Juana Huerta Luis

Expediente 513/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
513/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Juana Huerta Luis

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo ****** tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de junio de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 513/2022-III promovido por Juana Huerta Luis; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cinco de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, turnada y recibida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, Juana Huerta Luis solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos emitidos por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos y otra autoridad. Sin embargo, en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, el referido Tribunal señaló carecer de competencia legal, en razón de la vía. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radica la autoridad que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que los actos reclamados a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y a la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Morelos, consisten en: La resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno emitida en el procedimiento administrativo PROPAEM-002-2021-IA y como consecuencia el requerimiento de pago de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos, pues no obstante que al rendir su informe con justificación lo haya negado, de las constancias exhibidas por la misma autoridad, se acredita la existencia del acto a él reclamado, consistente en la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno emitida en el procedimiento administrativo PROPAEM-002-2021-IA. Es cierto el acto reclamado a la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Tal certeza se corrobora con la copia certificada del requerimiento de pago de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós que exhibió dicha autoridad. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia fundada. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que la quejosa consintió los actos al no haber promovido el juicio de amparo en los plazos establecidos. El artículo 61 es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entender consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]" La actualización de la causa de improcedencia descansa en las siguientes consideraciones. En primer lugar se citará el texto de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente, se computaran de la siguiente manera: A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento, haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)". Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa combate en la presente vía, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno emitida por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos, en el procedimiento administrativo PROPAEM-002-2021-IA. En ese orden de ideas, si bien la quejosa refiere bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de dicho acto reclamado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, a través del requerimiento de pago, lo cierto es que del informe justificado rendido por la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos, se advierte la copia certificada de la cédula de notificación de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por la que se practicó la notificación personal a la promovente de la resolución aquí reclamada. Documental que tiene pleno alcance demostrativo en términos del numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se inserta imagen para mejor proveer: En esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en el buzón judicial de los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el cinco de abril de dos mil veintidós, se pone en evidencia que ha transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación y como consecuencia legal, se ha consentido tácitamente el acto que se reclama a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos. En ese orden de ideas, es factible concluir, que si la promovente tuvo conocimiento desde la fecha indicada (veinte de septiembre de dos mil veintiuno); el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de dos mil veintiuno, sin contar los días inhábiles que mediaron entre ellos. Por lo que resulta indudable que la presentación de la demanda de amparo el cinco de abril de dos mil veintidós, es extemporánea, toda vez que no se promovió dentro del plazo de quince días siguientes al en que tuvo conocimiento de ésta. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso 63, fracción V de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio de amparo por el acto reclamado a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Morelos. Por otra parte, esta juzgadora advierte de oficio que respecto del acto reclamado a la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior dado que la quejosa no combate por vicios propios el requerimiento de pago de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós porque no expuso conceptos de violación en el escrito de demanda. Del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que es requisito que la demanda de amparo se formule por escrito expresando los preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que la parte quejosa estime violados y los conceptos de violación. Por tanto, es fundada la causa de improcedencia invocada, pues de la lectura a la demanda de amparo, particularmente del apartado correspondiente a conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa haya formulado argumentos con relación a dicho requerimiento de pago, sin que en el caso exista queja deficiente que suplir. En consecuencia, se sobresee respecto del acto reclamado a la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos consistente en el requerimiento de pago de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, relacionado con la multa impuesta en el procedimiento administrativo PROPAEM-002-2021-IA. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, esto último a contrario imperio, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. QUINTO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de María Elena González Blas, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Por otra parte la autoridad responsable, solicita se le permita la consulta de manera electrónica del expediente a los usuarios "AnakarenGonzor", "VianeyVargas72", "Guadalupe012", "GrisSoto", "maneperez32", "Brandonpa" y "EDGARMARTINEZ030"; asimismo, proporciona correo electrónico y número telefónico como medio de comunicación no procesal. En su atención, tomando en cuenta las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice a los usuarios antes indicados, la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Medios no procesales. Acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020, se toma conocimiento de los medios no procesales de comunicación proporcionados por la autoridad oficiante. Se instruye al Actuario adscrito para que en caso de considerarlo necesario, establezca contacto con dicha parte procesal mediante los medios electrónicos proporcionados, para lo cual deberá asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar, en la inteligencia que, acorde a lo previsto en la Ley de Amparo, éstos no constituyen medios formales de notificación. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la copia de actuaciones por medios electrónicos como escáner, cámaras digitales o cualquier otro dispositivo eléctrico o electrónico; herramientas que deberán ser utilizadas con lealtad procesal, sin que se puedan reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Asimismo, por seguridad jurídica, se deberá dejar constancia en autos de tal acto, sin que ello implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados. Lo anterior, con apoyo en la tesis I.3o.C.725 C, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada Rene Hernández Salgado, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe. *********************** Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1404/2021-IV, promovido por Guadalupe Sonia Moreno Alfán por sí y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M. y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el veintiuno de octubre siguiente a este Juzgado, Guadalupe Sonia Moreno Alfán por sí y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M. solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, de quien reclamó los autos de veintidós de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 485/2017-2. SEGUNDO. Radicación. Mediante auto de veintidós de octubre de dos mil veintiuno se admitió la demanda, se requirió a la responsable el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, se designó un representante especial para que interviniera en nombre del adolescente quejoso, se emplazó al tercero interesado y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se encuentra radicado el juicio de origen y donde se emitieron los actos reclamados. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente 485/2017-2, por medio del cual se decretó firme el auto de veinte de agosto del mismo año (mediante el cual se decretó un régimen de convivencias entre el menor quejoso y su padre de manera abierta los días sábados y domingos de cada quince días). El auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno en el expediente 485/2017-2, en virtud del cual se desechó el recurso de revocación intentado contra el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados, ya que así lo expresó el Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos en el informe justificado. Lo que se acredita además con las constancias que adjuntó el responsable como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Al no haber causas de improcedencia hechas valer por las partes ni que se adviertan de oficio por la suscrita juzgadora, se procede al estudio de los conceptos de violación. Ahora bien, los conceptos de violación devienen infundados en una parte e inoperantes en lo restante por lo que se debe negar el amparo y protección de la justicia federal, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Como antecedentes debe citarse que de las constancias del juicio de origen se aprecia lo siguiente: 1. El veintidós de agosto de dos mil diecisiete Guadalupe Sonia Moreno Alfán promovió juicio de divorcio incausado en contra de René Hernández Salgado (fojas 2 a 24 Anexo I). 