Judith Alejandra Murguía Esquivel y Otros.

Expediente 644/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
644/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Judith Alejandra Murguía Esquivel y Otros.
  • Judith Alejandra Murguía Esquivel
  • María Mallela Esquivel Ruiz y Otros.
  • Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de Uruapan, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado legal de Mariana Oded Esquivel Ruiz y María Mallela Esquivel Ruiz, esta última en representación de su menor hija de iniciales J. A. M. E., promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y actos siguientes: "III. Las autoridades responsables y domicilio: Juez Primero de Primera Instancia en materia Familiar de Uruapan, Michoacán, quien tiene su domicilio en Avenida Juárez número 1078, segundo piso, Colonia Morelos, Uruapan, Michoacán. IV. Los actos que se reclaman: El auto que se apunta erróneamente como "de fecha 17 diecisiete de septiembre de 2022 dos mil veintidós", siendo lo correcto: de fecha 17 diecisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, emitido dentro del juicio especial de alimentos del índice que se lleva en ese órgano jurisdiccional con el número de su índice 307/2019; proveído en el cual se determina que se señalan días y horas hábiles de despacho a fin de que el personal de ese Juzgado se constituya en el domicilio sitio en la calle Privada de Paraguay y Perú número 677 seiscientos setenta y siete, de la Colonia Los Ángeles, de la ciudad de Uruapan, Michoacán, y se proceda a restituir a Silvia América Esquivel Núñez en dicho domicilio en donde habitaba." Asimismo, se tuvo a la parte quejosa, ampliando la demanda respecto del acto siguiente: "La diligencia judicial de 27 veintisiete de octubre de 2022 dos mil veintidós, mediante lo cual dicho Juzgado Primero de Primera Instancia en materia Familiar de Uruapan, Michoacán, actuando a través de su titular y de la secretaria de acuerdos "restituyeron" en el domicilio a SILVIA AMÉRICA ESQUIVEL NÚÑEZ." SEGUNDO. Admisión de la demanda, ampliación de la misma, trámite y audiencia constitucional. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y emplazar a juicio a la parte tercera interesada; fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo el seis de marzo de dos mil veintitrés. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, el diverso numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se reclama un acto cuya ejecución tuvo verificativo dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de técnica del juicio, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El proveído dictado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio especial de alimentos 307/2019 en el que se señaló día y hora hábil, para proceder a la restitución de Silvia América Esquivel Núñez en el domicilio en donde habitaba, ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú número 677 seiscientos setenta y siete, de la Colonia Los Ángeles, de la ciudad de Uruapan, Michoacán. La diligencia judicial de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, por la cual, se restituyó en el domicilio a Silvia América Esquivel Núñez. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son CIERTOS los actos atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. La certeza fue corroborada con las constancias que la responsable de mérito adjuntó a su informe, consistentes en copia certificada del juicio especial oral familiar sobre pago de alimentos 307/2019 promovido por Amelia Núñez Santoyo frente a Silvia América Esquivel Núñez. Documentales que merecen valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en las que se evidencia la existencia de los actos reclamados y las constancias que sirvieron de apoyo para su emisión. Son aplicables en la especie los criterios que a continuación se indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO"; y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. El presente juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la causa prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio, como ya se dijo, es preferente en términos del diverso 62 de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior es así, tomando en consideración que la fracción I del artículo 107 constitucional, exige que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada. Al emplear la expresión "agraviada", alude a que, quien promueve un amparo, lo haga porque ha resentido un agravio. Además, el artículo 6° de la Ley de Amparo, confirma el dispositivo constitucional al determinar que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, el agravio para los efectos del amparo, es la presunta afectación a los derechos de una persona física o moral, dentro de las hipótesis del artículo 103 de la Constitución Federal. Apoya lo así determinado, la jurisprudencia siguiente: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE." A fin de demostrar lo anterior, resulta oportuno señalar, que de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, las cuales