Juana Molina Diaz

Expediente 713/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Juana Molina Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, residente en Boca del Río, Veracruz, a través del cual remite la resolución dictada en la Queja ********************/2023 de su índice, promovida por ********************, contra el auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa; por tanto comuníquese a las partes que, en lo conducente, se resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el presente recurso de queja número ********************/2023, interpuesto por ********************, a través de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo licenciada ********************, contra acuerdo dictado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo indirecto número 713/2023 y su acumulado 714/2023, promovido por la propia recurrente, mediante el cual desechó de plano las demandas que los originaron, por notario improcedencia de esos juicios." En ese tenor, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Entonces, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, y carece de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiséis. En cumplimiento al artículo 34 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.RASG/ARGC*

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con el cual acusa recibo del oficio 5338, y anexos, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto por Juana Molina Díaz, a través de su autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Sandra Vázquez Molina, en contra del acuerdo dictado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en el juicio en que se actúa, el cual radicó con el número de queja 321/2023, de lo que esta autoridad toma conocimiento. Notifíquese.YNJR/ccr

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpuso recurso de queja contra el auto de veintiséis de julio del año en curso, por medio del cual se tuvo por desechadas de plano las demandas de amparo; por consiguiente, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley de Amparo, remítase sin dilación alguna el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, así como copia certificada del juicio de amparo ********************/2023 y su acumulado ********************/2023, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se rinde informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en auto de veintiséis de julio pasado, se desecharon las demandas de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa en sus escritos de demanda señala como acto reclamado el auto de veintisiete de junio del año en curso, dictado en el juicio agrario ********************/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual la responsable determinó entre otras cosas, acordar respecto a los escritos de la licenciada ********************, tener por hechas sus manifestaciones, en cuanto a que ********************, fue contumaz en el juicio agrario, por lo que debería estarse a la sentencia ejecutoriada de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual no se desconoce el entroncamiento y filiación de la antes nombrada con su progenitor ********************, en tal virtud, determinó que sus manifestaciones carecen de asidero jurídico a ese momento procesal, por lo que se refiere, a la situación fáctica que prevalece en una fracción o lote de la parcela 22 del ejido, se le reservaron sus derechos para que los plantee por cuerda separada o una vez que se adjudiquen en forma definitiva los derechos motivo de litigio; asimismo, reclama el requerimiento que la autoridad señalada como responsable hace al Comisariado Ejidal del Ejido ******************** Municipio de Alvarado Veracruz, para que en una segunda opinión determine quién de entre ********************y ******************** todas de apellidos ********************se le deben adjudicar derechos agrarios. En ese sentido, se destacó que el requerimiento de las constancias de mérito, fue únicamente para que la responsable observe, en caso de existir, el entroncamiento de ******************** con el De Cujus ********************o ********************Farías y, con ello, estar en condiciones de proveer lo conducente, sin que ello constituya violación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni que se obstruya la ejecución de la sentencia. Por tanto, se colige que los actos reclamados en la demanda fueron dictados en la etapa de ejecución de la citada sentencia del Tribunal Agrario, sin que esta haya culminado, se encuentre dicha fase paralizada o se haya declarado la imposibilidad para dar cumplimiento a dicho fallo definitivo, de ahí que cualquier impugnación que no se encuentre relacionado con dichos supuestos o que afecte de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, no puede ser combatido en esta instancia de forma autónoma. En ese sentido, es claro que, dada la naturaleza del acto reclamado, no se trató de la última resolución en el procedimiento de ejecución en dicho juicio, ni se actualizó alguno de los supuestos de excepción en los que sea procedente el juicio de amparo. Asimismo, que con la aludida determinación no dejó en estado de indefensión a la parte quejosa, porque como se adelantó, en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite el diverso juicio constitucional ********************/2020, en el que se concedió el amparo para que la autoridad responsable emita dentro de juicio agrario ********************/2014, con libertad de jurisdicción, la resolución en la que determine sobre la procedencia de la adjudicación de los derechos agrarios por sucesión que pertenecieron a ********************o ********************, amparados con el certificado de derechos agrarios ********************, conforme a lo ordenado en el considerando VIl, resolutivo Sexto, de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho; dicte las determinaciones necesarias encaminadas a lograr el eficaz cumplimiento de los resolutivos Segundo y Cuarto de la citada sentencia, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio y ordenar las diligencias pertinentes y para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el mismo plazo antes señalado.