2. Por turno conoció el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el estado donde se radicó bajo el expediente 485/2017-2 (fojas 25 y 26 Anexo I); seguida la secuela procesal, el quince de noviembre de dos mil diecisiete se declaró disuelto el vínculo matrimonial y, para salvaguardar el interés superior del menor se decretó la guarda y custodia provisional del menor de iniciales D.A.H.M. a favor de su progenitora Guadalupe Sonia Moreno Alfán; el depósito del menor con su madre y como pensión alimenticia provisional en favor del menor la cantidad de que resulte del 25% semanal o quincenal del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado en su centro de trabajo (fojas 62 a 67 Anexo I). 3. El dos de marzo de dos mil dieciocho, René Hernández Salgado promovió incidente de otorgamiento de custodia y alimentos definitivos (fojas 1 a 35 Anexo VI), el que se radicó por auto de seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 36 a 37 Anexo VI) y, el once de mayo siguiente se ordenó la guarda y custodia provisional de menor en favor de su padre fijando además pensión alimenticia a cargo de la madre hoy quejosa y estableció un régimen de convivencias entre el menor y su progenitora (fojas 130 a 146 Anexo VI). 4. Al contestar Guadalupe Sonia Moreno Alfán reconvino el incidente y demandó como pretensión la guarda y custodia del menor y una pensión alimenticia a cargo de René Hernández Salgado (fojas 84 a 109 Anexo VI). 5. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho se admitió la reconvención y se ordenó emplazar al demandado reconvencionista (foja 211 Anexo VI). 6. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se presentó al menor ante el juzgado de origen para ser escuchado, a cuyo término el Juez responsable ordenó la modificación del régimen provisional ordenado el once de mayo siguiente y ordenó la guarda y custodia de menor en favor de su madre fijando únicamente pensión alimenticia en favor del menor a cargo de su padre, sin que haya establecido régimen de convivencias alguno (fojas 528 a 535 Anexo VI). 7. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de origen apoyándose en el Convención Internacional de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, velando el interés superior del menor, considerando que las convivencias con los padres es un derecho de los hijos, determinó un régimen de convivencias entre el menor y su padre de manera abierta los días sábados y domingos de cada quince días (fojas 131 a 134 Anexo IV). 8. El diez de septiembre de dos mil veintiuno, ante las contradicciones existentes en los dictámenes periciales en materia de psicología, el Juez responsable requirió al Departamento de Orientación Familiar para que aclarara si eran o no favorables las convivencias del menor con su padre (fojas 157 y 158 Anexo IV). 9. En respuesta a dicho requerimiento, el Departamento de Orientación Familiar aclaró que del proceso de evaluación psicológica así como de las pláticas de sensibilización se apunta a la posibilidad de que el menor y su padres puedan convivir (foja 187 Anexo IV). 10. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la controversia del orden familiar de origen se determinó que, para que fuera eficaz y positiva la convivencia, padre e hijo deberían ser canalizados a tratamiento psicológico de manera individual, a fin de superar el desgaste emocional derivado de los conflictos familiares previos, declarando firme el auto de veinte de agosto anterior (foja 188 Anexo IV). 11. Inconforme con lo anterior, la hoy quejosa interpuso recurso de revocación el cual fue desechado mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno (foja 216 Anexo IV). Los mencionados acuerdos de veintidós de septiembre y cinco de octubre de dos mil veintiuno constituyen los actos reclamados en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación, los cuales como se anticipó, son inoperantes en una parte e infundados en lo restante, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En el primer concepto de violación, la quejosa argumenta que la autoridad responsable al fijar el régimen de convivencias debió tomar en consideración lo expuesto por el menor quejoso ante la presencia judicial y las expertas en psicología en cuanto al maltrato padecido por parte de su progenitor lo que lejos de beneficiar lo afecta emocional y psicológicamente. Antes de fijar un régimen de convivencias el Juez responsable debió escuchar nuevamente la opinión tanto del menor para cerciorarse si deseaba o no convivir con su progenitor, como de la madre quejosa y, al no hacerlo los deja en estado de indefensión. En el segundo concepto de violación, refiere que es contradictorio el actuar del juez, pues en