Juana Molina Díaz
Expediente 119/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Molina Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por********************, quien se ostenta como parte tercera interesada en este asunto, y señala los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones, así como autorizados y realiza diversas manifestaciones; sin embargo, no se emite mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de tres de marzo del año en curso, se desechó la demanda que dio origen al mismo y en auto de veintinueve siguiente, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la promovente ********************, interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veintinueve de marzo de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Juana Molina Díaz, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que en nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierte que la promovente señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de enero del año en dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual a su vez lo subdividió en tres pronunciamientos: Y del Actuario adscrito a dicho tribunal reclama la ejecución de la notificación personal de dicho auto ordenada practicar a la tercero interesada Rosa Martha Molina Díaz, en el juicio de origen de los actos reclamados. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, debido a que no se actualiza alguna de las hipótesis que permiten ejercer la acción constitucional en la fase de ejecución de sentencia. Para evidenciar tal aserto, conviene traer a contexto el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la mencionada ley de la materia que en lo conducente dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". De dicho numeral y del diverso 107, fracciones III, inciso b), se desprenden dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, a saber: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia. En esta clasificación encuadran los actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); y Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Tales hipótesis encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente), publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que solo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL". Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarlos de modo particular. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en la sesión del cuatro de mayo de dos mil diez, se pronunció respecto de la procedencia excepcional del amparo indirecto en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se afecten derechos sustantivos. La ejecutoria aludida dio origen a la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Otro caso de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Esa regla de excepción se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, cuya parte conducente a continuación se reproduce: "Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la sentencia que llegue a dictarse tenga plena eficacia, lo cual se logra a través del establecimiento de normas y criterios que IMPIDAN QUE SE OBSTACULICE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SE DICTE. De nada sirve a quien logra triunfar en un juicio haber litigado y logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la sentencia se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. 3. La razón de ser de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Precisamente tomando en cuenta esa garantía a que las decisiones se ejecuten tan pronto como sea posible, se crean normas como la establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En otras palabras, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate." Algunos de dichos criterios se han plasmado en las siguientes tesis jurisprudenciales y aisladas: (.) 'RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.' (.) Es verdad que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos dictados después del juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; sin embargo, esta Primera Sala advierte que con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del Juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida. La consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Los fines de la norma no conducen sino al reconocimiento de que se trata de una regla general que admite excepciones, como cuando el acto que pretende impugnarse es aquel que frena la continuación de la ejecución. (.) El retraso en la ejecución de la sentencia, EN CASO DE NO ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN JURÍDICA, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que como se dijo ya, no sólo incluye el dictado de una sentencia que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse. Si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes." Del texto transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida totalmente que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia que derivó de la citada ejecutoria, publicada en la página 364, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: POR REGLA GENERAL Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. DE MANERA EXCEPCIONAL Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. "ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) (.) III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;" Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, la premisa mencionada tiene como finalidad evidenciar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede, en la fase de ejecución de sentencia, contra actos plenamente identificados; sin embargo, en la especie el acto reclamado no se ubica en ninguna de esas hipótesis, dado que el acto reclamado emerge en la etapa de ejecución de sentencia -auto de treinta uno de enero de dos mil veintitrés-, pero no se trata de la última resolución, ni se ubica en alguno de los supuestos de excepción a esa regla de procedencia del juicio constitucional, sino que solo se trata de un acto intraprocesal no definitivo. En efecto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa en su escrito de demanda señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de enero del año en curso, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual la responsable 1. requirió por segunda ocasión a Martha Molina Díaz, para que exhiba copia certificada de su acta de nacimiento o credencial de elector con fotografía, a pesar de que en sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, fue declarada contumaz, también 2. que haya ordenado la notificación del citado auto de manera personal a dicha parte aun