fueron valoradas en considerandos precedentes, se advierten como antecedentes del acto reclamado los siguientes: Que mediante escritura número veinte mil treinta y cinco, celebrada ante la fe del Notario Público número cuarenta y dos, con ejercicio y residencia en Uruapan, Michoacán, Amelia Núñez Santoyo, donó de manera pura y simple, a título gratuito y con carácter de irrevocable en favor de su hija Silvia América Esquivel Núñez, el bien inmueble ubicado en calle privada de Paraguay esquina con calle Perú, número seiscientos setenta y siete, colonia Los Ángeles, en esta ciudad de Uruapan, reservándose la donante el usufructo vitalicio. Mediante escrito de demanda presentado el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la oficialía de partes y turno de los Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, se tuvo en la vía especial oral a Amelia Núñez Santoyo, demandando el pago de alimentos a cargo de Silvia América Esquivel Núñez, y solicitando continuaran subsistiendo las medidas cautelaras decretadas en el expediente 931/2018, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, admitió a trámite dicha demanda, la cual registró bajo el número 1009/2018 de su índice, ordenó emplazar a la parte demandada, fijó cantidad por concepto de alimentos provisionales a favor de la referida Amelia Núñez Santoyo y a cargo de Silvia América Esquivel Núñez; y ordenó la subsistencia de las medidas cautelares concedidas en el expediente 931/2018, las cuales estarían vigentes en ese juicio, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Es el caso que el expediente 1009/2018 fue remitido al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, debido al acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, emitido el treinta de enero de dos mil diecinueve; por lo que dicho órgano jurisdiccional, se avocó a su conocimiento, registrándolo bajo el número 307/2019 de su índice. Seguida la secuela procesal del referido asunto, por auto de diez de octubre de dos mil veintidós, se tuvo al representante legal de Silvia América Esquivel Núñez, informando que la parte actora Amelia Núñez Santoyo, falleció el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se declaró finalizado el asunto, y por ende, extintas las medidas cautelares decretadas. El diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, ordenó se procediera a restituir a Silvia América Esquivel Núñez, en el domicilio ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú, número 677 colonia Los Ángeles, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; lo que así aconteció el veintisiete del citado mes y año. (Siendo estos últimos los actos que se reclaman). Como se advierte de los puntos que anteceden, es cierto que como lo reclaman los quejosos dentro del expediente 307/2019 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se ordenó se procediera a restituir a Silvia América Esquivel Núñez, en el domicilio ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú, número 677 colonia Los Ángeles, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán; lo que así aconteció el veintisiete del citado mes y año. Ahora bien, la parte quejosa en este juicio de amparo, como quedó de manifiesto, reclama el proveído dictado el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio especial de alimentos 307/2019, en el que se señaló día y hora hábil, para proceder a la restitución de Silvia América Esquivel Núñez en el domicilio ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú, número 677 colonia Los Ángeles, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, del cual se dicen poseedoras; así como la materialización de dicha orden. Esto es, las quejosas directas Mariana Oded Esquivel Ruiz y María Mallela Esquivel Ruiz, esta última en representación de su menor hija de iniciales J. A. M. E., ostentan un derecho de posesión que a su decir, se vulnera con los actos que reclaman. Ante lo expuesto, es evidente que la pretensión de las impetrantes del amparo, alude al derecho de posesión sobre el bien inmueble identificado con antelación, por lo cual, éstas deben acreditar su "interés jurídico", el cual, para su demostración requiere: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Sin embargo, en autos no se encuentran demostrados los presupuestos enunciados. Es así, en virtud a que las quejosas aducen que la extinta Amelia Núñez Santoyo, de manera verbal "les compartió la posesión del bien descrito en párrafos precedentes, y del cual era usufructuaria vitalicia"; sin embargo, también refieren que al haber fallecido la citada Núñez Santoyo, nombró diversas herederas testamentarias de los bienes y derechos (María Guadalupe y Patricia, ambas de apellidos Esquivel Núñez), quienes -a dicho de las aquí quejosas-, dispusieron de los bienes que se derivan del juicio ordinario de revocación de donación que había promovido Amelia Núñez Santoyo, entre los cuales se encuentra el ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú, número 677 colonia Los Ángeles, en esta ciudad de Uruapan, y por ello, éstas otorgaron a las quejosas la posesión del multicitado inmueble que ahora defienden. No obstante lo anterior, no se encuentra fehacientemente acreditada la existencia de un derecho subjetivo que acredite el interés jurídico de las quejosas en este juicio, a fin de estimar que se vulnera en su agravio el derecho de que se duelen, dado que no demostraron la posesión que dijeron detentaban sobre el bien que aducen y por ende, la afectación por el acto de autoridad; esto es, no justificaron mediante alguna prueba, la causa generadora de la posesión que ostentan, ni la posesión material que adujeron como base del supuesto derecho. Es así, pues éstas sustentan su pretensión en los puntos siguientes: 1.