Juana Laura Pérez Arellano

Expediente 647/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
647/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
06/05/2021

Partes del expediente

  • Juana Laura Pérez Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, seis de mayo de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de abril de dos mil veintiuno (fojas 50 a 63), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo y destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso a), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Cuaderno original del incidente de suspensión. Ahora, mediante oficio CAP/DGAD/392/2021, de ocho de marzo de dos mil veintiuno, el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a la consulta formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, informó que únicamente será depurable el original del incidente de suspensión cuando se concedan la suspensión definitiva o ambas medidas cautelares, de ocurrir lo contrario, es decir, si se concedió la suspensión provisional, pero se negó la definitiva, lo procedente será que el órgano jurisdiccional lo destruya al carecer dicho documento de relevancia jurídica. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión fue concedida parcialmente la medida provisional y fue negada la definitiva, es susceptible de destrucción. Duplicado del Incidente de suspensión En diverso aspecto, como lo dispone el numeral 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. De igual forma, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Devolución de documentos originales. De igual manera, hágase del conocimiento de las partes que cuentan con el plazo de noventa días para recoger los documentos originales que, en su caso, hubieren exhibido; apercibidas que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con las constancias aludidas. Se ordena devolución de documental. Por otra parte, se ordena devolver al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, las copias certificadas del expediente 50/2019, de su índice (obra por separado en tomo de pruebas), mismas que remitió en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 647/2020-II, promovido por Juana Laura Pérez Arellano; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Juana Laura Pérez Arellano, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III.- AUTORIDADES RESONSABLES.- Señaló como autoridad responsable ordenadoras: Al Ciudadano Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala. Y como autoridad ejecutora al ciudadano Diligenciario adscrito al juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala, encargado de los expedientes pares Puebla. Y como autoridad ejecutora al ciudadano Diligenciario adscrito al juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala, encargado de los expedientes impares Puebla. Al comandante de la policía municipal, de Nativitas, Tlaxcala.". (sic) ACTOS RECLAMADOS: "IV. ACTO RECLAMADO.- a la autoridad responsable ordenadora y le reclamo: A la ordenadora el ilegal el desalojo derivado de un ilegal emplazamiento, dentro de un juicio civil del que se desconocen datos, en contra de la suscrita.". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 647/2020-II, y admitió a trámite la misma, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda de amparo. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 46 a 48); se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo en atención al contenido de los informes con justificación que presentaron las autoridades responsables y anexos a los mismo, en específico a lo actuado en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión 50/2019, en el que versa el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); lo cual no aconteció, por lo que en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraño a un Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: Del Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, la violación a su garantía de audiencia, consistente en la falta de llamamiento al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de su índice, al no haber sido emplazada al mismo; y, De los Diligenciarios "Par" y "Non" del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y del Comandante de la Policía Municipal de Nativitas, Tlaxcala, el desalojo del predio urbano denominado "Calali" ubicado en la población de Santiago Michac, Nativitas, Tlaxcala. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. (Inexistencia de los actos reclamados). Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Diligenciarios "Par" y "Non" del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y Comandante Encargado de Turno, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala; lo anterior, pues negaron su existencia al rendir su respectivo informe justificado, ello sin que la peticionaria de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma, se cita la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de la presente resolución, atribuidos a las autoridades responsables a que se alude en los párrafos que anteceden. CUARTO. (Existencia de los actos reclamados). La Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye (foja 27); sin embargo, la misma se desvirtúa pues de sus propias manifestaciones se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diez de noviembre de dos mil veinte) estaba radicado un Juicio Ordinario Civil de Usucapión, con el número de expediente 50/2019, de su índice (obra en tomo de pruebas), del que se advierte que a la impetrante le reviste el carácter de parte demandada, por lo cual, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. A lo anterior es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Las documentales de referencia cuentan con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". Con la valoración de pruebas verificada en la forma indicada se satisface el requisito previsto en la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo, en