JUANA ZAMUDIO TREJO y Otros.
Expediente 345/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 345/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JUANA ZAMUDIO TREJO y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 39 a 41), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que respecto del tercero interesado Ayuntamiento de Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, no se tenga constancia de notificación del acuerdo de veintiséis de abril pasado, por el que se sobreseyó fuera de audiencia y, en consecuencia, no se advierta si ha o no transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; pues de conformidad con lo dispuesto en el numeral 87 de la ley de la materia, ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente los actos que de ella se hayan reclamado, lo que en el caso no acontece, puesto que se sobreseyó en el juicio. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III-B. Notificación personal por lista. (Quejosos) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ...... , en su carácter de apoderado legal de ........ promovió el presente juicio de amparo contra un acto de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, que hizo consistir en la dilación procesal por parte de la responsable de resolver el incidente de liquidación de salarios caídos, promovido en el juicio laboral 144/2002 del índice de la Junta responsable. Ahora, de la lectura del informe que se agregó en líneas precedentes, se conoce que la Junta responsable, convino en la existencia del acto reclamado, precisando que el trece de abril de dos mil dieciocho, dictó interlocutoria resolviendo el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002; mismo del que se desprende que fue notificado el veinticuatro siguiente al autorizado ....... , fecha que es posterior a la de la presentación del libelo de amparo (03 de abril de 2018). Precisado lo anterior la suscrita juzgadora estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior debe decirse que el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el juicio laboral 144/2002 del registro de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se inició con motivo de la demanda promovida ...... , en su carácter de apoderado legal de ...... , quien en la vía laboral demandó a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; asimismo, que seguida la secuela procesal el trece de abril de dos mil dieciocho dictó interlocutoria resolviendo el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002 de su índice (fojas 25 a 35). Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de abril de dos mil dieciocho -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el trece de abril de dos mil dieciocho la interlocutoria en la que resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002 de su índice, es evidente que se restituyó a los impetrantes en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha (foja 18); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ...... , en su carácter de apoderado legal de ........ promovió el presente juicio de amparo contra un acto de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, que hizo consistir en la dilación procesal por parte de la responsable de resolver el incidente de liquidación de salarios caídos, promovido en el juicio laboral 144/2002 del índice de la Junta responsable. Ahora, de la lectura del informe que se agregó en líneas precedentes, se conoce que la Junta responsable, convino en la existencia del acto reclamado, precisando que el trece de abril de dos mil dieciocho, dictó interlocutoria resolviendo el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002; mismo del que se desprende que fue notificado el veinticuatro siguiente al autorizado ....... , fecha que es posterior a la de la presentación del libelo de amparo (03 de abril de 2018). Precisado lo anterior la suscrita juzgadora estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior debe decirse que el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el juicio laboral 144/2002 del registro de los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, se inició con motivo de la demanda promovida ...... , en su carácter de apoderado legal de ...... , quien en la vía laboral demandó a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado; asimismo, que seguida la secuela procesal el trece de abril de dos mil dieciocho dictó interlocutoria resolviendo el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002 de su índice (fojas 25 a 35). Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (tres de abril de dos mil dieciocho -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el trece de abril de dos mil dieciocho la interlocutoria en la que resolvió el incidente de liquidación en el juicio laboral 144/2002 de su índice, es evidente que se restituyó a los impetrantes en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha (foja 18); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por..... , en su carácter de apoderado legal de ........ ; personalidad que acredita con copia simple del instrumento notarial dieciséis mil ochocientos noventa y nueve, volumen doscientos treinta y tres, del protocolo del Notario Público Sesenta y Uno en el Estado de Oaxaca, residente en Huajuapan de León; mismo que fue cotejado con la copia certificada que obra en el juicio de amparo 1627/2012, del índice propio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 6 y 10 de la Ley de Amparo, téngasele por acreditada la personalidad con la que se ostenta, como apoderado legal de los mencionados quejosos, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 345/2018. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 117, 125 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Sin que haya lugar a tramitar por separado el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para la audiencia constitucional. Solicítese a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañará en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23870, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Con apoyo de los normativos 5º, fracción III, inciso b), 26, fracción II, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, téngase como parte tercera interesada al Ayuntamiento Constitucional de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca, y emplácesele a juicio mediante oficio que al efecto se gire, anexándole copia simple de las demandas de amparo. Téngase como domicilio para recibir notificaciones personales el que indican, y por autorizadas para tal efecto, a las personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.
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