Judith Cañas Torres

Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
549/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Judith Cañas Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de cuenta, promovida por ****, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales J.O.O.C; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 549/2019-III-B. DESECHAMIENTO Del análisis íntegro al escrito de demanda, se obtiene que la parte quejosa reclama del Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Jefe de la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Escolar, Subdirector Regional de Escuela Básica Toluca y Subdirector de Control Escolar, todos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México: El oficio **** de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Subdirector de Control Escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, por medio del cual se hace del conocimiento que el menor de identidad resguardada de iniciales ***se podrá inscribir a primero de primaria, hasta en tanto cumpla los requisitos del artículo 65, fracción I, párrafo segundo, de la Ley General de Educación y el numeral 3.3, de las Normas Específicas de Control Escolar, relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica, es decir, tener la edad de seis años cumplidos hasta el treinta y uno de diciembre de esta anualidad. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Constitución Federal y los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. [.¨] "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; (.)" De la hipótesis normativa reproducida con antelación se advierte que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios de defensa común; principios previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal, entre los que se contempla el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la quejosa a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de impugnación, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley aplicable se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en ésta se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, (en caso de que se solicite), independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Y que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando:  El acto reclamado carece de fundamentación;  Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución;  Cuando el recurso o medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Al respecto, es importante destacar que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé como medios ordinarios de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades locales o municipales administrativas y fiscales de dicha entidad federativa, el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo" En ese tenor, respecto al acto reclamado consistente en el oficio 205101100/01007/2019 de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Subdirector de Control Escolar de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, por medio del cual se hace del conocimiento que el menor de identidad resguardada de iniciales J.O.O.C., se podrá inscribir a primero de primaria, hasta en tanto cumpla los requisitos del artículo 65, fracción I, párrafo segundo, de la Ley General de Educación y el numeral 3.3, de las Normas Específicas de Control Escolar, relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica, esto es , deberá contar con la edad de seis años para que proceda su inscripción en la primaria; por ende, como ya se dijo la parte quejosa estaba obligada a agotar los recursos ordinarios que la ley establece previo a acudir a esta vía constitucional, lo que en el caso concreto no aconteció. Se arriba a tal aserto, pues en contra del acto reclamado en estudio procede el recurso de inconformidad ante la propia autoridad. Para corroborar lo anterior, se reproduce el contenido de los artículos 186 y 187 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México: "Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables. Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; y III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. [.] Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, se debió interponer el recurso de inconformidad ante la autoridad que emitió el oficio 205101100/01007/2019, o bien, el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, tal como lo establece el ordinal 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que atendiendo a las consideraciones que expone la peticionaria del amparo, el acto que combate en esta vía reviste la característica de un acto administrativo, el cual fue emitido u ordenado por una autoridad perteneciente al poder ejecutivo estatal, tal y como lo prevé la fracción II del artículo 187 del citado ordenamiento legal. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que la parte quejosa debió promover el medio ordinario que la ley del acto establece; por tanto, resulta inconcuso que respecto del aludido acto reclamado, procede un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; de ahí que, resulta exigible que la parte quejosa, previo a acudir al amparo indirecto, agote el recurso previsto por la ley de la materia, el cual se encuentra a su alcance y, si no agotó dicho medio de defensa, la presente demanda de amparo en la que esgrime que es ilegal la respuesta dada a su petición de inscripción de primaria, carece de definitividad para efectos del juicio de amparo. No pasa inadvertido que la contestación dada a la quejosa en su carácter de madre del menor, se haya fundado en una Ley General, pues como se ve, dicha legislación es de las consideradas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales y como en el caso acontece, fue aplicada por una autoridad del Estado de México, por ende, como se dijo, en contra de dicha determinación procede el juicio contencioso Administrativo con competencia de ese Tribunal. Apoya a la anterior determinación la tesis P. VII/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Abril de 2007, Página 5, de la Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales." Por consiguiente, atento a lo dispuesto por los artículos 61 fracción XX, 62, en relación con los artículos 112, 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Judith Cañas Torres, por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada de iniciales J.O.O.C, en virtud de ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda, es decir la lista que se publica en los estrados de este juzgado. AUTORIZADOS En relación a los autorizados; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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