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 26 DE JULIO DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C: "...Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vistas las demandas de protección de derechos fundamentales presentadas por Juana Molina Díaz, por propio derecho; fórmese expediente, captúrese sus ingresos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrense bajo los juicios de amparo indirecto 713/2023 y 714/2023. ACUMULACIÓN Respecto a los escritos de demanda presentados respectivamente por Juana Molina Díaz, se advierte que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Uno, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés dictada en el juicio agrario 751/2014. En este contexto, de conformidad con los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se resuelve de plano respecto de la acumulación de las demandas. Lo anterior, dado que para que proceda acumular las demandas existen dos hipótesis: la de acciones y la de autos; la primera origina la litispendencia y la segunda, la conexidad de causas; esta última es la que atañe al juicio de derechos fundamentales, por lo que para su procedencia, se requiere que sea el mismo acto reclamado y mismas autoridades, sin importar si se trata o no de la misma parte quejosa; esto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 66 y 67 de la ley de la materia, en relación con los 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que otorga a quien esto provee la facultad de decretar de oficio o a solicitud de parte la acumulación que corresponda, la cual puede ejercerse de plano, o sea, sin substanciar incidencia previa. Además, la acumulación cumple con el mandato del artículo 17 constitucional relativo a los principios de justicia completa, pronta y expedita, pues atiende al principio de economía procesal y a evitar el dictado de sentencias incongruentes o contradictorias entre sí. En este contexto, procede decretar de oficio la acumulación, pues de la misma autoridad ordenadora se reclama la misma resolución, actualizándose los supuestos del artículo 72 de la codificación aludida, ya que la acumulación de autos tiene por objeto sujetarlos a una tramitación común, en aras del principio de economía procesal, para fallarlos en una sola sentencia, con el objeto de evitar posibles contradicciones, que de resolverlos separadamente se pudieran producir, y teniendo en cuenta, además, que no se causa perjuicio alguno a las partes, porque la acumulación no implica en modo alguno la fusión de los juicios, ya que cada expediente acumulado conserva su individualidad, aun cuando físicamente se forme con ellos un solo cuaderno. Por tanto, se decreta de plano la acumulación de los juicios de amparo 713/2023 y 714/2023. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que en nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. En este sentido, de la lectura integral de las demandas de amparo se advierte que la promovente señala como acto reclamado el auto de veintisiete de junio dos mil veintitrés, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, del cual reclama los puntos tercero y cuarto que establecen lo siguiente: ".TERCERO.- Respecto a los escritos de la licenciada Sandra Vázquez Molina, se tienen por hechas sus manifestaciones; en cuanto a que ROSA MARTHA MOLINA DÍAZ, fue contumaz en el juicio agrario, dígasele que deberá estarse a la sentencia ejecutoriada de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual no se desconoce el entroncamiento y filiación de la antes nombrada con su progenitor FLORENTINO MOLINA FARIAS, en tal virtud, sus manifestaciones carecen de asidero jurídico a este momento procesal. Por lo que se refiere, a la situación fáctica que prevalece en una fracción o lote de la parcela 22 del ejido, se les reservan sus derechos para que los plantee por cuerda separada o una vez que se adjudiquen en forma definitiva los derechos motivo de litigio.------------------------- CUARTO.- En ese orden de ideas, no obstante del requerimiento a las partes en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, para que informaran de los descendientes de FLORENTINO MOLINA FARÍAS, y en razón de que entre las litigantes JUANA, GABRIELA y ROSA MARTHA todas de apellidos. Se reclama el entroncamiento que el Magistrado del Tribunal responsable hace de la CONTUMAZ DEMANDADA DE NOMBRE ROSA MARTHA MOLINA DÍAZ. En segundo lugar se reclama el requerimiento que la autoridad señalada como responsable hace al COMISARIADO EJIDAL del Elido EI Bayo Municipio de Alvarado Veracruz para que en una segunda opinión quien de entre JUANA, GABRIELA Y ROSA MARTHA todas de apellidos MOLINA DÍAZ se le deben adjudicar derechos agrarios." Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, debido a que no se actualiza alguna de las hipótesis que permiten ejercer la acción constitucional en la fase de ejecución de sentencia. Para evidenciar tal aserto, conviene traer a contexto el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la mencionada ley de la materia que en lo conducente dice: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". De dicho numeral y del diverso 107, fracciones III, inciso b), se desprenden dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, a saber: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia. En esta clasificación encuadran los actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); y 2) Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Tales hipótesis encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente), publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación." Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que solo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal. Tal concepto fue adoptado en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que tomó como base la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril de 2001, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa. Las consideraciones vertidas encuentran sustento en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Tomo XX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a julio de 2004, que establece "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL". Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarlos de modo particular. En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, en la sesión del cuatro de mayo de dos mil diez, se pronunció respecto de la procedencia excepcional del amparo indirecto en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se afecten derechos sustantivos. La ejecutoria aludida dio origen a la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Otro caso de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Esa regla de excepción se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, cuya parte conducente a continuación se reproduce: "Así, el acceso a la justicia no es simplemente la posibilidad de acudir a un tribunal a dirimir una cuestión de derecho, sino además garantizar que la sentencia que llegue a dictarse tenga plena eficacia, lo cual se logra a través del establecimiento de normas y criterios que IMPIDAN QUE SE OBSTACULICE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE SE DICTE. De nada sirve a quien logra triunfar en un juicio haber litigado y logrado el reconocimiento de su pretensión si no se garantiza que el derecho reconocido en la sentencia se hará efectivo, pero además que ello sucederá en un plazo razonable. 3. La razón de ser de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo. Precisamente tomando en cuenta esa garantía a que las decisiones se ejecuten tan pronto como sea posible, se crean normas como la establecida en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de esta Suprema Corte ha sostenido en repetidas ocasiones que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. En otras palabras, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final de dicho remate." Algunos de dichos criterios se han plasmado en las siguientes tesis jurisprudenciales y aisladas: (.) 'RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución.' (.) Es verdad que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos dictados después del juicio sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo; sin embargo, esta Primera Sala advierte que con esa interpretación literal se podría atentar contra la administración de justicia en tanto que se dejaría al arbitrio del Juez la decisión sobre cuándo continuar con la ejecución, sin que esa arbitrariedad pudiera ser combatida. La consecuencia de esa interpretación sería la prolongación (que podría ser arbitraria) de los procedimientos. Los fines de la norma no conducen sino al reconocimiento de que se trata de una regla general que admite excepciones, como cuando el acto que pretende impugnarse es aquel que frena la continuación de la ejecución. (.) El retraso en la ejecución de la sentencia, EN CASO DE NO ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN JURÍDICA, genera para la parte que ya ganó un juicio una violación a su garantía de administración de justicia, que como se dijo ya, no sólo incluye el dictado de una sentencia que decida sobre los derechos, sino que, en el caso de que dicha resolución sea favorable, la misma pueda ejecutarse. Si no se permitiera la procedencia del amparo indirecto en contra de las resoluciones mencionadas, no existiría defensa en contra de los actos que podrían arbitrariamente impedir la ejecución de las sentencias firmes." Del texto transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida totalmente que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. Lo anterior se cristalizó en la jurisprudencia que derivó de la citada ejecutoria, publicada en la página 364, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto es procedente: POR REGLA GENERAL ? Contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. ? En los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. DE MANERA EXCEPCIONAL ? Contra actos intermedios dictados en esa etapa, siempre que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. ? Contra la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. ? Contra actos definitivos que de manera total, impidan u obstaculicen el procedimiento de ejecución de sentencia. Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: Artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. Artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente "ARTÍCULO 114. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito (.) III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Ahora bien, la premisa mencionada tiene como finalidad evidenciar que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede, en la fase de ejecución de sentencia, contra actos plenamente identificados; sin embargo, en la especie el acto reclamado no se ubica en ninguna de esas hipótesis, dado que el acto reclamado emerge en la etapa de ejecución de sentencia -auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés-, pero no se trata de la última resolución, ni se ubica en alguno de los supuestos de excepción a esa regla de procedencia del juicio constitucional, sino que solo se trata de un acto intraprocesal no definitivo. En efecto, como se precisó anteriormente, la parte quejosa en sus escritos de demanda señala como acto reclamado el auto de veintisiete de junio del año en curso, dictado en el juicio agrario 751/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, en el cual la responsable determinó entre otras cosas, acordar respecto a los escritos de la licenciada Sandra Vázquez Molina, tener por hechas sus manifestaciones, en cuanto a que Rosa Martha Molina Díaz, fue contumaz en el juicio agrario, por lo que debería estarse a la sentencia ejecutoriada de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual no se desconoce el entroncamiento y filiación de la antes nombrada con su progenitor Florentino Molina Farias, en tal virtud, determinó que sus manifestaciones carecen de asidero jurídico a ese momento procesal, por lo que se refiere, a la situación fáctica que prevalece en una fracción o lote de la parcela 22 del ejido, se le reservaron sus derechos para que los plantee por cuerda separada o una vez que se adjudiquen en forma definitiva los derechos motivo de litigio; asimismo, reclama el requerimiento que la autoridad señalada como responsable hace al Comisariado Ejidal del Ejido EI Bayo Municipio de Alvarado Veracruz, para que en una segunda opinión determine quién de entre Juana, Gabriela y Rosa Martha todas de apellidos Molida Díaz se le deben adjudicar derechos agrarios. En ese sentido, cabe destacar que el requerimiento de las constancias de mérito, es únicamente para que la responsable observe, en caso de existir, el entroncamiento de Rosa Martha Molina Díaz con el De Cujus Florentino Molina o Florentino Molina Farías y, con ello, estar en condiciones de proveer lo conducente, sin que ello constituya violación a algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ni que se obstruya la ejecución de la sentencia. Por tanto, se colige que los actos reclamados en la demanda fueron dictados en la etapa de ejecución de la citada sentencia del Tribunal Agrario, sin que esta haya culminado, se encuentre dicha fase paralizada o se haya declarado la imposibilidad para dar cumplimiento a dicho fallo definitivo, de ahí que cualquier impugnación que no se encuentre relacionado con dichos supuestos o que afecte de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa, no puede ser combatido en esta instancia de forma autónoma. En ese sentido, es claro que, dada la naturaleza del acto reclamado, no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución en dicho juicio, ni se actualiza alguno de los supuestos de excepción en los que sea procedente el juicio de amparo. En mérito de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 107, fracción IV, párrafos primero y segundo, ambos de la Ley de Amparo, se desechan de plano las demandas de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J.32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." Desechamiento que debe hacerse extensivo respecto de la inconstitucionalidad del artículo 191 de la Ley Agraria que también reclama la parte quejosa, pues el acto que, a decir de la parte quejosa constituye el de aplicación, fue materia de sobreseimiento. Lo anterior, ya que no debe desvincularse el estudio del artículo combatido del análisis relativo al acto que señala el impetrante como de aplicación. Ello, debido a que la técnica de este medio de control constitucional conlleva a estudiar primero la improcedencia del juicio por cuanto a tal acto y, de ser improcedente por éste, se impone declara también la improcedencia del estudio de inconstitucionalidad de la norma reclamada, impidiendo el examen de los conceptos de violación, que son materia de constitucionalidad propiamente. Máxime que de la lectura de la demanda de protección de derechos fundamentales no se advierte que la impetrante de amparo no formula conceptos de violación con la finalidad de evidenciar la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Sin que dicho pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo II, página 772, registro 2006485, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 530, registro 2002359, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Asimismo, se aprecia que el desechamiento impide el análisis del artículo 191 de la Ley Agraria, como acto reclamado, pues es un planteamiento relacionado con el análisis de fondo del asunto, al tratar de demostrarse la violación de los derechos humanos de la parte quejosa; de modo que el desechamiento deriva de una causa de improcedencia, por lo que no prejuzga sobre e la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de quienes fueron señaladas como autoridades responsable, al ordenarlo o ejecutarlo. Finalmente, se precisa que la presente determinación no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, porque como se adelantó, en este órgano jurisdiccional se encuentra en trámite el diverso juicio constitucional 135/2020, en el que se concedió el amparo para que la autoridad responsable emita dentro de juicio agrario 751/2014, con libertad de jurisdicción, la resolución en la que determine sobre la procedencia de la adjudicación de los derechos agrarios por sucesión que pertenecieron a Florentino Molina o Florentino Molina Farias, amparados con el certificado de derechos agrarios 1918438, conforme a lo ordenado en el considerando VIl, resolutivo Sexto, de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil dieciocho; dicte las determinaciones necesarias encaminadas a lograr el eficaz cumplimiento de los resolutivos Segundo y Cuarto de la citada sentencia, para lo cual podrá hacer uso de los medios de apremio y ordenar las diligencias pertinentes y para el efecto de que la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, residente en Xalapa, Veracruz, en el mismo plazo antes señalado. En tales condiciones, al actualizarse las causales de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechan de plano las demandas de amparo presentadas por Juana Molina Díaz. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el escrito de demanda de derechos fundamentales. Se tiene como autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sandra Vázquez Molina, toda vez que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que cuenta con registro de cédula profesional. De igual manera, como lo solicita la referida quejosa, con fundamento en el artículo 1, 14, 34 y 39, del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite para que pueda acceder y consultar los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con la clave de usuario SandraVM. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar el usuario SandraVM, para que pueda ingresar y consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese y personalmente a la promovente.OAD/asvv

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,101 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano