Judith Guadalupe Moreno Cuellar
Expediente 538/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Judith Guadalupe Moreno Cuellar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes. Infórmese de lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en razón de que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, se encuentra pendiente de resolución el recurso de revisión interpuesto por la parte tercero interesada en contra de la resolución interlocutoria dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el cual se registró como amparo en revisión civil 244/2023, de su control; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
VISTOS, los autos del expediente número 538/2023-E, a fin de resolver el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar de Tijuana- en su correcta denominación-; y, R E S U L T A N D O: Mediante escrito de demanda presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y actos que a continuación se precisan: Juez Segundo de lo Familiar de Tijuana- en su correcta denominación-. "IV.- Acto reclamado. I. El Acuerdo de fecha 10 (diez) de abril del año 2023 (Dos Mil veintitrés), emitido dentro del expediente No.- ********************, por la ciudadana Titular del H. Juzgado Segundo de lo Familiar de este Partido Judicial de Tijuana, mediante el cual se ABSTIENE de conceder a la aquí Quejosa una PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL a cargo del tercero interesado ********************, [.]" II. La referida demanda se turnó a este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; en proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. III. Seguida la secuela procesal, previo emplazamiento del tercero interesado ********************, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución; 1, 2, 37, 107, y demás relativos de la Ley de Amparo, así como 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a la autoridad responsable es: El acuerdo de diez de abril de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ********************del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar de Tijuana, que se abstiene de conceder una pensión alimenticia compensatoria de carácter provisional. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Familiar de Tijuana- en su correcta denominación-, ya que así se desprende de su informe justificado, y de las constancias exhibidas del expediente ********************. Documentales que tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Cuarto. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso, quien aquí resuelve estima que el presente juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; referente a que el juicio de amparo para ser procedente, requiere de un elemento con relación a que deben agotarse antes de interponer el juicio constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece. El citado artículo de la Ley de Amparo precisa lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." Del precepto reproducido se advierte que la instancia constitucional es improcedente, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, cuando la ley que lo rige, conceda algún recurso o medio de defensa idóneo para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Desde luego, el amparo constituye un medio extraordinario de defensa que por regla general, procede solamente hasta que la potestad común se pronuncia de manera definitiva; de ahí que sea una exigencia indispensable el agotamiento de cualquier recurso o medio de defensa ordinario previsto en la Ley, que sea apto para generar alguno de los efectos anunciados en el párrafo anterior. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2015 suscitada entre la Primera y la Segunda Sala del más Alto Tribunal el siete de septiembre de dos mil diecisiete, refrendó el criterio en el sentido de que debe acatarse el principio de definitividad previo a la interposición del juicio de amparo, aun cuando se trate de actos de imposible reparación -salvo las excepciones previstas en la ley o en la interpretación jurisprudencial-. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, debe cumplirse antes de que éste se promueva y consiste en que previa tramitación del juicio constitucional, se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario se provocaría que la Justicia Federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. Por tanto, previo a la promoción del juicio constitucional, la peticionaria de amparo tuvo que haber promovido el recurso de revocación, en contra del acto reclamado consistente en el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en esta ciudad, en el que el titular de dicho órgano jurisdiccional se abstiene de conceder a la quejosa una pensión alimenticia provisional a cargo del tercero interesado ********************. Se afirma que se materializa tal supuesto, ya que el numeral 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, establece: "ARTÍCULO 670.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, salvo que la Ley expresamente disponga que no son recurribles." De acuerdo, a lo reproducido, los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados, salvo que la ley disponga expresamente que no sean recurribles. El precepto 674 del mismo ordenamiento señala expresamente cuáles determinaciones son apelables, por lo que resulta necesaria su transcripción: "ARTÍCULO 674.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la Ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la Ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este código y también lo fuera la sentencia definitiva, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo Juez o se levante por éste." De la lectura del precepto anterior, se advierte que son apelables, las sentencias definitivas (salvo disposición expresa en contrario), las sentencias interlocutorias (excepto las que sean expresamente irrecurribles o la definitiva no fuere apelable), los autos cuando expresamente lo disponga la propia ley y la sentencia definitiva fuera apelable, y las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios. Ahora bien, dado que el acto reclamado es el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en esta ciudad, en el que el titular de dicho órgano jurisdiccional se abstiene de conceder a la quejosa una pensión alimenticia provisional a cargo del tercero interesado ********************; es claro que resulta revocable, puesto que no se da el supuesto previsto en la fracción III del artículo 674 del ordenamiento en consulta, ya que no se trata de un auto que sea expresamente apelable. Así las cosas, resulta evidente que previamente a promover el presente juicio de garantías, la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige al juicio constitucional, esto es, debió combatir el auto de diez de abril de dos mil veintitrés, mediante el recurso de revocación, previsto en el numeral 670 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, lo que en la especie no aconteció. Sirven de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 447, consultable en página 297, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, la Jurisprudencia 451, visible en página 300, tomo VI, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En tal virtud, al existir un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, antes de acudir a la vía constitucional, pues de otra forma no cumple con el principio de definitividad que rige en la materia. Ilustra lo expresado por analogía, la tesis aislada IV.2o.C.88 C, instancia Tribunales Colegiados que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, página 2173, con registro 165493 que dice: "PENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS DECRETADA COMO MEDIDA CAUTELAR EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO. EN SU CONTRA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Conforme