JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ y Otros.
Expediente 824/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUANITA ARCELIA CRUZ CRUZ y Otros.
- Juanita Arcelia Cruz Cruz
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizarán las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. En principio, se realizarán las precisiones siguientes: 1.- Se toma en consideración que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, tomó medidas especiales del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, que fueron comunicadas mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial. 2.- Que una de esas medidas consistió en que se suspendieron los plazos y términos de la totalidad de los asuntos, excepto casos urgentes, aquéllos que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea y los expedientes que estuvieran listos para sentencia. 3.- A la fecha, ya concluyó el ámbito temporal de validez de las medidas especiales tomadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 4.- En su lugar, ahora rigen las medidas adoptadas por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que fueron comunicadas mediante Circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. 5.- Para este órgano jurisdiccional que reside en el Décimo Tercer Circuito Judicial, son aplicables las medidas contenidas en los puntos 1 y 2 del apartado II de la Circular precitada, que establecen: II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. 6.- En consecuencia, se ordena la REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES en este asunto, decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. 7.- Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de Presidenta y Sindico, ambos del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, como lo acreditan con la copia certificada de sus credenciales expedidas por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 824/2020. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 Precisión del acto reclamado En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, Pleno de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el punto decimosegundo del acuerdo plenario de diecinueve de marzo del actual, dictado en el expediente JDI/02/2020, mediante el cual se determinó conceder a favor de la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, una medida cautelar consistente en que, el Municipio quejoso, de manera provisional y directa le entregue la parte proporcional que le corresponde de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el apercibimiento de imponerles un medio de apremio consistente en multa. Desechamiento En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precitado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, de la Ley de 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De tales transcripciones, se advierte que las personas morales oficiales sólo podrán promover el juicio de amparo cuando se lesione su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, para que el juicio de amparo sea procedente, cuando es solicitado por una persona moral oficial, se exige acreditar una afectación directa y real a su patrimonio. Esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: 1) La existencia de una afectación patrimonial actual y directa. 2) Que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los ??????????????? particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral; circunstancia que no acontece en el caso a estudio. Ello es así, pues el acto reclamado lo constituye el punto decimosegundo del acuerdo plenario de diecinueve de marzo del actual, dictado en el expediente JDI/02/2020, mediante el cual la autoridad responsable determinó conceder a favor de la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, una medida cautelar consistente en que, el Municipio quejoso, de manera provisional y directa le entregue la parte proporcional que le corresponde de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el apercibimiento de imponerles un medio de apremio consistente en multa. Y en la especie, no se advierte que el acto reclamado, afecte de manera actual y directa el patrimonio del municipio quejoso; tampoco que ello suceda en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior es así, toda vez que indefectiblemente la finalidad de la medida cautelar es la entrega a la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, de la parte proporcional que le corresponda de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación; lo que no implica una afectación al patrimonio de la quejosa, que le impida cumplir con sus obligaciones como ente de la administración pública municipal o que afecte sus finanzas públicas, pues como se dijo, sólo deberá otorgar a dicha Agencia lo que proporcionalmente se le tiene que entregar. Además, el acto reclamado no tiene su origen en una relación en la que la autoridad quejosa, actuara en un plano de igualdad con los particulares; esto, en virtud de que el juicio de origen fue promovido por la Agencia de Policía, al considerar que el Municipio demandado, se negó a entregarle los recursos económicos, relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, que le corresponden. Es decir, la contienda de donde emana el acto reclamado, involucra intereses públicos, ya que la entrega de los recursos que se demanda en el juicio de origen, acontece entre dos entidades públicas, al tratarse de un municipio -Huajuapan de León-; y una Agencia de Policía -Dolores-; por lo que en forma alguna dicha controversia tiene origen en un plano de ERNESTO VALDIVIA VÁSQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.95 16/08/21 11:47:45 igualdad con particulares, al intervenir entidades en el ejercicio de potestades públicas; de ahí que sigan actuando como autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 143/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). Los órganos del Estado, por regla general, no están legitimados para promover amparo al no ser titulares de garantías individuales susceptibles de afectarse por la actuación de alguna autoridad, y si bien es cierto que el Poder Constituyente estableció que las personas morales de derecho