Julian Santiago Valenzuela Chero

Expediente 957/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
957/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Julian Santiago Valenzuela Chero

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Por tanto, deberá de procederse a su depuración una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido indíquese al promovente que no es dable acordar de conformidad su solicitud; lo anterior es así dado que catorce de los actuales esta autoridad se reservó a otorgar el acceso al expediente electrónico así como la práctica de notificaciones electrónicas al usuario que indica hasta en tanto ratificara la demanda, lo cual no aconteció pues el directamente agraviado no se encontraba alojado en la estación migratoria de esta ciudad, motivo por el cual quince de diciembre del año en curso, se tuvo por no presentada la presente demanda. Se recibe oficio. Por otra parte, agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe de acatamiento a la suspensión de plano rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de catorce de diciembre del año en curso, al quejoso ********************, la que hizo consistir en que una persona que dijo ser oficial en turno de la Estación Migratoria le informó que el quejoso antes aludido no se encontraba en dicho lugar. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar al quejoso el auto de catorce de diciembre del año en curso, y precisamente porque no se encuentra ni alojado ni detenido en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 957/2022-IV Análisis y precisión del acto reclamado. La promovente ********************, en representación de ********************, reclama del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, la privación ilegal de la libertad; asimismo, de la lectura integral de la demanda se aprecia que a su vez señala como actos reclamados la incomunicación y deportación, de los que puede estar siendo objeto el directamente agraviado. Actos de los cuales el promovente manifiesta que el agraviado ******************** es o puede ser objeto de los mismos por parte de la autoridad responsable, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que son de diversas nacionalidades. I. Incomunicación. La autoridad responsable de manera inmediata deberá cesar todo acto de incomunicación, infringido en contra del agraviado ********************, y, en su caso, se le permita mantener comunicación con su defensor o familiares, en los lugares y horarios señalados por la responsable, así como mantenerlo informado de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentre involucrado el quejoso, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. II. Deportación. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el directamente agraviado no sea deportado o desterrado del país, así como trasladados a otra parte de la República Mexicana. III. Privación de la libertad personal fuera de procedimiento por parte de la autoridad migratoria responsable. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención y retención por parte de las autoridades migratorias responsables no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contempla el referido precepto legal. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograrsu inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama como lo afirma, la privación ilegal de la libertad, este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California, el directamente agraviado ********************, y tal detención la atribuye a la autoridad migratoria, es decir, la responsable es autoridad competente para emitir las órdenes reclamadas en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo, se proveerá en relación a dicho acto en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informe suspensión de plano. En otro orden de ideas, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda; apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo; que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Ratificación de demanda. En otro sentido, se hace necesario requerir al directamente agraviado ******************** para que en el momento de la notificación del presente proveído manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias decretadas. Requerimiento a autoridad. Prevéngase a la autoridad responsable que tenga a su disposición al agraviado, para que otorguen las facilidades necesarias al actuario a quien corresponda efectuar las diligencias encomendadas en este proveído, para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a las mismas. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá a quien incumpla una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se reserva a tener como domicilio procesal el que señala y otorgar el acceso al expediente electrónico así como la práctica de notificaciones electrónicas al usuario que indica hasta en tanto ratifique la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese y personalmente al directamente agraviado.

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