junio de dos mil diecinueve ordenó convivencias de manera supervisada y en el acuerdo reclamado las estableció de manera abierta y sin supervisión. En el tercer concepto de violación, aduce la parte quejosa que al fijar las convivencias en la forma efectuada por el Juez responsable, incumplió las formalidades esenciales del procedimiento pues no atendió los artículos 4, 6, 7, 59, 167, 168, 170, 184, 186, 189, 191 y 192 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Asimismo, se dejó de aplicar en perjuicio del menor su derecho e interés superior habida pues no se allegó de elementos suficientes de prueba para arribar a la convicción a la que llegó, a pesar de tener facultades de investigación. Tampoco valoró el hecho de haber promovido queja administrativa (ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos) en contra de la experta en materia de psicología, lo cual hizo del conocimiento del juez de origen. Finalmente, en el cuarto concepto de violación, en lo relativo al auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno que desechó el recurso de revocación contra el auto de veintidós de septiembre, aducen los quejosos que el Juzgador responsable los dejó en estado de indefensión al no tomar en cuenta la opinión del menor, las actuaciones recientes como la opinión de la representación social ni la queja administrativa presentada en contra de la psicóloga; además, adujo que es infundado el argumento de la responsable de no tratarse del recurso idóneo para modificar las convivencias. Refiere que no tomó en cuenta lo manifestado por el menor cuando fue presentado ante el juzgado de origen ni las manifestaciones de la representación social adscrita al juzgado. Aduce que ninguno de los preceptos legales citados por la responsable son aplicables ya que no existe dispositivo que así lo contemple. Para dar contestación a los motivos de disenso conviene hacer las siguientes precisiones: A. Interés superior del menor. Sobre el tópico relativo al interés superior del menor, es preciso mencionar que es doctrina consolidada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes. En este sentido, cabe recordar que el interés superior del niño y de la niña encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales. En efecto, en la reforma constitucional del doce de octubre del dos mil once, se incorporó expresamente el interés superior de la niñez en el artículo 4° de la Constitución Federal, para quedar como sigue: "Artículo 4. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. [.]". Asimismo, el interés superior es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de la infancia, pues no solo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas. En este sentido, el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en todas las medidas concernientes a la infancia que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Por su parte, el Comité para los Derechos del Niño ha señalado que el principio del interés superior de los infantes se aplica a todas las medidas que afecten a éstos y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos de los menores de edad. En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la interés superior de la infancia en la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con sus derechos. Por otro lado, de acuerdo con lo establecido por la Primera Sala del Alto Tribunal del País en la tesis 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.), con número de registro digital 2010602, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO", se ha señalado que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) Como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) Como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que, si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades a la luz del interés superior del menor; y, c) Como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. En consecuencia, en los juicios en los que directa o indirectamente se ven involucrados los derechos de los menores, el interés superior de la niñez impone a los juzgadores la obligación de resolver la controversia atendiendo a lo que es mejor para el infante. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". Por tanto, si el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado a la determinación por la que se decreta un régimen de convivencia del menor con su progenitor -como en el caso- resulta evidente que se tiene que atender al interés superior de aquél, pese a que tal circunstancia pudiere o no resultar contraria a los intereses del propio promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo ha sido interpretado en el sentido que es deber a cargo de los Tribunales Federales quienes conocen del juicio constitucional, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, como a favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos ahí cuestionados, pues la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Se reitera, cuando se traten de actos donde se involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo más benéfico