Judith Deifilia Viladiu Ramirez
Expediente 785/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 785/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Judith Deifilia Viladiu Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta y uno de julio del presente año; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, toda vez que de los presentes autos se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero aludido al Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta y uno de julio del presente año; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Asimismo, toda vez que de los presentes autos se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero aludido al Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el oficio sin número, signado por el Director del Catastro del Municipio de Mérida, así como de la constancia que acompañó, de la cual se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio DC/ST/JP/333/2018 de treinta de mayo del presente año, determinó que no era procedente la inclusión por omisión solicitada. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar el recurso de reconsideración o el recurso de revisión previstos en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, Yucatán antes de acudir a esta instancia constitucional. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Ello, pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior se advierte que aun ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Artículo 178.- Cualquier persona que considere afectados sus derechos por un acto administrativo, podrá interponer el recurso de reconsideración, ante la autoridad u órgano responsable, por sí o por medio de legítimo representante, en los términos de esta ley y el reglamento respectivo. Los afectados podrán recurrir directamente a interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal. Los interesados podrán autorizar por escrito, en cada caso a la persona que en su nombre reciba notificaciones, ofrezca y rinda pruebas e interponga recursos dentro del procedimiento administrativo. Los apoderados y legítimos representantes deberán acreditar su personalidad al comparecer ante las autoridades u órganos competentes. REGLAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contra la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, o bien, directamente el de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida. Se afirma lo anterior, en atención a que el acto reclamado en el presente caso lo es la negativa de la procedencia de la inclusión por omisión solicitada a la Dirección del Catastro del Ayuntamiento de Mérida. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que la hoy accionante de amparo debió tramitar el aludido recurso de reconsideración estipulado en el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, o en su caso, el recurso de revisión ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por otro lado, es claro que contra tales actos no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que la quejosa hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado de violación a leyes secundarias; tal acto se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por medio de la cual puede ser modificado el acto reclamado. Tampoco existe afectación a algún derecho sustantivo de la agraviada, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado, en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, dicha norma prevé la suspensión de los actos reclamados, en términos esencialmente iguales a los previstos en la Ley de Amparo; en estas condiciones, es claro que la demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el recurso revisión correspondiente. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
- Principal
MESA II. Agréguese a estos autos el oficio sin número, signado por el Director del Catastro del Municipio de Mérida, así como de la constancia que acompañó, de la cual se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio DC/ST/JP/333/2018 de treinta de mayo del presente año, determinó que no era procedente la inclusión por omisión solicitada. Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que, en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso debió agotar el recurso de reconsideración o el recurso de revisión previstos en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, Yucatán antes de acudir a esta instancia constitucional. El citado precepto legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Del supuesto normativo inserto con antelación se deduce que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad transgresores de derechos fundamentales y que por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, principios que se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contemplan el denominado por la doctrina como de definitividad, mismo que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, 37, 61, fracciones XIV, XVIII y XX, y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones ponen de manifiesto que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad. Por tanto, para que sea procedente el juicio de amparo contra determinaciones respecto de las cuales la ley correspondiente conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificada, revocada o nulificada dicha determinación, el quejoso previamente debe intentar ese recurso o medio de defensa, entendiendo como tal el idóneo para obtener la modificación, revocación o anulación de la resolución, lo que implica que no basta la interposición de cualquier recurso o cualquier medio de defensa, sino del que sea legalmente apto, porque de lo contrario, al hacer valer uno inapropiado, equivaldría a la interposición de un recurso o medio de defensa que no podría modificar, revocar o nulificar la resolución judicial que el solicitante de amparo tilda de inconstitucional y, por ende, el no agotamiento del principio de definitividad. Ello, pues como se ha establecido en líneas que preceden, el juicio de amparo, sólo procede en casos excepcionales, es decir, cuando se advierta alguna excepción al citado principio de definitividad que le rige, tal como lo informa la tesis 2ª.LVI/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 156, tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio del 2000, Novena Época, bajo el rubro y texto: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Del criterio anterior se advierte que aun ante la excepcional del juicio de amparo, existen hipótesis constitucionales y legales que exentan al accionante de amparo de colmar la vía ordinaria de impugnación a saber: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Ahora, el recurso, juicio o medio de defensa legal, cuya falta de promoción hace improcedente el juicio de amparo, debe tener una existencia legal, por esta razón y para una mejor comprensión del presente estudio, es preciso citar diversos preceptos aplicables al caso: LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Artículo 178.- Cualquier persona que considere afectados sus derechos por un acto administrativo, podrá interponer el recurso de reconsideración, ante la autoridad u órgano responsable, por sí o por medio de legítimo representante, en los términos de esta ley y el reglamento respectivo. Los afectados podrán recurrir directamente a interponer el recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Municipal. Los interesados podrán autorizar por escrito, en cada caso a la persona que en su nombre reciba notificaciones, ofrezca y rinda pruebas e interponga recursos dentro del procedimiento administrativo. Los apoderados y legítimos representantes deberán acreditar su personalidad al comparecer ante las autoridades u órganos competentes REGLAMENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Partiendo de la anterior premisa, es de concluirse, conforme a lo dispuesto por el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, contra la determinación reclamada procede el recurso de reconsideración, o bien, directamente el de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida. Se afirma lo anterior, en atención a que el acto reclamado en el presente caso lo es la negativa de la procedencia de la inclusión por omisión solicitada a la Dirección del Catastro del Ayuntamiento de Mérida. Por tal motivo, de conformidad a la técnica que rige el juicio de amparo, es claro que la hoy accionante de amparo debió tramitar el aludido recurso de reconsideración estipulado en el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, o en su caso, el recurso de revisión ante Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Mérida, antes de acudir al juicio de amparo, por lo que si tal juicio no se agotó de manera previa, evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Por otro lado, es claro que contra tales actos no se actualiza algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, toda vez que la quejosa hace depender la inconstitucionalidad del acto reclamado de violación a leyes secundarias tal acto se ubica en una de las hipótesis de competencia contempladas en el artículo 178 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por medio de la cual puede ser modificado el acto reclamado. Tampoco existe afectación a algún derecho sustantivo de la agraviada, pues éstos no pueden ponderarse de los planteamientos que aduce contra el acto reclamado en virtud de que se dejaría en manos de ésta la actualización del supuesto de procedencia mencionado, pues bastaría que adujera en contra del acto reclamado una transgresión respecto de algún derecho sustantivo para que procediera el juicio de amparo, por ello con independencia de lo fundado e infundado que eventualmente resultaran sus conceptos de violación, tal cuestión indudablemente atañe al fondo del asunto, sería en contravención a la legitimación del acto administrativo mismo que debe presumirse cierto hasta en tanto no sea declarado nulo, lo cual impide una valoración a priori. Además, dicha norma prevé la suspensión de los actos reclamados, en términos esencialmente iguales a los previstos en la Ley de Amparo; en estas condiciones, es claro que la demandante de amparo podía solicitar la suspensión de dicho acto reclamado al promover el recurso revisión correspondiente. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.
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