público pueden ejercitar excepcionalmente, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, la acción referida, en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, también lo es que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la responsabilidad patrimonial del Estado como una institución prevista para indemnizar a los particulares cuando aquél actúa administrativamente de forma irregular, con la limitante de que el derecho a obtener la indemnización debe surgir a partir de una actuación pública del Estado, o bien, en sus relaciones de derecho público. En ese sentido, el juicio de garantías promovido por personas morales oficiales cuando actúan como autoridades demandadas en un juicio contencioso local es improcedente, pues la demandada que cometió el daño no deja de actuar como autoridad; y, además, porque su legitimación está condicionada a que la ley o acto autoritario que reclame menoscabe su presupuesto, esto es, afecte derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que es titular, que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas; máxime cuando la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí prevé que en el Presupuesto de Egresos de la entidad federativa se incluirá una partida para hacer frente a los pagos que deban hacerse por responsabilidad patrimonial del Estado, supuesto en el que la dependencia demandada no se encuentra ante una genuina defensa de sus intereses presupuestales, porque no debe distraer recursos de su haber presupuestal para hacer frente al pago de ese tipo de indemnizaciones, ya que aquéllos derivan precisamente del Presupuesto de Egresos. [Novena Época, registro: 1632017, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Tomo XXXIII, Materia(s): Común, página: 1142]. Así como, la tesis III.3o.T.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTERPRETACIÓN ??????????????? DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir. [Décima Época, registro: 2005501, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, página: 2475]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan, por así solicitarlo expresamente los promoventes. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por ..., en su carácter de Presidenta y Sindico, ambos del Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, como lo acreditan con la copia certificada de sus credenciales expedidas por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 824/2020. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 Precisión del acto reclamado En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, Pleno de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el punto decimosegundo del acuerdo plenario de diecinueve de marzo del actual, dictado en el expediente JDI/02/2020, mediante el cual se determinó conceder a favor de la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, una medida cautelar consistente en que, el Municipio quejoso, de manera provisional y directa le entregue la parte proporcional que le corresponde de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el apercibimiento de imponerles un medio de apremio consistente en multa. Desechamiento En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precitado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, de la Ley de 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." De tales transcripciones, se advierte que las personas morales oficiales sólo podrán promover el juicio de amparo cuando se lesione su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Es decir, para que el juicio de amparo sea procedente, cuando es solicitado por una persona moral oficial, se exige acreditar una afectación directa y real a su patrimonio. Esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: 1) La existencia de una afectación patrimonial actual y directa. 2) Que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los ??????????????? particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral; circunstancia que no acontece en el caso a estudio. Ello es así, pues el acto reclamado lo constituye el punto decimosegundo del acuerdo plenario de diecinueve de marzo del actual, dictado en el expediente JDI/02/2020, mediante el cual la autoridad responsable determinó conceder a favor de la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, una medida cautelar consistente en que, el Municipio quejoso, de manera provisional y directa le entregue la parte proporcional que le corresponde de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio, con el apercibimiento de imponerles un medio de apremio consistente en multa. Y en la especie, no se advierte que el acto reclamado, afecte de manera actual y directa el patrimonio del municipio quejoso; tampoco que ello suceda en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior es así, toda vez que indefectiblemente la finalidad de la medida cautelar es la entrega a la Agencia de Policía de Dolores, Huajuapan de León, Oaxaca, de la parte proporcional que le corresponda de los recursos relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, de la Federación; lo que no implica una afectación al patrimonio de la quejosa, que le impida cumplir con sus obligaciones como ente de la administración pública municipal o que afecte sus finanzas públicas, pues como se dijo, sólo deberá otorgar a dicha Agencia lo que proporcionalmente se le tiene que entregar. Además, el acto reclamado no tiene su origen en una relación en la que la autoridad quejosa, actuara en un plano de igualdad con los particulares; esto, en virtud de que el juicio de origen fue promovido por la Agencia de Policía, al considerar que el Municipio demandado, se negó a entregarle los recursos económicos, relativos a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, que le corresponden. Es decir, la contienda de donde emana el acto reclamado, involucra intereses públicos, ya que la entrega de los recursos que se demanda en el juicio de origen, acontece entre dos entidades públicas, al tratarse de un municipio -Huajuapan de León-; y una Agencia de Policía -Dolores-; por lo que en forma alguna dicha controversia tiene origen en un plano de ERNESTO VALDIVIA VÁSQUEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.95 16/08/21 11:47:45 igualdad con particulares, al intervenir entidades en el ejercicio de potestades públicas; de ahí que sigan actuando como autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 143/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE CONDENA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEMANDADAS EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, AL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN POR SU ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR, NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). Los órganos del Estado, por regla general, no están legitimados para promover amparo al no ser titulares de garantías individuales susceptibles de afectarse por la actuación de alguna autoridad, y si bien es cierto que el Poder Constituyente estableció que las personas morales de derecho público pueden ejercitar excepcionalmente, en términos del artículo 9o. de la Ley de Amparo, la acción referida, en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, también lo es que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la responsabilidad patrimonial del Estado como una institución prevista para indemnizar a los particulares cuando aquél actúa administrativamente de forma irregular, con la limitante de que el derecho a obtener la indemnización debe surgir a partir de una actuación pública del Estado, o bien, en sus relaciones de derecho público. En ese sentido, el juicio de garantías promovido por personas morales oficiales cuando actúan como autoridades demandadas en un juicio contencioso local es improcedente, pues la demandada que cometió el daño no deja de actuar como autoridad; y, además, porque su legitimación está condicionada a que la ley o acto autoritario que reclame menoscabe su presupuesto, esto es, afecte derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que es titular, que le sirven directamente para llevar a cabo sus funciones administrativas; máxime cuando la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí prevé que en el Presupuesto de Egresos de la entidad federativa se incluirá una partida para hacer frente a los pagos que deban hacerse por responsabilidad patrimonial del Estado, supuesto en el que la dependencia demandada no se encuentra ante una genuina defensa de sus intereses presupuestales, porque no debe distraer recursos de su haber presupuestal para hacer frente al pago de ese tipo de indemnizaciones, ya que aquéllos derivan precisamente del Presupuesto de Egresos. [Novena Época, registro: 1632017, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2011, Tomo XXXIII, Materia(s): Común, página: 1142]. Así como, la tesis III.3o.T.6 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro y texto: PERSONAS MORALES OFICIALES. EN EL SISTEMA DEL JUICIO DE AMPARO VIGENTE PREVALECE LA RESTRICCIÓN DE SÓLO ACUDIR CONTRA ACTOS QUE AFECTEN SU ESFERA PATRIMONIAL Y MIENTRAS ACTÚEN EN UN PLANO DE IGUALDAD FRENTE A LOS PARTICULARES (INTERPRETACIÓN ??????????????? DE LOS ARTÍCULOS 9o. DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 7o. DE LA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Del análisis comparativo de los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, se advierte la procedencia acotada del juicio de amparo para personas morales oficiales, cuando desprovistas de imperio, el acto reclamado afecte sus intereses patrimoniales de manera actual y directa. Así, conserva la misma limitante, sólo que ahora incorpora la enumeración de Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, pero termina aludiendo a cualquier persona moral pública. Asimismo, el legislador añade que podrán acudir por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, pero conserva el requisito de afectar su patrimonio y, en todo caso, incorporó para mayor claridad que tendría que ser respecto de relaciones jurídicas en un plano de igualdad con los particulares, lo que excluye que acudan en defensa de una función o potestad pública, o bien, respecto de los que hubieren actuado como autoridad. Así, el legislador dotó excepcionalmente al Estado de acceso al juicio de amparo, bajo ciertas condiciones: a) cuando aquél obra como persona moral de derecho privado (equiparándose); y, b) se trate de actos que afecten su patrimonio. Ése es el tipo de perjuicio y plano bajo el cual pueden ser protegidas en amparo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido una regla general y la excepción. La primera, que el Estado (poder público), no goza de garantías individuales y, por lo mismo, no podía promover juicio de amparo. La excepción, cuando actúa como si fuera particular desde una proyección de derecho privado, en defensa de intereses patrimoniales, único caso en que puede acudir al amparo, restringido exclusivamente a combatir actos que menoscaben su presupuesto directo o que afecten los derechos susceptibles de valoración pecuniaria de los que sean titulares dichas corporaciones (bienes muebles o inmuebles que les sirven directamente para llevar a cabo sus funciones), excluidos aquellos actos en que actúen como autoridad o que tengan su origen en el ejercicio de potestades públicas. En cada caso, el órgano de amparo debe verificar que se cumplan tales requisitos para estimar procedente el juicio constitucional y, de ahí, estar en condiciones de examinar la constitucionalidad del acto de que se trate, al ser presupuesto de orden público. Por ende, existe compatibilidad con las jurisprudencias referentes al tema, integradas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, el cual dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa, ya que en tal tema no son opuestas a los principios y situaciones abordadas, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir. [Décima Época, registro: 2005501, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, página: 2475]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y por autorizadas para recibir notificaciones sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señalan, por así solicitarlo expresamente los promoventes. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
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