- Su calidad de poseedoras del inmueble, ubicado en calle Privada de Paraguay y Perú número 677 seiscientos setenta y siete, de la Colonia Los Ángeles, de la ciudad de Uruapan, Michoacán. 2.- Y además, la afectación de esa posesión mediante los actos reclamados. Es el caso, que de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte la existencia del acto reclamado; sin embargo, las quejosas directas Mariana Oded Esquivel Ruiz y María Mallela Esquivel Ruiz, esta última en representación de su menor hija de iniciales J. A. M. E., no demostraron los elementos en que sustentan la acción constitucional, consistentes, como ya se dijo, en que sean poseedoras del inmueble que mencionan en su demanda de amparo, ni tampoco la causa generadora de dicho derecho y por ende, menos que los actos que reclaman afecten los derechos que ostentan; es decir, la existencia de algún derecho subjetivo a su favor y la afectación por el acto de autoridad. Se sostiene lo expuesto, porque como quedó asentado, las peticionarias del amparo se dijeron poseedoras del bien inmueble descrito en párrafos precedentes; sin embargo, no aportaron prueba alguna para acreditar lo anterior. Es decir, la parte quejosa no justificó la posesión material del bien raíz y mucho menos la causa generadora de la misma, y debe tenerse en cuenta, que de conformidad con lo estatuido en el artículo 76 del Código Civil del Estado de Michoacán, tiene el carácter de poseedor, quien ejerce sobre una cosa un poder de hecho; de manera que, debió probarse a cabalidad, que Mariana Oded Esquivel Ruiz y María Mallela Esquivel Ruiz, esta última en representación de su menor hija de iniciales J. A. M. E., ejercían un poder de hecho sobre el inmueble de que se habla; o bien, que tenían el derecho de gozar y disponer del mismo, lo cual no hicieron, pese a que tenían la carga de la prueba. Es así, pues se reitera, las peticionarias del amparo no ofrecieron prueba alguna que permita advertir la existencia de un acto jurídico que acredite la causa generadora de los derechos que ostentan. Robustece lo anterior, el hecho de que ha sido criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio natural, debe acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, pues no toda posesión es susceptible de protegerse a través de las garantías consagradas en el artículo 14 Constitucional, sino únicamente la denominada posesión jurídica, ya sea originaria, o bien derivada, más no así la simple detentación material sin causa alguna. El criterio invocado se encuentra en la jurisprudencia que por contradicción de tesis sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Lo cual se corrobora con el diverso criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito: "TERCERO EXTRAÑO. POSESIÓN. PARA QUE SEA PROTEGIDA POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES DEBE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO Y PROBAR EL ACTO JURÍDICO POR EL CUAL OCUPA EL INMUEBLE, A FIN DE NO TENER EL CARÁCTER DE UN SIMPLE DETENTADOR. Si el tercero extraño manifestó que su posesión deviene a propósito de un contrato de donación verbal que celebró con su padre, empero de las constancias de autos no se advierte fehacientemente que haya acreditado la existencia del referido consenso de donación, ya que estaba obligado a demostrar plenamente la celebración del acto jurídico que dice fue la causa que generó la posesión del inmueble, observándose además que de la testimonial que ofreció ninguno de los testigos refirió que estuviera presente cuando se celebró el supuesto acuerdo de voluntades verbal, ante ello, la simple detentación material del inmueble no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional, y al no haberse acreditado la causa por la que se posee, no puede tenerse por demostrado el interés jurídico para ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal." En tales condiciones, no puede estimarse acreditado el interés jurídico de que se viene hablando, porque las peticionarias del amparo no ofertaron prueba alguna que demuestre la posesión ostentada, y debieron acreditar la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere sus derechos, de manera que con ello, las promoventes tuvieran una base objetiva que fundada y razonablemente produjera la convicción de que éstas tenían la posesión del bien de que se trata, lo cual no