Juana Mayorquin de Espinoza
Expediente 630/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Juana Mayorquin de Espinoza
- Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán, Perteneciente Al Instituto Mexicano del Seguro Social En Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés.********************Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, respecto de su valoración, se determinó que era susceptible de destrucción.********************Sin embargo, toda vez que de autos se advierte que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; en consecuencia, se precisa que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, lo anterior, con apoyo en el capítulo 7, apartado 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, y en términos de lo señalado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. ********************Por otra parte, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. ********************Cúmplase.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.
- Principal
Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa del veintitrés de noviembre al seis de diciembre del año en curso; y para las autoridades responsables del veintidós de noviembre al cinco de diciembre del presente año, descontando los días inhábiles, toda vez que fueron notificadas por lista y por oficio el pasado dieciocho de noviembre, respectivamente, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a siete de diciembre de dos mil veintidós. Doy fe.****************************************Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 630/2022, con el estado que guardan los autos; y, con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de diciembre de dos mil veintidós.********************EJECUTORIA. ********************De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no fue impugnada en legal término la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Juana Mayorquín de Espinoza; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************ORDEN DE ARCHIVO. ********************Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************3. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. ********************En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************En esa virtud, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************4. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. ********************Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto, no se tramitó incidente de suspensión.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
SENTENCIA********************Visto para resolver, los autos que integran el juicio de amparo ********************/2022, promovido por********************contra actos del Director del hospital General de Zona No. 8 en Uruapan, Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, y otra autoridad; y,******************** R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito recibido mediante juicio en línea el trece de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Uruapan, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES: I.- DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 08 URUAPAN, MICHOACAN, perteneciente al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN URUAPAN, MICHOACÁN, con domicilio oficial bien conocido en CALZADA BENITO JUÁREZ SIN NÚMERO, ESQUINA CON CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA COLONIA LINDA VISTA DE ESTA CIUDAD DE URUAPAN, MICHOACÁN. III.- (SIC).- DELEGADO REGIONAL EN MICHOACÁN del INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL con domicilio en AVENIDA MADERO PONIENTE, NÚMERO 1200 MIL DOSCIENTOS, EN LA COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTO RECLAMADO: La falta de intervención quirúrgica y colocación de prótesis y/o placa que requiere la quejosa de manera urgente en virtud de que se encuentra en peligro latente de perder la vida , ya que tuvo una fuerte caída, lo que le provocó una grave lesión en la cadera del lado izquierdo, por lo que se encuentra muy delicada de salud y en cualquier momento le puede ocurrir daños de imposible reparación, mismos que no han sido proporcionados por la autoridad responsable argumentando que no cuentan con el equipo necesario para realizarle la intervención quirúrgica y colocación de prótesis que requiere En este sentido, es evidente la vulneración del Derecho Humano A La Salud de la C. JUANA MAYORQUIN ESPINOZA, por parte de la autoridad responsable, por eso es que hoy recurro ante usted para solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL en su favor, y evitar que se cause un DAÑO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Siendo importante mencionar que la quejosa se encuentra afiliada debidamente al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL y cuenta con número de seguridad social 5360-28-1025-0, SI cuenta con su carnet de citas y SI cuenta con vigencia de derechohabiencia". La parte quejosa expuso que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 4º y 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador''; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111 ; 22, 24. 