cuando consta en autos que la propia parte pidió que las notificaciones, incluso las de carácter personal se le hicieran por lista de acuerdos, así como 3. la negativa de la autoridad a dar curso al reclamo de la promovente respecto de la rendición de cuentas, argumentando que en la sentencia de origen no se ordenó dicha rendición de cuentas. En ese sentido, cabe destacar que el requerimiento de las constancias de mérito, es únicamente para que la responsable observe, en caso de existir, el entroncamiento de Rosa Martha Molina Díaz con el De Cujus Florentino Molina o Florentino Molina Farías y, con ello, estar en condiciones de proveer lo conducente, sin que ello constituya violación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni que se obstruya la ejecución de la sentencia; tampoco, la negativa de la autoridad a proveer de conformidad su solicitud de rendición de cuenta pues no le depare algún perjuicio en la esfera de sus derechos sustantivos, toda vez que como lo aduce la propia quejosa, la autoridad responsable le manifestó que ello no es parte de lo establecido en la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el citado juicio agrario y, en todo caso, será al pronunciar la última resolución, cuando la parte quejosa esté en posibilidad de impugnar tales aspectos. Por tanto, se colige que los actos reclamados en la demanda y su escrito aclaratorio fueron dictados en la etapa de ejecución de la citada sentencia del Tribunal Agrario, sin que esta haya culminado, se encuentre dicha fase paralizada o se haya declarado la imposibilidad para dar cumplimiento a dicho fallo definitivo, de ahí que cualquier impugnación que no se encuentre relacionado con dichos supuestos o que afecte de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, no puede ser combatido en esta instancia de forma autónoma. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que lo manifestado bajo protesta de decir verdad a título de antecedentes por la quejosa, se corrobora con lo que se advierte de las copias certificadas del expediente 751/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Uno, con sede en Xalapa, Veracruz, que se tienen a la vista con motivo de su remisión en los autos del Juicio de Amparo 59/2023 del índice de este Juzgado, promovido por la propia quejosa, ello porque el acto reclamado en dicho asunto tiene relación con este por derivar del propio juicio de origen; lo que se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese sentido, es claro que, dada la naturaleza del acto reclamado, no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución en dicho juicio, ni se actualiza alguno de los supuestos de excepción en los que sea procedente el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Finalmente, se precisa que la presente determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, porque como se adelantó, en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite el diverso juicio constitucional 59/2023, en el que aquélla plantea la abierta denegación de justicia en la fase de ejecución de la sentencia, derivado de que, a su decir, la responsable ha sido omisa en dictar las actuaciones o diligencias necesarias para estar en condiciones de ejecutar la sentencia pronunciada en el juicio natural, de tal manera que, al encontrarse en trámite dicho reclamo, será en ese expediente en donde se estará en condiciones de examinar si existe o no justificación para no ejecutar la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe.YNJR/lxro*
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE MARZO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Juana Molina Díaz, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención efectuada en autos. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que en nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se advierte que la promovente señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de enero del año en dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, el cual a su vez lo subdividió en tres pronunciamientos: Y del Actuario adscrito a dicho tribunal reclama la ejecución de la notificación personal de dicho auto ordenada practicar a la tercero interesada Rosa Martha Molina Díaz, en el juicio de origen de los actos reclamados. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, debido a que no se actualiza alguna de las hipótesis que permiten ejercer la acción constitucional en la fase de ejecución de sentencia. Para evidenciar tal aserto, conviene traer a contexto el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la mencionada ley de la materia que en lo conducente dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". De dicho numeral y del diverso 107, fracciones III, inciso b), se desprenden dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, a saber: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia. En esta clasificación encuadran los actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); y Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Tales hipótesis encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente), publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que solo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL". Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarlos de modo particular. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en la sesión del cuatro de mayo de dos mil diez, se pronunció respecto de la procedencia excepcional del amparo indirecto en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se afecten derechos sustantivos. La ejecutoria aludida dio origen a la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Otro caso de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Esa regla de excepción se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, cuya parte conducente a continuación se reproduce: "Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la sentencia que llegue a dictarse tenga plena eficacia, lo cual se logra a través del establecimiento de normas y criterios que IMPIDAN QUE SE OBSTACULICE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SE DICTE. De nada sirve a quien logra triunfar en un juicio haber litigado y logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la sentencia se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. 3. La razón de ser de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Precisamente tomando en cuenta esa garantía a que las decisiones se ejecuten tan pronto como sea posible, se crean normas como la establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En otras palabras, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate." Algunos de dichos criterios se han plasmado en las siguientes tesis jurisprudenciales y aisladas: (.) 'RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.' (.) Es verdad que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos dictados después del juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; sin embargo, esta Primera Sala advierte que con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del Juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida. La consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Los fines de la norma no conducen sino al reconocimiento de que se trata de una regla general que admite excepciones, como cuando el acto que pretende impugnarse es aquel que frena la continuación de la ejecución. (.) El retraso en la ejecución de la sentencia, EN CASO DE NO ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN JURÍDICA, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que como se dijo ya, no sólo incluye el dictado de una sentencia que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse. Si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes." Del texto transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida totalmente que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia que derivó de la citada ejecutoria, publicada en la página 364, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: POR REGLA GENERAL Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. DE MANERA EXCEPCIONAL Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. "ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) (.) III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;" Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, la premisa mencionada tiene como finalidad evidenciar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede, en la fase de ejecución de sentencia, contra actos plenamente identificados; sin embargo, en la especie el acto reclamado no se ubica en ninguna de esas hipótesis, dado que el acto reclamado emerge en la etapa de ejecución de sentencia -auto de treinta uno de enero de dos mil veintitrés-, pero no se trata de la última resolución, ni se ubica en alguno de los supuestos de excepción a esa regla de procedencia del juicio constitucional, sino que solo se trata de un acto intraprocesal no definitivo. En efecto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa en su escrito de demanda señala como acto reclamado el auto de treinta y uno de enero del año en curso, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual la responsable 1. requirió por segunda ocasión a Martha Molina Díaz, para que exhiba copia certificada de su acta de nacimiento o credencial de elector con fotografía, a pesar de que en sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, fue declarada contumaz, también 2. que haya ordenado la notificación del citado auto de manera personal a dicha parte aun cuando consta en autos que la propia parte pidió que las notificaciones, incluso las de carácter personal se le hicieran por lista de acuerdos, así como 3. la negativa de la autoridad a dar curso al reclamo de la promovente respecto de la rendición de cuentas, argumentando que en la sentencia de origen no se ordenó dicha rendición de cuentas. En ese sentido, cabe destacar que el requerimiento de las constancias de mérito, es únicamente para que la responsable observe, en caso de existir, el entroncamiento de Rosa Martha Molina Díaz con el De Cujus Florentino Molina o Florentino Molina Farías y, con ello, estar en condiciones de proveer lo conducente, sin que ello constituya violación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni que se obstruya la ejecución de la sentencia; tampoco, la negativa de la autoridad a proveer de conformidad su solicitud de rendición de cuenta pues no le depare algún perjuicio en la esfera de sus derechos sustantivos, toda vez que como lo aduce la propia quejosa, la autoridad responsable le manifestó que ello no es parte de lo establecido en la sentencia de cinco de diciembre de dos mil dieciocho dictada en el citado juicio agrario y, en todo caso, será al pronunciar la última resolución, cuando la parte quejosa esté en posibilidad de impugnar tales aspectos. Por tanto, se colige que los actos reclamados en la demanda y su escrito aclaratorio fueron dictados en la etapa de ejecución de la citada sentencia del Tribunal Agrario, sin que esta haya culminado, se encuentre dicha fase paralizada o se haya declarado la imposibilidad para dar cumplimiento a dicho fallo definitivo, de ahí que cualquier impugnación que no se encuentre relacionado con dichos supuestos o que afecte de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, no puede ser combatido en esta instancia de forma autónoma. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que lo manifestado bajo protesta de decir verdad a título de antecedentes por la quejosa, se corrobora con lo que se advierte de las copias certificadas del expediente 751/2014 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Uno, con sede en Xalapa, Veracruz, que se tienen a la vista con motivo de su remisión en los autos del Juicio de Amparo 59/2023 del índice de este Juzgado, promovido por la propia quejosa, ello porque el acto reclamado en dicho asunto tiene relación con este por derivar del propio juicio de origen; lo que se tiene como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales. En ese sentido, es claro que, dada la naturaleza del acto reclamado, no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución en dicho juicio, ni se actualiza alguno de los supuestos de excepción en los que sea procedente el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Finalmente, se precisa que la presente determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, porque como se adelantó, en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite el diverso juicio constitucional 59/2023, en el que aquélla plantea la abierta denegación de justicia en la fase de ejecución de la sentencia, derivado de que, a su decir, la responsable ha sido omisa en dictar las actuaciones o diligencias necesarias para estar en condiciones de ejecutar la sentencia pronunciada en el juicio natural, de tal manera que, al encontrarse en trámite dicho reclamo, será en ese expediente en donde se estará en condiciones de examinar si existe o no justificación para no ejecutar la sentencia. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de la secretaria Yonaji Nuria Juárez Rivas, con quien actúa y da fe.YNJR/lxro*
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