Julia Pérez Cerón

Expediente 338/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
338/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Julia Pérez Cerón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de cuatro de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia,...se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto...archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte...resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. ... Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de junio del año en curso, informa que ya se realizó la reasignación del certificado parcelario número 1086622, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, anexando al efecto copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que la quejosa Julia Pérez Cerón, señaló como acto reclamado lo siguiente: ? La omisión de expedir el certificado parcelario a su favor, derivado de la solicitud de inscripción de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, presentada ante el Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a la cual se le dio el número de trámite 30190012344 en fecha siete de julio de dos mil diecinueve, respecto de la parcela 71Z-1 P2/2, del Ejido Palmerinda, municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Ahora, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: 1. Destacó que la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, quedó debidamente inscrita bajo el número de folio 30174013112041938R, realizando el alta con calidad de ejidataria de Julia Pérez Cerón (aquí quejosa), la cancelación del certificado parcelario número 122868, la expedición del certificado parcelario número 1086622, y la baja de Fortino Muñoz Domínguez; sin embargo, que por error expidió el certificado parcelario número 1086622 a favor de Pastor Campos Ramírez, cuando lo que correcto es, que dicho documento debió ser expedido a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, conforme lo ordenado en el resolutivo segundo de la referida sentencia, por lo que mediante oficio DEV/AJ/2745/2022, de diez de mayo de la presente anualidad, solicitó a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, procediera a realizar la rectificación de la ejecución del trámite 30190012344, iniciado por Julia Pérez Cerón el siete de junio de dos mil diecinueve, y se reasignara el certificado parcelario citado en líneas que anteceden, a favor de la aquí quejosa. Asimismo, en el oficio que se provee, la autoridad responsable indicó lo siguiente: 1. Que se realizó la reasignación del certificado parcelario número 1086622, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón; no obstante, que a la fecha no se han reaperturado las delegaciones del Registro Agrario Nacional, por lo que deja a disposición de la aquí quejosa el certificado de derechos parcelarios en el módulo de atención a tramites de esa delegación. Para justificar su afirmación, adjuntó al oficio que se provee, copia certificada del certificado parcelario número 1086622, de treinta de junio del año en curso, a favor de la aquí quejosa, por el que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, la cual será notificada de manera personal por conducto de este órgano jurisdiccional en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, expidiendo al efecto el certificado parcelario número 1086622, de treinta de junio del año en curso, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la 1 Consultable en la página 153, primera parte, tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. parte quejosa fue que se inscribiera la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y se le expidiera el correspondiente certificado parcelario, lo cual quedó probado con la copia certificada de la constancia correspondiente remitida por la autoridad responsable. En efecto, si la solicitud de la quejosa era que se le entregara el certificado parcelario correspondiente, y la autoridad responsable remitió copia certificada de dicho certificado número 1086622, expedido a su favor; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, deja a disposición de la aquí quejosa el certificado parcelario, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se ordena notificar por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado el oficio de cuenta. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 2 La jurisprudencia 2a./J. 59/99, con registro 193758, se consulta en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, novena época. cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,5 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 4 Publicada en la página 122, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 194481. dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,6 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.

