Julián Ortíz Román

Expediente 517/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
517/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Julián Ortíz Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de cinco años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 517/2022-II, promovido por *******, contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, y otras autoridades. Resultando Primero. Presentación de la demanda y su tramitación. Mediante escrito presentado por *******, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el catorce de junio de dos mil veintidós, turnado a este juzgado el mismo día hábil, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos reclamados del Fiscal de Distrito Zona Norte y otras autoridades; mandándose aclarar en auto de quince de junio de dos mil veintidós. Luego, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede. Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14, 16 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente asunto, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente de las autoridades que señaló como responsables: la orden de detención emitida en su contra, así como su correspondiente ejecución; la orden de citación emitida en su contra, así como su correspondiente ejecución; la negativa de expedirle copias de la carpeta de investigación con número de caso *******, radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte; la tramitación de la carpeta de investigación ******* en su contra. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes justificados, el Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte (foja 40) y el Secretario de Seguridad Pública Municipal (foja 41), ambos con sede en esta ciudad, así como el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua (foja 61) y el Fiscal General del Estado de Chihuahua (foja 65), ambos con sede en Chihuahua, capital, negaron categóricamente la totalidad de actos que les fueron endilgados. Por su parte, el Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 43) y el agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Vida (foja 43), ambos con sede en esta ciudad, negaron (1) la existencia de orden de detención alguna en contra del aquí quejoso; además, (2) refirieron que contrario a lo aducido por el peticionario del amparo, la carpeta de investigación ******* no fue aperturada en su contra, sino que en la misma, únicamente se le citó con la calidad de testigo. Lo anterior sin que el quejoso ni su autorizado, hayan aportado pruebas tendentes a desvirtuar las negativas de las responsables en cita; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto a dichas autoridades y actos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [...] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Dichas negativas cobran relevancia jurídica, sin necesidad de mayores elementos -porque la obligación que impone el artículo 117 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo- sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dichos informes", en los que las autoridades admitan su existencia y aduzcan su constitucionalidad, pero no cuando esas autoridades negaron categóricamente el actuar que se les imputa, pues, en tal supuesto, el Juez Constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la quejosa aportar al juicio de amparo, en primer término, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y enseguida, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para sostener que es inconstitucional. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los restantes actos reclamados por la parte quejosa al Fiscal de Distrito Zona Norte (foja 43) y al agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Vida (foja 43), ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la citación que se efectuó al aquí quejoso a la carpeta de investigación en cita, su ejecución, así como la negativa de expedirle copias de la misma, radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, dichas afirmativas se corroboran con las constancias que en copia certificada remitieron dichas responsables, consistentes en a) el citatorio con número de oficio *******, de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dirigido al aquí quejoso, en la carpeta de investigación *******, en el que aparece que lo recibió a las doce horas con cinco minutos de la tarde de esa propia data; b) comparecencia testimonial, de uno de junio de dos mil veintidós, realizada por el aquí quejoso, en la que se colige que acudió a la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte y vertió su declaración testimonial, misma que firmó junto con la representación social y a la que se acompañó de copia de su credencial de elector; c) escrito signado por el aquí quejoso, en el que se autodenomina "testigo", presentado ante la aludida dependencia el dos de julio de dos mil veintidós, mediante el cual solicita copias simples de la carpeta de investigación de que se trata; así como d) auto de nueve de junio de dos mil veintidós, en el que la referida unidad niega la expedición de las copias instadas, debido a que el aquí quejoso no es una de las partes involucradas en el proceso, pues únicamente fue citado con la calidad de testigo. Tales constancias, poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la representación social responsable. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, se advierte que en este asunto, se actualizan dos hipótesis de improcedencia. 