Judith Valencia Gutiérrez

Expediente 172/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 24 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
172/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Judith Valencia Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del contenido del oficio número 1766 y anexos, remitidos por la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del veintinueve de noviembre al tres de diciembre, ambos del año en curso, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento ACTO RECLAMADO Cabe recordar que Judith Valencia Gutiérrez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos siguientes: Del Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. La resolución emitida el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación I-8/2019. Del Juez Mixto de Primera Instancia de Sahuayo, Michoacán. Y su ejecución a través de la audiencia de revisión de medidas cautelares, de siete de marzo de dos mil diecinueve. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO En sentencia pronunciada el trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 119 a 140), la cual causó ejecutoria el veinticinco de octubre del año en curso (fojas 154 a 156), este Juzgado concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, realice lo siguiente: Dejará insubsistente la resolución de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación I-8/2019. En su lugar, dictara otra en la que reiterara las consideraciones que no fueron materia de modificación en esta sentencia de amparo y además: Dispusiera lo necesario a efecto de que el Juez recabara la evaluación del riesgo del peticionario de la revisión de la medida cautelar, previo a que citara para la audiencia de revisión de medidas cautelares, para que se tomaran en cuenta al momento de resolver. Realizado lo anterior, el juez señalara fecha, para la audiencia relativa, en la forma y términos indicados por el Magistrado responsable y la legislación Nacional de Procedimientos Penales aplicable, y determinara sobre la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares a imponer. Señalare el Magistrado expresamente, que parte del debate en la audiencia relativa, debe constreñirse al aseguramiento de la víctima y de sus derechos para el aseguramiento de bienes, conforme lo dispone el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Victimas, si ésta solicita fijación de medidas cautelares sobre el particular en la audiencia. Concesión que se hizo extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos al Juez responsable -auto de cinco de marzo de dos mil diecinueve y audiencia del siete siguiente-, mismos que al ser una consecuencia de la resolución materia de la concesión, debían quedar insubsistentes, pues su inconstitucionalidad se hizo depender de lo reclamado a la autoridad ordenadora. DOCUMENTOS QUE APORTÓ LA RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO. El Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del proveído de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual dejó insubsistente la resolución de veintiocho de febrero pasado, dictada en el toca de apelación I-8/2019 (fojas 161 a 163). Luego, mediante oficio SSPS-0525/2019 de once de noviembre de dos mil diecinueve, anexó la resolución emitida en la propia fecha, de la cual se advierte en relación a los efectos para los que fue concedido el amparo, que dicha autoridad en la parte conducente, determinó: ". Para calificar la queja del apelante inicialmente se debe establecer que la revocación de la resolución apelada genera las siguientes consecuencias: 1. Se deja insubsistente lo resuelto por el a quo en el sentido de que la solicitud del inculpado debe resolverse conforme a las normas del sistema tradicional, por ende aquélla mediante la cual le concede el beneficio de la libertad provisional bajo caución -siempre que entregue caución de $2,000.00 dos mil pesos, multa de $2,022.80 dos mil veintidós pesos con ochenta centavos, y garantía del daño por $700,000.00 setecientos mil pesos (sic)-. 2. Necesariamente queda sin efecto el requerimiento que el juez realizó al inculpado para que en cierto plazo entregara las sumas citadas en el párrafo que antecede, así como la orden de reaprehensión que dictó en su contra por auto del 1° primero de febrero de 2019 dos mil diecinueve (foja 255), por lo que una vez que el a quo reciba esta resolución deberá comunicar lo correspondiente al fiscal regional respectivo y al ministerio público de su adscripción. 3. Se determina que el inculpado sí tiene derecho a que su medida cautelar de prisión preventiva sea revisada en los términos que solicita, esto es, con la ley nacional del procedimiento penal. Lo anterior, ya que de conformidad con los lineamientos del sistema al que corresponde el procedimiento penal que se sigue en contra de Juan Manuel Santamaría Cervantes, un auto de formal prisión es aquella resolución judicial en la que se tuvo por comprobado el cuerpo del delito y se determinó que existen datos suficientes para presumir su probable responsabilidad, con ello se justificó se le impusiera la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, en el sistema tradicional la prisión preventiva garantiza la presencia de Juan Manuel Santamaría Cervantes, por el tiempo indispensable en que se lleve a cabo su proceso. Sin embargo, como se desprende del considerando anterior, el