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que se trata, fue recibida por turno en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, el trece de octubre de dos mil veintidós; y en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente 630/2022, determinó conceder la suspensión de plano a la quejosa, derivado de la falta de atención médica reclamada, para el efecto que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención de los padecimientos que presentaba, relativo a la lesión en la cadera del lado izquierdo, y a los diversos que se le diagnostiquen, además deberían realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios suficientes e insumos que sus padecimientos requieren; además se requirió a la parte quejosa directa, para que manifestara si ratificaba la demanda de amparo presentada a su nombre; lo que así aconteció en la misma data, pues al efecto aquélla, refirió que sí ratificaba la demanda que se había promovido en su favor. El mismo trece de octubre del año en curso, al haberse ratificado esa demanda, se admitió la misma, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, asimismo, se solicitó el informe justificado respectivo a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa, reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa con residencia en la ciudad de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004 , ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito, no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa Juana Mayorquín de Espinoza, reclama: Del Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social en Uruapan, Michoacán de Ocampo, con domicilio oficial bien conocido en calzada Benito Juárez, sin número, esquina con calle Francisco Villa, en la colonia Linda Vista de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Del Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Avenida Madero Poniente, número 1200, en la colonia Centro, de la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo. ? La falta de intervención quirúrgica y colocación de prótesis o placa que requería de manera urgente, toda vez que se encontraba en peligro latente de perder la vida, debido a la caída fuerte que tuvo, lo que le provocó una grave lesión en la cadera del lado izquierdo, por lo que se encontraba delicada de salud. TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán, y al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, en su denominación correcta, con residencia en Morelia, ambos perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social; pese a que en sus informes justificados, el apoderado jurídico, negó la existencia de la omisión reclamada. Sin embargo, al momento que se rindió el informe de suspensión de plano que les fue solicitado, indicaron que la quejosa Juana Mayorquín de Espinoza, sería intervenida quirúrgicamente a las catorce horas del catorce de octubre pasado; y para acreditar lo anterior, remitió copia del oficio 170902012151/001625/2022, suscrito por la Directora del Hospital General de Zona Número ocho, en Uruapan, Michoacán de Ocampo, en el que confirmaba esa información. De igual manera, en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida una misiva, en la que se comunicó por parte del mencionado apoderado jurídico, que la quejosa de mérito, se encontraba en la cama 262, segundo piso, en el Hospital General de Zona Número ocho, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, en condiciones estables y con un post operatorio aparentemente normoevolutivo; además, indica que se le continuará brindando las atenciones requeridas a su padecimiento; circunstancia que se corroboró con las constancias que adjuntó a su oficio. Asimismo, el veinticuatro de octubre del año en curso, el apoderado legal de las responsables, indicó que la quejosa de que nos ocupa, por mejoría, fue egresada de referido nosocomio el pasado veinte de octubre, y trasladada en ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, a su domicilio, siendo entregada a las diecisiete horas de ese día; circunstancia que se corroboró con la constancia que adjuntó a su respectivo oficio. Mientras que, al rendir su informe justificado, refirió en lo que interesa, que no era cierto el acto reclamado, en los términos y condiciones que señalaba la parte quejosa, toda vez que las responsables no habían omitido otorgar a la impetrante de garantías la prestación de una atención médica adecuada y oportuna para atender el padecimiento que le aquejaba. Que con motivo de la suspensión de plano que fue otorgada, para el efecto que se realizara la cirugía de cadera a la quejosa o en su defecto se determinará un diagnostico; se precisaba que ya se había realizado esa cirugía, toda vez que como se había evidenciado, aquélla había sido intervenida quirúrgicamente e inclusive ya había sido de alta y trasladada hasta su domicilio en ambulancia; de ahí que el acto resultaba inexistente, por haber cesado el mismo. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que aun y cuando las responsables negaron la omisión que se les atribuye, relativo a la omisión de intervención quirúrgica y colocación de prótesis o placa que requería la quejosa, de manera urgente, ésta existió. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se ha venido rehusando a obrar conforme a lo requerido por el quejoso, lo cual compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que, pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV , de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12ª (10a.) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea." QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LAS OMISIONES PRECISADAS. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo . Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este Órgano de Control Constitucional, estima que respecto a las omisiones reclamadas a las autoridades responsables Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán y Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, en su denominación correcta, con residencia en Morelia, ambos perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito, se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso, en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella/ alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, la quejosa reclamó del Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán de Ocampo y del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta, con residencia en Morelia, ambos perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social; únicamente la falta de intervención quirúrgica y colocación de prótesis o placa que requería de manera urgente, debido a la caída que había sufrido, lo cual le provocó una grave lesión en la cadera del lado izquierdo. Sin embargo, en