Julia Zárate Camacho

Expediente 318/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
318/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Julia Zárate Camacho
  • Julia Zárate Camacho y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa 1.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por el que se sobreseyó, en este juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Fundamenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98, que aparece publicada en la página 23, tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. a) Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. b) De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta depurable, por lo que, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notificación y envío de oficios Se faculta al actuario adscrito a este juzgado de control constitucional, a efecto que firme los oficios que derive de este acuerdo, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz, (vía correo electrónico, fax o estafeta), debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. Asimismo, en caso ser necesario la entrega personal del citado oficio, deberá hacerlo con estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Mesa 1.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes, el oficio número ************** de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a través del cual comunica que las demandas de amparo en las que además de reclamar la omisión de acatar el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se reclamen actos o normas independientes a ese tópico, deberán remitirse al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a fin de que provea lo conducente, siempre y cuando se encuentren en trámite o pendientes de resolución y, en su caso, los asuntos que lleguen a reingresar y, por ende, deban ser tramitados y resueltos de nueva cuenta. Al respecto se hace de conocimiento a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sentencia engrosada el veintiocho de octubre del año en curso, se sobreseyó este juicio de amparo, determinación que se ordenó notificar de manera persona a las partes. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, la presente resolución, se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no señaladas de forma personal o por oficio; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Se comisiona al actuario adscrito a efecto de que firme el oficio a que se hace referencia en este auto; asimismo, lo remita por correo electrónico. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    318/2020, promovida por ******************** VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 318/2020, que promovieron ********************,********************y ********************, por propio derecho y ********************, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ********************, Asociación Civil; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veintisiete de marzo de la anualidad en curso, ante la Secretaria encargada de la guardia de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, ********************,********************y ********************, por propio derecho y ********************, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ********************, Asociación Civil, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 2) Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos y 3) Presidente del Consejo de Salubridad General, consistentes en: la falta o ausencia de implementación de medidas y acciones necesarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus Covid-19, a efecto de evitar su propagación en el territorio mexicano, lo que impacta en el derecho a la salud y a la vida. SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintisiete de marzo de esta anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se proveyó lo concerniente a la suspensión de plano de los actos reclamados; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, párrafo tercero, 4, párrafo cuarto, 16, 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CUARTO. De conformidad con el Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de Salud Pública derivado del virus COVID-19, se advierte que fueron suspendidas en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte, por lo que a consecuencia de dicha suspensión de labores, se determinó que no correrían plazos ni términos procesales. Posteriormente, mediante los Acuerdos Generales 8/2020 y 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-Cov2 (COVID-19), se otorgó la pauta a los órganos jurisdiccionales para dar continuidad a las medidas tendentes para evitar la concentración de personas y propagación del virus; así como, para reanudar las actividades jurisdiccionales en mayor escala dentro del Poder Judicial de la Federación, a efecto de continuar con el trámite y en su caso dictar las resoluciones correspondientes en los asuntos tramitados tanto físicamente como los "juicios en línea", del período del seis de mayo al dos de agosto de dos mil veinte. Así, debido a que el siete de mayo de la anualidad en curso, se ordenó la continuación del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 24, fracción II, del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; fue procedente la celebración de la audiencia constitucional con la finalidad de emitir la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 40 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Acuerdo 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza administrativa; además, por la naturaleza de los actos reclamados, este órgano de control constitucional es competente para conocer del presente juicio, y conforme a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: 1. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:  La falta o ausencia de implementación de medidas y acciones sanitarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus Covid-19, a efecto de evitar su propagación en el territorio mexicano lo que impacta en el derecho a la salud y a la vida de los quejosos.  La omisión de ordenar la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria por la proliferación de la Pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Ley General de Salud y 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 2. Del Secretario de Salud de los Estados Unidos Mexicanos:  La falta o ausencia de implementación de medidas y acciones sanitarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus Covid-19, a efecto de evitar su propagación en el territorio mexicano lo que impacta en el derecho a la salud y a la vida de los quejosos.  