1) La primera, es la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal y con el diverso 107, fracción I, Constitucional, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) De los preceptos legales transcritos se desprende que no posee legitimación para acudir al juicio de amparo, quien no acredite resentir algún perjuicio por cierto acto u omisión de la autoridad, en su derecho subjetivo o en su interés legítimo. En torno a la negativa de expedirle copias de la carpeta de investigación en cita, radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, la parte quejosa aduce tener un interés jurídico, mismo que no acreditó a lo largo de la sustanciación de este asunto, como se verá a continuación. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya invocado, el juicio biinstancial es improcedente cuando el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso, dependiendo del planteamiento que se haga en la demanda de amparo. Respecto del interés jurídico -que nos concierne en el caso-los numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; fijándose así uno de los principios rectores del juicio de amparo, que es el interés jurídico, mismo que se entiende como la afectación real que una persona sufre en sus bienes jurídicos reales u objetivos; y sólo en el caso de que se produzca dicha afectación, en forma personal, puede estimarse que ha nacido ese interés en quien concurre ante la potestad federal, reclamando el respeto a sus derechos públicos subjetivos. Esto es, el interés jurídico a que alude el precepto en cita, consiste en el derecho que asiste a un particular (persona física o moral) para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando así, un perjuicio a su titular. En tal tenor, se trata de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular, por lo que no todo gobernado está facultado para acudir ante la potestad constitucional en demanda de protección, pues ello -sólo- puede hacerlo quien verdaderamente resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica de derechos. Afectación que concierne demostrar la parte quejosa, pues en los términos antes expuestos, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde a aquélla y no de forma alguna al Juez Constitucional. Apoya, en lo conducente, la tesis 1a./J. 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 15, que señala: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Además, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones, lo que así se extrae de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo bajo el principio de agravio personal y directo en relación con la noción de interés jurídico, se requiere que la parte promovente acredite contar con un derecho subjetivo público derivado de una norma particular cuyos efectos se concreten en forma individual, otorgándole a su titular la facultad de exigencia oponible a la autoridad cuando ésta le ha ocasionado algún perjuicio; así, el interés jurídico para efectos de procedencia del juicio de amparo y a fin de hacer exigible una pretensión, surge a partir de la titularidad tanto de un derecho subjetivo de carácter individual, como de uno de carácter objetivo o universal, con tal que se cause un daño cualificado e individualizado con la posibilidad de ser restituido. Bajo el anterior orden de ideas, se desprende que son dos los supuestos que integran el interés jurídico; el primero de ellos a) la existencia y titularidad de un derecho legítimamente tutelado, y el segundo b) el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa, personal o directo en ese derecho, proveniente de un acto de autoridad; lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional la comprobación del interés jurídico, mismo que no puede tenerse por acreditado por el sólo hecho de haber promovido el juicio constitucional, sino que debe demostrarse que el acto reclamado lesiona a la parte quejosa en los derechos que legítimamente le sean tutelados por la ley. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que es del tenor siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, desde la perspectiva de este órgano jurisdiccional, el quejoso no cuenta con interés jurídico para instar copia simple de la carpeta de investigación de que se trata, pues tal como lo refirieron las autoridades responsables, no está siendo investigado, no se sigue la carpeta de investigación en su contra y si se le citó a comparecer a la misma, tal como le fue informado en ese momento -y como él lo reiteró al solicitar tales copias, al autodenominarse "testigo" en dicha carpeta de investigación, en su ocurso- fue únicamente de tal forma, esto es, como testigo. Sin que haya ofertado medio de convicción alguno, como se dijo previamente, para desvirtuar la negativa vertida por las responsables, en cuanto a que la carpeta de investigación de que se trata no se sigue en su contra. Por ende, se concluye que, en esa línea, no tiene interés jurídico para acudir ante esta instancia constitucional, a reclamar el acto consistente en la negativa de expedirle copias de la carpeta de investigación con número de caso *******, radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte. Ello, pues únicamente acompañó a su demanda, de las siguientes documentales: a) citatorio con firmas autógrafas, con número de oficio *******, de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dirigido al aquí quejoso, en la carpeta de investigación ******* y b) escrito signado por el aquí quejoso, en el que se autodenomina "testigo", presentado ante la aludida dependencia el dos de julio de dos mil veintidós, mediante el cual solicita copias simples de la carpeta de investigación de que se trata Dichas documentales a pesar de valorarse en términos de los artículos 129, 197, 202, y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, no acreditan el interés jurídico de la parte quejosa, en virtud de que, con éstas no justifica ser parte en la carpeta de investigación de que se trata, pues, aunque tuvo -momentáneamente- la calidad de testigo, ello no implica que cuente con la potestad, más allá de su testimonio vertido, de participar en la referida carpeta de investigación, al no seguirse en su contra; de ahí que no acredite su interés jurídico a fin de que sea procedente el juicio de amparo, respecto a las copias que solicitó en la misma. 