Julian Martinez Amador
Expediente 1299/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1299/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Julian Martinez Amador
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de octubre de dos mil veintidós. Recepción de documentos. Vista la demanda promovida por José Alberto Mondragón Contreras, quien se ostenta apoderado legal del quejoso Julián Martínez Amador, con cuatro copias y cinco anexos que se acompañan, en el estado de deterioro en que se encuentran, contra actos del Juez Civil del Tercer Distrito Judicial con sede en la ciudad de Rioverde, San Luis Potosí. Personería. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personería con la que promueve el juicio, al tenor de la documental que exhibe para tal efecto. Registro de expediente. Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1299/2022-I. Fijación de la Litis. El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en: ".el auto de doce 12 de septiembre del 2022, notificado al siguiente día de manera personal; acto que niega la entrada a un Recurso de Revocación." Así, en principio, debe precisarse con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe partirse de la base de que es indispensable analizar integralmente la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Sobre esa base, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio constitucional: El auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el juez responsable dentro del juicio extraordinario civil 536/2019, en el que niega admitir el recurso de revocación, teniendo como consecuencia, el no darse vista al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, con hechos que la parte quejosa considera constitutivos de delito. Causa de improcedencia. Examinado lo anterior, se desprende que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: Actos de imposible reparación. La suscrita advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Dichos preceptos en su orden previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, del libelo constitucional se advierte que en la especie el quejoso reclama el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictado por el juez responsable dentro del juicio extraordinario civil 536/2019, en el que niega admitir el recurso de revocación, teniendo como consecuencia, el no darse vista al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable, con hechos que la parte quejosa considera constitutivos de delito. De lo anteriormente expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, ya que como consecuencia del desechamiento del recurso de revisión únicamente se negó al ahora quejoso la posibilidad de dar vista a la representación social con los posibles elementos constitutivos de delitos realizados por su contraparte, en los autos del juicio juicio extraordinario civil 536/2019. Por lo que se le dejaron expeditos sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma correspondiente. Auto que no constituye una resolución trascendental y grave que cause un perjuicio a la quejosa, dado que la autoridad responsable, con la emisión de los actos reclamados, únicamente ejerce dentro de sus funciones su discrecionalidad o facultades constitucionales y legales, es decir, atendiendo a las constancias que obran en autos, determina la factibilidad de acordar de manera favorable o no las peticiones elevadas por las partes dentro de los procedimientos de su índice. La consecuencia de la negativa de dar vista a la representación social, no constituye una acto de imposible reparación dado que la parte quejosa cuenta con medios a su alcance para hacer valer sus derechos, en el caso, si el Juez en aras de sus facultades consideró no dar la vista solicitada, la impetrante está en posibilidad de acudir de manera directa ante el Agente del Ministerio Público que considere competente e instar su actividad, aportando los elementos que considere necesarios y de los que se adviertan posibles conductas ilegales que su contraparte en el asunto de origen haya realizado. De esta forma, cualquier afectación a la esfera jurídica del quejoso, se condiciona a la actuación futura del Ministerio Público en una carpeta de investigación, lo que no está limitado a la actuación de la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, en el supuesto de que este Juzgado de Distrito ordenara a la responsable diera trámite al recurso de revocación y este saliera favorable a los intereses del aquí quejoso, la vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, no tendría mayor consecuencia que un mero aviso a la representación de una posible comisión de delitos, que se condiciona a la actuación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, misma que se verá impulsada con los elementos aportados por las apartes dentro de dicho procedimiento a lo que la ahora quejosa quedará constreñida a cooperar de manera activa para la integración de la misma. Por tanto, es evidente que los actos que se reclaman no son aquellos que le causen un perjuicio de imposible reparación y, que además sea trascendental, puesto que como se mencionó con anterioridad al ser parte activa en el procedimiento de origen y tener acceso a las constancias que con el mismo se integra, es factible asegurar que cuenta con los elementos necesarios para instar la actividad del agente investigador por cuenta propia, además que con independencia de quien inste la actividad del Ministerio Público, la quejosa se verá obligada a aportar los elementos necesarios a fin de coadyuvar en la investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que informa la tesis de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO AL JUZGADO DE DISTRITO. EL AUTO DEL JUEZ DE AMPARO QUE LA ORDENA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN TRASCENDENTAL Y GRAVE QUE CAUSE UN PERJUICIO A LAS PARTES NO REPARABLE EN SENTENCIA DEFINITIVA. El auto del Juez de amparo que ordena dar vista al Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito con las actuaciones del juicio, no constituye una resolución trascendental y grave que cause un perjuicio a las partes no reparable en sentencia definitiva, en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues no lo constriñe en determinado sentido en el empleo de su discrecionalidad o facultades constitucionales y legales, es decir, no implica en sí mismo la apertura de una carpeta de investigación, investigación ministerial y ejercicio de la acción penal; de tal suerte que la vista constituye un mero aviso de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito. De esta forma, cualquier afectación a la esfera jurídica del quejoso, se condiciona a la actuación futura del Ministerio Público en una averiguación ministerial, mediante el ejercicio de la acción penal en su contra y/o dictar o solicitar órdenes restrictivas de libertad. Ahora bien, en caso de iniciarse una averiguación, el denunciado cuenta con oportunidad de defensa y todos los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios, establecidos en el sistema normativo penal. Aunado a lo anterior, el pronunciamiento que al respecto pudiera emitir el tribunal revisor sobre la posible ilegalidad o no de la conducta realizada, implicaría que el Poder Judicial de la Federación determinara en cierta medida sobre la procedencia de la acción persecutoria, arrogándose facultades que competen única y exclusivamente a la representación social federal. Además de que, el revocar dicha vista, a nada práctico conduciría, pues el Ministerio Público de la Federación es parte en el juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la ley citada, y sus facultades indagatorias son autónomas o independientes de las actuaciones del juicio de amparo, ya que, en todo caso, sin necesidad de que el Juez de amparo le otorgue vista con actuaciones, éste puede ejercer sus facultades en esa materia." Desechamiento. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Gerardo Vaqueiro Duran y Jorge Pérez Vilet, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener al propio promovente como autorizado en términos amplios de la parte quejosa, al haberse reconocido la personería con la que compareció. Expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Sin que haya lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones los diversos que señala, al haberse autorizado las notificaciones electrónicas. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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