Juana María Sánchez Martínez
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juana María Sánchez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se decretó el sobreseimiento en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; debiendo agregar a estos autos los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en el estado en que se encuentran; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento en el juicio y que dicha determinación causa ejecutoria con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. En virtud de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto invocado, procede la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, trascurrido el plazo de seis meses que se indica en el referido punto; además, en acatamiento a lo ordenado por el diverso punto Vigésimo Primero, fracción III, primer párrafo del propio ordenamiento en cita, debido a que se negó la medida cautelar solicitada deberá destruirse el cuaderno original del incidente una vez concluido el plazo de cinco años que señala el referido punto, para tal fin deberá costurarse a los presentes autos el original de referencia, mientras que el duplicado sólo se integrará al expediente sin coserse, para los efectos de la destrucción ordenada.
- Principal
ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el veinticinco de agosto del año en curso, se desechó la ampliación de demanda respecto del acto reclamado consistente en la falta de fundamentación y motivación del citatorio girado por la responsable dentro de la averiguación previa 086/V/2010. Asimismo, que dicho auto se notificó a la parte quejosa el uno de septiembre del año en curso, por medio de lista que se fijó en los estrados de este Juzgado, previo citatorio, por lo que no ha transcurrido el término de cinco días que le concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, para interponer en su caso el posible recurso de queja. Diferimiento audiencia constitucional. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa Juana María Sánchez Martínez, mediante el que solicita la ampliación de su demanda, en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, que hace consistir en la falta de fundamentación y motivación del citatorio girado por la responsable dentro de la averiguación previa 086/V/2010. Precisión del acto reclamado Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la ampliación de demanda se colige que la quejosa reclama, el oficio UPDE/1090/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, derivado de la averiguación previa penal AP/PGJE/SLP/AMEIDCSP/MI/086/V/2020, en el que se le citó para el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno a las once horas. Desechamiento. Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y contenido: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación.". Lo anterior porque el numeral 62 de la Ley de Amparo establece el análisis oficioso de las causas de improcedencia y su artículo 113 de la Ley de Amparo posibilita al juzgador de amparo a desechar una demanda de plano, o sin mayor trámite, bajo la condición ineludible de que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable. Causa de improcedencia. En el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII, todos de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita a. Marco normativo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. b. Análisis del caso concreto. De la copia del oficio UPDE/1090/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que el agente responsable la citó para que compareciera a rendir declaración ministerial, a las once horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la averiguación previa penal AP/PGJE/SLP/AMEIDCSP/MI/086/V/2020. Lo cual implica que la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la comparecencia de la quejosa ya transcurrió. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado, consistente en el citatorio contenido en el oficio UPDE/1090/2021, de dos de agosto de dos mil veintiuno, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por el solo transcurrir del tiempo. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se concediese el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se dejase sin efecto la orden de citación reclamada, sin embargo, lo cierto es que ésta ya jurídicamente no tiene efectos por la terminación de su eficacia por el simple hecho de que la hora y fecha citada ya ha transcurrido, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. De ahí que no tendría caso alguno examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediese la protección federal su vigencia ha expirado, esto es, en la actualidad no tiene efectos la orden de citación para día y hora específica, porque la aludida citación ha dejado de tener validez para el mundo del derecho, de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia señalada. Máxime, si no se apercibió a la quejosa con la imposición de algún medio de apremio, como lo son arresto, multa o presentación por medio de la fuerza pública. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable está en aptitud de volver a citar a la peticionaria de amparo, sin embargo, podrá impugnar una diversa citación o comparecencia a través del medio de defensa legal que sea procedente. c. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de la demanda de amparo.
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