que se establece que la sentencia de amparo debe contener la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. QUINTO. Oportunidad de demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que señala los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese sentido, debe tomarse en consideración que la quejosa se ostentó como conocedora de los actos reclamados el veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 3); por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintidós de octubre al doce de noviembre de dos mil veinte; tomando en consideración que el veinticuatro, veinticinco y treinta y uno, seis y siete de noviembre, fueron inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia, así como el dos de noviembre, en términos de la circular 17/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dichos actos reclamados el diez de noviembre de dos mil veinte (foja 2), debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respeto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; ya que de autos se advierte que la solicitante del amparo compareció al juicio laboral, lo que desvirtuaría la calidad de tercero extraño que aduce tener. En relación con la hipótesis planteada, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El precepto transcrito, si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI.Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: 1. Aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; 2. Quien fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa promueve el presente juicio con el carácter de persona extraña por equiparación, dado que le reviste el carácter de parte demandada dentro del Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de su índice; sin embargo, de las constancias que allegó dicha autoridad responsable como anexo a su informe con justificación consistente en copia certificada del juicio de referencia, se advierte que, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la aquí quejosa compareció al procedimiento de origen. En efecto, de autos se advierten el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); documentales que cuentan con valor probatorio de acuerdo a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2, al ser emitidas por autoridades en uso de las facultades que le confiere la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 153, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A partir de ello, se pone de manifiesto que la quejosa perdió la calidad de tercero extraño por equiparación, desde el momento en que compareció al juicio de usucapión de referencia; por tanto, resulta patente que no tiene el carácter con el que se ostenta en esta instancia, para que de esa forma resulte procedente el juicio de amparo contra los actos que reclama. Lo anterior, toda vez que las constancias de autos patentizan que tenía conocimiento de dicho juicio, lo cual, se insiste, hace inaceptable otorgarle a la quejosa el carácter de tercero extraño por equiparación. Por tanto, aun cuando la parte quejosa se ostente como tercera extraña al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de origen, y que por esta razón, el juicio fue seguido sin su conocimiento; no es el caso reconocerle el carácter de tercero extraño a juicio, pues como se precisó, compareció en el juicio de origen; por lo que resulta evidente que tuvo la oportunidad de defenderse dentro del juicio ordinario y en su caso, acudir al amparo directo. Resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 93, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Así como la diversa, tesis aislada IV.2º.C.37 K, sustentada por el Segundo Tribunal colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 1181, del tomo XXV, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia." Por tanto, como se señaló con antelación, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; por tanto, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se soslaya a lo anterior, que por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 46 a 48), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo en atención al contenido de los informes con justificación que presentaron las autoridades responsables y anexos a los mismo, en específico a lo actuado en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión 50/2019, en el que versa el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); lo cual no aconteció, por lo que en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas, de ahí que, este órgano jurisdiccional no pueda analizar el emplazamiento practicado. Asimismo, es importante indicar que de las constancias de referencia, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, decretó la caducidad del juicio de referencia (foja 43, del tomo de pruebas) lo cual podría dar lugar a la actualización de diversa causal de improcedencia; sin embargo, dada la determinación alcanzada es innecesario el análisis de la misma. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 647/2020-II, promovido por Juana Laura Pérez Arellano, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I A. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 647/2020-II, promovido por Juana Laura Pérez Arellano; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veinte (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Juana Laura Pérez Arellano, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III.- AUTORIDADES RESONSABLES.- Señaló como autoridad responsable ordenadoras: Al Ciudadano Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala. Y como autoridad ejecutora al ciudadano Diligenciario adscrito al juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala, encargado de los expedientes pares Puebla. Y como autoridad ejecutora al ciudadano Diligenciario adscrito al juzgado de lo civil del Distrito Judicial de Zaragoza Tlaxcala, encargado de los expedientes impares Puebla. Al comandante de la policía municipal, de Nativitas, Tlaxcala.". (sic) ACTOS RECLAMADOS: "IV. ACTO RECLAMADO.- a la autoridad responsable ordenadora y le reclamo: A la ordenadora el ilegal el desalojo derivado de un ilegal emplazamiento, dentro de un juicio civil del que se desconocen datos, en contra de la suscrita.". SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La promovente del amparo manifestó que se violó en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de once de noviembre de dos mil veinte, este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 647/2020-II, y admitió a trámite la misma, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló hora y fecha para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Ampliación de demanda de amparo. Por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 46 a 48); se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo en atención al contenido de los informes con justificación que presentaron las autoridades responsables y anexos a los mismo, en específico a lo actuado en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión 50/2019, en el que versa el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); lo cual no aconteció, por lo que en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas. QUINTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados deben tener ejecución dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa se ostenta con el carácter de tercero extraño a un Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: Del Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza, la violación a su garantía de audiencia, consistente en la falta de llamamiento al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de su índice, al no haber sido emplazada al mismo; y, De los Diligenciarios "Par" y "Non" del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y del Comandante de la Policía Municipal de Nativitas, Tlaxcala, el desalojo del predio urbano denominado "Calali" ubicado en la población de Santiago Michac, Nativitas, Tlaxcala. Señalados los actos reclamados, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de los mismos, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. (Inexistencia de los actos reclamados). Son inexistentes los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables Diligenciarios "Par" y "Non" del Juzgado Civil del Distrito Judicial de Zaragoza y Comandante Encargado de Turno, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Nativitas, Tlaxcala; lo anterior, pues negaron su existencia al rendir su respectivo informe justificado, ello sin que la peticionaria de garantías haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De igual forma, se cita la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". En vía de consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de los actos reclamados precisados en el considerando segundo de la presente resolución, atribuidos a las autoridades responsables a que se alude en los párrafos que anteceden. CUARTO. (Existencia de los actos reclamados). La Juez Civil del Distrito Judicial de Zaragoza al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye (foja 27); sin embargo, la misma se desvirtúa pues de sus propias manifestaciones se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diez de noviembre de dos mil veinte) estaba radicado un Juicio Ordinario Civil de Usucapión, con el número de expediente 50/2019, de su índice (obra en tomo de pruebas), del que se advierte que a la impetrante le reviste el carácter de parte demandada, por lo cual, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. A lo anterior es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391 del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.". De igual forma, se cita la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, localizable en la página 15 del Volumen 181-186 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACIÓN SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equipararse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Las documentales de referencia cuentan con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, al tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, parte SCJN, materia común, con el registro 394182, de título y contenido siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena.". Con la valoración de pruebas verificada en la forma indicada se satisface el requisito previsto en la fracción III, del artículo 74 de la Ley de Amparo, en que se establece que la sentencia de amparo debe contener la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. QUINTO. Oportunidad de demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que señala los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En ese sentido, debe tomarse en consideración que la quejosa se ostentó como conocedora de los actos reclamados el veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 3); por tanto, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del veintidós de octubre al doce de noviembre de dos mil veinte; tomando en consideración que el veinticuatro, veinticinco y treinta y uno, seis y siete de noviembre, fueron inhábiles, de conformidad con el numeral 19 de la ley de la materia, así como el dos de noviembre, en términos de la circular 17/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, al haberse presentado la demanda contra dichos actos reclamados el diez de noviembre de dos mil veinte (foja 2), debe estimarse oportuna pues fue presentada dentro del plazo genérico de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como, la jurisprudencia número II.1o. J/5, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respeto, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; ya que de autos se advierte que la solicitante del amparo compareció al juicio laboral, lo que desvirtuaría la calidad de tercero extraño que aduce tener. En relación con la hipótesis planteada, conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El precepto transcrito, si bien no establece una causa de improcedencia en concreto, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Federal. En el caso, se aduce que la improcedencia del juicio de amparo promovido por el quejoso, se deduce del artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, éstos últimos interpretados a contrario sensu, los cuales prevén: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI.Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; De la interpretación armónica de las disposiciones transcritas, se colige que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a éste. Sobre ese tema, cabe destacar que el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: 1. Aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; 2. Quien fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En esa tesitura, debe considerarse tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo VII, enero de 1998, página 56, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En este orden de ideas, cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del mismo, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe, ya sea en relación con el bien debatido en el juicio, o bien, con los bienes de que la sentencia disponga o, en fin, con aquellos que se afecten en la ejecución. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio por equiparación, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: Que sea parte formal en el procedimiento. Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Es oportuno destacar, que la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, sólo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, merced a esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, concomitantemente, haya provocado indefensión. En este orden de ideas, es posible afirmar que para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño por equiparación, no basta que el emplazamiento se realice de forma defectuosa, sino que es necesario que tal circunstancia haya incidido en la posibilidad de la parte formal de ejercer su derecho a la defensa, precisamente, ante el grado de desconocimiento que tiene del procedimiento seguido en su contra, y que ya se haya dictado sentencia definitiva en el juicio natural, pues de lo contrario, la parte demandada que se ostente como tercero extraño deberá comparecer al mismo e imponerse de los autos a efecto de hacer valer los recursos legales ordinarios que resulten procedentes. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa promueve el presente juicio con el carácter de persona extraña por equiparación, dado que le reviste el carácter de parte demandada dentro del Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de su índice; sin embargo, de las constancias que allegó dicha autoridad responsable como anexo a su informe con justificación consistente en copia certificada del juicio de referencia, se advierte que, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, la aquí quejosa compareció al procedimiento de origen. En efecto, de autos se advierten el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); documentales que cuentan con valor probatorio de acuerdo a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2, al ser emitidas por autoridades en uso de las facultades que le confiere la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Página 153, materia común, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." A partir de ello, se pone de manifiesto que la quejosa perdió la calidad de tercero extraño por equiparación, desde el momento en que compareció al juicio de usucapión de referencia; por tanto, resulta patente que no tiene el carácter con el que se ostenta en esta instancia, para que de esa forma resulte procedente el juicio de amparo contra los actos que reclama. Lo anterior, toda vez que las constancias de autos patentizan que tenía conocimiento de dicho juicio, lo cual, se insiste, hace inaceptable otorgarle a la quejosa el carácter de tercero extraño por equiparación. Por tanto, aun cuando la parte quejosa se ostente como tercera extraña al Juicio Ordinario Civil de Usucapión, radicado bajo el número 50/2019, de origen, y que por esta razón, el juicio fue seguido sin su conocimiento; no es el caso reconocerle el carácter de tercero extraño a juicio, pues como se precisó, compareció en el juicio de origen; por lo que resulta evidente que tuvo la oportunidad de defenderse dentro del juicio ordinario y en su caso, acudir al amparo directo. Resulta aplicable, la jurisprudencia número P./J 39/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 93, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, que señala: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. Así como la diversa, tesis aislada IV.2º.C.37 K, sustentada por el Segundo Tribunal colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 1181, del tomo XXV, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia." Por tanto, como se señaló con antelación, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 107, fracción VI, de la citada ley de la materia, estos últimos, interpretados a contrario sensu; por tanto, procede sobreseer en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No se soslaya a lo anterior, que por auto de uno de marzo de dos mil veintiuno (fojas 46 a 48), se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de quince días manifestara si era su deseo o no ampliar su demanda de amparo en atención al contenido de los informes con justificación que presentaron las autoridades responsables y anexos a los mismo, en específico a lo actuado en el Juicio Ordinario Civil de Usucapión 50/2019, en el que versa el emplazamiento practicado a la impetrante por comparecencia de nueve de febrero de dos mil diecinueve (fojas 15 y 16, del tomo de pruebas); lo cual no aconteció, por lo que en la audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento y se ordenó continuar el procedimiento respecto del acto reclamado y autoridades responsables inicialmente señaladas, de ahí que, este órgano jurisdiccional no pueda analizar el emplazamiento practicado. Asimismo, es importante indicar que de las constancias de referencia, se advierte que el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, decretó la caducidad del juicio de referencia (foja 43, del tomo de pruebas) lo cual podría dar lugar a la actualización de diversa causal de improcedencia; sin embargo, dada la determinación alcanzada es innecesario el análisis de la misma. Finalmente, no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 75 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 647/2020-II, promovido por Juana Laura Pérez Arellano, contra los actos y autoridades responsables en términos del considerando tercero y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, uno de marzo de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los informes justificados del Juez, Diligenciario Non y Diligenciario Par, del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Zaragoza; asimismo, que en auto de catorce de diciembre siguiente la primera de las autoridades en comento remitió copia certificada de las constancias deducidas del expediente 50/2019, de su índice. Se da vista para ampliación. Atento a lo anterior, con el contenido de los informes justificados y constancias señaladas en el párrafo que antecede, dese vista a la parte quejosa Juana Laura Pérez Arellano, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar nuevos actos reclamados, autoridades responsables o en su defecto ampliar los conceptos de violación que formuló en su escrito inicial de demanda; por lo que se le otorga un plazo de quince días hábiles (conforme al numeral 17, en relación con el 111, ambos de la Ley de Amparo) a efecto de que lo realice; apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se seguirá el juicio como inicialmente se promovió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J.112/2003, visible en la página 93 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Así como la tesis XVII.1o.C.T.41 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1878 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Materia Común, Décima Época, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO EL QUEJOSO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN, AFIRMA QUE NO TUVO POSIBILIDAD MATERIAL DE CONOCER EL CONTENIDO DEL O LOS ACTOS RECLAMADOS, Y DE ÁQUEL SE ADVIERTAN DATOS NO CONOCIDOS POR ÉSTE, PROCEDE NOTIFICAR SU RECEPCIÓN PERSONALMENTE Y APLICAR EL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE LA MATERIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/99-PL, evidenció, entre otras cosas, que si en el momento en que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, aparecían datos no conocidos por el quejoso, procedía la ampliación de la demanda, la cual podía recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación. Por otra parte, el numeral 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo señala el arbitrio que el legislador otorgó al Juez para el efecto de ordenar que una notificación se realice personalmente, cuyo objeto es que las resoluciones de trascendencia sean del conocimiento directo de las partes, con el fin de brindar oportunidad para que hagan valer las defensas que procedan o, en su caso, actúen acorde con lo ordenado en la determinación judicial; esto, se concatena con el objetivo primordial del diverso 117, en cuanto a dar vista a los interesados con el contenido del informe justificado, para que se impongan de las razones y fundamentos que la autoridad responsable estima pertinentes invocar para sostener, ya sea la improcedencia del juicio respectivo, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Ahora bien, cuando en la demanda de amparo el quejoso, ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación, afirma su imposibilidad material para conocer el contenido del o los actos reclamados; expresa su intención de ampliar sus motivos de disenso cuando, a través del informe mencionado, sea sabedor de tales aspectos; en el asunto rija el principio de estricto derecho; y del informe justificado se adviertan datos no conocidos por aquél, dadas las circunstancias específicas imperantes, en la especie, siguiendo como pauta fundamental las directrices jurídicas brindadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se justifica mandar notificar la recepción del informe personalmente y dar igual tratamiento al supuesto en comento -datos no conocidos-, que a aquel que en cuanto a actos nuevos (que guarden estrecha relación con los reclamados) dispone el numeral 111 de la ley de la materia, con la finalidad de no dejar inaudita a la discordante ante el especial panorama planteado; propósito que en cierta medida subyace también en lo prescrito en el numeral citado. Sin que sea obstáculo que la parte agraviada debe estar al pendiente de la sustanciación del juicio, pues debe privilegiarse que aquélla no quede en estado de indefensión; también porque deviene preponderante que el resolutor se encuentre en aptitud de dilucidar la litis en su integridad, en aras de una completa impartición de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la ampliación de la demanda tiene como finalidad incluir debidamente las pretensiones del quejoso". Además, se hace del conocimiento de la parte quejosa que, de considerar favorable a sus intereses cumplir con la prevención que se le efectúa, el cumplimiento respectivo deberá ser por escrito colmando los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, con las copias suficientes del escrito de ampliación para correr traslado a las partes de este juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional que está señalada para este día SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración.

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