para los niños, aunque perjudique a la parte promovente, bajo la óptica del interés superior de los menores. Luego, los juzgadores de amparo se encuentran en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un perjuicio a los padres recurrentes en lo individual, pues los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistirles a los padres; en otras palabras, los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.846 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 3120, Tomo XXXII, octubre de 2010, Novena Época, con número de registro 163606, que establece: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES." B. Derecho fundamental de los menores de edad, a la convivencia con el progenitor que no ejerce la guarda y custodia. La institución del régimen de visitas y convivencias se concibe no solo como un derecho humano sino también como un deber; es decir, contempla el derecho tanto del menor como del padre que no tiene la custodia, a fin de estrechar lazos filiales entre ellos, así como regular, promover, evaluar, preservar y, en su caso, mejorar o reencausar la convivencia en el grupo familiar. Las visitas y convivencias, visto desde la óptica de un deber, representa la obligación del progenitor de asistir y convivir con su descendiente en aras de proporcionarle los elementos indispensables para su sano desarrollo psico-emocional. Es aplicable a lo anterior, la tesis 1a. CCCLXIX/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DERECHO DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. SU CARACTERIZACIÓN COMO UN DERECHO-DEBER.". Al respecto, conforme al artículo 224 del Código Familiar para el Estado de Morelos, los padres que no tienen la custodia provisional de sus hijos podrán convivir con ellos, sin que dicho derecho deba ser impedido por el progenitor que tenga la guarda y custodia del menor. En concordancia con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha establecido los diversos elementos que el Juez Familiar debe atender al momento de fijar un régimen de visitas y convivencias, entre otros, la edad, necesidades, costumbres del menor de edad involucrado; el tipo de relación que mantiene con el padre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del padre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual del menor de edad y la del padre no custodio; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para el niño. Apoya dicho criterio, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2004774, de rubro: "RÉGIMEN DE CONVIVENCIA O DERECHO DE VISITAS. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ DE LO FAMILIAR AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN.". Por su parte, los artículos 9, numeral 3, y 10, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, prevén que ante la separación de los progenitores es necesario propiciar la convivencia del menor con ambos padres a fin de que tengan un buen desarrollo emocional y psicológico. Además, de la interpretación armónica del pacto internacional y la Carta Magna, se concluye que en caso de la separación del menor con alguno de sus padres, ante todo debe prevalecer el interés superior del infante y observarse las medidas necesarias que le permitan un adecuado y sano desarrollo psicológico y emocional, para cuyo efecto, por lo general, resulta necesaria la convivencia con ambos padres. Así, a partir de estas premisas, las autoridades deben privilegiar el derecho de los menores a convivir con ambos progenitores, pues de acuerdo con el pacto internacional aludido, los Estados Partes deberán respetar el derecho del niño o de la niña que esté separado de uno o de ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo con ellos de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del infante. C. Decisión. Establecido lo anterior se tiene que contrario a lo expuesto por la parte quejosa, en el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, al declarar firme el auto de veinte de agosto por el que se fijó el régimen de convivencia, el Juez responsable sí ponderó el interés superior del menor al referir que del resultado del proceso de evaluación psicológica como de las pláticas de sensibilización apuntan a la posibilidad de que conviva el menor con su padre; y para que el resultado sea positivo y eficaz ambos deben ser canalizados a tratamiento psicológico de manera individual. Se afirma lo anterior habida cuenta que en el acuerdo combatido el juez responsable declaró la firmeza del diverso de veinte de agosto de dos mil veintiuno por el cual se fijaron las convivencias entre el menor y su padre y requirió a la quejosa a que dé cumplimiento y las permita, apercibiéndola con la imposición de una multa en caso de no hacerlo. En el acuerdo que se ordenaron las convivencias, la responsable invocó la Convención Internacional de las Niñas, los Niños y los Adolescentes (los artículos 3 y 12) al referir que dichos preceptos constriñen a los tribunales a velar por el interés superior del niño, al establecer correctamente que las convivencias es una obligación de los padres