Julieta León Migramm
Expediente 583/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
- Julieta León Migramm
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Vista la certificación que antecede, así como de una consulta al expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) -herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales-, se advierte que el quince de diciembre del dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia. En ese contexto, se tiene que no obra constancia de que las autoridades responsables, hayan sido notificadas de la sentencia que determinó sobreseer en el juicio de amparo. No obstante lo anterior, se está en condiciones de emitir el pronunciamiento que legalmente procede y que es relativo a causar ejecutoria la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, porque en términos del artículo 87 de la Ley de amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas; y, es el caso, que en el presente asunto, por el acto que les fue reclamado se advirtió un interés simple y no legítimo como lo consideró el quejoso; de ahí la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se sobreseyó en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Sentencia causa ejecutoria. En ese sentido, y vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó la suspensión provisional y definitiva, se determina que los autos originales y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de DESTRUCCIÓN. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la licenciada Maira Flor López Valencia, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado Michoacán, encargada del Despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5024/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 583/2020. RESULTANDOS: PRIMERO. Presentación de la demanda. El once de septiembre de dos mil veinte, Humberto Francisco León Mingramm, Julieta León Mingramm, Adriana María Mingramm Sierra, Humberto Francisco León Matz, Irma Guadalupe Sánchez de Movellan Carrera, Elsa María Zertuche Zapata, Luis Guillermo de Velasco Gutiérrez, María Eugenia Mingramm Sierra, Mauricio de Velasco Mingramm, Ana Patricia Zertuche Zapata, Javier de Jesús Heredia Navarro, Alfredo Francisco Mingramm Sierra, María García Palmer y Andrés Mingramm García, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes. En este sentido, consideraron violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 29, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 9, 12, 19, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5, 7, 13 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se desechó la demanda por lo que hace a los quejosos Julieta León Mingramm, Adriana María Mingramm Sierra, Humberto Francisco León Matz, Irma Guadalupe Sánchez de Movellan Carrera, Elsa María Zertuche Zapata, Luis Guillermo de Velasco Gutiérrez, María Eugenia Mingramm Sierra, Mauricio de Velasco Mingramm, Ana Patricia Zertuche Zapata, Javier de Jesús Heredia Navarro, Alfredo Francisco Mingramm Sierra, María García Palmer y Andrés Mingramm García; y, se admitió a trámite únicamente por Humberto Francisco León Mingramm; siendo registrada con el número 583/2020 se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado es atribuido a una autoridad a quien se le reclama un acto de autoridad cuya ejecución se actualiza dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal, por lo cual se tiene competencia para analizar el acto de autoridad atribuido. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado, el cual, una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo y las constancias que integran el presente juicio de derechos fundamentales, se concluye que consiste en el siguiente: Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Secretario de la Defensa Nacional Secretario de Marina y Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana La creación y contenido del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria." Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación y; De la secretaria de Gobernación El vicio propio de publicación en el Diario Oficial de la Federación relativo a señalar el número de publicación respecto al "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables rindieron sus informes justificados en los siguientes términos: Autoridad responsable Sentido. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cierto. Secretario de la Defensa Nacional Niega Secretario de Marina Niega Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Cierto Director del Diario Oficial de la Federación Niega Secretaría de Gobernación Niega No obstante la negativa de las responsables Secretario de la Defensa Nacional y Secretario de Marina se desvirtúa, dado que de la consulta al sitio de internet https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020, se advierte la publicación del "Acuerdo por el que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", del cual se duele el quejoso y que en su parte final establece: "Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica." De lo que se advierte la participación entre otros de los titulares de las dependencias de Defensa Nacional y de Marina, y por ende se acredita la certeza del acto desvirtuándose la negativa. Por lo que respecta al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación también negó el acto reclamado, se desvirtúa su negativa acorde a lo siguiente: Como quedó precisado, se advierte la publicación del "Acuerdo por el que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", del cual se duele el quejoso, en la página de internet del Diario Oficial de la Federación, en el sitio https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020, de tal suerte, que se corrobora la acción efectuada por la responsable, sin que pase desapercibido que los amparistas aducen vicios formales, los cuales serán analizados en el fondo de lo afirmado, no obstante de su informe justificado se desprende la certeza del acto al haber efectuado la publicación del referido acuerdo. Máxime que al ser una norma la reclamada su actuar se encuentra probado con la publicación efectuada en el Diario Oficial de la Federación el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, la jurisprudencia del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo que respecta a la Secretaría de Gobernación se negó el acto reclamado, sin que el quejoso haya desvirtuado dicha negativa. En tal virtud lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo respecto a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. La agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal invoca la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al considerar la inexistencia del acto reclamado. Sin embargo, como se precisó en el considerando que antecede, ha quedado evidenciada la existencia del acto de autoridad reclamado, por lo que en consecuencia debe desestimarse la causal de improcedencia invocada por la representante social de la federación, con excepción en lo que respecta a la Secretaria de Gobernación, toda vez que se decretó el sobreseimiento acorde al razonamiento efectuado en el considerando precedente. Por su parte, las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y el, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aducen que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso carece de interés legítimo para impugnarlo. Esta Juzgadora considera que como lo exponen las autoridades, la parte quejosa no cuenta con interés jurídico ni legítimo para acudir a la presente instancia constitucional, la fracción XII del artículo 61, en relación al diverso 5 fracción I, ambos de la Ley de Amparo que cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) --- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" En efecto, de los citados preceptos legales de la Ley de Amparo, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que por su sola vigencia no causen un perjuicio a la parte quejosa, sino que es necesario que exista un acto posterior de aplicación para originar tal perjuicio. Es menester precisar que el interés jurídico para reclamar una norma con motivo de su vigencia, está relacionado con la afectación que el propio mandato origina al quejoso desde su entrada en vigor. De ahí, que para legitimar el ejercicio de la acción constitucional, es necesario que el promovente del juicio demuestre por un lado, que se encuentra en los supuestos de la norma impugnada y por otro, que la disposición combatida lesione sus derechos fundamentales desde ese momento, esto es, sin que se requiera de un acto concreto de aplicación. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO.NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES". A pesar de que el juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en término de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." Así como la diversa Jurisprudencia3 que cita: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA.- Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma". Cuando se tilda de inconstitucional una norma, en principio debe esclarecerse su naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor es susceptible de ocasionar un perjuicio (autoaplicativa) o si la misma requiere, para su actualización, de un acto diverso que condicione su aplicación al gobernado (heteroaplicativa), pues dependiendo de ambos supuestos es que se podrá considerar que la norma causa perjuicio al gobernado que la somete a control constitucional. Así, es necesario explicar cuál es la diferencia entre unas y otras normas con base en el concepto de individualización incondicionada, el cual sirve de referencia para determinar la procedencia de la acción constitucional, ya que permite conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, es decir, si se trata de una norma que por su sola entrada en vigor causa un perjuicio (autoaplicativa), o bien, si requiere de un acto de autoridad o de alguna actuación equiparable que concrete la aplicación a los particulares de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativa). De esta manera, las normas autoaplicativas vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, de ahí que por su sola expedición y entrada en vigor causan perjuicio al particular; en cambio, en el supuesto de una ley heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto concreto de aplicación para que se actualice ese perjuicio. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." De lo expuesto, se colige que los presupuestos para considerar que una norma es de naturaleza autoaplicativa, son: a) Que con su simple entrada en vigor cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o se genere una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer. b) Que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentren. c) Que el cumplimiento de esa obligación, o la sujeción a esa condición jurídica, no esté condicionada por la realización de algún acto de individualización de la norma, sino que sea suficiente que el gobernado reúna las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula. Lo anterior, pone de manifiesto que el perjuicio de una norma que reúna tales características (autoaplicativa) surge desde su vigencia porque obliga a someterse a determinada condición jurídica o a cumplir determinada obligación y, por ende, es válido sostener que es precisamente esa sujeción a las condiciones u obligaciones generadas por la ley la que ocasiona perjuicio a los gobernados y da lugar al agravio personal y directo. Además, para la satisfacción del interés jurídico cuando se trata de la procedencia del juicio de amparo en que se somete a control constitucional una disposición de carácter general, no basta que quien solicite la protección de la Justicia Federal afirme estar dentro de los supuestos de la norma o haber sido afectado con la misma, pues incluso, siendo sujeto destinatario de la norma, si ésta expone para su aplicación del previo cumplimiento de ciertas condiciones fácticas o de derecho para tener materialmente eficacia respecto a su destinatario, el juicio de amparo se tornará improcedente por falta de afectación. En ese sentido, debe evidenciarse de forma concreta y material los supuestos de individualización de la misma en la esfera jurídica del particular, sea con motivo de su sola entrada en vigor o cuando se reclame como heteroaplicativa mediante la existencia de un acto concreto que imponga sus efectos. Corrobora lo anterior, lo expuesto en la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". En el caso, el quejoso acude por propio derecho en su calidad de personas física, a combatir el "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.", que establece: "ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 29, 30 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el transitorio Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, y CONSIDERANDO Que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional; Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; Que si bien el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo; Que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a cargo del Estado; Que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, debe presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en términos del mandato constitucional, y Que en virtud de las consideraciones antes mencionadas, he tenido a bien expedir el siguiente ACUERDO PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 8 de mayo de 2020.