Juana Lilia Palafóx Morales
Expediente 174/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juana Lilia Palafóx Morales
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil veinte. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veinte (fojas 42 a 52), en la que se determinó negar el amaro en el presente juicio, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, hágase del conocimiento de las partes que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es depurable por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 18. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 18 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de noventa días que dispone el artículo 18, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo; por tanto, es susceptible de destrucción. En consecuencia, una vez transcurrido el plazo de conservación precisado en el primer párrafo del artículo 21 del citado acuerdo (tres años), dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término en comento deberá destruirse el citado incidente y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Documentos originales Sin que sean necesarios requerir a las partes para devolución de documentos originales o billetes de depósito al no obrar estos en autos.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veinte VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 174/2020-I, promovido por Juana Lilia Palafox Morales, respecto de los actos de las autoridades que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Juana Lilia Palafox Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) AUTORIDAD ORDENADORA.- Lo es la MAGISTRADA DE LA PRIMERA PONENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE D CADA AUTORIDAD SE RECLAMEN; De la autoridad señalada como ordenadora denominada: MAGISTRADA DE LA PRIMERA PONENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA, la negativa de la suspensión del acto reclamado que fue dictada mediante auto de fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte y notificado a la suscrita con fecha siete de febrero del año dos mil veinte, en el apartado de "SUSPENSIÓN" del cuerpo del mencionado auto, el cual acompaño al presente escrito mediante el instructivo de notificación como anexo número uno, negativa dictada dentro del expediente número REVISIÓN 13/2020, relativo al recurso de revisión, radicado en la primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, negativa del acto reclamado que resulta ser notoriamente antijurídico, ilegal y anticonstitucional. Suspensión del acto reclamado que solicite en mi escrito inicial de recurso de revisión de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, con fecha de recibo ante el tribunal administrativo del Estado de Tlaxcala, de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve." El tres de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 174/2020-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional y se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a los terceros interesados, y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Así, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados derivan de un procedimiento tramitado por una autoridad con jurisdicción en el Estado de Tlaxcala. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: El auto de veintisiete de enero del año dos mil veinte y notificado a la quejosa el siete de febrero siguiente, dictado en el expediente número REVISIÓN 13/2020, radicado en la primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el que se le negó la suspensión del acto ahí reclamado. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 30 a 32), además, se demuestra con las constancias que remitió, las que se manejan en un tomo por cuerda separada y a las que dada su naturaleza pública, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA Conviene precisar que el siete de febrero de dos mil veinte la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, por lo que esa fecha es la que debe tomarse en consideración para computar el plazo para promover el presente juicio constitucional. Al respecto, de los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo, se desprende la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda de amparo inició el diez siguiente y concluyó el veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: FEBRERO DE 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO 8 9 10 (Día 1) 11 (Día 2) 12 (Día 3) 13 (Día 4) 14 (Día 5) 15 16 17 (Día 6) 18 (Día 7) 19 (Día 8) 20 (Día 9) 21 (Día 10) 22 23 24 (Día 11) 25 (Día 12) 26 (Día 13) 27 (Día 14) 28 (Día 15) PRESENTACIÓN 29 Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se colige que fue presentada de manera oportuna dentro del plazo legal previsto en la Ley de Amparo. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, cabe hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado: Mediante diligencia de inspección de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, personal operativo de la Dirección de Desarrollo Económico, del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, se constituyó en las instalaciones del Mercado Municipal Loma Verde, en cumplimiento al oficio DESECO/0435/2019, con la finalidad de verificar que todos los locales comerciales contaran con: 1) El pago por uso y aprovechamiento de local comercial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; 2) Licencia municipal de funcionamiento; y, 3) Cédula de identificación como locatario del Mercado Municipal Loma Verde. Al estar presente el personal operativo antes mencionado en el local exterior señalado con el número ocho, supuestamente concesionado a nombre de la aquí quejosa Juana Lilia Palafox Morarles, se entrevistó con el encargado de dicho local comercial a quién se le entregó la orden de inspección, quien a su vez se negó a firmar de recibo y manifestó que ".no cuenta con Licencia Municipal de funcionamiento para el Ejercicio Fiscal 2019, que no cuenta con pago por uso y aprovechamiento del Local Comercial.", por lo que se consideró la medida de seguridad consistente en la suspensión provisional de actividades hasta la regulación correspondiente (fojas 47 a 49, del tomo de pruebas). Ante dicha determinación, la autoridad municipal competente radicó el expediente SG-REV-CON/001-2020, dictando el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el cual determinó aplicar la medida de seguridad consistente en la clausura temporal del establecimiento, ubicado en el local exterior número ocho del Mercado Municipal Loma Verde; asimismo, iniciar el procedimiento para la Revocación de Concesión, del local exterior número ocho, del Mercado Municipal Loma Verde, principalmente por carecer de pago por uso y aprovechamiento, licencia municipal de funcionamiento y cédula de identificación que acreditara como locatario de dicho inmueble comercial (fojas 17 a 19, del tomo de pruebas). Inconforme con esa determinación, la aquí quejosa Juana Lilia Palafox Morales, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (fojas 2 a 25, del tomo de pruebas), mismo que se radicó con el número 13/2020, dictando el acuerdo de radicación el veintisiete de enero de dos mil veinte, en el que se negó la suspensión del acto reclamado, por los motivos ahí expuestos (fojas 27 a 29, del tomo de pruebas). El mencionado acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Atento a lo anterior, al no existir causa de improcedencia formulada por las partes u otra que advierta este órgano jurisdiccional que amerite estudio o actualización, se procede al estudio del asunto. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". ESTUDIO DE FONDO Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son inoperantes e infundados. En su primer concepto de violación, la impetrante del amparo esencialmente refiere que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 14 constitucional, 26, 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud de que: a) su solicitud de suspensión cumple con lo establecido por el numeral 129 antes citado; b) la colocación de sellos implica actos continuos cuyos efectos se prolongan en el tiempo e impiden la realización futura de las actividades propias de los establecimientos, ocasionando daños de imposible reparación; c) la magistrada responsable debió concederle la suspensión porque acreditó con documentales públicas que la autoridad municipal actuó de manera ilegal y arbitraria al realizar la clausura y colocación de sellos; y, d) si la autoridad responsable consideró que la licencia de funcionamiento o concesión era indispensable para conceder la medida cautelar, hubiera realizado una prevención, con fundamento en el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Los argumentos identificados con los incisos a), b) y c), son inoperantes, en virtud de que no atacan las consideraciones que sustentan el acto reclamado. En efecto, para negar la suspensión solicitada por la parte actora, aquí quejosa, la autoridad responsable citó como fundamento el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad." Asimismo, como motivación, la responsable señaló que la interesada omitió exhibir la licencia de funcionamiento vigente, por lo que, al no tener certeza de que la referida licencia haya sido revalidada, la titular de ésta carecería del derecho cuya preservación pretende obtener, toda vez que la medida cautelar no puede tener como efecto constituir derechos, por lo que, de concederse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, puesto que la clausura prevista por la falta de revalidación de licencias de funcionamiento es reveladora de que la sociedad está interesada en que estos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad, así como a la legislación aplicable. Como se podrá observar, del contraste que se hace entre el acto reclamado y los motivos de inconformidad que se analizan, se puede advertir que la quejosa no atacó los fundamentos y motivos en que sustenta la negativa de la suspensión de que se duele; de ahí que se califiquen de inoperantes, en la inteligencia de que, en la especie, no existe la obligación de suplir la deficiencia de la queja, porque la accionante no se ubica en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el motivo de disenso precisado en el inciso d) es infundado. Lo anterior, en virtud de que es inexacto que el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios le imponía a la autoridad responsable la obligación de prevenir a la actora para que exhibiera la licencia de funcionamiento o concesión que aquélla consideró indispensable para conceder la medida cautelar. Para dar respuesta a lo anterior, resulta necesario analizar lo que disponen los artículos 25 y 26 de la mencionada ley administrativa: "Artículo 25. Las promociones deben contener, cuando menos, los siguientes requisitos: I. El nombre de la autoridad a la que se dirige; II. El nombre, denominación o razón social del o los promoventes y en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personería, así como la designación de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones y documentos; III. El domicilio para recibir notificaciones; IV. La petición que se formula; V. La descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición; VI. Los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija; VII. Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir, y VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o en su caso, la de su representante legal. Artículo 26. En ningún caso se deben rechazar los escritos que se presenten en las unidades de recepción de las autoridades competentes. Cuando la autoridad competente considere que la solicitud o escrito inicial no reúne todos los requisitos previstos por el artículo anterior, prevendrá al interesado por escrito y una sola vez para que subsane las omisiones en un término de cinco días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento." Del artículo 25 transcrito se advierte cuáles son los requisitos mínimos que deben contener las promociones y entre esos requisitos no se encuentran los documentos que justifiquen el interés de la parte actora para obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Por el contrario, la fracción VI del precepto citado dispone la obligación del promovente de cumplir con los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables al ofrecer, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija. Tal porción normativa se debe entender como una carga procesal del interesado y no como una obligación para la autoridad, en virtud de que la prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio. Resulta ilustrativa al caso, la tesis 1a. CCVI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 598, con número de registro 2009352, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACIÓN PROCESAL Y CARGA PROCESAL. La prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio; sin embargo, dicha regla admite algunas excepciones, por ejemplo, cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal", en donde ya no se actúa en interés propio, sino ajeno y, por tanto, la exhibición de la prueba al juicio deja de ser una "carga procesal" para convertirse en una obligación que la parte requerida está constreñida a cumplir, bajo el apercibimiento de una sanción. Lo anterior se explica si se considera que la finalidad perseguida por el procedimiento judicial es cumplir el derecho fundamental de acceso a la justicia de todas las partes involucradas, lo cual no puede quedar a la voluntad de una sola de ellas." En este contexto, al no actualizarse ninguno de los supuestos que prevé el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es por lo que tampoco la magistrada responsable tenía la obligación de prevenir a la parte actora, en los términos que señala el artículo 26 del citado ordenamiento legal, para que exhibiera las pruebas que justificaran su interés suspensional, puesto que, como ya se dijo, le correspondía a la parte actora la carga de probar dicho interés. En su segundo concepto de violación refiere la disconforme que el acto reclamado viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación, ya que, para negar la suspensión, la responsable citó el numeral 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuando dicho precepto dispone lo contrario. También dice que la responsable dejó de lado y sin observar las deficiencias técnicas y la clara violación del procedimiento en que incurrió la autoridad municipal al llevar a cabo la clausura temporal del establecimiento comercial, el cual estaba cerrado, por lo que dicha clausura realizada de manera unilateral no le dio la oportunidad de mostrar su concesión, siendo que la responsable ponderó y priorizó la falta de licencia de funcionamiento sobre la violación de sus derechos humanos. No le asiste la razón a la quejosa respecto a la falta de una debida fundamentación y motivación del acto reclamado, por el hecho de que se le haya negado la suspensión cuando el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios dispone lo contrario. Uno de los requisitos que impone el artículo 129 para suspender la ejecución del acto impugnado es que lo solicite expresamente el recurrente (fracción I), lo que implica la carga del solicitante de demostrar que le asiste un derecho previamente constituido y que es afectado por la ejecución de la resolución o acto impugnado, lo que haría procedente la medida suspensional. De ahí que, adverso a lo que pretende la quejosa, el precepto legal citado no se puede interpretar como un derecho absoluto de los demandantes en el juicio contencioso administrativo a obtener en todos los casos, sin condiciones ni requisito alguno, la suspensión del acto administrativo impugnado, pues, como se explicó, dicha medida cautelar está condicionada a que el peticionario acredite su interés suspensional. Igualmente resulta infundado el argumento consistente en que la responsable ignoró las deficiencias técnicas y la violación del procedimiento en que incurrió la autoridad demandada al llevar a cabo la clausura temporal