2) Por otra parte, respecto a los actos reclamados al Fiscal de Distrito Zona Norte y al agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Vida, ambos con sede en esta ciudad, consistentes en la citación que se efectuó al aquí quejoso a la carpeta de investigación en cita, así como su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo; que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto normativo trascrito con antelación, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable. Ahora bien, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han surtido en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Luego, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, pueden clasificarse de la siguiente manera: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos que, aunque consumados, resultan reparables. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias -física y materialmente- ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias de los actos reclamados de referencia, consistentes en la citación y su verificación, son actos consumados de modo irreparable, contra los cuales deviene improcedente el juicio de amparo, porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, al haberse verificado en su totalidad, precisamente en el momento en que el aquí quejoso atendió al citatorio que le fue emitido. Y debido a que, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas; debe concluirse que, en la especie, es imposible retrotraer el transcurso del tiempo en su realización. Es así, el quejoso reclama del Fiscal de Distrito Zona Norte y del agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Contra la Vida, ambos con sede en esta ciudad, la citación que se le efectuó a la carpeta de investigación en cita, así como su ejecución; y de las constancias que obran en autos, se advierte la comparecencia realizada por el aquí quejoso el uno de junio de dos mil veintidós ante dicha institución, en la que emitió su testimonio en torno al delito que se investiga en la carpeta de investigación ya referida. Entonces, en el presente asunto, el juicio de amparo como medio de control constitucional y principalmente como instrumento reparador de derechos afectados, se ve impedido para ello, pues jurídicamente no hay materia sobre la cual pueda repararse el derecho que se afectó. Dicho en otra manera, se está ante un acto respecto del cual sus efectos ya no se pueden retrotraer ni física ni jurídicamente para poder reparar a los gobernados el derecho afectado. Es decir, aun cuando llegara a concluirse que el citatorio es inconstitucional no sería posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que ningún efecto tendría la sentencia de amparo. Apoya lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la Quinta Época, del Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página: 12, cuyo tenor literal es el siguiente: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO.- No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 517/2022-II, promovido por *******, en contra de las autoridades señaladas como responsables en este asunto, en atención a las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre el catorce de los actuales y el día de hoy, no median los ocho días de anticipación que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 517/2022-II, y, Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este juzgado el catorce de junio de dos mil veintidós, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal de Distrito, Zona Norte y otras autoridades, de quienes reclamó lo siguiente: a) la negativa de expedirle copias de la carpeta de investigación con número de caso 37-2022-0015133, radicada en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte; b) las órdenes de detención o citación, así como su correspondiente ejecución; y, c) la apertura de carpeta de investigación 37-2022-0015133 en su contra. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. Una vez que fue aclarada la demanda de mérito, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fue solicitado su informe previo a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, misma que se celebró en fecha de veintitrés de junio de dos mil veintidós, y se difirió respecto de las autoridades foráneas que no habían emitido sus informes previos (y de las cuales tampoco se contaba con las piezas postales relativas) para la fecha y hora en que se actúa, misma que al tenor del acta se tiene por verificada. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir informes previos, el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua y del Fiscal General del Estado de Chihuahua, ambos con sede en Chihuahua, capital, negaron categóricamente la existencia de los actos que les fueron endilgados, sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba en contrario; por lo que se tienen por inexistentes los actos reclamados a las citadas autoridades. Cobra aplicación la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Por lo expuesto, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Julián Ortiz Román, en contra de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución incidental. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho, por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

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