Juana Ma. del Carmen Gonzalez Rodriguez

Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
261/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Juana Ma. del Carmen Gonzalez Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa en el amparo en revisión 126/2022, de su índice, se admitió el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Elvira Bravo Zamarrón, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, contra la sentencia de amparo y, al afecto remite copia del citado medio de impugnación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Juana Ma. del Carmen González Rodríguez, contra actos del Juzgado Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí, que estima violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 261/2022-V. Ahora bien, examinado el contenido del escrito inicial de demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: En esta instancia constitucional la parte promovente señala como acto reclamado la determinación emitida por el Juez Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en el municipio de Rioverde, San Luis Potosí dentro de la audiencia preliminar de diez de febrero de dos mil veintidós, consistente en la admisión de la prueba pericial ofrecida por la persona que señala como tercero interesada, dentro de los autos del juicio de origen 16/2021. Ahora bien, en esencia, la promovente señala que la admisión de la prueba pericial ofrecida en el juicio de origen, le causa una afectación material en su patrimonio por el pago de honorarios que tendría que pagarle al perito que en su caso designe; aunado a que, aduce, la misma fue admitida en contravención a lo ordenado por la ley que rige el referido juicio de origen. Pues bien, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento. De las porciones normativas citadas, se tiene que el juicio de amparo es improcedente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley de la materia. Del mismo modo, se extrae que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. En ese orden, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Ahora, es de precisarse que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la impetrante consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, pues no le impide el ejercicio de algún derecho, es decir, no atenta en contra de aquéllas prerrogativas de las que no se le puede privar ni restringir, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello; de ahí que, las consecuencias de la determinación reclamada son sólo intraprocesales, toda vez que tiene el efecto de continuar con el trámite del procedimiento natural; de ahí, la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que, como se estableció con antelación, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie. Así resulta, ya que de obtener la parte agraviada una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el recurso ordinario, o bien, en el amparo que se intente en contra de dicho fallo. En otras palabras, los actos procesales no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en ese caso los efectos producidos por aquellas actuaciones desaparecen, pues dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa y, por tanto, no son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Se tiene como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a Israel Domínguez Castro, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella a través del usuario "EstudioLegalDC", dejando sin efecto el domicilio que señala en su demanda. En el entendido de que de ser su deseo señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, deberá desistir del señalamiento para que se le practiquen en forma electrónica. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juana Ma. del Carmen González Rodríguez. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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