Juana Maria del Pilar Jimenez Magaña
Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juana Maria del Pilar Jimenez Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
MESA VI Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo pronunciado en este juicio de amparo, el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó en el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que el expresado proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de amparo en el que se sobreseyó, no obra documento original y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la constancia levantada el treinta y uno de octubre del año en curso, por el actuario judicial adscrito a este juzgado, mediante la cual informa las razones por las que no le fue posible notificar a la quejosa ********************, el contenido del acuerdo de veintiocho de octubre del presente año, por los motivos señalados en la razón de cuenta. En consecuencia, ya que este órgano jurisdiccional tiene la encomienda de dar a conocer a las partes el contenido de las actuaciones realizadas en los autos del índice de este juzgado, correspondiendo también a dichas partes estar atentos a ser notificados; por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena se realice la notificación aludida, así como las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto proporcione el domicilio correcto.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado; sin hacer pronunciamiento alguno respecto a su contenido, toda vez que en auto de fecha veintiocho de octubre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio.
- Principal
MESA VI. Vistos los autos, y el oficio 2158, de veintitrés de los corrientes, suscrito por la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, así como las constancias que acompañó al mismo, consistentes en las copias certificadas de la diligencia de veintitrés de octubre del año en curso, en la que se declaró el sobreseimiento de la causa penal 171/2015, de su índice. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistes en la negativa de devolverle el depósito que realizó en concepto de reparación del daño, en la cual compareció con la calidad de garante y depositaria en efectivo, inmerso en el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se tuvo por desechado por notoriamente improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa el veintitrés del mismo mes. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la negativa de devolverle el depósito que realizó en concepto de reparación del daño, en la cual compareció con la calidad de garante y depositaria en efectivo; y el acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, donde se tuvo por desechado por notoriamente improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa el veintitrés del mismo mes. Sin embargo, de las constancias que la Juez Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado responsable acompañó al oficio de cuenta, se desprende que el veintitrés de octubre del año en curso, se llevó a cabo la diligencia en la que TOMÁS GARRIDO SOSA y TOMÁS GARRIDO ÁVILA, querellantes en la causa penal de origen, otorgaron el perdón a JAVIER DE JESÚS PALOMO JIMÉNEZ, declarando la citada autoridad responsable el sobreseimiento de la causa penal 171/2015, y en consecuencia, ordenó la cancelación de las garantías que en su oportunidad fueron exhibidas para garantizar el beneficio de la libertad provisional bajo caución que se le concedió al citado PALOMO JIMÉNEZ, ordenando devolver a JUANA MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MAGAÑA, quejosa en este juicio de amparo, los recibos oficiales D1 13366, D1 13367 Y D1 13368, expedidos por el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia del Poder Judicial del Estado, que amparan las sumas de diez mil pesos en concepto de multa, cinco mil pesos en concepto de caución, y ciento cincuenta mil pesos en concepto de reparación del daño, así como las pólizas de fianza 3444-00163-5 que ampara la cantidad de ciento treinta y cinco mil seiscientos sesenta pesos en concepto de multa, 3444-00164-0 que ampara la cantidad de veinticinco mil pesos en concepto de caución, y 3444-00165-9 que ampara la cantidad de cincuenta mil pesos en concepto de reparación del daño. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del acto atribuido a la autoridad responsable, al haberse demostrado con las constancias de referencia el sobreseimiento de la causa penal y la devolución de las cantidades exhibidas. Por otra parte, cabe puntualizar que este Juzgador Federal no desatiende el contenido del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." El párrafo segundo del numeral transcrito prevé expresamente que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubieren sido llamados a juicio quienes pudieren tener la calidad de terceros interesados; lo anterior, cuenta habida que, dado el sentido de la presente determinación, no se les ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales.
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