Julián Quezada Olmos

Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1150/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Julián Quezada Olmos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Juez de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1150/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Ahora bien, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que pudieran allegar las partes, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran ofrecer en el procedimiento, resulten innecesarios para configurar dicha improcedencia y para desvirtuarla. Es aplicable, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está el de iniciativa o instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 107 constitucional en su fracción I: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". [Énfasis añadido] Principio que reproduce el diverso artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, al prever que únicamente puede promoverse el juicio por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones, por consiguiente, rige en todo caso y, por ende, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de amparo, formalidad indispensable tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales. En el caso, la demanda no fue firmada de forma autógrafa o electrónica por quien se ostenta como promovente, sino que es copia de aquella obtenida de puño y letra del suscriptor; lo cual se corrobora con lo asentado por personal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, quien hizo constar que la firma que calza en el escrito inicial es una copia; por tanto, el presente juicio es improcedente. Es así, porque estamos ante la falta de un requisito esencial para la instauración del juicio de amparo, dado que la firma autógrafa o electrónica constituye la expresión de la voluntad del quejoso. En efecto, para que la firma estampada en cualquier escrito adquiera validez debe ser autógrafa (de puño y letra del signatario) o electrónica, ya que es la única forma en que el signatario adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la firma que debe calzarlo. Por tanto, si no existe certeza de que la demanda fue suscrita del puño y letra del signatario, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existe agraviada, y la demanda resulta improcedente, según lo prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal. Máxime que no se advierte que el promovente tenga algún inconveniente para estampar su firma; tampoco que acto reclamado se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el volumen 175- 180 Sexta Parte, página 96, Séptima época del Semanario Judicial de la Federación de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa" Asimismo, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 71, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, 181-186 Quinta Parte, en materia Común, cuyo rubro y texto: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". [Énfasis añadido] Sin que haya lugar a requerir al promovente para que comparezca a este órgano jurisdiccional a subsanar tal omisión, dado que el artículo 114 de la Ley de Amparo sólo faculta a los juzgadores para prevenir a los promoventes a fin de que satisfagan algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 213, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, VII, Enero de 1991, en materia Común, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISION, NO CONTRAVIENE DISPOSICION LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión". Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del numeral 113 del ordenamiento legal invocado. Domicilio procesal y autorizados Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al usuario "MEAM781214M", para que pueda consultar el expediente de manera electrónica. Asimismo, como domicilio físico el ubicado en calle Río Grijalva pre, 16 del Fraccionamiento Valle de San José, Guanajuato. Téngase a Armando Martín Santoyo Calderón, José Damián Andrés Castillo Martínez, Omar Camargo Cruz, José Sánchez Rizo y Mayra Alejandra Medina Arreola como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, a María Bárbara Morales Vázquez. Téngase proporcionado por el promovente, la cuenta de correo electrónico armando.m.santoyo@gmail.com; para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se considere necesario. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de las determinaciones que se dicten en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información. Se ordena girar despacho. Toda vez que el domicilio del promovente se encuentra fuera de esta ciudad, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juez Único Menor Mixto en turno, de Silao Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio señalado líneas arriba, y notifique al promovente el presente proveído.

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