Judeyni Valentina Loaiza Vászquez

Expediente 759/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
759/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Judeyni Valentina Loaiza Vászquez

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Andrés López Romero, en favor de Judeiny Valentina Loaiza Vásquez, contra actos del Comisionado del Instituto Nacional de Migración y de otras autoridades; fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 759/2022-F. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del dispositivo transcrito se advierte que el Juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, en el caso, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio de amparo que se promueve, en atención a las siguientes consideraciones: Es menester destacar lo establecido por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que literalmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando se promueva contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, siempre que sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien de la certificación secretarial de cuenta se advierte que la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo 714/2022, promovida por José Molina Bolaños en favor de Judeiny Valentina Loaiza Vásquez, fue presentada en la fecha que a continuación se precisa: JUICIO DE AMPARO FECHA Y HORARIO DE PRESENTACIÓN EN LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD 714/2022 Quince horas con doce minutos, del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós De igual forma, como se anticipó, en la referida demanda que dio origen al juicio de amparo 714/2022-B, se señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Delegado Regional de Instituto Nacional de Migración de Baja California. Titular de la Oficina de representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración Tijuana Jefe de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración Tijuana Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración Tijuana Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Tijuana Jefe de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Tijuana. Jefe de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración Ciudad de Mexicali Baja California. Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración Ciudad de Mexicali Baja California. Jefe del Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Ciudad de Mexicali Baja California. Representante Local Mexicali 1 Punto de Internación del Instituto Nacional de Migración con Instituto Nacional de Migración Mexicali Baja California. A quien le reclamó: "a.- La inminente deportación o expulsión del territorio nacional, la repatriación, o traslado a otra estación migratoria, así como la ilegal detención por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración desde el 11 de septiembre. b.- La omisión de detención de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. c.- La omisión de la recepción de la solicitud verbal del quejoso de reconocimiento del refugio del quejoso. d.- Incomunicación en la estancia migratoria. e.-La omisión de realizar un control de legalidad de la detención por parte de una autoridad jurisdiccional competente para determinar la situación jurídica del quejoso, en controversia del articulo 14 y 16 Constitucionales. f.- Deportación y expulsión. g.- Orden de Traslado del quejoso a cualquier otra ciudad o país." Asimismo de la demanda que se atiende, la cual fue recibida en este Juzgado a las dieciocho horas con catorce minutos de esta fecha, y radicada con el arábigo 759/2022-F, se señalaron como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Comisionado del Instituto Nacional de Migración. Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración con sede en Baja California. Subdirector de la Estación 'Migratoria en Tijuana, Baja California. Personal y oficiales de migración que llevaron a cabo la ilegal detención de mi representado, todos ellos dependientes del Instituto Nacional de Migración. A quienes reclamó: "La inminente deportación o expulsión del territorio nacional, la repatriación o traslado a otra estación migratoria, así como el alojamiento excesivo, así como La ilegal detención por parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración desde el domingo 11 de septiembre a las 12:15 AM. La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del · Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. La Omisión en la recepción de la solicitud verbal del quejoso de reconocimiento de refugiado del quejoso. Incomunicación en la estancia migratoria. La omisión de expedición de documento de identificación de conformidad con el artículo 27 y 28 de la Convención Multilateral de las Naciones Unidas Sobré el Estatuto de los Apátridas de 1954 de la cual México es parte de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La omisión de realizar un control de legalidad de la detención por parte de una autoridad jurisdiccional competente para determinar la situación jurídica del quejoso, en contravención del artículo 14 y 16 Constitucionales y 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La omisión de hacerle del conocimiento al quejoso de los recursos y plazos conducentes para hacer efectivo su derecho humano a la defensa jurídica técnico adecuada." Por tanto, con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ya que como quedó evidenciado, los actos aquí reclamados destacados en esencia son los mismos, consistentes en: La Orden de deportación o expulsión, repatriación, detención e incomunicación. Así como la orden o ejecución del traslado de la quejosa a cualquier otra ciudad o país. La omisión de la recepción de la solicitud verbal del quejoso de reconocimiento de refugio del quejoso. Todos estos atribuidos a las autoridades Migratorias del Instituto Nacional de Migración, cuyos efectos de la suspensión de plano solicitada, son materia del diverso juicio de amparo 714/202-B, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades responsables (siendo éstas parte integrante del Instituto Nacional de Migración); por ende, es evidente que este órgano jurisdiccional está legalmente imposibilitado para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los actos que se pretenden reclamar en el presente asunto. Ya que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, se pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en "varios juicios" se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, así como en el caso acontece en relación con el diverso juicio de amparo 714/2022-B, del índice de este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.11o.C.31 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página tres mil veintinueve, tomo dos, libro sesenta y tres, de febrero de dos mil diecinueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala (énfasis añadido): "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACT"UALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Así, de acuerdo a los razonamientos expuestos con anterioridad, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo por las razones ya expuestas; lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Sin sea obstáculo a lo anterior que la promovente señale en esta nueva demanda de amparo como acto reclamado destacado la omisión de expedición de documento de identificación de conformidad con el artículo 27 y 28 de la Convención Multilateral de las Naciones Unidas Sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 de la cual México es parte de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la omisión de hacerle del conocimiento los recursos y plazos conducentes para hacer efectivo su derecho humano a la defensa jurídica técnico adecuada; sin embargo éstos por su particularidad, a juicio del suscrito no pueden considerarse actos de autoridad, ya que contrario a lo pretendido por el promovente pudieran traducirse en vicios atribuidos a las autoridades responsables en relación con la tramitación del procedimiento migratorio, el cual en esencia ya está reclamado en el diverso juicio de amparo 714/2022, y respecto de los cuales en el mismo se determinaron los efectos de la suspensión de plano que se hicieron consistir, entre otras cosas en lo siguiente: ".Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de la directa agraviada dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que la directa agraviada se encuentra en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California y es de nacionalidad colombiana. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que la directamente agraviada, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso. En este sentido, tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeta en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sea puesta en libertad -siempre y cuando cumplan con lo siguiente-: -Que la quejosa establezca un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerá debiendo comprometerse a presentarte ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración cuantas veces les sea exigido, debiéndose permanecer en éste, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, pues de no hacerlo así la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando la quejosa incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. -Que se presente en favor de la directa quejosa la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano u organización social mexicana) y sea ratificado. -Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. Por tanto hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: -Qué calidad migratoria tiene Judeiny Valentina Loaiza Vásquez. - Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentra sujeta y su fundamento legal. - Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenida la directa agraviada; y, - Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. - Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a la directo quejosa los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Por tanto, es evidente que dentro del requerimiento inmerso en la concesión de la suspensión de plano, a efecto de que la autoridad responsable, haga de su conocimiento los derechos contemplados en el artículo 109, fracción II, de la Ley de Migración, entre éstos, los relativos a comunicarse con su representación consular; de contar con la asistencia legal de la persona que designe; de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida, así como el derecho que le asiste de ser asistida por su representante legal, queda evidenciado que los efectos de la suspensión de plano que solicita ya fueron atendidos y están siendo materia del diverso juicio de amparo, de ahí la improcedencia invocada. Domicilio y autorizados Se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo y autorizando en términos del artículo 12 de la ley de la materia Andrés López Romero cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que autoriza para tal efecto y a Karla Isabel Zapari Campos y Lina Patricia Jiménez Alcalá, por no contar con cédula registrada. Días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009 Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que en su caso se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Finalmente, hágase del conocimiento del promovente que de acreditarse que tuvo conocimiento de que con anterioridad ya se había otorgado la suspensión en otro juicio de amparo promovido contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se le hará efectivo el apercibimiento a que alude el precepto 256 de la Ley de Amparo y en caso de acreditarse alguna declaración emitida en falsedad conforme a los hechos narrados en la demanda o que se desprenda algún diverso hecho constitutivo de delito, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos que a su representación corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: Notifíquese personalmente al promovente y a la directa agraviada.

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