Juana Lizbeth Parra Torres

Expediente 377/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
377/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Juana Lizbeth Parra Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Juana Lizbeth Parra Torres, por propio derecho y en representación de su hijo MACP, contra actos del Juez Especializado en Divorcio Voluntario de esta ciudad, con copias que se acompañan; personería que se le reconoce al tenor del acta de nacimiento certificada que acompaña, de conformidad con el artículo 10 de la Ley de Amparo; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 377/2021-V. Examinada la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama: El acuerdo dictado el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en el que se requirió a la quejosa Juana Lizbeth Parra Torres para que acreditara el cumplimiento al convenio que celebró en el juicio natural con Miguel Castro Meléndez (padre del menor), apercibida que de no hacerlo se le impondría una multa. En concepto de esta juzgadora, sobre la determinación reclamada dictada en la etapa de ejecución del convenio celebrado por las partes en el juicio natural, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito se desprenden diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio constitucional exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Por "última resolución", debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o bien, la que declara la imposibilidad material o jurídica de cumplir con la sentencia o las que declaran el archivo definitivo del expediente. De acuerdo con lo expuesto, se puede concluir que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo que se promueva en contra del último emitido en el procedimiento correspondiente y, de manera excepcional, es procedente el juicio de derechos fundamentales cuando el acto reclamado, aun dictado en la etapa de ejecución de sentencia, tiene autonomía propia y no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. En el caso en concreto, de lo manifestado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se pone en evidencia que el acto que en esta vía se reclama (requerimiento para demostrar que se da cumplimiento a la cláusula séptima del convenio celebrado en el juicio, relativa a la convivencia del menor con su progenitor) no es una resolución con la cual se pueda dar por concluida la etapa de ejecución del convenio con el que culminó la controversia, en razón de que en ésta no se analiza si el aludido convenio quedó cumplido en su totalidad o no, ni se declaró la imposibilidad de llegar a su cumplimiento, ni se ordenó el archivo del expediente. Además, dicho acuerdo no está revestido de autonomía propia, pues los derechos subjetivos que se ven afectados con el actuar de la autoridad responsable no son ajenos al pacto celebrado en el juicio, en razón de que la quejosa refiere que en la cláusula séptima se convino sobre la convivencia del infante con su padre, lo que pone de manifiesto que el requerimiento reclamado es una consecuencia directa y necesaria de la ejecución del convenio, de ahí la improcedencia de la acción constitucional. Ante tal circunstancia, es palmario que la determinación reclamada no constituye la "última resolución" en el procedimiento de ejecución de que se trata, ni tiene autonomía propia, en tanto que es una consecuencia necesaria y directa de lo pactado en el convenio celebrado por las partes en el juicio natural y, por ende, en su contra es improcedente el juicio constitucional en términos del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, a juicio de la suscrita, se acredita la causa de inejercitabilidad contenida en la fracción XII del artículo 61 en relación con el dispositivo 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XII, dispone en su primera hipótesis, que es improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia; mientras que el segundo, prevé dos supuestos, uno, relativo a que la protección constitucional la puede solicitar quien es titular de un derecho subjetivo afectado de manera real y directa, o bien, quien alega tener un derecho legítimo. Por tanto, es evidente que el solo apercibimiento no afecta la esfera jurídica de la parte demandante, dado que se trata de un acto futuro, incierto y supeditado, además, a la voluntad de quienes se encuentran en aptitud de cumplir con lo requerido. Por tanto, en el presente caso, la actualización del apercibimiento reclamado dependerá en todo momento de la conducta que se exteriorice en el juicio de origen en relación con el mandato judicial, de tal suerte que si se cumple con lo ordenado, la autoridad no tendría razón para emitir alguna determinación que cause agravio a la accionante del amparo. De ahí que esta juzgadora considere que el acto reclamado no ocasiona un agravio personal y directo a la parte quejosa, ya que, en relación con el infante, el requerimiento no se encuentra dirigido a él; y respecto a la quejosa, será hasta que se imponga alguna sanción con motivo del incumplimiento cuando se genere un perjuicio a su esfera jurídica, por lo cual es evidente que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, ante la actualización notoria, manifiesta e indudable de las causas de improcedencia examinadas, lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados para tal efecto, a las personas que menciona, por así solicitarlo. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Por último, atendiendo que en el caso se promueve el amparo a favor de un menor de edad, y acorde al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de proteger su identidad y bienestar, se ordena suprimir de las actuaciones del presente procedimiento, el nombre completo así como cualquier otro dato que pueda revelar la identificación de la infante, debiendo referirse a aquélla con sus iniciales en caso indispensable, o bien, sólo aduciendo a la menor o infante según se estime necesario. Por ende, se instruye a los actuarios adscritos a que de igual forma, no se inserte en la lista de acuerdos o cualquier actuación que lleven a cabo, el nombre o datos de identificación de la menor de edad en comento. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

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