Julian Marcial Ibarra Amezcua
Expediente 656/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/09/2023
Partes del expediente
- Julian Marcial Ibarra Amezcua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a********************, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la justicia de la unión, son los siguientes: ( La autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, dentro de las facultades que la ley le concede, deberá notificar al quejoso******************** la respuesta recaída a la petición realizada el trece de septiembre de dos mil veintidós." II. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia; sin que se requiriera el cumplimiento a la responsable, en virtud de que por auto de once de septiembre del año en curso, remitió las constancias con las que acreditó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. III. El trece de septiembre de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes por el plazo de tres días a fin que manifestaran lo que a su interés conviniera con las constancias remitidas por la responsable con el oficio con número de registro 13987, con las cuales estimó dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: La autoridad responsable Titular de la Aduana, con residencia en Tijuana, mediante oficio registrado con folio 13987, informó que mediante diverso oficio ******************** de catorce de junio de dos mil veintitrés, dio respuesta al quejoso******************** a la petición presentada el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, lo cual le fue notificado por conducto de su autorizado, previo citatorio, el catorce de julio de dos mil veintitrés. Documentales que obran en autos y que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedida por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, goza de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ella. En atención a lo expuesto, se colige que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es conservable por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados; por tanto, consérvese en el archivo por el plazo de tres años; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuenta. El once de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta con el oficio registrado con el número de folio 13987 y anexos que acompañan . Conste.Tijuana, Baja California, once de septiembre de dos mil veintitrés. Se reserva cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que remite el Subdirector de la Aduana de Tijuana; en atención a su contenido, se reserva hacer pronunciación alguna al cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que en el presente juicio de amparo aún no causa ejecutoria la sentencia emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por lo que una vez que quede firme, se proveerá lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Apertura. En Tijuana, Baja California, a las once horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 656/2023-VI, promovido por ********************, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, ante Aarón Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. De igual manera, el secretario certifica que las promociones y determinaciones judiciales relativas a este expediente físico concuerdan con las correspondientes al electrónico, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Juez tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el secretario hace constar que fue ofrecido el siguiente medio de prueba: No. Partes Pruebas Foja (s) Admitidas y desahogadas 1 Quejosa 1. Documentales. 2. Instrumental de actuaciones. 3. Presuncional. 8 y 11 13 de junio de 2023 (fojas 15 a 18) 2 Titular de la Aduana de Tijuana 1. Documentales. 2. Presuncional. 3. Instrumental de actuaciones. 27 a 29 18 de julio de 2023 (fojas 31 y 32) Asimismo, el secretario certifica que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas, tómense en consideración al momento de emitir la resolución correspondiente en este asunto; sin pruebas pendientes de acordar ni de desahogo, se da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Se pasa a la etapa de alegatos; se hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento. Acuerdo. Se tiene por precluído el derecho de las partes en formularlos, por lo que se da por concluida la etapa de alegatos de esta audiencia. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 656/2023-VI; y, R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad señalada en la demanda y por el acto reclamado. Segundo. Trámite del juicio. El trece de junio de dos mil veintitrés, la demanda se admitió a trámite bajo el número de expediente 656/2023-VI y se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; al reclamarse abstención de una autoridad que ejerce funciones en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad que enseguida se precisan: Autoridad responsable en su denominación correcta Acto reclamado Titular de la Aduana de Tijuana. La omisión de darle a conocer en breve término, el acuerdo recaído a la solicitud presentada por escrito y dirigido en forma respetuosa a la responsable en fecha trece de septiembre de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, la autoridad responsable en su denominación correcta, rindió su informe con justificación, tal como se precisa a continuación: Autoridad responsable Sentido del informe Fojas Titular de la Aduana de Tijuana. Niega 25 a 27 Se desvirtúa la negativa. No obstante que la autoridad responsable manifestó que no es cierto el acto a ella atribuido, resulta pertinente desvirtuar tal negativa en atención a que si bien remitió el oficio 120-01-20-02-04-2023-7991 de catorce de junio de dos mil veintitrés, con el cual dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintidós, omitió adjuntar a su informe la constancia respectiva con la cual notificó el oficio aludido al aquí quejoso. Bajo todo este contexto, ha de tenerse como cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, dado que conforme a lo aludido en su informe es cierto que ha sido omisa en notificarle a la parte quejosa el oficio 120-01-20-02-04-2023-7991 de catorce de junio de dos mil veintitrés, con el cual le dio contestación al escrito que le presentó el trece de septiembre de dos mil veintidós. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causa de improcedencia de las que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni este órgano jurisdiccional advierte oficiosamente que en la especie se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso. Apoya lo anterior la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." QUINTO. Conceptos de violación. Atento al principio de economía procesal no se transcribirán los conceptos de violación que se enderecen en contra del acto reclamado, porque el artículo 74 de la legislación de la materia, que prevé los requisitos que deben contener las sentencias de amparo, no establece tal exigencia y para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es innecesaria su transcripción. Sin que esa circunstancia perjudique en forma alguna a la parte quejosa, toda vez que se dará respuesta integral a sus inconformidades. Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio del asunto. El concepto de violación hecho valer por la quejosa es fundado. En el único concepto de violación formulado por el quejoso aduce, sustancialmente, que la autoridad responsable ha omitido notificarle la respuesta oportuna a la petición que por escrito formuló el trece de septiembre de dos mil veintidós. Como se adelantó, tal motivo de inconformidad es fundado, ya que en efecto se advierte, en el caso, una vulneración a su derecho de petición establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." El derecho de petición consagrado en el precepto reproducido, cuyo titular es el gobernado en general, implica la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades; es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. La existencia de este derecho, surge como consecuencia de la exigencia jurídica y especial de un régimen de legalidad bajo el que no está permitido el hacerse justicia por propia mano, para exigir el respeto a su esfera jurídica sin la intervención de autoridad alguna; por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, puesto que la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales obligado como tal, a dar contestación por escrito y hacerla conocer en breve término al gobernado. Luego, en virtud de que el numeral antes citado no establece el plazo con que cuenta la autoridad responsable para atender la petición formulada por el particular, pues sólo refiere que deberá ser en breve término, se estima que éste será aquel en que individualizado el caso concreto, sea necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva. Entonces, el ordinal transcrito, establece cómo deberán los particulares formular las peticiones que dirijan a las autoridades, a saber: a) Por escrito. b) De forma pacífica. c) De manera respetuosa, lo que implica que el particular se debe dirigir a la autoridad con toda atención y miramiento. Asimismo, la disposición constitucional en comento, señala que las autoridades a quienes se dirigen las peticiones, deben: 1) Emitir un acuerdo por escrito. 2) Responder, en breve término (racional según lo pedido), de manera congruente o exhaustiva; 3) Dicha contestación debe ser notificada de manera personal al peticionario, por parte de la autoridad instada, en el domicilio que éste señaló, para tal efecto. Es ilustrativa al respecto la tesis jurisprudencial XXI.1o.P.A. J/27, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del tenor siguiente "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa". Caso concreto. Con base en lo expuesto, en el caso el quejoso se duele de la omisión por parte del Titular de la Aduana de Tijuana, de notificar la respuesta a la petición realizada en el escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, lo cual se traduce en la violación a su derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional En ese sentido, el quejoso acreditó en esta instancia constitucional que en la referida fecha formuló ante la citada autoridad responsable la petición cuya omisión de notificar reclama en este juicio de amparo; ello, en términos de la documental consistente en el acuse original de dicha petición de la que se advierte que fue presentada el trece de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, al haber demostrado el peticionario del amparo que realizó la solicitud respectiva a la autoridad responsable de manera pacífica y por escrito, es a ésta última a quien correspondía la carga de probar que no incurrió en la omisión apuntada; esto es, se encontraba obligada a demostrar que dictó el acuerdo respectivo y lo hizo del conocimiento del quejoso. Bajo ese panorama, la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, como se estableció en el considerando tercero de esta resolución, dicha negativa está desvirtuada en razón de que omitió adjuntar a su informe la constancia respectiva con la cual demuestre que notificó el oficio 120-01-20-02-04-2023-7991 de catorce de junio de dos mil veintitrés, con el cual dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa el trece de septiembre de dos mil veintidós. En el referido oficio 120-01-20-02-04-2023-7991 se señaló como domicilio avenida Bellas Artes, número 19213, local 15, colonia Nueva Tijuana, código postal 22435, en esta ciudad, no obstante ello, la autoridad responsable no remitió constancia de notificación alguna. De lo cual se colige que efectivamente la autoridad responsable no ha notificado la contestación a la petición realizada de conformidad con el artículo 8 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.110 K (registro 162441) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 1195 del Tomo XXXIII, Abril de 2011, cuyo contenido dispone: "ACTOS RECLAMADOS DE NATURALEZA OMISIVA. SU ACREDITAMIENTO QUEDA SUJETO A QUE NO SE ALLEGUE AL JUICIO DE GARANTÍAS EL MEDIO PROBATORIO POR EL QUE SE ACREDITE EL HECHO POSITIVO QUE DESVIRTÚE LA OMISIÓN. En los actos reclamados de naturaleza positiva, esto es, los que implican un hacer de la autoridad, la carga de la prueba respecto de su existencia cierta y actual recae en la parte quejosa, ya que es ella quien afirma el perjuicio que le irrogan los mismos. En cambio, cuando los actos reclamados son de naturaleza omisiva, esto es, implican un no hacer o abstención de las autoridades responsables, en perjuicio de los derechos fundamentales de la parte quejosa, su acreditamiento queda sujeto a que no obre en autos algún medio probatorio del que se advierta el hecho positivo que la desvirtúe, esto es, la carga de la prueba se revierte a las contrapartes del quejoso, a efecto de que demuestren que las autoridades responsables no incurrieron en las omisiones que se les atribuyen". Así como la diversa tesis con registro electrónico 230855, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación a página 50 del Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, del contenido que dispone: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARÁCTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario". Ahora, en ese orden, la parte quejosa acreditó en esta instancia constitucional, que presentó una petición por escrito, de forma pacífica y respetuosa; con el acuse de recibo del escrito de mérito, en el que se aprecia el sello de recepción en las oficinas de la Aduana de Tijuana, de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós. Entonces ello genera la certeza de que en la referida fecha y por escrito, efectivamente el quejoso formuló la aludida petición, cuya omisión de notificar la contestación del mismo reclama en este juicio de amparo. Sin embargo, como se expuso, la referida autoridad responsable no demostró haber cumplido fehacientemente con la obligación que le impone el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en este caso se traduce en dar una respuesta por escrito a lo solicitado, en un breve término y haberlo hecho del conocimiento de la peticionaria, no obstante que el promovente cumplió con los requisitos para ello y su pronunciamiento no conlleva algún trámite que requiera mayor tiempo para tal fin. Decisión. En tales consideraciones, ante la violación manifiesta al derecho de petición contemplado a favor del quejos ********************en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisa que los efectos de la concesión del amparo y la protección de la justicia de la unión, son los siguientes: La autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana, dentro de las facultades que la ley le concede, deberá notificar al quejoso ********************la respuesta recaída a la petición realizada el trece de septiembre de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del acto reclamado al Titular de la Aduana de Tijuana, por los fundamentos precisado en el considerando sexto y para los efectos precisados en el diverso considerando séptimo de este fallo. Notifíquese.
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