Juana Inés Díaz Abdala

Expediente 663/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
663/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
24/09/2018

Partes del expediente

  • Juana Inés Díaz Abdala

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio número A404/2018, signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 179/2018, interpuesto por el autorizado de la parte quejosa Servicios de Salud de Veracruz, que resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Servicios de Salud de Veracruz en contra del auto pronunciado el dieciséis de julio del dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 663/2018, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad capital." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por Jesús Antonio Rodríguez Mejía, en su carácter de delegado del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Veracruz, parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por ser notoriamente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Por lo que, como apoyo a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE Xalapa, Veracruz, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Juana Inés Díaz Abdala, en su carácter de Directora Jurídica del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, en representación de la mencionada persona moral, personalidad que se le reconoce en términos de lo dispuesto por las fracciones XXV, XXVI, XXXIV y XXXVI del artículo 26 del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz y la copia certificada del nombramiento que le fue expedido el uno de marzo de dos mil diecisiete, por el Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Veracruz, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 663/2018. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso concreto, se advierte que el acto reclamado por la accionante de garantías consisten en: "La diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y emplazamiento de fecha 21 de junio de 2018; dictada en cumplimiento al acuerdo de fecha 25 de enero de 2018 emitido dentro de 16sautos del expediente mercantil número 58/2018/11 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo, que a letra dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De acuerdo con lo expuesto, en el caso este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el inciso b), de la diversa fracción III, del numeral 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado artículo 61, en su fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por su parte, el precepto 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, prevé lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes. [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y, [.]" De lo anterior, se establece lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio del juicio de amparo, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el mismo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él, es necesario agotar en la vía ordinaria correspondiente los recursos o medios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 312200, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Aunado a ello, del contenido de los citados artículos 107 Constitucional y 61 de la Ley de Amparo, se advierten diversas excepciones al principio de definitividad, es decir, aquellos casos en los que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos que pretenden reclamar, siendo éstos: I) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c), de la Carta Magna). II) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal). III) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. IV) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). V) Contra actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, VI) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación o se aleguen solo violaciones directas a la Constitución (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). VII) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Ahora bien, en el caso la parte quejosa Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz por conducto de su Directora Jurídica Juana Inés Díaz Abdala, señala como acto reclamado la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y emplazamiento de fecha veintiuno de junio del año en curso, ejecutada en cumplimiento al acuerdo de veinticinco de junio del mismo año, emitido dentro de los autos del expediente mercantil 58/2018/II del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, argumentando que le causa perjuicio en razón de que en tal diligencia se embargaron las cuentas bancarias que son propiedad de su representada sin que se hubiese tomando en consideración que se trata de bienes inembargables, además de que no se identificó las cuentas que se dijeron embargadas ni el monto del embargo. Ahora bien, el suscrito juzgador considera que es importante tomar en consideración lo dispuesto por los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, establecen lo siguiente: TÍTULO TERCERO De los Juicios Ejecutivos "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. [.]La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio." "Artículo 1414.- Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. De acuerdo al marco jurídico antes enunciado, se deriva que es procedente promover la vía incidental en contra de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo y emplazamiento, ya que a través del incidente de nulidad de embargo, es factible que el juez que conoce del asunto de origen, determine su nulidad, por lo tanto revoque en total o parcialmente las actuaciones realizadas en el mismo, las modifique o en su caso, las confirme. Lo que encuentra sustento en la Tesis Aislada, VI.2o.C.566 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de contenido: Época: Novena Época "EMBARGO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DEUDOR QUE ESTIME ILEGAL EL TRABADO EN SU CONTRA DEBE IMPUGNARLO EN VÍA INCIDENTAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 1394, tercer párrafo y 1414 del Código de Comercio, este último anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, se advierte que el legislador otorgó al deudor la oportunidad de defenderse, en caso de que resulte afectado en la ejecución de la diligencia de embargo, a través de la acción incidental prevista en el segundo de los numerales mencionados. Por tanto, a fin de cumplir con el principio de definitividad, el demandado en un juicio ejecutivo mercantil que estime ilegal el embargo trabado en su contra, debe impugnar dicha diligencia en la referida vía incidental, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, pues a través de aquélla puede nulificarse la actuación procesal impugnada por el agraviado. De lo contrario, el juicio de garantías resulta improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Sin embargo, de las manifestaciones expresadas en la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no se advierte que la parte quejosa haya promovido el precitado incidente, con el cual debió combatir dicho embargo (acto reclamado) previamente a hacerlo en esta vía constitucional, sin que así lo haya hecho. La omisión que se apunta, se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo; por tanto, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Esto es así, dado que una vez que se hubiese agotado la incidencia que se ha mencionado, en caso de que la resolución con la que se resolviera fuera adversa a los intereses de la quejosa, entonces sí estaría en aptitud de reclamar tal resolución a través del juicio de amparo en la vía indirecta, por tratarse de un acto considerado como de imposible reparación en contra del que ya se habría cumplido con el principio de definitividad, por haberse agotado con el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la Tesis Aislada, 1a.CCXLV/2017(10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: Época: Décima Época "INCIDENTE DE NULIDAD DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO. SU RESOLUCIÓN ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción V, y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia P./J. 38/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO.", deriva que la resolución ilegal de un incidente de nulidad de la diligencia de embargo es materia del juicio de amparo indirecto, pues si bien en el segundo precepto se reputa como violación procesal susceptible de ser materia del juicio de amparo directo la resolución ilegal de un incidente de nulidad, dicha disposición debe entenderse en armonía con el primer precepto referido, conforme al cual, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; situación esta última que tiene lugar en el supuesto de un embargo de bienes, ya que a las actuaciones en que se ordena o ejecuta dicho embargo, en la jurisprudencia se les ha considerado actos de imposible reparación. De ahí que si contra dichas actuaciones se promueve un incidente de nulidad, la resolución respectiva es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." Por tanto, si previo a la promoción del presente juicio de amparo, el accionante, por ser parte procesal en el juicio de origen, debió impugnar vía incidental la nulidad del embargo del que se duele, y no lo hizo, es inconcuso que no observó el principio de definitividad y por ende, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.6º.CJ/37, emitida por el Sexto Tribunal en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2002, Novena Época, con número de registro 187016, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No es obstáculo a la anterior determinación las excepciones previstas por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como se precisó anteriormente no se trata de ninguno de los actos o personas ahí precisados y respecto de la última de las excepciones que se citan en la precitada fracción, a juicio del suscrito juzgador tomando en cuenta lo previsto por los artículos 1394 y 1414 del Código de Comercio considera que la procedencia de tal medio de impugnación no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, porque el primero de preceptos legales en cita es preciso en determinar que el juez no está facultado para suspender su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo y sus consecuencias, así como medidas urgentes o provisionales, así como que el segundo de los preceptos en alusión determina que cualquier incidencia o cuestión que se suscite en los juicios ejecutivos mercantiles, de lo que se colige que al decir que cualquier incidencia, se entiende aquellas que se presenten durante la ejecución de la diligencia de embargo, debe ser resuelta por el juez, lo que conlleva a concluir que, como se precisó en párrafos precedentes, en contra de la diligencia de embargo y emplazamiento ejecutada en un juicio ejecutivo mercantil, debe hacerse valer el incidente de nulidad de embargo, el cual se tramitará en términos de lo dispuesto por el artículo 1404 del Código de Comercio, y en contra de la determinación con que se resuelva tal incidencia, en caso de considerarlo conveniente a sus intereses, estaría en aptitud de instar el juicio de amparo indirecto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Consecuentemente, por lo expuesto SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA, con fundamento en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el inciso b), de la diversa fracción III, del numeral 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jesús Antonio Rodríguez Mejía, Xóchitl Alejandra Lizama Morales y Edson Manuel Bonilla Amores, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 109444, 161973 y 171981; y con las restricciones que impone el referido precepto legal, a Blanca Estela Navarro Piedra y José Miguel Bravo Ortiz, toda vez que no aparecen sus registros en el referido sistema, y el promovente no acreditó que éstos cuenten con ellos. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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