Juana Turja Huerta
Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 67/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juana Turja Huerta
- Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Carmen, Campeche
- Ana Bertha Camarillo Cruz y Otros.
- Consejo Mayor Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En trece de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con el oficio ********************, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, registrado bajo el número 157, signado por el secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo 605/2021-III-B de su índice. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio ********************, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por el secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco de Campeche, mediante el cual, remite el expediente físico del juicio de amparo ********************a este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, procédase como se ordenó en auto de doce del mes y año en curso, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6573/2022, de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, con quien actúa y autoriza. Doy fe.
- Principal
En doce de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con el oficio 73/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, registrado bajo el número 71, en el que relaciona las constancias electrónicas que integran el juicio de amparo ********************/2021 y su acumulado 1825/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese la copia certificada del oficio 73/2022, de nueve de diciembre de dos mil veintidós, firmado electrónicamente por la Jueza del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en San Francisco Campeche, mediante el cual, remite de manera electrónica el juicio de amparo ********************/2021 y su acumulado 1825/2021, de su estadística, promovido por ********************, para el auxilio del dictado de la sentencia. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante relacionando únicamente las referidas constancias electrónicas y estese a la espera de las constancias físicas a que hace referencia en el oficio de cuenta. Acúsese recibo de estilo correspondiente. En razón de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y lo aprobado en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se autorizó el auxilio en el dictado de las sentencias a este órgano jurisdiccional; se acuerda: Regístrese el expediente con el número auxiliar ********************, en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como de los autos que integran el juicio de amparo de que se trata, se advierte que la audiencia constitucional se celebró el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós y, además, a criterio del juzgador auxiliado, cumple con el requisito establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1294/2022, de dos de diciembre del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a ser uno de los expedientes con audiencia constitucional pendientes de emitir resolución, se actualiza la hipótesis para conocer del presente asunto; por tanto, en continuación de dicha audiencia, díctese la sentencia que en derecho corresponda, con las constancias que integran el expediente electrónico puesto a disposición por el órgano auxiliado, con la identificación de información reservada, confidencial o datos personales, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, con quien actúa y autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuenta. En cuatro de abril de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del diecisiete al treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo indirecto 67/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: EJECUTORIA. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con siete minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 67/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acordes al Acuerdo General 37/2020.Posteriormente, da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al Juez con que ninguna de las partes oferto medio de convicción. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido su derecho a ofrecer y desahogar medios de convicción. Dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a las partes por precluido su derecho de expresar alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 67/2022, promovido por Juana Turja Huerta, contra actos del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan (foja 3 a 5), Juana Turja Huerta, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se describen: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Autoridades Ordenadoras: 1.- Consejo Mayor Comunal de Cherán, Michoacán; 2.- Consejo de Procuración, Vigilancia y Conciliación de Justicia de Cherán, Michoacán, los cuales tienen su domicilio. b).- Autoridades Ejecutoras.- 3.- Consejo de Procuración, Vigilancia y Conciliación de Justicia de Cherán, Michoacán; 4.- Al Primer Comandante o encargado de la Ronda Comunal en el municipio de Cherán, Michoacán; 5.- Al Jefe de Grupo de los Rondines en el municipio de Cherán, Michoacán;. IV.- ACTO RECLAMADO. Lo constituyen la ORDEN DE DETENCIÓN y/o LA ILEGAL DETENCIÓN, posible PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, así como el DESALOJO ILEGAL QUE SE PRETENDE HACERME EN MI PROPIEDAD, ambos actos ilegales girados en mi contra por el H. CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO de Cherán, Michoacán, y la Encargada de la Oficina de Procuración, Vigilancia y Conciliación de Justicia del H. Consejo Mayor de Gobierno de Cherán, Michoacán, representada por la Lic. YOLANDA FABIÁN JERONIMO, en cuanto autoridades ordenadoras, esto fuera de todo procedimiento judicial debidamente fundado y motivado, ya que no son autoridades competentes para dictar dicha DETENSIÓN Y DESALOJO, mucho menor dar posesiones de predios , y que a todas luces puede demostrarse ya que tratan de ejecutar en mi contra las autoridades que señalo en cuanto ejecutoras, para privarme de mi libertad y desalojarme de mi propiedad y posiblemente para atender en contra de mi integridad física y materiales además de que el acto reclamado de existir no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no he cometido hecho delictuoso, ni tengo conocimiento de que pese denuncia o querella en mi contra, reclamando el cumplimiento que pretenden dar a dicho orden y desalojo, los actos reclamados se le atribuyen a la autoridad señalada como responsable"" La promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 2°, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El dos de febrero de dos mil veintidós, se turnó la demanda de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa data (fojas 6 a 11), se registró con número de expediente 67/2022; se admitió a trámite; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama actos con ejecución en la Comunidad de Cherán, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: Del Concejo Mayor del Gobierno Comunal; y, del Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, ambos de Cherán, Michoacán de Ocampo: La orden de detención o privación de la libertad girada contra la quejosa. La orden de desalojo de los predios propiedad de la quejosa. Del Primer Comandante y Encargado de la Ronda Comunal; y de los Jefes de Grupo de los Rondines, todos de Cherán, Michoacán De Ocampo: La ejecución de las citadas órdenes. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. La quejosa reclama del Concejo Mayor del Gobierno Comunal; y, del Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, ambos de Cherán, Michoacán de Ocampo, la orden de detención o privación de la libertad girada contra la quejosa; y la orden de desalojo de los predios propiedad de la quejosa. Mientras que, del Primer Comandante y Encargado de la Ronda Comunal; y de los Jefes de Grupo de los Rondines, todos de Cherán, Michoacán De Ocampo, la ejecución de las citadas órdenes. En el escrito de demandado, la quejosa expuso que: El seis de octubre de dos mil veintiuno, fue detenida por elementos de seguridad (policías o rondines), quienes le manifestaron que la podrían a disposición del Ministerio Público de Paracho, Michoacán. Que antes de llevarla a la Agencia del Ministerio Público, la llevaron ante el Concejo de Honor y Justicia para tratar asuntos concernientes a su persona, que al llegar a dicho lugar fue atendida por la licenciada Yolanda Fabián Jerónimo, quien dijo ser la encargada de dicha oficina de Conciliación, Vigilancia y Justica dentro del Consejo Mayor de Gobierno en el Municipio de Cherán, Michoacán, quien le manifestó que tenía que pagar la cantidad de quinientos mil pesos, y que mientras pagaba se debía quedar detenida, privándola de la libertad tres días; sin embargo, salió por la interposición de un amparo. Que al dejarla en libertad, le manifestaron que la seguirían deteniendo y que incluso la desalojarían de su casa, si no pagaban la cantidad de cincuenta mil pesos, por intereses. Refiere que, constantemente le manda decir la licenciada Yolanda Fabián Jerónimo que le lleve el dinero antes del tres de febrero de dos mil veintidós, si no la van a detener y que la sacaran de su casa. Al respecto, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados (fojas 16, 20-21, 22 y 26), negaron categóricamente los actos que de ellas reclama la quejosa. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades al rendir su informe justificado negaron su existencia, correspondía a la quejosa acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente se haya girado alguna orden de detención y desalojo, ya que no ofreció ni desahogo medio de convicción alguno. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por la quejosa, entonces la carga de la prueba recae sobre la solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juana Turja Huerta, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.
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