Julia Beatriz Canche Canche
Expediente 2388/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Julia Beatriz Canche Canche
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En la presente fecha, doy cuenta a la Jueza con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Vista la razón de cuenta que antecede, aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto de sobreseimiento fuera de audiencia dictado en este juicio de amparo, pues si bien no obra en autos el acuse de recibo del oficio por medio del cual se le comunicó el citado acuerdo a la autoridad que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la parte quejosa, en virtud de que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiuno de enero del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto en el que no se tramitó incidente de suspensión, no obra documento original, es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el doce de enero del año en curso, acordó respecto de todas y cada una de las peticiones realizadas por la parte quejosa en sus escritos que presentó ante la Juez responsable, el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno; lo que se corrobora con copia certificada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, en cuanto a la omisión de contestar los ocursos de diecisiete de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, presentados ante ella el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos del año próximo pasado, respectivamente, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 71/2021, mediante los cuales, en el primero, realizó diversas manifestaciones, ofreció la prueba documental pública consistente en el trabajo social y estudio socioeconómico y solicitó gire oficio a la Unidad de Psicología Especializada y de Trabajo Social del Poder Judicial, y en el segundo, solicitó se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", a fin de que rinda un informe sobre el monto total de los sueldos y demás prestaciones así como las deducciones de que es objeto el sueldo que devenga mensualmente Manuel Jesús May Carvajal, como empleado de dicha empresa y que se fije fecha para la audiencia de mediación, o en su defecto dar continuidad al procedimiento de origen con la celebración de la audiencia preliminar en ese asunto. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia en cuanto a la omisión de proveer lo conducente a sus escritos presentados el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, mediante los cuales, en el primero, realizó diversas manifestaciones, ofreció la prueba documental pública consistente en el trabajo social y estudio socioeconómico y solicitó gire oficio a la Unidad de Psicología Especializada y de Trabajo Social del Poder Judicial, y en el segundo, solicitó se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", fin de que rinda un informe sobre el monto total de los sueldos y demás prestaciones así como las deducciones de que es objeto el sueldo que devenga mensualmente Manuel Jesús May Carvajal, como empleado de dicha empresa y que se fije fecha para la audiencia de mediación, o en su defecto dar continuidad al procedimiento de origen con la celebración de la audiencia preliminar en ese asunto. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, adjunto a su informe de ley, se desprende que el doce de enero del presente año, dictó un acuerdo en el que dio respuesta a las peticiones hechas por la parte quejosa en sus escritos presentados ante la Juez responsable el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en tanto que tuvo por presentada a la aquí quejosa con sus referidos escritos, haciendo las manifestaciones a que se contraen los mismos y respecto de lo que solicita en el sentido de que se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", para que rinda el informe del sueldo del nombrado May Carvajal, se le hizo de su conocimiento que dicha información ya había sido recibida y en relación a la solicitud de que se fije fecha para la audiencia de mediación se le informó que se fijó el veintiocho de enero del año en curso, a las nueve horas, para que comparezcan personalmente en el local de ese Juzgado, para llevar a cabo la citada audiencia; lo cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con fecha diecisiete de los cursantes. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en cuanto a la omisión de darle seguimiento al procedimiento. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de doce de enero de dos mil veintidós, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el doce de enero del año en curso, acordó respecto de todas y cada una de las peticiones realizadas por la parte quejosa en sus escritos que presentó ante la Juez responsable, el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno; lo que se corrobora con copia certificada de la documentación pertinente, misma que adjuntó la responsable a su informe de ley. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, medularmente, consistió en la denegación de justicia por parte de la autoridad responsable, en cuanto a la omisión de contestar los ocursos de diecisiete de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, presentados ante ella el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos del año próximo pasado, respectivamente, en el procedimiento especial de divorcio sin causales 71/2021, mediante los cuales, en el primero, realizó diversas manifestaciones, ofreció la prueba documental pública consistente en el trabajo social y estudio socioeconómico y solicitó gire oficio a la Unidad de Psicología Especializada y de Trabajo Social del Poder Judicial, y en el segundo, solicitó se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", a fin de que rinda un informe sobre el monto total de los sueldos y demás prestaciones así como las deducciones de que es objeto el sueldo que devenga mensualmente Manuel Jesús May Carvajal, como empleado de dicha empresa y que se fije fecha para la audiencia de mediación, o en su defecto dar continuidad al procedimiento de origen con la celebración de la audiencia preliminar en ese asunto. En consecuencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así las cosas, el numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la denegación de justicia en cuanto a la omisión de proveer lo conducente a sus escritos presentados el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, mediante los cuales, en el primero, realizó diversas manifestaciones, ofreció la prueba documental pública consistente en el trabajo social y estudio socioeconómico y solicitó gire oficio a la Unidad de Psicología Especializada y de Trabajo Social del Poder Judicial, y en el segundo, solicitó se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", fin de que rinda un informe sobre el monto total de los sueldos y demás prestaciones así como las deducciones de que es objeto el sueldo que devenga mensualmente Manuel Jesús May Carvajal, como empleado de dicha empresa y que se fije fecha para la audiencia de mediación, o en su defecto dar continuidad al procedimiento de origen con la celebración de la audiencia preliminar en ese asunto. No obstante lo anterior, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en específico de las remitidas por la Juez responsable, adjunto a su informe de ley, se desprende que el doce de enero del presente año, dictó un acuerdo en el que dio respuesta a las peticiones hechas por la parte quejosa en sus escritos presentados ante la Juez responsable el diecinueve de octubre y dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; en tanto que tuvo por presentada a la aquí quejosa con sus referidos escritos, haciendo las manifestaciones a que se contraen los mismos y respecto de lo que solicita en el sentido de que se gire oficio recordatorio al representante legal de la empresa "ADO TALLERES", para que rinda el informe del sueldo del nombrado May Carvajal, se le hizo de su conocimiento que dicha información ya había sido recibida y en relación a la solicitud de que se fije fecha para la audiencia de mediación se le informó que se fijó el veintiocho de enero del año en curso, a las nueve horas, para que comparezcan personalmente en el local de ese Juzgado, para llevar a cabo la citada audiencia; lo cual fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, con fecha diecisiete de los cursantes. Lo anterior, pone en evidencia que la omisión de la que se duele la parte quejosa ya no existe, pues la responsable, ya contestó las peticiones de las que se dolía en cuanto a la omisión de darle seguimiento al procedimiento. En ese sentido, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la omisión impugnada, la cual ceso, al momento en que se emitió el auto de doce de enero de dos mil veintidós, antes mencionado. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, toda vez que de autos se advierte que hasta el día de hoy la autoridad responsable JUEZ SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, con sede en Umán, Yucatán, no ha rendido su informe justificado, ni obra en autos el acuse de recibo con el cual se le solicitó lo rindiera. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy, y se fijan como nuevas fecha y hora para su celebración, las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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