Juana María Martínez Hernández

Expediente 854/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
854/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
21/01/2021

Partes del expediente

  • Juana María Martínez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Visto el estado que guarda este asunto, se advierte que a la data en que se decretó la suspensión de actividades jurisdiccionales por medio de la circular CAP/3/2020, se encontraba en vías de cumplimiento, por tanto, se provee: Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, por el que se desechó la demanda de amparo con que se formó este expediente. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo con que se formó este juicio de amparo y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, en virtud de que este asunto no es de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por **************, mediante el cual da cumplimiento con los requerimientos realizados mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso. Precisado lo anterior, este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata y su escrito aclaratorio, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda y su escrito aclaratorio, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo y su aclaración, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente, la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, a través del cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". En ese sentido, para explicar el por qué se estima actualizada la causa de improcedencia en análisis, resulta necesario precisar los antecedentes más relevantes del acto reclamado y que se advierten de las constancias con las que se cuenta para resolver, los cuales son los siguientes: Caso concreto. Como se indicó, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, a través del cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. De lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento judicial, específicamente en el juicio 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, y dicha determinación reclamada fue emitida durante la etapa de trámite, esto es, previo a la conclusión del procedimiento; misma que únicamente versa sobre la cuestión relativa a haber declarado la nulidad de diversas notificaciones practicadas a la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. Esto es, el tema íntimamente relacionado con el acto reclamado es esencialmente adjetivo, es decir, procesal, ya que únicamente se refiere a una determinación en la que se declaró la nulidad de diversas notificaciones realizadas a la quejosa y, por ende, se dejaron sin efecto diversos apercibimientos y requerimientos que se le habían formulado; alegando la quejosa únicamente cuestiones de carácter procesal en contra de la resolución en cita, específicamente lo concerniente a que no se dejó sin efecto todo lo actuado. De ahí que, se considere que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, ya que, en su caso, el acto reclamado podría constituir una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, la determinación dictada por la autoridad responsable, no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento de origen, por lo que sus consecuencias son meramente procesales; por tanto, sus efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable, es decir, el perjuicio formal que se pudiera originar desaparecerá de obtener una sentencia favorable, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tales actos de autoridad. Inclusive, aun en caso de obtener una sentencia condenatoria, podría hace valer dicha violación procesal en amparo directo, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE DIECIOHCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por **************, mediante el cual da cumplimiento con los requerimientos realizados mediante proveído de diecisiete de noviembre del año en curso. Precisado lo anterior, este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata y su escrito aclaratorio, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisión de los actos reclamados. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda y su escrito aclaratorio, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Así, de un análisis integral de la demanda de la demanda de amparo y su aclaración, se obtiene que la parte quejosa reclama, sustancialmente, la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, a través del cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. Una vez establecido lo anterior, esta autoridad estima que la demanda de amparo es improcedente, al actualizarse de una manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De conformidad con lo anterior, el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación; entendiéndose por éstos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho de que se trate. Sobre el particular, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no pueden seguir siendo aplicables los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, debido a que tales criterios se generaron al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dichos criterios para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor; puesto que hacer extensivo el concepto de "actos de imposible reparación" o "de ejecución irreparable" "a violaciones procesales o adjetivas, que no afecten en forma directa derechos sustantivos, resulta incompatible con el nuevo texto legal", porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica "es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva". En ese sentido, para explicar el por qué se estima actualizada la causa de improcedencia en análisis, resulta necesario precisar los antecedentes más relevantes del acto reclamado y que se advierten de las constancias con las que se cuenta para resolver, los cuales son los siguientes: Caso concreto. Como se indicó, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, a través del cual se declaró fundado el incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. De lo expuesto en la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento judicial, específicamente en el juicio 447/2018, del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, y dicha determinación reclamada fue emitida durante la etapa de trámite, esto es, previo a la conclusión del procedimiento; misma que únicamente versa sobre la cuestión relativa a haber declarado la nulidad de diversas notificaciones practicadas a la propia quejosa Juana María Martínez Hernández. Esto es, el tema íntimamente relacionado con el acto reclamado es esencialmente adjetivo, es decir, procesal, ya que únicamente se refiere a una determinación en la que se declaró la nulidad de diversas notificaciones realizadas a la quejosa y, por ende, se dejaron sin efecto diversos apercibimientos y requerimientos que se le habían formulado; alegando la quejosa únicamente cuestiones de carácter procesal en contra de la resolución en cita, específicamente lo concerniente a que no se dejó sin efecto todo lo actuado. De ahí que, se considere que la resolución reclamada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues con tal decisión no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, ya que, en su caso, el acto reclamado podría constituir una violación procesal que no es de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, la determinación dictada por la autoridad responsable, no constituye un acto de imposible reparación, pues el mismo no incide sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento de origen, por lo que sus consecuencias son meramente procesales; por tanto, sus efectos se extinguen en el caso de obtener una sentencia favorable, es decir, el perjuicio formal que se pudiera originar desaparecerá de obtener una sentencia favorable, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo con tales actos de autoridad. Inclusive, aun en caso de obtener una sentencia condenatoria, podría hace valer dicha violación procesal en amparo directo, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 170, de la Ley de Amparo. Desechamiento En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, con fundamento en lo dispuesto por el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo planteada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa *******, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la determinación de diecisiete de noviembre del presente año; en atención a su contenido se acuerda. En vista de lo anterior y, una vez analizado el contenido del referido escrito, dígase a la promovente que subsiste el requerimiento de diecisiete de noviembre del año en curso; en virtud de que si bien manifiesta que el acto reclamado lo hace consistir en la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre del año en curso, dictada en los autos del expediente 447/2018 del índice del Juzgado Primero Familiar de esta ciudad, sin embargo no menciona cuando tuvo conocimiento de dicho acto, así como tampoco especificó de manera clara, cronológica y completa los antecedentes del acto reclamado. Por tanto, sigue subsistiendo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de noviembre del presente año. En la inteligencia de que continúa corriendo el término concedido, en referido auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecinueve, que le fue notificado el veintisiete del mismo mes y año, surtiendo sus efectos el treinta de noviembre siguiente; por lo que el plazo de cinco días transcurría del uno al siete; sin embargo, el cuatro de diciembre del año que transcurre, presentó ocurso interrumpiendo dicho plazo, por tanto, cuenta con un día a efecto de dar cumplimiento con lo anterior, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Notifíquese personalmente.

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