autos obra un informe que se rindió con motivo de la suspensión de plano que fue concedida, en dónde el apoderado jurídico de las responsables, indicó que la quejosa Juana Mayorquín de Espinoza, sería intervenida quirúrgicamente a las catorce horas del catorce de octubre pasado; y para acreditar lo anterior, se remitió copia del oficio 170902012151/001625/2022, suscrito por la Directora del Hospital General de Zona Número ocho, en Uruapan, Michoacán de Ocampo. También, en auto de dieciocho de octubre pasado, se tuvo por recibida una misiva, en la que se comunicó por parte del mencionado apoderado jurídico, que la quejosa Juana Mayorquín de Espinoza, se encontraba en la cama 262, segundo piso, del Hospital General de Zona Número ocho, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en condiciones estables y con un post operatorio aparentemente normoevolutivo; además, indicó que se le continuaría brindando las atenciones requeridas a su padecimiento; circunstancia que se corroboró con las constancias que adjuntó a su oficio. Lo que se ve corroborado con el propio escrito que presentó la autorizada de la aquí quejosa, el diecinueve de octubre del año en curso, en el que expuso que en esa misma data, la referida quejosa le comunicó que un doctor de apellido "Talavera" del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esta localidad, se encontraba en condiciones estables y con un post operatorio aparentemente normoevolutivo; que al día siguiente; esto es, veinte de octubre siguiente, a las nueve horas aproximadamente, la darían de alta; sin embargo, le comentó que su traslado del nosocomio a su casa debería ser en ambulancia, toda vez que la operación que se le realizó fue en la cadera, por lo que no se podía mover ni sentar, lo que dificultaba su traslado en un automóvil normal; que le informaron que el costo de la ambulancia no lo cubría la autoridad responsable, argumentado que no tenía ambulancias disponibles y que el costo sería de $1,800.00 (mil ochocientos pesos 00/100), lo que tendría que cubrir por su cuenta. Ante dicha circunstancia se requirió a las responsables para que acreditaran haber otorgado o subrogado a la quejosa, el traslado en ambulancia del nosocomio a su domicilio, donde estará en recuperación. De ahí que, el veinticuatro de octubre del año en curso, el apoderado legal de las responsables, indicó que la quejosa, por mejoría, fue egresada de referido nosocomio el pasado veinte de octubre, y trasladada en ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, a su domicilio, siendo entregada a las diecisiete horas de ese día; circunstancia que se corroboró con la constancia que adjuntó a su respectivo oficio. Todo lo cual, deja de manifiesto que la quejosa Juana Mayorquín de Espinoza, ya fue intervenida quirúrgicamente y se le colocó la prótesis o placa que requería de manera urgente, con motivo de la lesión que sufrió en una de sus caderas, incluso ya fue dado de alta del Hospital General de Zona Número ocho, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, y trasladada hasta su domicilio particular, en una ambulancia del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Aunado a que no debe perderse de vista que de todos los informes que rindieron las responsables, se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, a lo que fue totalmente omisa; esto es, no hubo objeción o cuestionamiento con relación a la forma que se estaban conduciendo las responsables, con motivo de la atención médica de la que se dolía la quejosa, no se le brindaba; muchos menos, indicó que las autoridades responsables, continuaran incurrieron en la omisión que destacó en su demanda de amparo o bien que se le negara algún tipo de medicamento. En esas condiciones, es evidente que la omisión reclamada en esta vía de amparo indirecto, dejó de surtir efectos en la esfera jurídica de la solicitante, pues previamente al pronunciamiento de la presente sentencia, se subsanaron las omisiones alegadas por aquélla. De modo que la posible afectación causada a Juana Mayorquín de Espinoza, ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77, de la ley de la materia, al haberse atendido su petición médica en los términos que propuso y requería, no es factible que las omisiones reclamadas puedan volver a incidir en su esfera jurídica. En consecuencia, respecto de las omisiones precisadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63, de dicho ordenamiento. Finalmente, del examen oficioso de las constancias, no se desprende que las partes invocaran diversa causal, ni tampoco se aprecie de oficio su existencia. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juana Mayorquín de Espinoza, contra los actos reclamados al Director del Hospital General de Zona 08 Uruapan, Michoacán, y al Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta, con residencia en Morelia, ambos perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que se recibió en el correo oficial 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, un oficio, signado por Eduardo Valencia Méndez, apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Conste. Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 630/2022, con un oficio registrado con el folio 14611; y con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase al apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en representación de las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán y Director del Hospital General de Zona Número ocho, en Uruapan, Michoacán, en su denominación correcta, rindiendo informe justificado; con lo que se ordena dar vista a las partes, para el efecto legal conducente y nueva cuenta en la audiencia constitucional. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentas que las autoridades responsables en su momento hicieron llegar a este sumario, en razón de su naturaleza ello sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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