del establecimiento comercial, el cual estaba cerrado, por lo que dicha clausura realizada de manera unilateral no le dio la oportunidad de mostrar su concesión, siendo que la responsable ponderó y priorizó la falta de licencia de funcionamiento sobre la violación de sus derechos humanos. Esto es así, ya que los vicios que le atribuya la actora al acto administrativo recurrido no justificarían per se la concesión de la suspensión, ya que primero debe acreditar, como ya se dijo reiteradamente, su interés suspensional. Ahora, el hecho de que el local comercial haya quedado cerrado por virtud de la clausura tampoco obliga a la responsable a conceder la suspensión, pues, se itera, le corresponde a la actora la carga de la prueba del interés suspensional y, para ello, si la licencia de funcionamiento vigente de la hoy quejosa quedó dentro de dicho local, la accionante bien pudo haber hecho del conocimiento tal circunstancia a la responsable y solicitarle que obligara a la autoridad demandada a que permitiera el acceso al inmueble para recuperar ese documento y exhibirlo en el juicio administrativo, pues, en este supuesto, ya no sería carga de la actora exhibir el documento respectivo al encontrarse en poder de su contraria, sino obligación de la demandada permitir la obtención del mismo. Por último, en el tercer concepto de violación, la parte quejosa afirma que el acto reclamado viola en su perjuicio el artículo 5 constitucional, ya que le impide dedicarse a la actividad comercial que decidió desarrollar, la cual se dedica de manera lícita y representa su forma de subsistir. Lo anterior es inoperante, en virtud de que no ataca los fundamentos y motivos en que se sustenta la negativa de la suspensión reclamada, mismos que ya quedaron precisados en párrafos anteriores, sin que, en el caso, exista obligación de suplir la deficiencia de la queja, por los motivos señalados anteriormente. En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación analizados, resulta procedente la negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juana Lilia Palafox Morales, contra el acto y autoridad responsable, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, asistido de Jorge Vallejo Rivera, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte: RApizaco, Tlaxcala, treinta de septiembre de dos mil veinte VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 174/2020-I, promovido por Juana Lilia Palafox Morales, respecto de los actos de las autoridades que más adelante se precisan, por considerarlos violatorios de derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Por escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Juana Lilia Palafox Morales, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: a) AUTORIDAD ORDENADORA.- Lo es la MAGISTRADA DE LA PRIMERA PONENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE D CADA AUTORIDAD SE RECLAMEN; De la autoridad señalada como ordenadora denominada: MAGISTRADA DE LA PRIMERA PONENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA, la negativa de la suspensión del acto reclamado que fue dictada mediante auto de fecha veintisiete de enero del año dos mil veinte y notificado a la suscrita con fecha siete de febrero del año dos mil veinte, en el apartado de "SUSPENSIÓN" del cuerpo del mencionado auto, el cual acompaño al presente escrito mediante el instructivo de notificación como anexo número uno, negativa dictada dentro del expediente número REVISIÓN 13/2020, relativo al recurso de revisión, radicado en la primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, negativa del acto reclamado que resulta ser notoriamente antijurídico, ilegal y anticonstitucional. Suspensión del acto reclamado que solicite en mi escrito inicial de recurso de revisión de fecha veintitrés de enero de dos mil veinte, con fecha de recibo ante el tribunal administrativo del Estado de Tlaxcala, de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve." El tres de marzo de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 174/2020-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional y se admitió a trámite, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete, se ordenó emplazar a los terceros interesados, y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Así, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que los actos reclamados derivan de un procedimiento tramitado por una autoridad con jurisdicción en el Estado de Tlaxcala. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: El auto de veintisiete de enero del año dos mil veinte y notificado a la quejosa el siete de febrero siguiente, dictado en el expediente número REVISIÓN 13/2020, radicado en la primera ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el que se le negó la suspensión del acto ahí reclamado. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 30 a 32), además, se demuestra con las constancias que remitió, las que se manejan en un tomo por cuerda separada y a las que dada su naturaleza pública, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACION DE LA DEMANDA Conviene precisar que el siete de febrero de dos mil veinte la parte quejosa fue notificada del acto reclamado, por lo que esa fecha es la que debe tomarse en consideración para computar el plazo para promover el presente juicio constitucional. Al respecto, de los artículos 17, párrafo primero, y 18 de la Ley de Amparo, se desprende la existencia de tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, excluyentes entres sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la interposición de la demanda de amparo inició el diez siguiente y concluyó el veintiocho de febrero de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tal como se pone de manifiesto con el siguiente calendario: FEBRERO DE 2020 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 5 6 7 SE NOTIFICÓ EL ACTO RECLAMADO 8 9 10 (Día 1) 11 (Día 2) 12 (Día 3) 13 (Día 4) 14 (Día 5) 15 16 17 (Día 6) 18 (Día 7) 19 (Día 8) 20 (Día 9) 21 (Día 10) 22 23 24 (Día 11) 25 (Día 12) 26 (Día 13) 27 (Día 14) 28 (Día 15) PRESENTACIÓN 29 Por tanto, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se colige que fue presentada de manera oportuna dentro del plazo legal previsto en la Ley de Amparo. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, cabe hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado: Mediante diligencia de inspección de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, personal operativo de la Dirección de Desarrollo Económico, del Ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, se constituyó en las instalaciones del Mercado Municipal Loma Verde, en cumplimiento al oficio DESECO/0435/2019, con la finalidad de verificar que todos los locales comerciales contaran con: 1) El pago por uso y aprovechamiento de local comercial para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; 2) Licencia municipal de funcionamiento; y, 3) Cédula de identificación como locatario del Mercado Municipal Loma Verde. Al estar presente el personal operativo antes mencionado en el local exterior señalado con el número ocho, supuestamente concesionado a nombre de la aquí quejosa Juana Lilia Palafox Morarles, se entrevistó con el encargado de dicho local comercial a quién se le entregó la orden de inspección, quien a su vez se negó a firmar de recibo y manifestó que ".no cuenta con Licencia Municipal de funcionamiento para el Ejercicio Fiscal 2019, que no cuenta con pago por uso y aprovechamiento del Local Comercial.", por lo que se consideró la medida de seguridad consistente en la suspensión provisional de actividades hasta la regulación correspondiente (fojas 47 a 49, del tomo de pruebas). Ante dicha determinación, la autoridad municipal competente radicó el expediente SG-REV-CON/001-2020, dictando el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, en el cual determinó aplicar la medida de seguridad consistente en la clausura temporal del establecimiento, ubicado en el local exterior número ocho del Mercado Municipal Loma Verde; asimismo, iniciar el procedimiento para la Revocación de Concesión, del local exterior número ocho, del Mercado Municipal Loma Verde, principalmente por carecer de pago por uso y aprovechamiento, licencia municipal de funcionamiento y cédula de identificación que acreditara como locatario de dicho inmueble comercial (fojas 17 a 19, del tomo de pruebas). Inconforme con esa determinación, la aquí quejosa Juana Lilia Palafox Morales, interpuso recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala (fojas 2 a 25, del tomo de pruebas), mismo que se radicó con el número 13/2020, dictando el acuerdo de radicación el veintisiete de enero de dos mil veinte, en el que se negó la suspensión del acto reclamado, por los motivos ahí expuestos (fojas 27 a 29, del tomo de pruebas). El mencionado acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. ESTUDIO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262 del Apéndice de 1985, Quinta Época, Tomo VII, Materia Común, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Atento a lo anterior, al no existir causa de improcedencia formulada por las partes u otra que advierta este órgano jurisdiccional que amerite estudio o actualización, se procede al estudio del asunto. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN No se trascriben los motivos de inconformidad, en términos de la esencia que rige la jurisprudencia 2a./J.58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". ESTUDIO DE FONDO Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son inoperantes e infundados. En su primer concepto de violación, la impetrante del amparo esencialmente refiere que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 14 constitucional, 26, 124, 125, 127, 128 y 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, en virtud de que: a) su solicitud de suspensión cumple con lo establecido por el numeral 129 antes citado; b) la colocación de sellos implica actos continuos cuyos efectos se prolongan en el tiempo e impiden la realización futura de las actividades propias de los establecimientos, ocasionando daños de imposible reparación; c) la magistrada responsable debió concederle la suspensión porque acreditó con documentales públicas que la autoridad municipal actuó de manera ilegal y arbitraria al realizar la clausura y colocación de sellos; y, d) si la autoridad responsable consideró que la licencia de funcionamiento o concesión era indispensable para conceder la medida cautelar, hubiera realizado una prevención, con fundamento en el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Los argumentos identificados con los incisos a), b) y c), son inoperantes, en virtud de que no atacan las consideraciones