que de manera correlativa es un derecho de los hijos para estar en contacto con quien ejerce la patria potestad y que por diversas circunstancias se encuentren separados, para lo cual se debe tomar en cuenta las circunstancias especiales de cada caso valorando si se pone en riesgo o peligro al menor o no, en uso de las facultades que dimanan del artículo 1 Constitucional, en aras de preservar el derecho supremo que tienen los niños de ser amados y respetados sin condición alguna. En ese sentido, a través del proveído que se estableció el régimen de convivencias que fue declarado firme en el proveído ahora reclamado, el Juez responsable precisó que no se ponía en riesgo al menor pues la especialista en materia de psicología propuso que las convivencias con su padre sean abiertas, considerando que el menor de iniciales D.A.H.M. a la data en que se decretaron tenía quince años de edad. Así, para permitir la identificación entre menor y progenitor, fijó un régimen de convivencias de manera abierta los días sábados y domingos de cada quince días. En uso de las facultades que establece el artículo 59 del Código Procesal Familiar, para el correcto desarrollo del régimen de convivencias, el Juez responsable tomó en consideración lo expuesto por las expertas en psicología, tan es así que al advertir discrepancia entre las conclusiones el diez de septiembre de dos mil veintiuno requirió al Departamento de Orientación Familiar para que aclarara si resultaba favorable a no las convivencias del menor con su padre; a lo que se contestó que los resultados apuntaban a la posibilidad de la convivencia. Además, conminó a ambos progenitores para facilitar las convivencias, despojándose de todo resentimiento que pueda perjudicarles de manera que la convivencia del menor con uno u otro padre no genere desequilibrio emocional, permitiendo que el menor se sienta querido, respetado, protegido y nunca manipulado o utilizado para servir diversos intereses. Respecto al hecho de no volver a escuchar la opinión del menor, en el auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno cuya firmeza se decretó judicialmente en el proveído de veintidós de septiembre siguiente, el Juez responsable consideró que no era conveniente puesto que ello significaría volver a victimizarlo, de ahí lo infundado de los conceptos de violación. Así, en cuestiones como el régimen de convivencia, el juzgador debe dictar las medidas tendientes a garantizar, ya de manera provisional o definitiva, el derecho de niñas, niños y adolescentes y de los padres a gozar de la convivencia familiar, privilegiando el interés superior de aquéllos, en aras que le sean proporcionados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Atento a lo expuesto, es dable sostener que la gama de normas internacionales y nacionales, al establecer que toda contienda judicial donde se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al principio básico de interés superior de la niñez. En ese tenor -durante la sustanciación del incidente de otorgamiento de custodia y alimentos definitivos dentro de la controversia del orden familiar de origen- el juez decretó como convivencia entre el menor y sus padres ciertas medidas provisionales, lo cual es factible de modificar, incluso de oficio, habida cuenta que su prioridad es velar por el interés superior de los menores, lo cual lo faculta para dictar otras, según las particularidades del caso, sin limitarse a lo solicitado por los padres, porque se insiste, debe velar en todo momento por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Esto se considera así, porque aseverar lo contrario, a partir de la regla absoluta de preservar las medidas decretadas en un primer momento, o limitarse a lo solicitado por las partes dentro de las contiendas, generaría un peligro inminente en la integridad del menor, cuyas necesidades y cuidados deben prevalecer sobre el deseo de los progenitores y varían con el paso del tiempo, habida cuenta que como se relató, la controversia de origen se inició en el año dos mil diecisiete cuando el menor quejoso tenía once años, quien en la actualidad cuenta con quince años de edad. Para calificar lo infundado de los conceptos de violación, debe tenerse en cuenta que en el auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno el juzgador responsable declaró firme el diverso de veinte de agosto en el cual consideró el derecho humano del menor de convivir con sus progenitores, porque le permite crecer y desarrollarse de manera integral, por ello decretó la convivencia con su progenitor, la cual se llevaría a cabo de manera abierta los días sábados y domingos de cada quince días, para cuya ejecución el ascendiente paterno debía recoger a su menor hijo del domicilio materno la mañana del sábado restituyéndolo el domingo. De dicha determinación se advierte que ponderó ampliamente el interés superior del menor, al valorar tanto su derecho a la convivencia con su padre, la necesidad de dicha convivencia para su desarrollo integral como su derecho a la salud y el riesgo a contagio por el virus