a las reglas generales para la procedencia de los recursos ordinarios previstos por la legislación procesal civil del Estado de Nuevo León, los autos serán apelables sólo cuando la ley lo disponga expresamente y además lo fuere la sentencia definitiva del juicio en que se dicten, atento al contenido del artículo 431 de dicho ordenamiento jurídico, lo que conlleva a determinar que, al no existir disposición expresa en la ley que establezca la procedencia de la apelación ni una de carácter especial que prohíba la interposición de recurso alguno contra el auto que fijó una pensión provisional de alimentos dentro del juicio de divorcio necesario, medida cautelar prevista por el numeral 282, fracción III, del Código Civil del Estado, deviene improcedente aquel recurso, por lo cual en aplicación del artículo 419 de la referida legislación procesal civil, dicha determinación es impugnable mediante el recurso de revocación en cuanto dispone que respecto de los autos que no fueren apelables y los decretos, sólo procede la revocación, la que, en observancia al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, deberá agotarse previamente a la presentación de la demanda de garantías. Ahora bien, es cierto que contra el proveído que fija una pensión provisional en el juicio de alimentos no procede recurso alguno, en términos del artículo 1070 de la ley adjetiva civil de que se trata, sin embargo, tal disposición jurídica sólo es aplicable al procedimiento oral de alimentos conforme al principio de especialidad de la ley a dicho caso concreto, no así al juicio ordinario civil de divorcio necesario." En el mismo sentido cobra aplicación, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.C.33 C (10a.), pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 2, Materia Común, Décima Época, página 1517, con registro 2004038 de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." Aunado a lo anterior, no se actualiza alguna de las excepciones previstas en la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no es una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni el quejoso es una persona extraña al procedimiento, ni la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En tal virtud, al existir un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo, antes de acudir a la vía constitucional, pues de otra forma no cumple con el principio de definitividad que rige en la materia. No obsta a lo anteriormente considerado, la circunstancia de que el acto reclamado pueda considerarse como de aquellos que causan una ejecución de imposible reparación, en términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, ya que ello no exime a la parte quejosa de agotar el juicio, recurso o medio ordinario de defensa procedentes, es decir, que aquélla sea una excepción al principio de definitividad. Sobre el tema es ilustrativa por no contradecir los postulados de la nueva Ley de Amparo, la tesis I.3o.C. J/39, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, agosto de 2007, página 1214, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Asimismo, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), con registro 2017117 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55 de junio de dos mil dieciocho (2018), tomo I, materia común, página 8, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De la misma forma, cabe precisar que de acuerdo con la actual interpretación hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto; ha considerado que como la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado; por mayoría de razón, la parte quejosa estaba obligado a agotar el medio de defensa ordinario antes de acudir al juicio de amparo indirecto. La tesis jurisprudencial a la que se hace referencia, se encuentra visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1 de diciembre de 2013, tomo I, Materia Común, Décima Época, página: 350, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En el mismo sentido, es aplicable al tema la tesis I.3o.C.64 K (10a.), pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del primer circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Materia Constitucional, Décima Época, Página: 2295, con rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SU COMPATIBILIDAD CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Si bien de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, son de observancia general no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, con el objeto de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales, ello no implica que la normativa en materia de derechos humanos sea incompatible con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, dado que éste no puede considerarse como un recurso, sino como un verdadero juicio previsto en el artículo 107 de la Carta Magna, en el que se sientan las bases a las que se sujetará el procedimiento y el orden jurídico que lo regula a través de la Ley de Amparo, en cuyo artículo 61 establece diversas causas de improcedencia como presupuestos procesales que deben atenderse, pues lo contrario daría lugar a una situación permanente de inseguridad jurídica en relación con todos los actos de autoridad, lo que resulta ajeno y contrario a los fines que persiguen el juicio de amparo, la Constitución y los propios tratados sobre derechos humanos. Ahora bien, el citado artículo 61, en su fracción XVIII, señala como casos de excepción al principio de definitividad cuando: a) se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente por desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, el principio de definitividad es compatible con la normatividad en materia de derechos humanos, ya que la observancia de los requisitos para acceder al juicio de amparo resultan acordes con los lineamientos establecidos en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que su trámite es rápido, sencillo y únicamente se requiere estar en el supuesto de afectación de un acto de autoridad para acceder a la posibilidad de impetrar la protección de la Justicia Federal, dentro del plazo previsto por la ley. De ahí que el derecho de acceso a la justicia no se traduce en una facultad para transgredir las normas que rigen al procedimiento; tampoco implica que quede al arbitrio de los gobernados interponer o no los recursos previstos en la ley ordinaria contra los actos que se señalan como reclamados, pues la ley de la materia dispone específicamente en qué casos el quejoso puede acudir directamente al juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la Ley de la materia, previo al ejercicio de la acción constitucional. En tales circunstancias, al actualizarse la referida causa de improcedencia, se sobresee en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar de Tijuana- en su correcta denominación-, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, secretario que da fe; hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Incidental
Tijuana, Baja California, a once de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, el cual se registró con el número que indica. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Incidental
Tijuana, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la última notificación a las partes del auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, por el que se tuvo interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la parte tercero interesado, en contra de la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de esta anualidad, dictada en el presente incidente, fue realizada el treinta de junio de dos mil veintitrés. En consecuencia, remítanse los autos originales del presente incidente de suspensión, del escrito original de expresión de agravios, y una copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese.
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