Julián Rodríguez Manzo o Julián Rodríguez
Expediente 603/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julián Rodríguez Manzo o Julián Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintitrés 1. Causa estado. Del estado que guardan los autos así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal, el auto dictado el diecinueve de mayo del año en curso que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos 3. Valoración. En términos del artículo 20, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3.1 Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 4. Constancia. De conformidad con el dispositivo 34 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Documentos originales. Asimismo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.UBB
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés 1. Recepción y registro. Por recibida la demanda de amparo promovida por María de Los Ángeles Cortes Segundo, Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, y con tal carácter del sentenciado Julián Rodríguez Manzo o Julián Rodríguez, privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-MICHOACÁN, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-MICHOACÁN, (CEFERESO 17), con sede en Buenavista, Tomatlán, Michoacán Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 603/2023. 2. Antecedentes de los actos reclamados. De los antecedentes relatados en la demanda de amparo, se advierte que la promovente María de Los Ángeles Cortes Segundo, Defensora Pública Federal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán con sede en Morelia, y con tal carácter del sentenciado Julián Rodríguez Manzo o Julián Rodríguez, reclama la omisión de la responsable de proporcionar a la defensa pública la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del plan de actividades y encontrarse en posibilidades de solicitar a favor del aquí quejoso algún beneficio en ejecución de sentencia, el cual se encuentra recluido en ese centro carcelario federal ubicado en Buenavista, Tomatlán, y que dichas peticiones fueron formuladas mediante oficios MIH13NS/019/2023, 053/2023 y 100/2023, de fechas treinta y uno de enero, veintiocho de marzo y diez de mayo, todos del dos mil veintitrés, sin que a la fecha se tenga noticia de la respuesta a dichos comunicados. 3. Causa de improcedencia por acto reclamado consistente en la orden de traslado. De la demanda de amparo, se obtiene que deviene improcedente lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracciones XVIII y XX, de la Ley de Amparo. Conforme a lo establecido por las fracciones antes citadas, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, el mismo debe ser agotado. La fracción XVIII, exceptúa la inteposición del medio de defensa cuando se trate de: a) Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Además precisa que, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En tanto, la fracción XX, se refiere a actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y en tal caso, antes de acudir a la instancia de amparo, se deben promover los recursos ordinarios. La hipótesis es de interpretación restrictiva y tiene cuatro excepciones contempladas en el aludido artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, exclusivamente los siguientes supuestos: a) Cuando el acto reclamado carece de fundamentación. b) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. d) Que la suspensión tenga los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Como se observa, previo al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Sobre el tema, es menester enfatizar que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que la facultad de administrar las prisiones correspondería al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Entonces, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de proporcionar a la defensa pública la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento del plan de actividades y encontrarse en posibilidades de solicitar a favor del aquí quejoso algún beneficio en ejecución de sentencia, el cual se encuentra recluido en ese centro carcelario federal ubicado en Buenavista, Tomatlán, y que dichas peticiones fueron formuladas mediante oficios MIH13NS/019/2023, 053/2023 y 100/2023, de fechas treinta y uno de enero, veintiocho de marzo y diez de mayo, todos del dos mil veintitrés, sin que a la fecha se tenga noticia de la respuesta a dichos comunicados, en contra de tales omisiones la parte quejosa debió atacarlas a través de la controversia judicial prevista en el artículo 122 la Ley Nacional de Ejecución Penal, que señala que ésta deberá formularse por escrito y presentarse ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, así como sus solicitudes. Asimismo, cabe destacar que el segundo párrafo, del numeral 124 de dicha Ley, precisa que de no atenderse de inmediato aquellos casos urgentes de medidas disciplinarias y de violación a derechos, como ocurre cuando se trata de una restricción adicional a la libertad de los internos de algún centro penitenciario, quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, por lo que el Juez de Control o de Ejecución, de oficio o a solicitud de parte, decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva, pues de no hacerlo así, podría dejar sin materia el medio de defensa legal intentado. Por lo que, al no existir ninguna causa de excepción y que las omisiones reclamadas, son susceptibles de ser atacadas mediante la controversia judicial prevista en el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo, por lo que resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que nos ocupa. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. 4. Domicilio. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo. 5. Correo electrónico. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto; sin que haya lugar a que por medio de éste se le practiquen las notificaciones correspondientes, toda vez que la Ley de la Materia no lo contempla. 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8o y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el Portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Julia Navarrete Pureco61/2020
- Julián Chávez Martínez314/2023
- Julián Chávez Martínez1048/2023
- Julián García Guerrero1020/2017
- Julián García Guerrero277/2020
- Julián Pérez Valdéz945/2018
- Julián Uriel Marín Cambron1381/2019
- Juliana Castelazo Garnica1310/2023
- Julieta Aguilar Palafox1387/2022
- Julieta León Migramm583/2020
- Julieta Samantha Cervantes Escalera210/2023
- Julio Alberto Mejía Sánchez y Otros.798/2020