hicieron, porque como quedó de manifiesto, no ofrecieron medio de prueba alguno a su favor. Resultan aplicables los siguientes criterios: Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que señala: "INTERÉS JURÍDICO. NO PUEDE DEMOSTRARSE CON LA PRUEBA PRESUNCIONAL. Si bien es cierto que en el juicio de amparo, pueden ofrecerse toda clase de pruebas, quien lo promueve debe acreditar fehacientemente su interés jurídico, en atención a que el artículo 4o. de la Ley de Amparo, contempla el principio de instancia de parte y el artículo 76 de la misma ley, contiene el principio de particularidad que rige respecto de la sentencia que se dicte en el juicio, de ahí la necesidad de acreditar plenamente el interés jurídico, para que la autoridad esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal, en forma particularizada, situación que no se podría satisfacer si el interés del promovente del amparo tan sólo fuese presuntivo." En ese contexto, ha lugar a concluir, que las quejosas no acreditaron su interés jurídico, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y por ende, se decreta el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." Por lo anterior, es improcedente analizar los conceptos de violación hechos valer por las peticionarias del amparo, dado que los mismos van encaminados a demostrar la violación de derechos por los actos reclamados. Apoya lo así expuesto, la jurisprudencia número 1028, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decrete el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 63, 65, 73 a 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Omar Edson Jesús Murillo Rodríguez, apoderado legal de Mariana Oded Esquivel Ruiz y María Mallela Esquivel Ruiz, esta última en representación de su menor hija de iniciales J. A. M. E., contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. HÁGANSE LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS EN EL LIBRO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por ********************; atento a su contenido, se tiene a la citada tercera interesada compareciendo a juicio, señalando domicilio para recibir notificaciones y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Luna Beltrán y Alejandro Ramírez García, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Alejandro Tovar Casillas, hasta en tanto acredite encontrarse legamente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, téngase a la tercera interesada ******************** formulando alegatos en los términos que indica, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia respectiva; lo anterior, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de la que se deprenda el emplazamiento de la tercera interesada. En tales condiciones, a fin de evitar dilaciones procesales, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento y se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle ******************** número ********************, colonia ******************** entre las calles ********************, y emplace a la mencionada tercera interesada, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite tener la representación del mismo -debiendo recabar copia del documento respectivo-, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y del auto admisorio; asimismo, le requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de ******************** días, señale domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibidos que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista en los estrados de este juzgado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese; y emplácese a la tercera interesada.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, diez de enero de dos mil veintitrés. Vista la actuación de catorce de diciembre de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, se advierte que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Silvia América Esquivel Núñez, por los motivos ahí expuestos. Ahora bien, toda vez que de las constancias remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, se advierte diverso domicilio donde pudiera ser emplazada la misma, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio ubicado en calle Alamos #3, colonia la Pinera, entre las calles Oyamel y Parota, en esta ciudad, (domicilio señalado por la propia tercera al momento de requisitar estudio socioeconómico), y emplace a juicio a Silvia América Esquivel Núñez, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite tener la representación del mismo -debiendo recabar copia del documento respectivo-, corriéndole traslado con copia simple de la demanda y del auto admisorio; asimismo, le requiera para que al momento de la diligencia o dentro del término de tres días, señale domicilio procesal, esto es, para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes y aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista en los estrados de este juzgado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE; y emplácese al tercero interesado.

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