nuevo sistema procedimental penal conlleva paradigmas distintos y entre ellos existen diversas alternativas a la prisión preventiva para asegurar el buen desarrollo del procedimiento, así como la presencia del imputado. Por ello, a efecto de no dar trato desigual a quienes son procesados en uno y otro sistema , es que la Primera Sala ha determinado que en términos del artículo quinto transitorio del código nacional, en relación con el tema de las medidas cautelares las personas imputadas en el tradicional también tienen derecho a que su situación sea revisada de conformidad con las premisas de mayor garantía existentes en la codificación nacional. Por tanto, aun cuando conforme al sistema procedimental en el que se tramita la causa penal de que se trata, correspondería necesariamente que Juan Manuel Santamaría Cervantes, siguiera su procedimiento con diversas garantías pecuniarias, atendiendo lo indicado en el considerando que antecede, de conformidad con el artículo quinto transitorio del código nacional de procedimientos penales, el imputado también tiene derecho a la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, de conformidad con las directrices marcadas en esta nueva legislación. Consecuentemente, es fundado que el recurrente pida se atienda la petición del acusado relativa a que se analice la situación de su medida cautelar conforme al estándar nacional. 4. Pero, este órgano jurisdiccional de segunda instancia carece de atribuciones para imponer, revisar, sustituir, modificar o cesar medidas cautelares, acorde con ley nacional tal actividad la debe realizar exclusivamente el a quo. Por ello, de conformidad con el artículo quinto transitorio del código nacional de procedimientos penales y en términos de sus artículos 153 a 171, el juez de la causa deber proceder del siguiente modo: Dar vista a las partes, para que el ministerio público investigue y acredite lo conducente. Efectuar la audiencia correspondiente, en la que tomando en consideración la evaluación del riesgo, resolverá sobre la revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del código nacional de procedimientos penales. En caso de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código nacional. . Por tanto, cuando el juez de la causa reciba esta resolución, para atender la solicitud de la defensa, en términos de los artículos de los artículos 153 a 171 de la ley nacional, deberá: a) Disponer lo necesario a efecto de recabar la evaluación del riesgo del imputado, a efecto de contar mayor información que incida en su determinación; con lo cual esta Sala cumple con el primer lineamiento de la resolución federal, identificado como 2.1. Mientras que la directriz de la ejecutoria marcada con el número 2.2, queda satisfecha con lo precisado en los incisos de la letra b) a la e) que enseguida se plasman. b) Una vez que el a quo haya recabado la evaluación del riesgo, citar a la partes a una audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, para determinar sobre la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares a imponer. (Artículo 162) c) Notificar de manera personal dicha determinación a las partes, incluida la parte ofendida y su asesoría jurídica, así como al ministerio público a quien también hará de su conocimiento que deberá investigar y acreditar lo conducente. (Artículo quinto transitorio) d) En la audiencia intervendrá el inculpado y su defensa, el ministerio público, también tiene derecho a asistir la víctima y su representación legal (artículo 157),. e) En el desahogo de la audiencia las partes debatirán en torno a: 1. El aseguramiento del imputado al procedimiento. 2. Garantizar la seguridad de la víctima, testigos o comunidad. 3. La evitación de la obstaculización del procedimiento. Lo anterior tal como lo indican los artículos 153, 168, 169 y 170 de la ley nacional, esto es, dicha discusión siempre versará sobre la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares exclusivamente acorde con los tópicos antes numerados (artículo 158). f) Y para cumplir con último lineamiento de la ejecutoria de amparo, señalado con el número 2.3, expresamente se añade que parte del debate en la audiencia, debe constreñirse al aseguramiento de la víctima y de sus derechos para el aseguramiento de viene, conforme lo dispone el artículo 12, fracción X, de la ley general de víctimas, si ésta solicita fijación de medidas cautelares sobre el particular en la audiencia. . Por lo anterior, es parcialmente fundado el agravio del abogado a través del cual solicita se establezca que ya no se fije un monto de reparación del daño como medida cautelar, puesto que efectivamente, de conformidad con la previamente indicado en el debate sobre el cual versará la procedencia de las medidas cautelares no tiene cabida la cuestión a instituir un monto de reparación del daño como medida cautelar, esto es, acorde con la pauta nacional, el juez debe abstenerse de exigir apriorísticamente se garantice la reparación del daño mediante determinado capital, sino que, en todo caso, como se desprende de la tesis federal previamente invocada, la víctima de los hechos tiene derecho a asistir a la audiencia porque justamente es a ella a quien le correspondería introducir, en su caso, el tema relativo a que se le garantice la reparación del daño vía una medida cautelar, lo que se corrobora con el artículo 12, fracción X, de la ley general de víctimas." Finalmente, la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, mediante oficio 1766, remitió copia del auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, con firmas autógrafas, mediante el cual dejó insubsistente el proveído de cinco de marzo pasado y la audiencia de siete de marzo siguiente. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DADO A LA EJECUTORIA Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que el magistrado responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de la determinación enunciada se advierte que se dejó insubsistente la resolución reclamada en esta instancia y emitió una nueva en los términos asentados en la ejecutoria de que se trata, puesto que dispuso lo necesario a efecto de que el Juez responsable recabe la evaluación del riesgo del peticionario de la revisión de la medida cautelar, previo a que se fije la fecha para la audiencia respectiva, para que se tomen en cuenta al momento de resolver y determine sobre la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares a imponer; asimismo, señaló expresamente que parte del debate en la audiencia en comento, debe constreñirse al aseguramiento de la víctima y de sus derechos para el aseguramiento de bienes, conforme lo dispone el artículo 12, fracción X, de la Ley General de Victimas, si ésta solicita fijación de medidas cautelares sobre el particular en la audiencia. Por su parte el juez responsable mediante oficio 1766, remitió copia del proveído de trece de noviembre de dos mil diecinueve, por el cual dejó insubsistente el proveído de cinco de marzo pasado y la audiencia de siete siguiente, al ser una consecuencia de la resolución materia de la concesión, de donde se sigue que está en vías de cumplimiento, pues externó que resolverá lo conducente cuando el Magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, remita su resolución de cumplimiento. Por tanto, procede concluir que, la sentencia de amparo ha quedado parcialmente cumplida. En consecuencia, hágase del conocimiento a la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a efecto de que remita copia certificada de la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación I-8/2019, a la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, y esta última esté en condiciones de cumplir el fallo constitucional; es decir realice la celebración de la audiencia relativa a la medida cautelar de prisión preventiva en la que deberá tomar en consideración la evaluación de riesgo, resolverá sobre la revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en caso de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma en términos de los artículos 176 a 182 del citado código nacional, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria del tribunal de alzada, en cumplimiento a la diversa dictada en el presente asunto. Por tanto, se requiere a la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio respectivo del magistrado responsable, remita las constancias con las que acredite el inicio del cumplimiento de la ejecutoria emitida por el tribunal de alzada, allegando a este juzgado copia certificada de las constancias que lo acredite, o bien, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 1766 que remite la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 18523, mediante el cual se le devolvió el expediente relativo al duplicado del proceso penal número 218/2007, constante de un tomo, de su índice, asimismo, informa que se deja insubsistente el auto de fecha cinco de marzo y la audiencia de siete siguiente, ambos del año en curso; de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. ... NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa judith valencia Gutiérrez, EL PROVEIDO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBREE DEL AÑO EN CURSO, que dice: Agréguese a los autos el oficio 1766 que remite la Jueza Mixta de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 18523, mediante el cual se le devolvió el expediente relativo al duplicado del proceso penal número 218/2007, constante de un tomo, de su índice, asimismo, informa que se deja insubsistente el auto de fecha cinco de marzo y la audiencia de siete siguiente, ambos del año en curso; de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. ... NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio SSPS-0523/2019 que remite el Magistrado de la Sexta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso 18522, mediante el cual se le devolvió el expediente relativo a los autos originales del toca penal número I-8/2019, constante de un tomo, de su índice, asimismo, informa que se deja insubsistente la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve y en su oportunidad se dictara nueva resolución; de lo que se toma de conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otro lado, glósese a los autos el diverso oficio SSPS- 0525/2019 y anexo que remite el Magistrado responsable indicado en líneas que anteceden, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de octubre del año en curso, remite copias certificadas de la resolución emitida el once de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos del toca de apelación I-8/2019, asimismo, informa que cumple con los lineamientos trazados por este Juzgador en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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