Juana Torres Diaz
Expediente 661/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juana Torres Diaz
- Ricardo Tuz Mukul
Actuaciones
- Principal
MESA V. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de siete de junio del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo con ingreso en línea que en apariencia promovió Ricardo Tuz Mukul, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, presentada sin copias y sin anexos, fórmese y regístrese bajo el expediente 661/2018-V; y de conformidad con el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: .. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos en cita facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, dado que del estudio integral de la demanda que se remitió en línea, se aprecia que ésta no contiene la firma electrónica del directo quejoso; por tanto, se advierte que la demanda que se presentó debe desecharse, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: ..."Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Esto es así, en virtud de que la demanda de amparo a estudio, carece de la firma electrónica de la persona legitimada para promover la acción constitucional, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que prevea el dispositivo 108 de la Ley de Amparo, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, el requisito de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante o la persona que legalmente lo represente, y no por el autorizado de aquellos a quien se le reconoce dicho carácter posteriormente a la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis visible en la página 508, aplicada por identidad de razón, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: ... Y tiene aplicación en lo que interesa, la diversa tesis visible en la página 259, aplicada por identidad de razón, Tomo XI, mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ... En el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por Ricardo Tuz Mukul; por tanto, no se está ante los supuestos que contempla el artículo 6° del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone que las personas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, y tratándose de personas morales el certificado digital de firma electrónica para promover deberá corresponder a la persona física que legalmente la represente. Asimismo, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en el artículo 76 prevé que el documento electrónico que se reciba contendrá la evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma, si es reconocido por la Unidad y si es vigente; en el caso que nos ocupa, José Manuel Rodríguez Romero, promovió la demanda de amparo a nombre del directo quejoso Ricardo Tuz Mukul, sin que obre en el escrito la firma electrónica de este último ni tampoco se está ante los supuestos de excepción que rigen la ley de la materia. Cabe señalar que ante la falta de legitimación para accionar al órgano constitucional, éste no se encuentra obligado a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor (persona legitimada) de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten, no afectan su interés jurídico. Así las cosas, las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma en cualquiera de su formas, o bien, en las que ésta no haya sido impuesta de la manera en que lo permite la ley de la materia por quien estuviere legitimado, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa o electrónica) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en el cual incluso se contempla la firma electrónica. Máxime a lo anterior, es dable manifestar que la referida demanda tampoco fue escaneada con la firma autógrafa del directo quejoso, lo que pudiera, en su caso, demostrar indiciariamente la voluntad del quejoso de presentarla, situación que conllevaría a una prevención; sin embargo dicho supuesto no acontece, por lo que es indudable que la voluntad del quejoso no se encuentra demostrada ni de manera presuntiva Corolario de lo anterior resulta el hecho de que, en caso de permitir que cualquier persona pudiera presentar documentos a nombre de un tercero sin la firma respectiva, pudiera dejar en manos de los ocursantes el interrumpir los términos a voluntad, lo que en su caso afectaría el orden público y volvería estériles los plazos previstos por la ley. Es aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 32/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Jurisprudencia, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, visible en la página 3632, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Sin que sea dable aplicar en sentido diverso el criterio acabado de citar, pues en el mismo se parte de la base que el servidor público tiene el deber de denegar las promociones que no cumplan los requisitos de ley (en el caso la firma autógrafa); circunstancia que no acontece respecto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya que en el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en mención, se prevé que tratándose de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, es decir para esos específicos casos se permite esa carencia de firma, pero este asunto no participa de esa naturaleza al ser de carácter civil. Asimismo, tiene aplicación la diversa