Judith Solis Espejo

Expediente 948/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
948/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Judith Solis Espejo
  • Adolfo Hernández Chato, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Vehículo de Robo, Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados de Tlalnepantla, con sede en Toluca, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de diez de noviembre anterior, remite copia certificada del oficio dirigido a la quejosa en fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual le informa que ordenó la búsqueda y localización del vehículo para estar en posibilidad de determinar sobre su devolución al legitimo propietario; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar; sin embargo, dichas medidas ya las había adoptado el seis y quince de marzo del año en curso, además, de dicho oficio no se advierte el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es decir que haya realizado lo siguiente: ". a) De no haberlo hecho, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta a la solicitud de devolución del vehículo marca V********** versión ****, modelo ****, con número de serie ************, con número de motor CBP450338. b) Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud.". En ese tenor, téngase por informado lo anterior para los efectos legales a que haya lugar y se requiere por última ocasión a la autoridad responsable para que dentro de tres días siguientes, informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Reitérese a la responsable que subsiste el apercibimiento decretado el diez de octubre de dos mil veintitrés, es decir, en caso de omisión, en el plazo que ahora se otorga para el acatamiento de dicha ejecutoria, a la persona física que ostente el cargo, con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de Autos Visto el estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de octubre anterior, se requirió al al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin embargo, a la fecha ha sido omisa a lo anterior, así como de informar las gestiones que se encuentra realizando, a pesar de encontrarse debidamente notificada para ello. (Oficios 30031/2023 y 30032/2023) En consecución, se requiere al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, computado legalmente, remita los avances y/o determinaciones que emitió a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, comunique la imposibilidad que tenga para hacerlo. Reitérese a la responsable que subsiste el apercibimiento decretado el diez de octubre de dos mil veintitrés, es decir, en caso de omisión, en el plazo que ahora se otorga para el acatamiento de dicha ejecutoria, a la persona física que ostente el cargo, con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: a) De no haberlo hecho, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta a la solicitud de devolución del vehículo marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie ++++++, con número de motor ********************. b) Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud.". Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de la garantía violada es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Devolución de constancias En otro orden, devuélvase agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, el anexo que remitió como complemento de su informe justificado en el sumario en que se actúa, sin que se solicite acuse por su recibo en virtud de que son copia certificada.

