Juana Meza Rodríguez

Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
747/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2022

Partes del expediente

  • Juana Meza Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a diez de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino. ... este expediente es susceptible de ser destruido. ... Instrucciones al secretario. ...

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... . Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintisiete de julio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Meza Rodríguez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 747/2022/VII-A. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de siete de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en la que ordena se lleve a cabo la diligencia para requerirle el pago de la suerte principal e intereses moratorios dentro del juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, como se precisó en líneas precedentes la quejosa se duele propiamente del acuerdo de siete de abril del año en curso, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II, en la que el Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, ordena se lleve a cabo la diligencia para requerirle el pago de la suerte principal e intereses moratorios. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII2, en relación con el diverso 107, fracción IV3, de la ley de la Ley de Amparo. Para acreditar lo anterior y atento a que en la demanda de cuenta se hace una breve narrativa de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, de la que se desprende que: 1). En el año dos mil quince, José Luis Domínguez Díaz, promovió juicio ejecutivo mercantil contra la aquí quejosa Juana Meza Rodríguez, por diversos actos, la cual dio origen al expediente 713/2015/III radicado en el entonces Juzgado Cuarto de lo Menor, con sede en esta ciudad, mismo que fue redistribuido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, con el número 3249/2018/II. 2). Seguido en sus etapas procesales, se dictó sentencia el once de diciembre de dos mil quince, en la cual se declararon procedentes las prestaciones reclamadas por la parte actora -José Luis Domínguez Díaz-, se inició la etapa de ejecución de sentencia y finalmente por acuerdo de siete de abril del año en curso, se ordenó llevar a cabo la diligencia para requerirle el pago de la suerte principal e intereses moratorios. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Lo anterior pone en evidencia, que se trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución de un juicio donde la quejosa es parte formal y ha comparecido a hacer valer sus derechos, pues así lo manifiesta de manera expresa en su demanda, donde incluso dice que: "emplazados que fuimos los suscritos, mediante el escrito correspondiente comparecimos a dicho juicio dando contestación a la demanda interpuesta en nuestra contra, oponiendo nuestras excepciones y defensas, ofreciendo nuestro material probatorio", lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Por lo que pueden reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Por lo tanto, el auto aquí reclamado fue dictado en la sección de ejecución de sentencia, relativa al juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el cual no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable a algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/20014, con rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido fue dictado dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. Sin que en el caso, se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que como quedó de manifiesto en líneas arriba, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña en el juicio natural, pues fue oída y vencida en el juicio natural. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Felipe Mancilla Márquez, Judith Alejandra Hernández Martínez, José de Jesús Hernández Cruz y Luis Moreno Sánchez, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédulas profesionales; en tanto que Manuel Plutarco Hernández Siliceo y José Rodrigo Hernández Aguilar, únicamente quedan autorizados para recibir notificaciones, en virtud de que no cuentan con cédula profesional. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales.

  3. Principal

    ... fórmese el juicio de amparo bajo el registro 747/2022/VII-A. ....Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. ...... En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la ley de la Ley de Amparo. Para acreditar lo anterior y atento a que en la demanda de cuenta se hace una breve narrativa de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, de la que se desprende que: 1). En el año dos mil quince, José Luis Domínguez Díaz, promovió juicio ejecutivo mercantil contra la aquí quejosa Juana Meza Rodríguez, por diversos actos, la cual dio origen al expediente 713/2015/III radicado en el entonces Juzgado Cuarto de lo Menor, con sede en esta ciudad, mismo que fue redistribuido al Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, con el número 3249/2018/II. 2). Seguido en sus etapas procesales, se dictó sentencia el once de diciembre de dos mil quince, en la cual se declararon procedentes las prestaciones reclamadas por la parte actora -José Luis Domínguez Díaz-, se inició la etapa de ejecución de sentencia y finalmente por acuerdo de siete de abril del año en curso, se ordenó llevar a cabo la diligencia para requerirle el pago de la suerte principal e intereses moratorios. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. .... Lo anterior pone en evidencia, que se trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución de un juicio donde la quejosa es parte formal y ha comparecido a hacer valer sus derechos, pues así lo manifiesta de manera expresa en su demanda, donde incluso dice que: "emplazados que fuimos los suscritos, mediante el escrito correspondiente comparecimos a dicho juicio dando contestación a la demanda interpuesta en nuestra contra, oponiendo nuestras excepciones y defensas, ofreciendo nuestro material probatorio", lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Por lo que pueden reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Por lo tanto, el auto aquí reclamado fue dictado en la sección de ejecución de sentencia, relativa al juicio ejecutivo mercantil 3249/2018/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el cual no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable a algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. ----Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido fue dictado dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. Sin que en el caso, se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que como quedó de manifiesto en líneas arriba, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña en el juicio natural, pues fue oída y vencida en el juicio natural. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. .... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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