tesis visible en la página 1877, Tomo III, mes de mayo de 2017, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo, se debe DESECHAR, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo con ingreso en línea que en apariencia promovió Ricardo Tuz Mukul, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, presentada sin copias y sin anexos, fórmese y regístrese bajo el expediente 661/2018-V; y de conformidad con el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos en cita facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, dado que del estudio integral de la demanda que se remitió en línea, se aprecia que ésta no contiene la firma electrónica del directo quejoso; por tanto, se advierte que la demanda que se presentó debe desecharse, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Esto es así, en virtud de que la demanda de amparo a estudio, carece de la firma electrónica de la persona legitimada para promover la acción constitucional, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que prevea el dispositivo 108 de la Ley de Amparo, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, el requisito de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante o la persona que legalmente lo represente, y no por el autorizado de aquellos a quien se le reconoce dicho carácter posteriormente a la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis visible en la página 508, aplicada por identidad de razón, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Y tiene aplicación en lo que interesa, la diversa tesis visible en la página 259, aplicada por identidad de razón, Tomo XI, mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." En el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por Ricardo Tuz Mukul; por tanto, no se está ante los supuestos que contempla el artículo 6° del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone que las personas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, y tratándose de personas morales el certificado digital de firma electrónica para promover deberá corresponder a la persona física que legalmente la represente. Asimismo, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en el artículo 76 prevé que el documento electrónico que se reciba contendrá la evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma, si es reconocido por la Unidad y si es vigente; en el caso que nos ocupa, José Manuel Rodríguez Romero, promovió la demanda de amparo a nombre del directo quejoso Ricardo Tuz Mukul, sin que obre en el escrito la firma electrónica de este último ni tampoco se está ante los supuestos de excepción que rigen la ley de la materia. Cabe señalar que ante la falta de legitimación para accionar al órgano constitucional, éste no se encuentra obligado a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor (persona legitimada) de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten, no afectan su interés jurídico. Así las cosas, las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma en cualquiera de su formas, o bien, en las que ésta no haya sido impuesta de la manera en que lo permite la ley de la materia por quien estuviere legitimado, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa o electrónica) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en el cual incluso se contempla la firma electrónica. Máxime a lo anterior, es dable manifestar que la referida demanda tampoco fue escaneada con la firma autógrafa del directo quejoso, lo que pudiera, en su caso, demostrar indiciariamente la voluntad del quejoso de presentarla, situación que conllevaría a una prevención; sin embargo dicho supuesto no acontece, por lo que es indudable que la voluntad del quejoso no se encuentra demostrada ni de manera presuntiva Corolario de lo anterior resulta el hecho de que, en caso de permitir que cualquier persona pudiera presentar documentos a nombre de un tercero sin la firma respectiva, pudiera dejar en manos de los ocursantes el interrumpir los términos a voluntad, lo que en su caso afectaría el orden público y volvería estériles los plazos previstos por la ley. Es aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 32/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Jurisprudencia, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, visible en la página 3632, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Sin que sea dable aplicar en sentido diverso el criterio acabado de citar, pues en el mismo se parte de la base que el servidor público tiene el deber de denegar las promociones que no cumplan los requisitos de ley (en el caso la firma autógrafa); circunstancia que no acontece respecto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya que en el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en mención, se prevé que tratándose de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, es decir para esos específicos casos se permite esa carencia de firma, pero este asunto no participa de esa naturaleza al ser de carácter civil. Asimismo, tiene aplicación la diversa tesis visible en la página 1877, Tomo III, mes de mayo de 2017, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo, se debe DESECHAR, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, MISMA QUE AUTORIZO Y FIRMO.
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo con ingreso en línea que en apariencia promovió Ricardo Tuz Mukul, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, presentada sin copias y sin anexos, fórmese y regístrese bajo el expediente 661/2018-V; y de conformidad con el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: .. En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos en cita facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, dado que del estudio integral de la demanda que se remitió en línea, se aprecia que ésta no contiene la firma electrónica del directo quejoso; por tanto, se advierte que la demanda que se presentó debe desecharse, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: ..."Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Esto es así, en virtud de que la demanda de amparo a estudio, carece de la firma electrónica de la persona legitimada para promover la acción constitucional, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que prevea el dispositivo 108 de la Ley de Amparo, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, el requisito de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante o la persona que legalmente lo represente, y no por el autorizado de aquellos a quien se le reconoce dicho carácter posteriormente a la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis visible en la página 508, aplicada por identidad de razón, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: ... Y tiene aplicación en lo que interesa, la diversa tesis visible en la página 259, aplicada por identidad de razón, Tomo XI, mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ... En el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por Ricardo Tuz Mukul; por tanto, no se está ante los supuestos que contempla el artículo 6° del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone que las personas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, y tratándose de personas morales el certificado digital de firma electrónica para promover deberá corresponder a la persona física que legalmente la represente. Asimismo, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en el artículo 76 prevé que el documento electrónico que se reciba contendrá la evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma, si es reconocido por la Unidad y si es vigente; en el caso que nos ocupa, José Manuel Rodríguez Romero, promovió la demanda de amparo a nombre del directo quejoso Ricardo Tuz Mukul, sin que obre en el escrito la firma electrónica de este último ni tampoco se está ante los supuestos de excepción que rigen la ley de la materia. Cabe señalar que ante la falta de legitimación para accionar al órgano constitucional, éste no se encuentra obligado a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor (persona legitimada) de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten, no afectan su interés jurídico. Así las cosas, las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma en cualquiera de su formas, o bien, en las que ésta no haya sido impuesta de la manera en que lo permite la ley de la materia por quien estuviere legitimado, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa o electrónica) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en el cual incluso se contempla la firma electrónica. Máxime a lo anterior, es dable manifestar que la referida demanda tampoco fue escaneada con la firma autógrafa del directo quejoso, lo que pudiera, en su caso, demostrar indiciariamente la voluntad del quejoso de presentarla, situación que conllevaría a una prevención; sin embargo dicho supuesto no acontece, por lo que es indudable que la voluntad del quejoso no se encuentra demostrada ni de manera presuntiva Corolario de lo anterior resulta el hecho de que, en caso de permitir que cualquier persona pudiera presentar documentos a nombre de un tercero sin la firma respectiva, pudiera dejar en manos de los ocursantes el interrumpir los términos a voluntad, lo que en su caso afectaría el orden público y volvería estériles los plazos previstos por la ley. Es aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 32/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Jurisprudencia, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, visible en la página 3632, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Sin que sea dable aplicar en sentido diverso el criterio acabado de citar, pues en el mismo se parte de la base que el servidor público tiene el deber de denegar las promociones que no cumplan los requisitos de ley (en el caso la firma autógrafa); circunstancia que no acontece respecto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya que en el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en mención, se prevé que tratándose de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, es decir para esos específicos casos se permite esa carencia de firma, pero este asunto no participa de esa naturaleza al ser de carácter civil. Asimismo, tiene aplicación la diversa tesis visible en la página 1877, Tomo III, mes de mayo de 2017, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo, se debe DESECHAR, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo con ingreso en línea que en apariencia promovió Ricardo Tuz Mukul, contra actos del Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con sede en Tizimín, presentada sin copias y sin anexos, fórmese y regístrese bajo el expediente 661/2018-V; y de conformidad con el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. En términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda. En ese sentido, debe observarse el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Los preceptos en cita facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, dado que del estudio integral de la demanda que se remitió en línea, se aprecia que ésta no contiene la firma electrónica del directo quejoso; por tanto, se advierte que la demanda que se presentó debe desecharse, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley" "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Esto es así, en virtud de que la demanda de amparo a estudio, carece de la firma electrónica de la persona legitimada para promover la acción constitucional, circunstancia que no se encuentra comprendida como motivo de prevención que prevea el dispositivo 108 de la Ley de Amparo, luego, como el juicio constitucional se rige por el principio de parte agraviada, es decir, el requisito de que el gobernado a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda firmada por el impetrante o la persona que legalmente lo represente, y no por el autorizado de aquellos a quien se le reconoce dicho carácter posteriormente a la presentación de la demanda. Es aplicable la tesis visible en la página 508, aplicada por identidad de razón, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Y tiene aplicación en lo que interesa, la diversa tesis visible en la página 259, aplicada por identidad de razón, Tomo XI, mes de marzo de 1993, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO NO FIRMADA POR QUIEN LA FORMULA. Dado que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma y, si no saben firmar, lo hará otra persona a su ruego y en el documento se imprimirá su huella digital; ante la falta de firma o, como aconteció en la especie, que la firma que calza el escrito de demanda de amparo, no corresponde a simple vista a quien se ostenta como peticionario de garantías, en virtud de ser notoriamente distinta de las que aparecen en las diversas promociones que presentó el demandado ahora agraviado en el expediente del juicio natural y en el toca de apelación, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional, máxime que el inconforme omitió formular oportunamente ante la autoridad responsable un escrito, en el que expresará por qué firmó de modo diferente la demanda de amparo o, en su caso, indicará que hacía suyo su contenido; consecuentemente, tomando en consideración que el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 de la Constitución, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe decirse que el proveído mediante el cual desechó el presidente de este órgano colegiado la demanda de amparo en cuestión se encuentra apegado a derecho, ya que de no haberlo estimado y resuelto así, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara oportunamente escritos para que después, en cualquier tiempo, fuera subsanada la omisión de voluntad de promover correctamente el juicio de garantías." En el caso que nos ocupa, se advierte que la demanda de amparo no fue firmada electrónicamente por Ricardo Tuz Mukul; por tanto, no se está ante los supuestos que contempla el artículo 6° del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, que dispone que las personas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, y tratándose de personas morales el certificado digital de firma electrónica para promover deberá corresponder a la persona física que legalmente la represente. Asimismo, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en el artículo 76 prevé que el documento electrónico que se reciba contendrá la evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma, si es reconocido por la Unidad y si es vigente; en el caso que nos ocupa, José Manuel Rodríguez Romero, promovió la demanda de amparo a nombre del directo quejoso Ricardo Tuz Mukul, sin que obre en el escrito la firma electrónica de este último ni tampoco se está ante los supuestos de excepción que rigen la ley de la materia. Cabe señalar que ante la falta de legitimación para accionar al órgano constitucional, éste no se encuentra obligado a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor (persona legitimada) de presentar la demanda, por tal motivo al no existir instancia de parte agraviada, se considera que los actos que en la misma se combaten, no afectan su interés jurídico. Así las cosas, las promociones presentadas en forma diversa a la señalada, esto es, aquellas que carezcan de firma en cualquiera de su formas, o bien, en las que ésta no haya sido impuesta de la manera en que lo permite la ley de la materia por quien estuviere legitimado, no pueden considerarse como una manifestación auténtica y fidedigna del propósito o voluntad de las partes y, por tanto, serán insuficientes para tener por hecha la promoción de que se trate, sin que sea óbice a lo anterior, que este requisito (la firma autógrafa o electrónica) no esté señalado expresamente como tal en alguna disposición de la Ley de Amparo, por entenderse implícito y derivado de la obligación legal en comento, en el sentido de que las promociones en el juicio de amparo deben ser escritas, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en el cual incluso se contempla la firma electrónica. Máxime a lo anterior, es dable manifestar que la referida demanda tampoco fue escaneada con la firma autógrafa del directo quejoso, lo que pudiera, en su caso, demostrar indiciariamente la voluntad del quejoso de presentarla, situación que conllevaría a una prevención; sin embargo dicho supuesto no acontece, por lo que es indudable que la voluntad del quejoso no se encuentra demostrada ni de manera presuntiva Corolario de lo anterior resulta el hecho de que, en caso de permitir que cualquier persona pudiera presentar documentos a nombre de un tercero sin la firma respectiva, pudiera dejar en manos de los ocursantes el interrumpir los términos a voluntad, lo que en su caso afectaría el orden público y volvería estériles los plazos previstos por la ley. Es aplicable, en sentido contrario, la tesis de jurisprudencia 32/2011 (10a.), aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Jurisprudencia, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, visible en la página 3632, de rubro y texto siguientes: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." Sin que sea dable aplicar en sentido diverso el criterio acabado de citar, pues en el mismo se parte de la base que el servidor público tiene el deber de denegar las promociones que no cumplan los requisitos de ley (en el caso la firma autógrafa); circunstancia que no acontece respecto del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ya que en el artículo 65 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 en mención, se prevé que tratándose de los actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, es decir para esos específicos casos se permite esa carencia de firma, pero este asunto no participa de esa naturaleza al ser de carácter civil. Asimismo, tiene aplicación la diversa tesis visible en la página 1877, Tomo III, mes de mayo de 2017, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citadas, la demanda de amparo, se debe DESECHAR, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por licencia académica del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/1275/2018, suscrito por el Secretario Técnico de la propia Comisión, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL, MISMA QUE AUTORIZO Y FIRMO.
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