En tal circunstancia, ante la inexistencia de los actos reclamados de que se trata, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio. CUARTO. No es obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no se haya emplazado a las entidades públicas a las que le resulta el carácter de terceras interesadas, en la razón de que el sentido de la sentencia no le para perjuicio. Se invoca en apoyo la diversa tesis 531 de la Primera Sala de la Suprema Corte, consultable en la página 531 del tomo VI, Séptima Época del Apéndice de 1995, de rubro y texto siguiente TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Es aplicable también la tesis 6/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556 del libro 39, febrero de 2017, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. QUINTO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se Sobresee en el juicio promovido por ***, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE "la presente resolución se notifica a la parte quejosa, previo aviso, en términos de la ley de amparo."
- Principal
MESA III "... En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, la licenciada D. Guadalupe Reyes García, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiocho de enero de dos mil veinte, y comunicado mediante oficio CCJ/ST/326/2020 de la misma fecha, signado por el Secretario Técnico de la Comisión citada; asistida del Secretario licenciado Ramiro García Simón, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 25/2020 del aludido pleno. Acto continuo, el Secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Enseguida, el Secretario hizo una relación de las constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado de las autoridades responsables. La Secretaria en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por formulada la relación de constancias que hace el Secretario y provéase lo conducente respecto de la certificación secretarial, en la sentencia que se pronuncie en este juicio. Abierto el período probatorio, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Primera Sala Unitaria de Primera instancia, exhibió copia certificada del expediente número 116/2020. La secretaria en funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental ofrecida por la reseñada autoridad responsable. Enseguida, al no existir pruebas pendientes que admitir o desahogar, se cierra dicho período. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario certifica que las partes no formularon alegatos, ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló pedimento. La Secretaria en funciones de Juez acuerda: Vista la certificación secretarial, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, como ninguna de las partes formuló alegatos, ni tampoco la representación Social Federal de la adscripción formuló pedimento, se cierra dicho período. No habiendo otro asunto con que dar cuenta, se procede a dictar la siguiente resolución: LA SECRETARIA DEL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. LIC. D. GUADALUPE REYES GARCÍA. EL SECRETARIO DE JUZGADO. LIC. RAMIRO GARCÍA SIMON "la presente determinación se pública hasta el día de hoy debido a que fue autorizada el cuatro de enero de dos mil veintiuno."
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