COVID-19, todo ello en favor del menor y al derecho de convivencia que éste tiene con el progenitor que no tiene su guarda y custodia, a efecto de asegurar la continuidad de las relaciones personales entre los menores y el progenitor no custodio y al derecho del menor, con independencia de los intereses o derechos de los padres. Por tanto, se estima acertada la determinación del Juez de origen, con la finalidad de no afectar el sano desarrollo del menor, así como su entorno social, personal y psicológico, pues precisamente, en aras de proteger y salvaguardar los intereses del menor fue necesario establecer un régimen de convivencias. Lo anterior, como se dijo, se considera un medio apto y efectivo para evitar y prevenir cualquier daño en la salud emocional y psicológica del menor, aunado a ello, hasta este estadío procesal, puede sustentarse que el régimen decretado únicamente afecta a los progenitores del menor, en cuanto al interés que cada uno de ellos tiene para ejercerlo; empero, permite que sea el infante quien tenga una efectiva convivencia con sus padres, pues con ello se procura evitar resistencias de cualquiera de los contendientes al momento de ejercer el derecho a gozar de la convivencia familiar, que privilegia el interés superior del infante, en aras de que le sean proporcionados la protección y el cuidado necesarios para su bienestar. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 53/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. LA DECISIÓN JUDICIAL RELATIVA A SU OTORGAMIENTO DEBERÁ ATENDER A AQUEL ESCENARIO QUE RESULTE MÁS BENÉFICO PARA EL MENOR [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO" En lo relativo a la falta de valoración la queja administrativa promovida en contra de la experta en materia de psicología, ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos; al margen de la procedencia o no de la misma, la sola interposición de la queja en modo alguno puede repercutir a favor o en contra del dictamen emitido ante la contienda de origen cuya valoración queda al libre arbitrio del juzgador, en tanto que las consideraciones en torno a la actuación de la experta expuestas en la queja en su caso son analizadas por una instancia encargada de vigilar a los servidores del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo cual es completamente ajeno al juicio de origen, de ahí lo inoperante del argumento. Por su parte, deviene inoperante el argumento relativo a que en el auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno que desechó el recurso de revocación contra el auto de veintidós de septiembre del mismo año, el Juzgador responsable dejó en estado de indefensión a los aquí quejosos pues no tomó en cuenta la opinión del menor, las actuaciones recientes como la opinión de la representación social o la queja administrativa presentada en contra de la psicóloga. Así, en los conceptos de violación la quejosa pretende la inconstitucionalidad del acuerdo que desechó el recurso de revocación, sobre la base de insistir en que se analice la pertinencia de diversos aspectos que tienden a incidir en la definición de las convivencias del menor quejoso con su padre, como las manifestaciones del ahora adolescente; sin embargo, no combate las consideraciones por las que se desestimó el recurso de revocación intentado, esto es, que no es le medio idóneo para controvertir la determinación de convivencias; de ahí su inoperancia. En lo tocante a la indebida fundamentación y motivación del acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintiuno, cabe destacar que la responsable citó el artículo aplicable al caso y estableció las razones consideradas para su dictado; pues invocó el aludió al numeral 60, fracción IV del Código Procesal Familiar en la entidad que establece -entre otras atribuciones de los juzgadores- la de desechar de plano recursos notoriamente improcedentes, sin sustanciar artículo; refiriendo la falta de idoneidad del medio de defensa intentado por la quejosa (recurso de revocación) cumpliéndose con ello el derecho constitucional consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se afirma lo anterior pues en el acuerdo combatido la responsable estableció que los agravios se encontraban dirigidos a controvertir el auto mediante el cual se decretó la medida provisional de convivencias respecto de lo cual no es idóneo el recurso de revocación intentado, pues como establece el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos, contra dicha determinación el medio ordinario de defensa es la reclamación. Dicho recurso de reclamación se estima idóneo ya que procede contra las medidas o providencias cautelares decretadas para el depósito de menores y solicitarse después de iniciado el procedimiento siendo necesario para su emisión que se encuentre acreditado el derecho que tiene la parte en favor de quien se determina y la necesidad o urgencia de la medida. En el caso, el Juez responsable, al advertir que el menor estaba depositado con su madre, atendiendo al interés superior y al derecho que tiene de convivir con su padre