Juana García Baizabal
Expediente 221/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 221/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana García Baizabal
Actuaciones
- Principal
...no se interpuso recurso de queja contra el auto de trece de marzo del presente año, por medio del cual se desechó la demanda origen de este juicio...se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente; y, archívese el presente asunto como concluido...
- Principal
| Ahora, tomando en consideración que de las documentales remitidas por la citada autoridad se advierte el oficio SRH/0559/18 de once de marzo del año en curso, a través del cual la Subdirectora de Recursos Humanos informó que las prestaciones que dejó de percibir el quejoso Agileo Oliverio Guillermo García y Muñoz, serán cubiertas el treinta de abril de la presente anualidad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, para que una vez que realice el pago correspondiente al quejoso, remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibida que de no hacerlo y abstenerse de justificar tal circunstancia se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, misma que equivale a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución.
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EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA (NORA ELSY Y ENRIQUEZ DE APELLIDOS REYES GARCÍA, NO ACUDIERON A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE:.. marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Juana García Baizabal, Nora Elsy Reyes García y Enríquez Reyes García, todos por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 221/2019/II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Juana García Baizabal, Nora Elsy Reyes García y Enríquez Reyes García, señalaron como acto reclamado: la posible orden de desalojo con auxilio de la fuerza pública, dictada en los autos del expediente 1550/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en esta ciudad, relativo al inmueble consistente en lote cincuenta y tres, andador trece-catorce, número nueve, manzana trece, de la Unidad Habitacional Pastoresa de Xalapa, Veracruz. En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del expediente 1550/2016 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, pues del escrito de la demanda de amparo, se advierte lo siguiente: a) El aquí tercero interesado Francisco Reyes Dorantes, interpuso demanda en contra de los quejosos, reclamando la desocupación del inmueble consistente en terreno y casa en él construida ubicada en el lote cincuenta y tres, andador trece-catorce, número nueve, manzana trece, de la Unidad Habitacional Pastoresa de Xalapa, Veracruz, así como otras prestaciones; b) El juicio se radicó bajo el expediente número 1550/2016 ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; y seguido las fases procesales del juicio, se emitió sentencia condenatoria en contra de los aquí quejosos; d) Contra la resolución emitida por Juez responsable, la parte aquí quejosa interpuso recurso de apelación; sin embargo, fue confirmada por la Sala del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz; e) Actualmente, en la etapa de ejecución de sentencia se le ha notificado y requerido a los impetrantes del amparo, la entrega del bien inmueble, con el apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la diligencia de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública; f) En virtud de lo anterior, los aquí promoventes se duelen de que posiblemente el Juez responsable haya hecho efectivo el apercibimiento señalado líneas precedentes, y haya ordenado su lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Lo anterior es así, ya que trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que puede reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Asimismo el acuerdo que reclamada la parte quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia: VI.2o.C. J/253 , con rubro dice: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN." De igual forma, por sus consideraciones se invoca como sustento la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido al Juez responsable consistente en la posible orden de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendente, concretamente en este caso, a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de las partes quejosas para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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