que sustentan el acto reclamado. En efecto, para negar la suspensión solicitada por la parte actora, aquí quejosa, la autoridad responsable citó como fundamento el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, así como la tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 557, Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad." Asimismo, como motivación, la responsable señaló que la interesada omitió exhibir la licencia de funcionamiento vigente, por lo que, al no tener certeza de que la referida licencia haya sido revalidada, la titular de ésta carecería del derecho cuya preservación pretende obtener, toda vez que la medida cautelar no puede tener como efecto constituir derechos, por lo que, de concederse, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, puesto que la clausura prevista por la falta de revalidación de licencias de funcionamiento es reveladora de que la sociedad está interesada en que estos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad, así como a la legislación aplicable. Como se podrá observar, del contraste que se hace entre el acto reclamado y los motivos de inconformidad que se analizan, se puede advertir que la quejosa no atacó los fundamentos y motivos en que sustenta la negativa de la suspensión de que se duele; de ahí que se califiquen de inoperantes, en la inteligencia de que, en la especie, no existe la obligación de suplir la deficiencia de la queja, porque la accionante no se ubica en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo. Por otra parte, el motivo de disenso precisado en el inciso d) es infundado. Lo anterior, en virtud de que es inexacto que el artículo 26 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios le imponía a la autoridad responsable la obligación de prevenir a la actora para que exhibiera la licencia de funcionamiento o concesión que aquélla consideró indispensable para conceder la medida cautelar. Para dar respuesta a lo anterior, resulta necesario analizar lo que disponen los artículos 25 y 26 de la mencionada ley administrativa: "Artículo 25. Las promociones deben contener, cuando menos, los siguientes requisitos: I. El nombre de la autoridad a la que se dirige; II. El nombre, denominación o razón social del o los promoventes y en su caso, del representante legal, agregándose los documentos que acrediten la personería, así como la designación de la persona o personas autorizadas para recibir notificaciones y documentos; III. El domicilio para recibir notificaciones; IV. La petición que se formula; V. La descripción cronológica, clara y sucinta de los hechos y razones en los que se apoye la petición; VI. Los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables ofreciendo, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija; VII. Nombre y domicilio de terceros en el caso de existir, y VIII. El lugar, la fecha y la firma del interesado o en su caso, la de su representante legal. Artículo 26. En ningún caso se deben rechazar los escritos que se presenten en las unidades de recepción de las autoridades competentes. Cuando la autoridad competente considere que la solicitud o escrito inicial no reúne todos los requisitos previstos por el artículo anterior, prevendrá al interesado por escrito y una sola vez para que subsane las omisiones en un término de cinco días hábiles, a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento." Del artículo 25 transcrito se advierte cuáles son los requisitos mínimos que deben contener las promociones y entre esos requisitos no se encuentran los documentos que justifiquen el interés de la parte actora para obtener la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado. Por el contrario, la fracción VI del precepto citado dispone la obligación del promovente de cumplir con los requisitos que señalen las leyes y reglamentos aplicables al ofrecer, en su caso, las pruebas cuando sean necesarias, para acreditar los hechos argumentados y la naturaleza del acto que así lo exija. Tal porción normativa se debe entender como una carga procesal del interesado y no como una obligación para la autoridad, en virtud de que la prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio. Resulta ilustrativa al caso, la tesis 1a. CCVI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 598, con número de registro 2009352, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACIÓN PROCESAL Y CARGA PROCESAL. La prueba es el medio del que se sirven las partes para demostrar al juez la verdad de sus afirmaciones y llevarlo al convencimiento sobre la certeza de los hechos aducidos, ya que no basta su dicho. Ahora, si bien es cierto que, por regla general, las partes no están obligadas a aportar pruebas al juicio, también lo es que resulta en su propio interés recabar y aportar las necesarias para acreditar los hechos aducidos, por ello la carga de la prueba supone un imperativo del interés propio; sin embargo, dicha regla admite algunas excepciones, por ejemplo, cuando la prueba necesaria para acreditar las afirmaciones de una de las partes está en poder de su contraria, se actualiza uno de los supuestos de la "obligación procesal", en donde ya no se actúa en interés propio, sino ajeno y, por tanto, la exhibición de la prueba al juicio deja de ser una "carga procesal" para convertirse en una obligación que la parte requerida está constreñida a cumplir, bajo el