Julia Gabriela Vital Palacios

Expediente 1044/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 5 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1044/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
05/12/2017

Partes del expediente

  • Julia Gabriela Vital Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, cinco de diciembre de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, contra actos de la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos, por considerar que se conculcan en perjuicio del antes nombrado los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, tercer párrafo, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1044/2017, que por su orden le corresponde, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. COMPETENCIA. Ahora bien, el promovente de la demanda de garantías señala como actos reclamados los siguientes: "Reclamamos de la Directora del Centro federal de Reinserción Social Femenil, número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos, LA OMISIÓN de proporcionar a las suscritas quejosas Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, ATENCIÓN MÉDICA, no obstante le hemos pedidos nos sea proporcionada ya que sufrimos cada uno diversos padecimientos de las siguientes enfermedades que nos infringen un gran dolor y nuestra salud está deteriorándose: problemas de quebradura de brazo, matriz, ovarios, lesión de rodilla" Asimismo, del apartado de la demanda de amparo relativo a los conceptos de violación, se advierte que las quejosas refieren: [.] "Es por ello que ocurrimos ante su Señoría a fin de que nos sea concedido el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que se ordene a la Directora del Centro Federal de Reinserción social Femenil, número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos, nos brinde todos los medios suficientes, adecuados e inmediatos para atender con calidad nuestros padecimientos de salud y que han quedado descritos en líneas precedentes. . Por tanto, la afectación en conjunto de esos derechos humanos al mayor grado de salud, tienen repercusión en nuestra vida, de tal manera que la ponen en peligro, pues sin el acceso efectivo y suficiente a esos derechos nuestra salud está deteriorándose. [.] En conclusión, este órgano jurisdiccional considera que lo que las quejosas señalan como acto reclamado es: La revisión, atención y en su momento el tratamiento médico que requieren las quejosas en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, con sede en Coatlán, Morelos. De los antecedentes del acto reclamado manifestados bajo protesta de decir verdad, se advierte que las quejosas se encuentran recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, con sede en Coatlán, Morelos. Ahora bien, en términos de los artículos 37, párrafo primero y 48, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional carece de la competencia legal para conocer de la demanda de referencia. En efecto, en el numeral 37 invocado se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1. Será competente el juez de Distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales es que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, pero el primero de los supuestos sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción; y el segundo alude a que la ejecución pueda realizarse o se realice en más de un Distrito. En cambio, la tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiera ejecución material, lo que da competencia al juez de Distrito donde se haya presentado la demanda. De esto, podemos concluir que la intención del legislador, al fijar la competencia de los jueces de Distrito en función de la ejecución material del acto reclamado, o bien, a elección del promovente cuando carezca de esa ejecución (donde presente la demanda), fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de Distrito, al más cercano, lo que varía atendiendo a si está en los dos primeros supuestos, donde se busca la defensa inmediata contra el acto de autoridad, a fin de detener la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a la ley de la materia, o bien, acercar el juicio constitucional al lugar en que el gobernado decida presentar la demanda, tratándose de actos que no requieran ejecución material. Bajo este contexto, es claro que se actualiza la primera hipótesis de competencia prevista en el arábigo 37 de la Ley de Amparo, esto es, es competente el Juez de Distrito del lugar en que los actos reclamados tengan ejecución, siendo éste Cuernavaca, Morelos; y, por ende, en razón del territorio, este tribunal federal es legalmente incompetente para conocer de la demanda de cuenta. Lo anterior, considerando que el lugar donde se está ejecutando el acto reclamado es en el municipio de Coatlán del Río, Morelos; además, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a dos internas, recluidas en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquéllas, pues lo que pretenden las quejosas al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentren internas. Tiene aplicación por su idea jurídica substancial la tesis II.2º.P.16 k (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la página 2093, del Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En mérito de lo expuesto, con fundamento en los preceptos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el conocimiento de la demanda de amparo promovida por Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, es competencia del Juez de Distrito en el estado de Morelos, en turno, con residencia en Cuernavaca; y, en vía de consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme para constancia legal, remítase la misma al homólogo federal de referencia, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Morelos; solicitándole, de la manera más atenta, que a la llegada de la misma acuse recibo correspondiente y remita copia certificada del auto en que decida si acepta o no la competencia. SUSPENSIÓN DE PLANO. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a las quejosas Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, para el efecto de que éstas reciban de manera inmediata la atención médica integral necesaria para el restablecimiento de su salud médica, garantizando en todo momento su integridad física (salud y vida), debiendo remitir las constancias que así lo acrediten. Para lo cual la directora del Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, con sede en Coatlán, Morelos deberá resolver de manera urgente sobre si para recibir dicha atención médica es necesario el traslado de las quejosas a un hospital fuera del reclusorio a su cargo, esto teniendo como base las condiciones de salud en las que actualmente se encuentran las amparistas; en el entendido que, de ser necesaria dicha transferencia, se deberá proveer lo conducente para realizarla de manera inmediata y con las condiciones que garanticen la salud de las pacientes, así como la seguridad y resguardo de éstas mientras se encuentran fuera del centro de reclusión, asimismo, en caso de que se determine que no es necesaria la medida en comento (traslado a un hospital), implicará que la asistencia médica a las quejosas por parte del personal del centro donde se encuentran recluidas es idónea y suficiente para restablecer su salud, lo que deberá justificar bajo su más estricta responsabilidad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informe sobre el cumplimiento dado a esta medida suspensiva, debiendo remitir las constancias relativas, apercibida que en caso de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 237 de la Ley de Amparo, haciéndole saber de igual forma que de incumplir dicho mandato podría incurrir en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la ley en cita. Asimismo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Ahora bien, atendiendo al principio establecido en el artículo 17 Constitucional de que los Juzgadores deben velar por una pronta impartición de Justicia, y toda vez que las quejosas Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre se encuentran actualmente recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del ordenamiento legal citado en último término; así como el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento Exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en el estado de Morelos, con sede en Cuernavaca en Turno, para que por comisión de la Justicia Federal y en auxilio de las labores de este Juzgado, ordenen a quien corresponda, se constituya en dicho centro penitenciario y proceda a notificar la presente determinación a las mencionadas quejosas, así como para que gire oficio a la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Femenil número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos, informándole la suspensión de plano decretada por este Juzgado Federal. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a la que tenga el carácter de tercera interesada a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a Julia Gabriela Vital Palacios, sin perjuicio de que si es su deseo señalar a diversa persona los promoventes pueden designarlo DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tienen como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Denise Ivone López Pacheco, Daniel Olivares de la Rosa y Carlos Gilberto Valadez Montañez, tienen registrada su cédula profesional 7189500, 9715878 y 4863241, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y como domicilio para tal efecto el ubicado en el Instituto Federal de Defensoría Pública, ubicado en calle Lateral número 1202, torre A, segundo piso, colonia Cerro del Gato, de esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. ...

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