no custodio, ordenó el régimen de convivencias. Así, la quejosa no promovió la aludida reclamación ya que el medio de defensa que intentó fue el de revocación que, como adujo el juez de origen, no es el procedente. Consecuentemente, al resultar por una parte infundados y por otra inoperantes los conceptos de violación analizados, al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. SEXTO. Elaboración de sentencia en formato de lectura fácil. En atención a que en el presente juicio de amparo el quejoso es el menor de edad de iniciales D.A.H.M. tomando en cuenta que al momento de resolver este asunto cuenta con quince años y diez meses de edad, pues de autos se advierte que nació el cuatro de julio de dos mil seis, se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades del menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 4 de la Constitución Federal, así como en el diverso 12 de la Convención de los Derechos del Niño que prevén el derecho sustantivo, a favor de los menores, de participar de forma activa en los procedimientos que puedan afectar sus intereses. Lo que, en la especie, se materializa cuando el órgano de amparo elabora un documento breve, claro, empático y sensible, que permita hacer alusión a la cuestión jurídica resuelta, de manera sencilla -sin necesidad de empleara tecnicismos ni conceptos abstractos-, pues a partir de ello podrá comprender, de manera real, cuál fue la decisión que tomó el órgano jurisdiccional. Para su elaboración, resulta ilustrativo -por identidad de razón jurídica- atender los parámetros que ha establecido la Primera Sala referida, en la tesis 1a. CCCXXXIX/2013 (10a.), de rubro: "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL. EL JUEZ QUE CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO." SÉPTIMO. Se habilita actuarios en horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones y diligencias encomendadas a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Sonia Moreno Alfán, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales D.A.H.M. contra los actos reclamados al Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Se ordena elaborar una resolución complementaria en formato de lectura fácil, tomando en cuenta las particularidades del menor a quien va dirigida (edad, instrucción escolar, contexto del asunto, entre otros factores que permitan conocer sus necesidades). Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que da fe, hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron. S e n t e n c i a Formato lectura fácil Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Hola Diego Alexis, te escribe Ana Contreras, soy la Jueza encargada de resolver una situación que tu mamá Guadalupe Sonia me planteó relativa a las convivencias que tienes con tu papá René. En esa carta, tu mamá me informó que un Juez Familiar ordenó que debes convivir con tu papá un fin de semana cada quince días, pero tu mamá no está de acuerdo con ello, por eso me pidió que le ordenara al otro juez que cambiara la forma en que convivas con tu papá. Te platico que yo tengo el deber de cuidar por ti, velar por tu sano desarrollo, decidir lo más favorable para ello para lograr que seas un adolescente feliz. Por eso, al leer todos los papeles consideré que la decisión del juez familiar está bien, porque el tomó en cuenta que si bien has tenido algunos problemas con tu papá, ambos han sido evaluados por psicólogas, quienes mencionaron que ven en ti y en él una buena disposición para reunirse y mejorar su relación. Ante esa información, el juez familiar pensó que lo mejor para ti sería retomar las convivencias con tu papá cada quince días sin alguna supervisión y sin importar si él o tu mamá opinan diferente, pues tu no debes ser objeto de cualquier problema que pueda existir entre ellos. En ese sentido, considero que las razones que dio el Juez Familiar para mantener su decisión de que convivas con tu papá son correctas, pues busca que tengas lazos con las dos personas que te trajeron al mundo, que conozcas de su vida y ellos de la tuya y te des cuenta del gran amor que te tienen. Además como vives con tu mamá, es importante que convivas cada cierto tiempo con tu papá, para que vuelvan a platicar, a comunicarse, a conocerse más y puedan estrechar su relación como padre e hijo. Además, en la casa de tu papá puedes ver a tu hermano y a los otros familiares que viven allá para que vuelvan a acercarse ahora que estás creciendo mucho. Sin embargo, debes saber que si existe algo de esa medida que te incomoda, te hace sentir inseguro o simplemente no te hace feliz, puedes hacérsela saber a tu mamá, a tu papá, a quien le tengas confianza, incluso al propio juez familiar, pues la decisión de la forma en que convivas con tu papá es temporal. Recuerda que tus papás te aman, eres lo más importante para ellos y desean lo mejor para ti. Te mando un saludo. Ana Columba Contreras Martínez Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos. Manuel Alexander Vázquez Falcón Secretario de Juzgado

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano