Julia Sánchez Rojas
Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julia Sánchez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo que promovió *********** (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 14, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1122/2022, promovido por ********************; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, recibido el veintinueve siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; 2) Secretario de Hacienda y Crédito Público; 3) Secretaría de Bienestar; 4) Secretario de la Función Pública; 5) Secretario de Salud; 6) Secretaría de Trabajo y Previsión Social; 7) Director del Diario Oficial de la Federación; y 8) Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), todos con residencia en la Ciudad de México, que más adelante se precisarán. Actos que estimó violatorios de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1º, 5º, 9º, 14, 16, 17, 25, 26, 72, inciso f), 73, fracción XI, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo y recurso de queja. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, radicó la demanda con el número de expediente 1122/2022; y requirió a la quejosa para que aclarara su demanda, hecho lo cual, el trece de octubre de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo. Inconforme con la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, del cual por cuestión de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, órgano colegiado que en sesión de diez de febrero de dos mil veintitrés, se declaró incompetente para resolver el citado recurso y lo remitió a un Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, conociendo el Segundo, quien por ejecutoria de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, declaró fundado el recurso. Tercero. Trámite del juicio de amparo. En cumplimiento a lo anterior, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables el informe justificado, se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal Adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Audiencia constitucional que se tramitó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Acuerdo 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus artículos segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, toda vez que el acto reclamado es de naturaleza laboral. Segundo. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace constar que la parte quejosa reclama (fojas 25-26): "A) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: reclamo la elaboración y expedición del decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic]. B) Del Secretario de Hacienda y Crédito Público: reclamo la validez y la observancia constitucional que no le dio, y que está obligado a darle a los decretos presidenciales, y esto lo hizo a través de su refrendo con la firma del Titular de la Secretaria. C) De la Secretaria de bienestar: reclamo el refrendo que le dio al decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic], ya que no observo (sic) como lo marca el artículo 13 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL que estuviera dentro del marco legal, en consecuencia transgrediendo los derechos humanos de la suscrita. D) Del Secretario de la Función Pública: reclamo el refrendo que le dio al decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic], ya que no observo (sic) como es su deber según el artículo 7º fracción IX del REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA que estuviera en armonía con la Constitución Política y el decreto en cuestión. E) Del Secretario de Salud reclamo el refrendo que le dio al decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic], ya que no observo (sic) como lo marca el artículo 13 LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL que estuviera dentro del marco legal, en consecuencia transgrediendo los derechos humanos de la suscrita. F) Del Secretario de Trabajo y Previsión Social: reclamo el refrendo que le dio al decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual da su consentimiento para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic], ya que para la creación de este organismo no se previó los derechos laborales (estabilidad laboral) de la suscrita no fueran violentados o transgredidos. G) Del Director del Diario Oficial de la Federación: reclamo la publicación del decreto de fecha 31 de agosto de 2022, mediante el cual da su consentimiento para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic]. H) Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: reclamo el refrendo que le dio al decreto de fecha 31 de agosto de 2022 mediante el cual da su consentimiento para la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BINIESTAR) [sic], así como su ejecución ya que para que la creación de este organismo no se previno la estabilidad de los trabajadores que laborarían en el organismo." Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretario de Salud y Director del Diario Oficial de la Federación, todas con residencia en la Ciudad de México (fojas 115, 140, 125 y 135), al rendir informe convinieron con la certeza de los actos, de acuerdo a cada una de sus atribuciones. Además, la existencia de actos como los que nos ocupan (contra normas generales), no está sujeta a prueba, pues constituyen hechos notorios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General, por disposición expresa de su artículo 2º. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por otra parte, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de la Función Pública, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, no rindieron su informe con justificación, por lo cual, se les tiene por ciertos los actos atribuidos, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo. Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, es que respecto de los actos reclamados a las autoridades 2) Secretario de Hacienda y Crédito Público; 4) Secretaria de Bienestar; 5) Secretario de la Función Pública; 6) Secretario de Salud; 7) Secretaria del Trabajo y Previsión Social; y 8) Director del Diario Oficial de la Federación; quienes intervinieron, las cinco primeras en el refrendo y la última en la publicación del Decreto reclamado (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós), que ordena la creación del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR); se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, toda vez que no se reclamaron por vicios propios. Ello es así, atendiendo que, de conformidad con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, cuando se controvierten normas generales, la parte quejosa deberá señalar al titular del órgano del Estado al que la ley encomiende su promulgación; sin embargo, en el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo y la publicación del decreto promulgatorio de la ley, la promovente sólo podrá señalarlas con el carácter de responsable, cuando se impugnen sus actos por vicios propios, lo que en la especie no aconteció. En esa medida, si en el caso particular, la parte quejosa no controvirtió el refrendo y publicación del Decreto que aquí se estudia, por vicios propios, se concluye que se actualiza la improcedencia del presente asunto en relación con las autoridades en comento. Por lo que, al actualizarse la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, amparo en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio, por cuanto hace a las citadas autoridades. Por otra parte, respecto del acto reclamado atribuido Presidente de la República y Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, este juzgador considera que en el caso, se materializa la causa de improcedencia que se deriva de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, adminiculada con el 5°, fracción I, y 6° del invocado ordenamiento, relacionados a su vez con el precepto 107, fracción I, constitucional. Así es, debido a que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, como a continuación, se explica: El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo establecen lo que a continuación se reproduce: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (...)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De una sistemática interpretación de las disposiciones jurídicas transcritas se desprende, en lo que aquí interesa, uno de los principios esenciales del juicio de amparo [lato sensu], que radica en que ese tipo de procedimientos de control de regularidad constitucional siempre se seguirán a "instancia de parte agraviada". Lo anterior significa que únicamente podrá promoverlo a quien o quienes perjudique el acto o la ley que se reclama. Entonces, resultarán improcedentes cuando quien o quienes lo hubieran incoado, carezcan de algún interés jurídico, o en su defecto legítimo (susceptible de protección constitucional). Así, el interés jurídico presupone la existencia de un derecho subjetivo que se dice vulnerado por la actuación de una autoridad, su titular queda facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional para demandar el cese de esa violación. El interés legítimo es aquel interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso, en el entendido que dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, personal, de salud pública o cualquier otra. En ese tenor, cuando el amparo se promueve contra una norma general, para su procedencia, se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, lo que puede acontecer en dos momentos, con su sola entrada en vigor (autoaplicativa) o a través de un acto concreto de aplicación (heteroaplicativa). Ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las normas autoaplicativas son aquellas que con su entrada en vigor crean modifican o extinguen una determinada situación jurídica, sin necesidad de que se actualice alguna condición futura. Por su parte, las normas heteroaplicativas no surgen en forma automática -como el anterior supuesto-, sino que su materialización se encuentra sometida a la realización de un evento, es decir, cuando por su sola entrada en vigor no causa perjuicio, sino que requiere de la realización de un acto distinto y posterior al cual está condicionada su aplicación. Para determinar cuándo la norma general es autoaplicativa o heteroaplicativa -señala el Alto Tribunal- se debe atender al concepto de individualización incondicionada de las mismas, lo que constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren de forma condicionada o incondicionada. En tal distinción, la norma es individual condicionada o heteroaplicativa, cuando necesita la realización de un acto para que adquiera su individualización, que bien puede revestir de carácter administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan en la hipótesis de la norma general. Caso contrario, cuando la norma es incondicionada o autoaplicativa, las obligaciones de hacer o no hacer nacen con la vigencia de la misma, esto es desde un inicio crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. Es aplicable la jurisprudencia 55/97, Novena Época, registro digital 198200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Asimismo, orienta la tesis XIX/96, Novena Época, registro digital 200627, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS (DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para distinguir las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consubstancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional e incluso comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En este sentido, resulta válido sostener que el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo de una disposición es una cuestión (jurídica) diferente a la del acreditamiento del interés jurídico (cuestión de prueba) para reclamarla, pues lo primero se refiere a la obligatoriedad del mandato legal, ya sea que se actualice desde la entrada en vigor o con motivo de un acto concreto de aplicación; en cambio, el interés jurídico se vincula con la afectación que el propio mandato origina, la cual es susceptible de probarse mediante un acto de aplicación. En el caso, la quejosa refiere que de conformidad con lo que establece el artículo cuarto transitorio, con la entrada en vigor del decreto reclamado, que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), se le pretende despedir de manera forzosa y masiva del diverso organismo público descentralizado Servicios de Salud de Oaxaca, sin que en el mismo se tomen en consideración sus derechos laborales, es decir, reclama dicha norma como autoaplicativa. Sin embargo, contrario a lo manifestado por la quejosa el Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR), con su entrada en vigor a partir del uno de septiembre del presente año, por sí mismo, no afecta sus intereses jurídicos, pues con su sola emisión no impone obligaciones de hacer o no hacer que afecte su esfera jurídica, es decir, la norma general impugnada no es de carácter autoaplicativa. En efecto, la parte quejosa refiere que el acto impugnado tiene como consecuencia que sea despedida de manera forzada de su actual centro de trabajo (Secretaría de Salud en Oaxaca) y sin respeto a sus derechos laborales; sin embargo, actualmente su relación laboral no ha concluido con motivo de la entrada en vigor del Decreto reclamado; lo cual se advierte de la manifestación que bajo protesta de decir verdad realizó la quejosa en el sentido de ser trabajadora de los Servicios de Salud de Oaxaca, así como de la copia de su recibo de pago, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de dos mil veintidós. De lo anterior se colige que la norma general reclamada, desde la perspectiva autoaplicativa -como lo hace valer la parte quejosa- aún no genera afectación a su esfera jurídica, ante la ausencia de un acto de aplicación, puesto que ésta se encuentra condicionada a lo que disponen los artículos 2 y cuarto transitorio del "Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR)", esto es, la celebración de convenios de coordinación entre el instituto y las entidades federativas, al ser la quejosa trabajadora del servicios de salud estatal, así como algún acto de autoridad posterior en el cual, en aplicación de dicho decreto, la quejosa vea afectada su esfera jurídica. En consecuencia, al advertirse de la demanda de amparo, y el escrito aclaratorio, que la quejosa reclama el decreto únicamente por su entrada en vigor, sin que se advierta que alguna de esas disposiciones incida en los derechos fundamentales de la parte quejosa, donde desde su inicio, se cree, transforme o extingan situaciones concretas en la esfera jurídica de la quejosa; resulta evidente que la entrada en vigor del decreto reclamado, no causa perjuicio por sí mismo a la quejosa, sino que se requiere un posterior acto de aplicación. Por ello, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual ésta adminiculada con los numerales 5°, fracción I, y 6° del ordenamiento que rige la materia, y 107, fracción I, constitucional; por ende, con fundamento en lo establecido por la disposición 63, fracción V, del invocado ordenamiento que rige la materia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 311/2022, en sesión celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Quinto. Datos personales. Ahora, toda vez que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, se hace de su conocimiento que al hacer pública esta sentencia, o bien, atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sin ulterior pronunciamiento, se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado, indicando, en su caso, su contenido de manera genérica sin que se omita la información que constituya para este tribunal alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. En consecuencia, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, hecho lo anterior, glósese el acuse de envío correspondiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee el juicio de amparo que promovió ********************, por propio derecho, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al último considerando de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Secretaría de Bienestar, con residencia en la Ciudad de México, rindiendo su informe justificado a través del Subdirector de Amparos y Asuntos Especiales de la Secretaría de Bienestar; y con ello, dése vista a las partes para su conocimiento. Se le tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y designando como delegados a las personas que menciona, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, la copia del oficio signado por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, del Ejecutivo Federal con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, por una parte, se advierte que al titular de la Secretaría de Salud, le recayó la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y, por otra, designa delegados; por ello, se provee: Se toma conocimiento de la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación, rindiendo su informe justificado; y con ello, dése vista a las partes para su conocimiento. Igualmente, se le tiene designando como delegados a las personas que menciona, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo; y como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Notifíquese por lista electrónica.
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