Julieta Esquivel Rodríguez

Expediente 54/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
54/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • Julieta Esquivel Rodríguez
  • Julieta Esquivel Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de cinco de agosto del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese únicamente como constancia la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, toda vez que el cinco de agosto del año en curso, se resolvió respecto del presente juicio de amparo. Por otra parte, como lo solicita, expídasele copia autorizada de la resolución emitida dentro del presente expediente, conforme a lo establecido por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*cnv

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de cinco de agosto de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de agosto de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el oficio enviado por parte de la autoridad responsable, Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual rinde su informe justificado y envía la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral *******, del que se advierte que el ocho de febrero de dos mil dieciséis, dio contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de octubre de dos mil quince, cuya omisión atribuyó a la Responsable y que el ocho de junio del actual, celebró en todas sus fases la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; atento a lo anterior, en el presente juicio han cesado los efectos de la omisión reclamada, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de enero del año en curso y turnado a este órgano al día siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión que atribuyó a la Junta Especial Número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir, en esencia, en la omisión de tramitar el juicio laboral que promovió dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, que se tradujo en la omisión de dictar acuerdo dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación, en el que diera contestación al escrito que presentó el veintisiete de octubre de dos mil quince. El veintisiete de enero siguiente, se desechó la demanda por su notoria improcedencia. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja en su contra, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, quien lo radicó bajo el toca *******. En sesión de veintidós de junio del actual, se resolvió el asunto, por mayoría de votos, y se ordenó a este Juzgado Federal proveer sobre la admisión del recurso. En auto de ocho de julio del actual, se admitió a trámite la demanda y se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable. Al rendir dicho informe justificado, la Junta responsable negó el acto reclamado e informó, entre otras cosas, que el ocho de febrero de dos mil dieciséis, dio contestación al escrito presentado por la quejosa el veintisiete de octubre de dos mil quince, cuya omisión atribuyó a la Responsable y que el ocho de junio del actual, celebró en todas sus fases la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia certificada del expediente laboral de origen revela que el ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Junta responsable dictó un acuerdo, a través del que respondió la promoción que la ahora quejosa le presentó el veintisiete de octubre de dos mil quince. Asimismo, se deduce que el ocho de junio del año que transcurre, celebró la audiencia de ley, en sus fases de conciliación, demanda y contestación, en su totalidad; de igual manera, proveyó sobre la admisión de pruebas en el juicio de origen. A tales documentales se les reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; las cuales resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues el ocho de febrero del año en curso, dictó el acuerdo en que recayó a su solicitud cuya omisión se le atribuyó y, además, el ocho de junio inmediato siguiente, celebró la audiencia trifásica en sus fases de conciliación, demanda y excepciones. En esta tesitura, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio, toda vez que los alcances del análisis constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, materia común, página 732, del siguiente tenor: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita, en forma manifiesta e indudable. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En las relacionadas condiciones, al decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, se deja sin efectos la que se fijó para las diez horas con treinta minutos del ocho de agosto de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil dieciséis y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado *************** apoderado de ***************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído dictado el veintisiete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar el recurso de queja que se plantea. Ahora, el artículo 101 de la legislación en cita dispone que este juzgador debe ordenar la notificación de la interposición del recurso a las demás partes, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver; sin embargo, como el auto recurrido se trata del desechamiento de la demanda, es inconcuso que no se llamó a la Autoridad responsable ni a la tercero interesada; por tanto, no es el caso de notificarles la interposición del medio de defensa de que se trata. Remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el escrito del recurso y un tanto para el fiscal de su adscripción, el informe sobre la materia de la queja y el expediente en que se actúa. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.

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