Juana Guzmán Pérez
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Juana Guzmán Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que durante el periodo comprendido del veintidós de julio al cuatro de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, regresó al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1, reanudándose el cinco de agosto. Por otra parte, que el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la promovente y que ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ... Conforme lo anterior, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente; en el entendido de que se destruirá con posterioridad al ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27 fracción I, Inciso B de la Ley de Amparo, se publica el acuerdo siguiente: Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de julio de dos mil veintiuno. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ************* contra los actos que reclama a la Magistrada Presidenta del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otras autoridades. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 560/2021-4-A. Al respecto, se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:1 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis intitulada "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguiente*************** PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso, el acto reclamado se trata de lo siguiente: ? El acuerdo emitido en la sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, que determina el cierre de veintinueve juzgados en el Estado de Veracruz. ? La circular 18, de treinta de junio de dos mil veintiuno, publicada en la Gaceta Oficial del Estado en esa misma data. ? La entrega y recepción de los expedientes radicados en los juzgados que fueron cerrados para entregarlos a los juzgados que conocerán de dichos expedientes. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA El artículo 1133 de la Ley de Amparo, que establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En la especie, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, este aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca efectos que sean de imposible reparación en virtud de que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V de la Ley de la Materia, establece que: */************** La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia.****************** Por su parte, la fracción V, del numeral 107 antes referido, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, los actos en el juicio que sean de imposible reparación, debemos entender aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso; la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto, en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento del que se trate, puesto que la privación de sus derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Lo anterior significa que para que los actos reclamados sean considerados de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva.*************** RAZONES POR LAS QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. La quejosa en la especie reclama el acuerdo que aprueba el cierre de veintinueve Juzgados del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de las materias, jurisdicciones y demarcaciones territoriales, en atención a la carga de trabajo registrada en la estadística judicial, el gasto público erogado en los mismos, y la existencia de juzgados dentro del distrito en su caso, al más cercano que cuentan con la competencia para absorber dichas cargas procesales, con el fin de maximizar los recursos físicos y económicos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que favorezca a la resolución de los problemas de impartición de justicia que se presentan, y a su vez, la eficiencia y eficacia del gasto público en el ejercicio del presupuesto. Así como la relativa Circular 18 de la misma data emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz. Y como consecuencia la redistribución del expediente ********* radicado en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Misantla, Veracruz, al diverso Juzgado Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, sin embargo, tal circunstancia no afecta sus derechos sustantivos, tales como pueden ser la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad o la posesión, acceso a la justicia; toda vez que el citado juicio seguirá sustanciándose en uno diverso, por tanto, se estima que el acto reclamado no afecta de manera directa sus derechos sustantivos. Además, respecto a sus manifestaciones consistentes en que le causa un daño irreparable el cierre en el caso particular del citado Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Misantla, Veracruz, restringe el derecho al acceso a la justicia. No causa perjuicio real y definitivo a la esfera jurídica de la parte quejosa. Resulta un acto futuro de realización incierta, lo aprobado por el Acuerdo aquí reclamado al haber realizado la redistribución de asuntos, se continuará con su trámite de manera normal, por lo que se le seguirá brindando el servicio de acceso a la justicia. Esto es, el planteamiento del quejoso se basa en suponer que no tendrá un eficaz acceso a la justicia. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes, dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones V, aplicado a contrario sensu , en relación con las fracción XXIII del numeral 61, todos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. En consecuencia, con apoyo en el arábigo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha la demanda de amparo al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, el que indica la parte quejosa y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a************** DATOS DE CONTACTO. Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico que señala el ocursante, a través del cual se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley d Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen en el presente asunto a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Blanca Ofelia Prieto Vega, secretario que autoriza y da fe.
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