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.- Rúbrica. Acuerdo que el quejoso reclama como norma de carácter autoaplicativo, es decir, con motivo de su sola entrada en vigor. No obstante, de su contenido se obtiene que para que le genere un perjuicio al amparista necesita actualizarse un acto de aplicación, dado que con su sola entrada en vigor no se sitúan en la hipótesis normativa. Una de las características principales del Acuerdo en mención es que junto con las autoridades federales, estatales y municipales se incluye a las Fuerzas Armadas, a quienes se les faculta expresamente para intervenir en el combate a la delincuencia, prevención de delitos, y salvaguarda del patrimonio de las personas. Es decir, la norma reclamada desde su entrada en vigor otorga una serie de competencias novedosas a las Fuerzas Armadas para actuar en tareas de seguridad pública, pues tales competencias no se establecían en alguna otra norma legislativa. El artículo 129 constitucional prevé que "[e]n tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar"; mientras que la legislación impugnada, desde su entrada en vigor, sin necesidad de condición alguna, faculta a las autoridades militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública a saber: para intervenir en el combate a la delincuencia, prevenir delitos, salvaguardad el patrimonio de las personas, detener personas y asegurar bienes, entre otras. Así, el Acuerdo reclamado, desde su entrada en vigor, faculta a las Fuerzas Armadas a llevar a cabo actos de molestia y de privación en perjuicio de los integrantes de la sociedad, pues permite a tales autoridades a intervenir en la seguridad pública, llevar a cabo detenciones y aseguramiento de bienes, así como diversas labores de policía que coexisten con las labores cotidianas de seguridad pública en el ámbito civil. Se precisa que el derecho a la seguridad pública guarda una clara interdependencia con la realización de otros derechos humanos y la afectación a ese derecho puede repercutir, aunque de manera diferenciada, en los habitantes del Estado mexicano. Sin embargo, la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato estatal de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. Así, el derecho a la seguridad pública, como cualquier otro derecho fundamental, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico", lo que en la especie no acontece. Ante el panorama planteado, si hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo el quejoso aún no se encuentra en la hipótesis planteada respecto de la norma impugnada no es factible conocer si se actualizara en su perjuicio el acuerdo que tilda de inconstitucional. Lo anterior es así, porque las facultades extraordinarias que otorga el decreto reclamado se traducen en actos de molestia y privación en perjuicio de los integrantes de la sociedad para llevar acciones con seguridad consistentes en detenciones y aseguramiento de bienes, labores cotidianas de seguridad que para causar perjuicio irreparable en el juicio de amparo requieren la realización de actos concretos individualizados en un sujeto determinado. Por tanto, el posible perjuicio que del mandato previsto en el Acuerdo reclamado sólo puede acaecer fácticamente en perjuicio del quejoso, hasta en tanto se ubique en la hipótesis normativa y ésta afecte sus derechos, lo que en la especie no ocurre, lo cual indica que la norma impugnada tiene la naturaleza de ser una norma de carácter heteroaplicativa y no autoaplicativa como se propone. En esa tesitura, se concluye que el decreto reclamado tiene el carácter de heteroaplicativo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, es decir, no ocasiona perjuicio al quejoso con su sola entrada en vigor, aun cuando aduzcan que se encuentran en los supuestos de la norma, pues el perjuicio que eventualmente le pudieran generar no deriva de la calidad que ostentan de "activistas", sino de un acto posterior de aplicación, esto es, que se surta alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 163 combatido del decreto reclamado. Es aplicable al respecto la tesis de rubro y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse al través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma". Luego, de acuerdo con el texto del acuerdo impugnado, así como las precisiones asentadas, no se advierte que se hubiere impuesto al quejoso en dichos dispositivos, una obligación de hacer o no hacer que pudiera incidir en la afectación de alguno de sus derechos fundamentales con la simple entrada en vigor. Por otro lado, tampoco se acredita en el presente la afectación del interés legítimo al impetrante de amparo como se expresa a continuación: El concepto de "interés legítimo" constituye un elemento imprescindible para garantizar un efectivo acceso a la justicia, un derecho humano básico. Lo anterior dio cabida a la reforma constitucional en materia de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en la que se ha incluido al interés legítimo y colectivo como medio de legitimación activa para promover el juicio de amparo, rompiendo finalmente con el limitado concepto de derecho subjetivo (interés jurídico) que había regido la procedencia del juicio de amparo, excepción hecha de los casos en que se reclamen actos de autoridades judiciales, lo cual no acontece en el caso. Así, del Dictamen