Judith Rivera Viveros
Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Judith Rivera Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que interpusiera recurso de revisión en su contra; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso a), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 21, inciso c), y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión definitiva de los actos reclamados; asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO y pasados treinta días de la citada fecha. Asimismo, en cumplimiento al artículo 20, fracción II, inciso a), y su penúltimo párrafo, del citado Acuerdo General, y con base en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, y pasados treinta días de dicho plazo; por tanto, agréguese copia certificada de este proveído a los cuadernos incidentales. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a la autoridad responsable.
- Incidental
Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río Veracruz, por el cual informa que la determinación de treinta y uno de agosto pasado, dictada en la queja 707/2022 de su índice, mediante la cual se declaró sin materia el medio de impugnación interpuesto por la aquí quejosa, ha quedado firme; circunstancia de la que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En consecuencia, como lo solicita el Tribunal Constitucional, acúsese el recibo de estilo correspondiente; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y mediante oficio a la superioridad.
- Principal
ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexos signado por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en acatamiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente que integra el recurso de revocación 014/2022, promovido por la aquí quejosa, contra la resolución dictada el quince de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte las documentales anexas al oficio de cuenta, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, cabe mencionar que de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: - El acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, dentro de los autos del recurso de revocación 014/2022, por el que se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, emitida en el Procedimiento Disciplinario Administrativo 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, instaurado contra la aquí quejosa. Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". De esta norma se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Para que se actualice la causal de improcedencia en estudio se requiere necesariamente que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación, en la cual, no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior se obtiene de la tesis CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 199808, o en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Luego, de las constancias que integran el recurso de revocación 014/2022 del índice de la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de agosto dos mil veintidós, por una parte se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la aquí peticionaria de amparo Judith Rivera Viveros, contra la resolución de quince de julio del año en curso, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz y por otra se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, con motivo de la citada resolución, por los motivos ahí expuestos. 2. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de alegatos y fueron turnados los autos para resolver. 3. Con fecha veintidós de septiembre actual, se dictó la resolución administrativa relativa al recurso de revocación en la que en su resolutivo primero se determinó revocar la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, para los efectos precisados en dicho fallo. Asimismo, en el resolutivo segundo se hizo del conocimiento de la impetrante de amparo Judith Rivera Viveros, que de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene el derecho de promover juicio contencioso administrativo, contra dicha resolución administrativa, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, dentro del término de quince días. 4. En diligencia de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se notificó a la aquí quejosa la resolución aludida, al haber comparecido a las instalaciones que ocupa la autoridad responsable. Luego, de lo narrado, se aprecia que dicha autoridad responsable, resolvió en definitiva el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, contra la determinación de quince de julio del año en curso, emitida en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020, el pasado veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fallo que le fue comunicado el veintitrés siguiente, a la interesada. Así, la anterior reseña pone de manifiesto que existe un cambio de situación jurídica en el recurso de revocación 014/2022 de origen, que impide entrar al estudio de la constitucionalidad de la negativa de la suspensión reclamada a la responsable, ya que al resolver el medio de impugnación de donde emana la negativa reclamada, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas en agravio de la quejosa y que pudo haber sufrido, por parte de la autoridad administrativa, por no poder decidirse respecto del acto reclamado en la demanda de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada precisamente por la emisión del fallo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Es aplicable por no oponerse a la actual ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, la tesis localizable bajo el registro digital 221961, o en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Así como la tesis XII.1o.34 C, visible en la página 1096, del Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia". Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexos signado por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en acatamiento al requerimiento efectuado en auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del expediente que integra el recurso de revocación 014/2022, promovido por la aquí quejosa, contra la resolución dictada el quince de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz. En ese sentido, en términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte las documentales anexas al oficio de cuenta, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por otra parte, cabe mencionar que de autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: - El acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, dentro de los autos del recurso de revocación 014/2022, por el que se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, emitida en el Procedimiento Disciplinario Administrativo 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, instaurado contra la aquí quejosa. Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente; y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así las cosas, la suscrita juzgadora advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)". De esta norma se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Para que se actualice la causal de improcedencia en estudio se requiere necesariamente que concurran los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación, en la cual, no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior se obtiene de la tesis CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 199808, o en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Luego, de las constancias que integran el recurso de revocación 014/2022 del índice de la Dirección Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. El dieciséis de agosto dos mil veintidós, por una parte se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por la aquí peticionaria de amparo Judith Rivera Viveros, contra la resolución de quince de julio del año en curso, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz y por otra se negó la suspensión de la ejecución de la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por tres meses, con motivo de la citada resolución, por los motivos ahí expuestos. 2. El veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se celebró la audiencia de alegatos y fueron turnados los autos para resolver. 3. Con fecha veintidós de septiembre actual, se dictó la resolución administrativa relativa al recurso de revocación en la que en su resolutivo primero se determinó revocar la resolución de quince de julio de dos mil veintidós, dictada en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020 del índice de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, para los efectos precisados en dicho fallo. Asimismo, en el resolutivo segundo se hizo del conocimiento de la impetrante de amparo Judith Rivera Viveros, que de conformidad con el artículo 210 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene el derecho de promover juicio contencioso administrativo, contra dicha resolución administrativa, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, dentro del término de quince días. 4. En diligencia de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, se notificó a la aquí quejosa la resolución aludida, al haber comparecido a las instalaciones que ocupa la autoridad responsable. Luego, de lo narrado, se aprecia que dicha autoridad responsable, resolvió en definitiva el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, contra la determinación de quince de julio del año en curso, emitida en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 107/2020, el pasado veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fallo que le fue comunicado el veintitrés siguiente, a la interesada. Así, la anterior reseña pone de manifiesto que existe un cambio de situación jurídica en el recurso de revocación 014/2022 de origen, que impide entrar al estudio de la constitucionalidad de la negativa de la suspensión reclamada a la responsable, ya que al resolver el medio de impugnación de donde emana la negativa reclamada, es incuestionable que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones cometidas en agravio de la quejosa y que pudo haber sufrido, por parte de la autoridad administrativa, por no poder decidirse respecto del acto reclamado en la demanda de garantías, sin afectar la nueva situación jurídica creada precisamente por la emisión del fallo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Es aplicable por no oponerse a la actual ley de Amparo, en términos de su artículo sexto transitorio, la tesis localizable bajo el registro digital 221961, o en la página 145, del Tomo VIII, Septiembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso". Así como la tesis XII.1o.34 C, visible en la página 1096, del Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia". Por consiguiente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, mediante oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
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