La omisión de ordenar la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria por la proliferación de la Pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Ley General de Salud y 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. 3. Del Presidente del Consejo de Salubridad General:  La falta o ausencia de implementación de medidas y acciones sanitarias para prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus Covid-19, a efecto de evitar su propagación en el territorio mexicano lo que impacta en el derecho a la salud y a la vida de los quejosos.  La omisión de ordenar la aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de la declaratoria de contingencia o emergencia sanitaria por la proliferación de la Pandemia provocada por el coronavirus Covid-19, en términos del artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16 de la Ley General de Salud y 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Dicha inexistencia se robustece con las siguientes consideraciones, mismas que se harán con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos distintos de los que dieron origen al juicio de amparo. En ese sentido, es necesario citar el contenido de los artículos 1 y 3 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, que establecen lo siguiente: "Artículo 1. El Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. CAPÍTULO II Integración y funciones del Consejo. Artículo 3. El Consejo estará integrado por el Presidente, que será el Secretario de Salud, un Secretario y los siguientes vocales titulares: I. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; II. El Secretario de Desarrollo Social; III. El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; IV. El Secretario de Economía; V. El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; VI. El Secretario de Comunicaciones y Transportes; VII. El Secretario de Educación Pública; VIII. El Titular del Instituto Mexicano del Seguro Social; IX. El Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; X. El Director General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; XI. El Presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, A. C.; XII. El Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, A.C., y XIII. El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México." De los artículos transcritos, se advierte que el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que depende directamente del Presidente de la República, y que se encuentra integrado, entre otros, por el Secretario de Salud. De manera que, las autoridades señaladas por el quejoso como responsables son integrantes del Consejo de Salubridad General. Precisado lo anterior, se destaca que el veintitrés de marzo del año en curso, se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por medio del cual, el Consejo de Salubridad General (conformado por las autoridades responsables en este juicio) reconoce la epidemia por enfermedad por el virus de Covid-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria; información que se obtiene como hecho notorio destacado para este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. El contenido del acuerdo referido es del contenido siguiente: "ACUERDO PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. QUINTA. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario. TRANSITORIOS ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." En ese contexto, de la transcripción que precede, se advierte, en primer lugar, que el Consejo de Salubridad General, declaró reconocer la epidemia de enfermedad por el virus SARS CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. En segundo lugar, respecto de la omisión de implementación, aplicación, adopción y emisión, de medidas y acciones sanitarias, preventivas y de contención, necesarias para detectar los casos virus COVID-19, y evitar su propagación en el territorio nacional, se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el propio Consejo de Salubridad General ordenó lo siguiente: a) Sancionó las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado. b) A partir de la entrada en vigor del referido acuerdo, establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, y en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. c) Exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARSCoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. Además, de la consulta realizada, por la Secretaria que autoriza, a la página electrónica oficial del Consejo de Salubridad General (http://www.csg.gob.mx/) se advierte que se encuentran publicadas las recomendaciones para la población en general y las medidas de prevención contra la epidemia COVID-19. De ahí que, la omisión reclamada a las autoridades señaladas como responsables, no existía a la fecha de la presentación de la demanda, que ocurrió el veintisiete de marzo de la anualidad en curso. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 273, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPEDE ACTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA MPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas a las autoridades antes mencionadas, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que tal determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en atención a que es un hecho notorio que el catorce de mayo de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. De igual manera, se establecieron acciones extraordinarias para evitar el contagio del mencionado virus; las cuales, estarán vigentes hasta en tanto se declare por terminada la contingencia sanitaria. CUARTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se autoriza al actuario la firma y envío de los oficios correspondientes. Por lo expuesto, fundado y con fundamento en los artículos 73, 74, 75 y 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo que promovió ********************,********************y ********************, por propio derecho y la persona moral denominada ********************, Asociación Civil, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables.

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