de la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, visible en la foja veintinueve de la Gaceta Parlamentaria de siete de diciembre de dos mil diez, se define al interés legítimo como "la circunstancia que produce que el quejoso en el juicio de amparo sea aquélla persona que resienta una afectación con motivo de un acto de autoridad que altere de manera directa su esfera de facultades y deberes, un derecho reconocido por el orden jurídico o bien, la situación especial derivada del propio orden." En efecto, antes de la reforma constitucional aludida, todo aquel que promovía un amparo en virtud de un interés legítimo se veía limitado por la hipótesis que suponía la Ley de Amparo abrogada, esto es, la improcedencia por falta de interés jurídico del promovente, situación que impedía a los tribunales federales resolver el fondo del asunto. Sin embargo, la transición del derecho subjetivo (interés jurídico) a interés legítimo supone una ampliación en los derechos y situaciones que pueden tutelarse en favor de los gobernados a través del juicio de amparo. Es así, que el interés legítimo, consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, siendo su presupuesto la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la administración pública, sin que a dicha obligación le corresponda un derecho subjetivo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 69/2002-SS, estableció las características que permiten identificar al interés legítimo, y si bien lo hizo como supuesto de legitimación activa para instar el procedimiento contencioso administrativo en el Distrito Federal, las mismas se estiman ilustrativas para el tema que nos ocupa, siendo estas las siguientes: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo; Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular; El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho; Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante; La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, la aludida Segunda Sala estableció que, en general, interés legítimo se concibe como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, cuentan con un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. De tales consideraciones, derivaron las jurisprudencias números 2a./J. 141/2002 y 2a./J. 142/2002. Por lo tanto, debe acotarse que el interés legítimo, en el contexto del derecho administrativo, supone la facultad de acudir al juicio de amparo cuando un acto administrativo genera un perjuicio al gobernado en virtud de su situación de hecho frente al ordenamiento jurídico y si bien es cierto que no cuenta con un elemento de exigencia (propio del derecho subjetivo) éste lesiona su esfera jurídica en sentido amplio. Esto es, el interés legítimo implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien, la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo, lo que en la especie no acontece. Sin que la posibilidad anterior implique que un gobernado pueda combatir un acto de autoridad por acción u omisión argumentando para ello un interés legítimo; pues para ello resulta requisito indispensable verificar la afectación a su esfera de derechos, derivado de un interés cualificado y no potencial, se resalta que en el presente el quejoso se ostenta como activista, sin que ello por sí implique la aplicación de la norma impugnada en su perjuicio. Se considera así, dado que el hecho que el quejoso aduzca que se encuentra en una posición en la cual se ejercerá en su perjuicio la aplicación del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", tal situación no ha acontecido, ni implica que sufra una afectación por la creación y entrada en vigor del referido acuerdo, por lo que bajo esa directriz se afirma que la norma impugnada no incide en sus derechos subjetivos, de ahí que se advierta un interés simple y no legítimo como lo considera el quejoso. En ese contexto, a juicio de esta juzgadora al quejoso asiste como miembro de la sociedad interés simple frente a la actuación de las autoridades en ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad pública, que no lo legitima para impugnar en el amparo el decreto reclamado con motivo de su sola entrada en vigor. Resulta aplicable la jurisprudencia que cita: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso en relación con los actos legislativos relacionados con los artículos cuya inconstitucionalidad reclama. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Humberto Francisco León Mingramm, de conformidad a lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee: Alegato del Ministerio Público. Agréguese el pedimento suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por medio del cual se le tiene formulando alegatos los que se ordena tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese a las partes mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes con justificación de la Secretaría de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, ambos con sede en la Ciudad de México; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, se toma conocimiento que la denominación correcta de la autoridad responsable es Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, y no como fue señalado en la demanda de garantías; por tanto, se comisiona al Analista Jurídico SISE, a efecto de que realice la notificación en el sistema. Delegados y domicilio. Por otra parte, téngase a las autoridades responsables designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo a las personas que precisan; asimismo señalan domicilio para recibir notificaciones. Proporciona correo electrónico. De igual forma, téngaseles, proporcionando la dirección de correo electrónico amparosurgentes@segob.gob.mx, para efecto de establecer comunicación. Uso de medios electrónicos. Mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Julián García Guerrero277/2020
- Julián Pérez Valdéz945/2018
- Julián Rodríguez Manzo o Julián Rodríguez603/2023
- Julián Uriel Marín Cambron1381/2019
- Juliana Castelazo Garnica1310/2023
- Julieta Aguilar Palafox1387/2022
- Julieta Samantha Cervantes Escalera210/2023
- Julio Alberto Mejía Sánchez y Otros.798/2020
- Julio Alberto Ugalde Saucedo256/2023
- Julio César Amador Aguirre928/2019
- Julio Cesar Barajas Ochoa1236/2023
- Julio César Cadena Hernández1126/2022