Julia Gabriela Vital Palacios

Expediente 426/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
426/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
30/12/2016

Partes del expediente

  • Julia Gabriela Vital Palacios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En treinta de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado---------------------------------------------------------------C E R T I F I C A:------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la autoridad responsable del once al veinticuatro de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el día dos del mes y año citados.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el dos de mayo de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm"

  2. Principal

    En treinta de mayo de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado---------------------------------------------------------------C E R T I F I C A:------------------- Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la autoridad responsable del once al veinticuatro de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Tribunal Federal el día dos del mes y año citados.- DOY FE. En la misma fecha, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo, doy cuenta al Secretario en Funciones de Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación que antecede asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el dos de mayo de dos mil dieciséis, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DOCE HORAS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 426/2016, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la Jurisprudencia siguiente: PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. En relación con lo anterior, el Secretario en Funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo en vigor. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 119 de la Ley de la Materia invocada, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que la autoridad responsable remitió con su informe justificado. Cerrado el período probatorio, se pasa a la etapa de alegatos, en la que de conformidad con lo establecido por el ordinal 124 de la Ley de la Materia invocada, se tienen por formulados los que hizo valer el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en su pedimento con registro 8407. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, en vista de todo lo actuado se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 426/2016; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diez de marzo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JULIA GABRIELA VITAL PALACIOS y FRESSHIE MABEL RIVERA AGUIRRE, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales que se precisan enseguida: Autoridad responsable: Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 CPS Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos. Acto reclamado. Reclamamos de la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Femenil, número 16, con sede en Coatlán del Río, Morelos, LA OMISION de proporcionar a las suscritas quejosas Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, ATENCION MÉDICA, no obstante le hemos pedido nos sea proporcionada ya que sufrimos cada uno diversos padecimientos de las siguientes enfermedades que nos infringen un gran dolor y nuestra salud está deteriorándose; problemas de quebradura de brazo, matriz, ovarios, sangrados prolongados. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Las quejosas señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 426/2016; por proveído de diez de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridades que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión y existencia del acto reclamado. Previo a analizar la certeza del acto reclamado, debe precisarse cuál es éste, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, así como de los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de proporcionar a las quejosas Julia Gabriela Vital Palacios y Fresshie Mabel Rivera Aguirre, atención médica. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad. La autoridad responsable Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 CPS Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado!, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las notas médicas relativas a la atención médica que recibieron las quejosas en su centro de reclusión, de las que se desprende que dicha atención fue brindada con posterioridad a la fecha en que se presentó la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa y por lo tanto la existencia de la omisión reclamada; documental a la que se otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2 de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se analiza la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Del presente juicio de garantías, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, el cual en su parte conducente establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que dentro del juicio de garantías en que se actúa, han cesado los efectos del acto reclamado, por las siguientes consideraciones: De una correcta interpretación del contenido de los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción IV y 77, de la Ley de Amparo se desprende que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado se actualice, no basta que la autoridad responsable en su caso, derogue, revoque o nulifique el acto que se le reclame sino que es necesario que los actos, consecuencias y efectos emanados con motivo del reclamo constitucional, queden superados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso, o en su defecto, que habiéndolo transgredido, la cesación que sobrevenga no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia a que se ha hecho mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá porque ya no existe, además de que no dejó secuela alguna en la esfera jurídica del impetrante de garantías que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De la demanda de garantías se advierte que las quejosas reclaman la omisión por parte del tribunal responsable de brindar atención médica a las quejosas. Ahora bien, la mencionada responsable con su oficio con registros 6712 remitió copias certificadas de las notas médicas relativas a la atención médica que recibieron las quejosas en su centro de reclusión. Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis que se actualiza en razón de que la autoridad señalada como responsable ordenó se brindara a las quejosas la atención médica, cuya omisión constituyó el acto reclamado, por lo que al haber dejado de existir la omisión atribuida, es inconcuso que ello se traduce en que las quejosas fueron restituidas en el pleno goce de sus derechos fundamentales que estimaron vulnerados en su perjuicio; y por ende, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Lo anterior encuentra apoyo, por las razones que la informan, en la Jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie se ha actualizado la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por JULIA GABRIELA VITAL PALACIOS y FRESSHIE MABEL RIVERA AGUIRRE respecto del acto reclamado a la Directora del Centro Federal de Reinserción Social Número 16 CPS Femenil Morelos, con residencia en Coatlán del Río, Morelos. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS QUEJOSAS Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm

  4. Principal

    En veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario encargado del despacho del Juzgado con el estado que guardan los presentes autos y con un pedimento registrado con el número 8407.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con veinticinco minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; y tomando en consideración que la Titular de este Órgano Jurisdiccional cuenta con licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal; y toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario encargado del despacho únicamente está facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como las resoluciones de carácter urgente; por tanto, lo procedente es diferir la audiencia de mérito, fijándose las DOCE HORAS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.

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