Julian Gomez Soldevilla

Expediente 1351/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1351/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Magistrados Que Integran la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosi
  • Julian Gomez Soldevilla

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto. Vista con el cumplimiento a la ejecutoria Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexos dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de documento, registro y formación de expediente. Vista la demanda promovida por *************, contra actos de los Magistrados que Integran la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con siete copias que se acompañan; por violación que estima en su perjuicio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1351/2023-VII. Desechamiento Examinada la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca 550/2023, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la que declaró infundado el recurso de reposición promovido por el impetrante contra el proveído de cuatro de agosto de dos mi veintitrés, dictado por dicha Sala, que decretó inadmisible el recurso de apelación intentado contra la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés emitida por el Juez Sexto Familiar en esta ciudad, que acordó no tener al promovente del amparo, ofreciendo las pruebas ofertadas dentro del incidente de inconformidad y oposición al Inventario y Avalúo que promovió dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de *************, radicado bajo el número de expediente 331/2021, por no haberlas exhibido con el escrito respectivo. Al respecto, la suscrita estima que en el presente caso se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que motiva a DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En efecto, el numeral en cita, prevé: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Es decir, que el dispositivo en comento impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por lo cual, se procede a efectuar el análisis respectivo. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que, se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Marco jurídico De lo anterior se advierte que el juicio de amparo en que se actúa deviene improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se anotó, la parte quejosa reclama la resolución de seis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca 550/2023, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que declaró infundado el recurso de reposición interpuesto contra la diversa emitida por la propia sala que negó admitir el de apelación propuesto contra la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés dictada por el Juez Sexto Familiar en esta ciudad, que acordó no tener al promovente del amparo, ofreciendo las pruebas ofertadas dentro del incidente de inconformidad y oposición al Inventario y Avalúo promovido dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de *************, radicado bajo el número de expediente 331/2021, al no haber acompañado las pruebas al ocurso respectivo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado emitido dentro del recurso de reposición, no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del quejoso, como serían la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones o la propiedad, las posesiones, etcétera; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Ahora bien, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el legislador precisó el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos, con lo cual proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de este tipo, ya que estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían recaer sobre derechos sustantivos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente a las leyes adjetivas. De esta interpretación se deducen las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos. Tales derechos sustantivos, son considerados antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que dependen de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por imposible reparación, ya que resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en este reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos y en otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que produce, expresión esta última que es contraria con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que se califican las cuestiones formales o adjetivas, tales como la personalidad. En el caso particular, resulta pertinente destacar que en los artículos 626 a 630 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, se establece que los juicios sucesorios se conforman de cuatro etapas o secciones, que iniciarán simultáneamente. La primera se llamará de sucesión y contendrá, en su caso, la denuncia de intestado o la presentación del testamento, la citación a herederos, nombramiento y remoción de albacea e interventores y culminará con el reconocimiento de derechos hereditarios. La segunda se llamará de inventarios, la cual estará compuesta del inventario provisional del interventor, el inventario y avalúo que forme el albacea, los incidentes que se promuevan al respecto y finaliza con la resolución que dicte el juez sobre la aprobación del inventario y avalúo. La tercera sección se llama de administración y contendrá lo relativo a esa acción, como lo es la rendición de cuentas y su calificación, así como el pago de impuestos fiscales. La cuarta y última, se llama de partición y se compone de los proyectos de distribución de la masa hereditaria y concluye con la resolución de partición. Como puede observarse, cada etapa del procedimiento sucesorio atiende al principio de preclusión, que exige que lo decidido en las resoluciones que culminen cada sección, adquiera firmeza para los que tuvieron intervención. Luego, no existe una sentencia que lo decida en lo principal, sino que cada una de las secciones se resuelve por separado, mediante la interlocutoria especial correspondiente. Por ello, el juicio de amparo biinsntancial solamente procede contra las resoluciones que ponen fin a las tres primeras secciones o representa un obstáculo para su conclusión y las que tengan la característica de ejecución de imposible reparación en los términos antes anotados. Se cita al respecto, la tesis I.3o.C.439 C1 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o Registro digital: 182385. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Materia(s): Civil. Tesis: I.3o.C.439 C. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Enero de 2004, página 1546. Tipo: Aislada. independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente." En ese tenor, si en el caso, como se apuntó, la parte quejosa señala como acto reclamado la interlocutoria de seis de septiembre de dos mil veintitrés, por la que se declaró infundado el recurso de reposición interpuesto contra el proveído de cuatro de agosto del presente año; dictado dentro del toca 550/2023, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que declaró inadmisible la apelación interpuesta contra el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés pronunciado por el Juez Sexto Familiar en esta ciudad, que resolvió no tener al promovente por ofreciendo las pruebas de su intención dentro del incidente de inconformidad y oposición al inventario y avalúo tramitado dentro del juicio sucesorio intestamentario 331/2021; ello no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior es así, dado que en el caso, se trata de una decisión jurisdiccional emitida por la Sala responsable, en la que subyace la negativa del Juez de origen de admitir las pruebas ofrecidas dentro de la etapa de inventarios, que corresponde a la segunda sección del juicio sucesorio, la cual no ha concluido, dado que no obra la resolución que decida lo relativo a la aprobación del inventario y avalúo; por lo que es evidente que se trata de un acto meramente intraprocesal, que no resuelve en definitiva la sección segunda del juicio en comento, que se insiste, culmina con la sentencia que apruebe o desapruebe el inventario y el avalúo presentados por la señalada como tercera interesada. De ahí la improcedencia de la presente instancia constitucional. Aunado lo anterior a que, en la medida en que de trascender a la esfera jurídica del impetrante el acto que aquí reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantear impugnación contra la resolución que se dicte en definitiva en la etapa del juicio sucesorio de que se trata; pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en la etapa referida, resulte adversa al aquí quejoso, de manera que mientras la sección segunda del juicio de que se trata, no se resuelva, se está en la posibilidad de que la resolución correspondiente le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso, ningún perjuicio se causaría al promovente del amparo. Así, el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación. Resulta aplicable la tesis I.4º.C. J/182 , sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, del título y contenido siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES RECLAMABLES EN AMPARO DIRECTO CONTRA ACTOS QUE PONEN FIN AL JUICIO. En el nuevo régimen constitucional y legal por el que se norma el juicio de garantías desde el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, en el que son reclamables en el amparo directo, tanto la sentencia definitiva como las resoluciones que ponen fin al juicio, lo que puede dar lugar a que respecto de una misma controversia jurisdiccional se promuevan diversos juicios de amparo directo, debe hacerse una clara distinción de las violaciones de procedimientos que son reclamables en cada caso, para lo cual, el elemento determinante radica en la exigencia de que tales infracciones trasciendan al resultado del fallo. Así, cuando el acto reclamado sea la sentencia definitiva, se podrán impugnar todos los actos procesales que tengan una relación directa con las cuestiones resueltas en ese fallo, de manera tal que al ser reparadas se pudiera llegar a emitir una determinación que en alguna forma 2 Registro digital: 226505. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Materia(s): Común. Tesis: I.4o.C. J/18. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990, página 732. Tipo: Jurisprudencia. favoreciera las pretensiones del peticionario, en la controversia de origen, como podría suceder, verbigracia, cuando no se le hayan recibido las pruebas que legalmente haya ofrecido o no se hayan recibido conforme a la ley, o cuando se le haya declarado ilegalmente confeso, si el posible resultado de aquellas pruebas puede tener como consecuencia el cambio o modificación de la forma en que se apreciaron las acciones, o las defensas o excepciones que se consideraron acreditadas o se desestimaron, o si la confesión aludida fue un elemento primordial para acreditar las pretensiones de la parte contraria. En cambio, cuando se reclame una resolución que ponga fin al juicio, exclusivamente serán reclamables las violaciones que tuvieron relación directa e inmediata con el sentido concreto en que se emitió esa resolución, por lo que mutatis mutandi, si se reclama la resolución que declaró la caducidad de la instancia o la que declaró desierto el recurso de apelación contra el fallo de fondo de primer grado, no podrán combatirse en esa controversia constitucional, las infracciones procedimentales relativas a actuaciones ajenas a la determinación reclamada, como serían la ilegal declaración de confeso al quejoso o de la recepción de sus pruebas, relacionadas con el fondo del negocio de origen, toda vez que, evidentemente, éstas se encuentran desvinculadas del resultado a que se ha llegado en el juicio natural, ya que si se dieron los presupuestos requeridos por la ley, la caducidad o la deserción apuntadas, deben subsistir, con independencia de que se hubieran recibido bien o mal las pruebas de las partes, y si no se dan tales supuestos y por ello se concede la protección de la Justicia Federal, la consecuencia será que se reanude el procedimiento del que proviene el acto reclamado, y estas violaciones de procedimiento pueden atacarse cuando se reclame la sentencia definitiva, ya que hasta entonces es factible precisar si trascienden o no esta resolución." Decisión Consecuentemente, atento a los razonamientos esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que debe desecharse la presente demanda de amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, al resultar evidente el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Juan Ricardo S. Elías Torres y Filiberto Díaz Espinoza, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las diversas personas que señala, toda vez que no cuentan con sus respectivas cédulas profesionales registradas en el aludido sistema. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA BLANCA NELY VELÁZQUEZ PÉREZ, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. Análisis del cumplimento. [...] Se tiene por cumplida. Por tanto, una vez efectuado el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, declara cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable acató la totalidad de los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto al emitir la nueva resolución, ya que, se enfatiza, realizó todos los deberes jurídicos ordenados en el fallo protector y no sobrepasó lo establecido en la sentencia de amparo. Recurso de inconformidad. Consecuentemente, hágase del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos del artículo 201 de la Ley de Amparo (recurso de inconformidad) y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días a que se refiere el diverso 202 del propio ordenamiento, archívese el expediente como asunto concluido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Cabe hacer hincapié en que aun cuando las tesis que se invocan interpretan normas de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, son aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril del propio año, en atención a que no se oponen a su contenido. Devolución de constancias. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse a la Jueza Especializada en Órdenes de Protección de Emergencia y Preventivas a Favor de las Mujeres y de Procedimientos No Controvertidos, las constancias que se exhibieron en este asunto.

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