  3. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de junio del año en curso, informa que ya se realizó la reasignación del certificado parcelario número 1086622, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, anexando al efecto copia certificada de las constancias con las que acredita su dicho; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico la demanda de amparo que le dio origen, se advierte que la quejosa Julia Pérez Cerón, señaló como acto reclamado lo siguiente: ? La omisión de expedir el certificado parcelario a su favor, derivado de la solicitud de inscripción de la sentencia de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitida en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, presentada ante el Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a la cual se le dio el número de trámite 30190012344 en fecha siete de julio de dos mil diecinueve, respecto de la parcela 71Z-1 P2/2, del Ejido Palmerinda, municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Ahora, la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, señaló lo siguiente: 1. Destacó que la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, quedó debidamente inscrita bajo el número de folio 30174013112041938R, realizando el alta con calidad de ejidataria de Julia Pérez Cerón (aquí quejosa), la cancelación del certificado parcelario número 122868, la expedición del certificado parcelario número 1086622, y la baja de Fortino Muñoz Domínguez; sin embargo, que por error expidió el certificado parcelario número 1086622 a favor de Pastor Campos Ramírez, cuando lo que correcto es, que dicho documento debió ser expedido a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, conforme lo ordenado en el resolutivo segundo de la referida sentencia, por lo que mediante oficio DEV/AJ/2745/2022, de diez de mayo de la presente anualidad, solicitó a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, procediera a realizar la rectificación de la ejecución del trámite 30190012344, iniciado por Julia Pérez Cerón el siete de junio de dos mil diecinueve, y se reasignara el certificado parcelario citado en líneas que anteceden, a favor de la aquí quejosa. Asimismo, en el oficio que se provee, la autoridad responsable indicó lo siguiente: 1. Que se realizó la reasignación del certificado parcelario número 1086622, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón; no obstante, que a la fecha no se han reaperturado las delegaciones del Registro Agrario Nacional, por lo que deja a disposición de la aquí quejosa el certificado de derechos parcelarios en el módulo de atención a tramites de esa delegación. Para justificar su afirmación, adjuntó al oficio que se provee, copia certificada del certificado parcelario número 1086622, de treinta de junio del año en curso, a favor de la aquí quejosa, por el que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la cual se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio, sino que también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, la cual será notificada de manera personal por conducto de este órgano jurisdiccional en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Ahora, considerando que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, expidiendo al efecto el certificado parcelario número 1086622, de treinta de junio del año en curso, a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, ello trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado. Se afirma lo anterior, atendiendo a que la pretensión de la 1 Consultable en la página 153, primera parte, tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. parte quejosa fue que se inscribiera la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y se le expidiera el correspondiente certificado parcelario, lo cual quedó probado con la copia certificada de la constancia correspondiente remitida por la autoridad responsable. En efecto, si la solicitud de la quejosa era que se le entregara el certificado parcelario correspondiente, y la autoridad responsable remitió copia certificada de dicho certificado número 1086622, expedido a su favor; por tanto, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado omisivo, pues se ha dejado de afectar los derechos de la solicitante de amparo por habérsele acordado su petición. En ese contexto, es inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De lo transcrito, se desprende como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella. Por tanto, no existe motivo para la emisión de la resolución del juicio de amparo, puesto que no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." (Lo subrayado es propio) Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, deja a disposición de la aquí quejosa el certificado parcelario, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa se ordena notificar por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado el oficio de cuenta. Sirve de apoyo lo anterior por analogía la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 2 La jurisprudencia 2a./J. 59/99, con registro 193758, se consulta en la página 38, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, novena época. cuyo rubro y texto son del contenido literal siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." De ahí, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito,5 de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO". En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, 4 Publicada en la página 122, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 194481. dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,6 que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable denominada Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, quien adjuntó diversas constancias como pruebas de su parte, de las que se advierte que la sentencia dictada en el juicio agrario número 769/2018, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, quedó debidamente inscrita bajo el número de folio 30174013112041938R, realizando el alta con calidad de ejidataria de Julia Pérez Cerón (aquí quejosa), la cancelación del certificado parcelario número 122868, la expedición del certificado parcelario número 1086622, y la baja de Fortino Muñoz Domínguez. No obstante, refirió que por error expidió el certificado parcelario número 1086622 a favor de Pastor Campos Ramírez, cuando lo que correcto es, que dicho documento debió ser expedido a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, conforme lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia dictada dentro del juicio agrario 769/2018, citado en el párrafo que antecede. Por ello, mediante oficio DEV/AJ/2745/2022, de diez de mayo de la presente anualidad, solicitó a la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, procediera a realizar la rectificación de la ejecución del trámite 30190012344, iniciado por Julia Pérez Cerón el siete de junio de dos mil diecinueve, y se reasignará el certificado parcelario citado en párrafos que anteceden, a favor de la aquí quejosa. En ese tenor, con fundamento en los artículos 62 y 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable plazo de tres días, contados a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, informe si ya se realizó la reasignación del certificado parcelario número 1086622 a favor de la aquí quejosa Julia Pérez Cerón, debiendo anexar copias certificadas de las constancias con las cuales soporte la información proporcionada a este órgano jurisdiccional, o en su caso, cuál es el estado que guarda dicho trámite. Apercibido que de no cumplir con lo solicitado en el tiempo y forma concedido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 237 fracción I y 259 ambos de la Ley de amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Para lo anterior, se pone a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidades de llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para fecha, por lo que se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.

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