  4. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 948/2023-I-B, promovido por +++++ y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de junio de dos mil veintitrés, a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Judith Solís Espejo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos reclamados siguientes "IV.- Autoridad Responsable: LIC. ADOLFO HERNÁNDEZ CHATO, Agente del Ministerio Público adscrito al a (sic) Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Vehículo de Robo Toluca." LIC. VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ REMIGIO, Agente del Ministerio Público adscrito al a (sic) Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Vehículo de Robo Toluca." V. Actos que se le atribuyen a la autoridad responsable: Único: El abuso de autoridad referente a la violación que conlleva el derecho de propiedad, al negarse a devolver mi vehículo automotor marca Volkswagen, Versión Jetta Clásico GL, modelo 2013, numero de seria +++++, con número de motor +++++, del que ya fue acreditada la propiedad ante la autoridad responsable." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que lo radicó con el número 948/2023-I-B; y por auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, asimismo, se requirió el informe de ley y, se ordenó notificar al representante social adscrito. El once de julio de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado +++++, lo que acaeció el diecisiete del mismo mes y año. Seguidas las formalidades de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones atribuidas a una autoridad del orden penal con residencia dentro ámbito territorial donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que la quejosa +++++, reclama del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, la omisión de pronunciarse sobre la solicitud formulada el doce de noviembre de dos mil veintidós, en torno a la devolución del vehículo automotor marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie +++++9, con número de motor +++++, relacionado con la carpeta de investigación NIC: +++++ y NUC: +++++. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Encargado de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos OCRA, Toluca negó la existencia del acto reclamado, pues al efecto hizo del conocimiento que la carpeta de investigación relacionada con la puesta a disposición del vehículo automotor afecto, se encontraba a cargo de diverso Fiscal, quien sería en encargado de resolver lo conducente. Por tanto, dado que la parte quejosa no aportó durante la tramitación del presente juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, alguna prueba jurídicamente eficaz para desvirtuar dicha negativa, y al tomar en consideración que el juicio de amparo procede únicamente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, cobra firmeza el contenido de los citados informes justificados; con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos de autoridad analizados en este apartado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las manifestaciones efectuadas en el sentido de que, el doce de noviembre de dos mil veintidós, la quejosa +++++, compareció ante su presencia y se le informó el estado procesal que guardaba la indagatoria y, como no existían ratificación de su pre denuncia, el vehículo relacionado había sido devuelvo en calidad de depósito a +++++, quien en su momento había acreditado la propiedad, por lo que una vez que se contara nuevamente con la puesta de información del vehículo, se resolvería quién tiene mejor derecho respecto del mismo. Por lo que se tiene por cierta la omisión de pronunciarse en torno a la solicitud del quejoso, en el sentido de que no ha resuelto la solicitud de devolución del automotor. Al respecto resulta aplicable la tesis publicada en la página 391 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con registro 211004, que establece: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo cual se corrobora con las constancias que el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA, adjuntó a dicho informe, consistentes en copia autentificada de la carpeta de investigación NIC: +++++ y NUC: +++++, de cuyo contenido se advierte la entrevista de doce de noviembre de dos mil veintidós, que se solicitó la devolución del vehículo relacionado con la indagatoria. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, párrafo segundo, dado que fueron expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable al caso, la tesis sin número, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas. SEXTO. Conceptos de violación. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Ante todo es pertinente señalar que el estudio del acto reclamado, se llevará a cabo en suplencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, a criterio del suscrito, la autoridad ministerial responsable vulnera el derecho fundamental consagrado en el numeral 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra versa: "Articulo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "Petición. La existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). En el particular, como antecedentes del acto reclamado se destaca lo siguiente: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós, Judith Solís Espejo, formuló denuncia de robo sin violencia acaecido el seis de marzo de dos mil veintidós, respecto del vehículo marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie +++++, con número de motor ++++, placas de circulación ++++, del Estado de México, lo que generó la emisión de la alerta de vehículo robado con el número de folio +++++. 2. El veintiocho de mayo de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA inició la carpeta de investigación NIC: +++++ y NUC: +++++, con motivo de la puesta a disposición de +++++, por su probable participación en la comisión del hecho con apariencia de delito de encubrimiento por receptación. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, el referido Fiscal ordenó la devolución del vehículo automotor a +++++, padre de detenido, en calidad de depósito, dado que, a su consideración, había acreditado la propiedad del automotor relacionado con los hechos, aunado a que no había sido posible localizar a la denunciante ++++, a través de los números proporcionados y por ende, no había ratificado la denuncia de robo. El doce de noviembre de dos mil veintidós, ++++ compareció ante la representación social a rendir entrevista, en la que, solicitó la devolución del vehículo marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie +++++, con número de motor ++++++. El seis y quince de marzo de dos mil veintitrés, el Fiscal investigador ordenó la localización y posible recuperación del vehículo afecto. 6. El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se recabó la entrevista de +++++, quien declaró en relación con los hechos investigados y exhibió únicamente copia simple de dos cartas responsivas. Como se puede ver, en entrevista que quedó plasmada por el escrito el doce de noviembre de dos mil veintidós, la quejosa ++++, de manera pacífica y respetuosa, solicitó al agente del Ministerio Público responsable, la devolución del vehículo marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie ++++, con número de motor +++++. En ese tenor, resulta patente que a la fecha de la presentación de la demanda (veinte de junio de dos mil veintitrés), transcurrieron más de siete meses, desde que se formuló la petición y, por consiguiente la omisión reclamada en sí misma si es violatoria de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa, puesto que no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. En ese tenor, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulta dable indicar que lo procedente es conceder a la quejosa +++++ el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo Vehículo Toluca Tlalnepantla, sede Toluca OCRA: De no haberlo hecho, en el plazo de tres días, a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta a la solicitud de devolución del vehículo marca Volkswagen, versión Jetta Cásico GL, modelo 2013, con número de serie ++++, con número de motor +++++. Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud. Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de ampro, de conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a +++++, en términos de lo establecido en el último considerando de la presente sentencia.

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