apercibimiento de una sanción. Lo anterior se explica si se considera que la finalidad perseguida por el procedimiento judicial es cumplir el derecho fundamental de acceso a la justicia de todas las partes involucradas, lo cual no puede quedar a la voluntad de una sola de ellas." En este contexto, al no actualizarse ninguno de los supuestos que prevé el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es por lo que tampoco la magistrada responsable tenía la obligación de prevenir a la parte actora, en los términos que señala el artículo 26 del citado ordenamiento legal, para que exhibiera las pruebas que justificaran su interés suspensional, puesto que, como ya se dijo, le correspondía a la parte actora la carga de probar dicho interés. En su segundo concepto de violación refiere la disconforme que el acto reclamado viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, en virtud de que carece de la debida fundamentación y motivación, ya que, para negar la suspensión, la responsable citó el numeral 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, cuando dicho precepto dispone lo contrario. También dice que la responsable dejó de lado y sin observar las deficiencias técnicas y la clara violación del procedimiento en que incurrió la autoridad municipal al llevar a cabo la clausura temporal del establecimiento comercial, el cual estaba cerrado, por lo que dicha clausura realizada de manera unilateral no le dio la oportunidad de mostrar su concesión, siendo que la responsable ponderó y priorizó la falta de licencia de funcionamiento sobre la violación de sus derechos humanos. No le asiste la razón a la quejosa respecto a la falta de una debida fundamentación y motivación del acto reclamado, por el hecho de que se le haya negado la suspensión cuando el artículo 129 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios dispone lo contrario. Uno de los requisitos que impone el artículo 129 para suspender la ejecución del acto impugnado es que lo solicite expresamente el recurrente (fracción I), lo que implica la carga del solicitante de demostrar que le asiste un derecho previamente constituido y que es afectado por la ejecución de la resolución o acto impugnado, lo que haría procedente la medida suspensional. De ahí que, adverso a lo que pretende la quejosa, el precepto legal citado no se puede interpretar como un derecho absoluto de los demandantes en el juicio contencioso administrativo a obtener en todos los casos, sin condiciones ni requisito alguno, la suspensión del acto administrativo impugnado, pues, como se explicó, dicha medida cautelar está condicionada a que el peticionario acredite su interés suspensional. Igualmente resulta infundado el argumento consistente en que la responsable ignoró las deficiencias técnicas y la violación del procedimiento en que incurrió la autoridad demandada al llevar a cabo la clausura temporal del establecimiento comercial, el cual estaba cerrado, por lo que dicha clausura realizada de manera unilateral no le dio la oportunidad de mostrar su concesión, siendo que la responsable ponderó y priorizó la falta de licencia de funcionamiento sobre la violación de sus derechos humanos. Esto es así, ya que los vicios que le atribuya la actora al acto administrativo recurrido no justificarían per se la concesión de la suspensión, ya que primero debe acreditar, como ya se dijo reiteradamente, su interés suspensional. Ahora, el hecho de que el local comercial haya quedado cerrado por virtud de la clausura tampoco obliga a la responsable a conceder la suspensión, pues, se itera, le corresponde a la actora la carga de la prueba del interés suspensional y, para ello, si la licencia de funcionamiento vigente de la hoy quejosa quedó dentro de dicho local, la accionante bien pudo haber hecho del conocimiento tal circunstancia a la responsable y solicitarle que obligara a la autoridad demandada a que permitiera el acceso al inmueble para recuperar ese documento y exhibirlo en el juicio administrativo, pues, en este supuesto, ya no sería carga de la actora exhibir el documento respectivo al encontrarse en poder de su contraria, sino obligación de la demandada permitir la obtención del mismo. Por último, en el tercer concepto de violación, la parte quejosa afirma que el acto reclamado viola en su perjuicio el artículo 5 constitucional, ya que le impide dedicarse a la actividad comercial que decidió desarrollar, la cual se dedica de manera lícita y representa su forma de subsistir. Lo anterior es inoperante, en virtud de que no ataca los fundamentos y motivos en que se sustenta la negativa de la suspensión reclamada, mismos que ya quedaron precisados en párrafos anteriores, sin que, en el caso, exista obligación de suplir la deficiencia de la queja, por los motivos señalados anteriormente. En consecuencia, al ser infundados e inoperantes los conceptos de violación analizados, resulta procedente la negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 a 63, 73 al 76 y 217 de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juana Lilia Palafox Morales, contra el acto y autoridad responsable, por los motivos expresados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores de este Juzgado, asistido de Jorge Vallejo Rivera, Secretario del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
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