Juana Gonzalez Ramos

Expediente 166/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
166/2022
Año
2022
Actuaciones
18
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Notificador Adscrito Al Juzgado Primero En Materia Civil de Yautepec, Morelos
  • Juana Gonzalez Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos de los que se desprende que el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que compareciera ante este Juzgado a recibir los documentos originales que exhibió con la demanda de amparo, (documentales privadas consistentes en boletos de avión de ida [México-Estados Unidos de Norteamérica], de veinte de julio de dos mil veinte, Boletos de avión de regreso [Estados Unidos de Norteamérica] de veinte de julio de dos mil veinte, escrito con sello original presentado ante el Juez Primero Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Yautepec, Morelos, cedula de notificación personal realizada a Juana González Ramos, demanda con sello original presentada ante el Juzgado Primero mixto del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Yautepec, Morelos, escrito de contestación de demanda presentado el seis de agosto de dos mil quince ante el Juzgado Primero mixto del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Yautepec, Morelos y escrito de ofrecimiento de pruebas de ocho de febrero de dos mil dieciséis); asimismo, se le apercibió que de no hacerlo así, dichas documentales podrían ser destruidas con el presente expediente. En esas condiciones, se hace efectivo dicho apercibimiento, se ordena la destrucción de los aludidos documentos junto con el expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.JCMA

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 166/2022-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el juez responsable, remitió diversas constancias por lo que se formó los anexos I a V; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos como constancia, de conformidad con el último párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos serán ser destruidos con el expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia de la Titular, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de octubre de dos mil veintidós, en términos del oficio CCJ/ST/4367/2022, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 166/2022-IV, promovido por ***** ***** ********; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el catorce de febrero de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el diecisiete siguiente en este juzgado federal, ***** ***** ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. La audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse actos de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La falta de emplazamiento al juicio sumario civil 13/2018-1, y todo lo actuado en éste. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo informó al rendir su informe justificado la autoridad responsable. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas del expediente de origen que la responsable adjuntó a su informe, las que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. CUARTO. Causal de improcedencia que se actualiza. Previo al estudio de los conceptos de violación, por ser de orden público y estudio preferente, se procede al examen de los motivos de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. Una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien resuelve estima que en el caso procede sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Como se observa, el precepto reproducido prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos del quejoso. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene invocar los artículos 1, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De los dispositivos legales reproducidos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, por tanto para la procedencia de este juicio, debe concurrir la demostración plena del interés jurídico o legítimo. Es preciso señalar, que tratándose de actos reclamados a un Tribunal, en términos artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 5, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, el quejoso se encuentra obligado a demostrar que tiene interés jurídico, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose del interés jurídico, es necesario que la parte quejosa demuestre: la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente el cual podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así, el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida en la cual el acto de autoridad reclamado produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden; por consiguiente, resulta indispensable para quien asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, pues dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para combatirlos. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". En el caso, Juana González Ramos se ostenta como tercera extraña al juicio sumario civil 13/2018-1 y reclama la falta de emplazamiento así como todo lo actuado, en particular el despojo del bien inmueble ubicado en calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Barbara, Atlatlahucan, Morelos, del cual refiere es comodataria. Ahora bien, debe decirse que cuando un gobernado en su calidad de tercero extraño se duele de afectación a su derecho de posesión, a fin de merecer la protección constitucional, se encuentra obligado a justificar tal derecho, pues sólo así se tendría una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la certeza de que tiene un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien controvertido, así como la identidad entre dicho bien y el afectado por el juicio de origen para de esta manera lograr la protección de la justicia Federal a su favor. A efecto de dilucidar si la quejosa cuenta con interés jurídico para acceder al juicio constitucional, debe examinarse la validez y eficacia de los documentos o probanzas en que se sustente aquella causa generadora de la posesión del inmueble materia del controversia en el juicio natural, es decir el ubicado en calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Barbara, Atlatlahucan, Morelos, aun cuando la determinación que al efecto se vierta solamente tenga efectos para el juicio de amparo donde se analicen y no tenga la consecuencia de declarar la legitimidad de la posesión a favor de la parte quejosa. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, de rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." Para acreditar su interés jurídico la quejosa ofreció como medios de convicción, entre otros, las siguientes fotocopias certificadas: Escritura pública 42, 698 (cuarenta y dos mil seiscientos noventa y ocho), de fecha once de noviembre de dos mil ocho, expedida por el Notario Público Número 9, del Distrito Judicial de Tabares, que contiene la protocolización del contrato de nueve de febrero de dos mil dos, por el que refiere Gregorio Martínez Ortiz y Elsa Martínez González donan a Elsa Martínez González, el inmueble materia del juicio natural. Contrato de diez de febrero de dos mil dos, por el que Elsa Martínez González, otorga a la hoy quejosa el inmueble ubicado en calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Bárbara municipio de Atlatlahucan, Morelos, en comodato vitalicio. Medios de convicción que obran agregados en autos del juicio 43/2014-2, del índice del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y que fuera remitido por la autoridad responsable. Ahora bien, al margen de la eficacia jurídica de los documentos en cita, en el juicio de amparo no se ofreció probanza con el objeto de afectar su valor probatorio, carecen de eficacia para acreditar el interés jurídico de la hoy quejosa. Lo anterior pues de su contenido no se advierte que el inmueble en éstos referido del cual aduce es comodataria la aquí quejosa, sea el mismo que el inmueble materia del juicio natural. Pues de la simple confrontación de ubicación, medidas y colindancias contenidas en dichos documentos, no se advierte coincidencia en la identidad con las relativas al inmueble referido en el juicio de origen. Lo anterior pues en la escritura pública 42, 698 (cuarenta y dos mil seiscientos noventa y ocho) y del contrato de comodato de diez de febrero de dos mil dos, ofrecidos por la quejosa como prueba, se advierten los datos del inmueble siguiente: Predio urbano con una habitación ubicado en calle Insurgentes, Barrio Santa Barbara en el Municipio de Atlatlaucan, Morelos, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 26.20 metros con Crispin Ramírez Urbano, AL SUR mide 26.20 metros con Rito Martínez Baltazar, AL ORIENTE mide 11.96 metro con Pánfilo Amaro Aguilar, AL PONIENTE mide 14.25 metros con calle de Insurgentes, Con una superficie de 346.66 metros cuadrados. Mientras que el inmueble materia del juicio de origen, se encuentra identificado como: Calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Barbara en el Municipio de Atlatlaucan, Morelos, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 26.20 metros con Pedro Ramírez, AL SUR mide 26.20 metros con Luis Martínez, AL ORIENTE mide 11.96 metro con Pánfilo Amaro, AL PONIENTE mide 14.35 metros con calle de Insurgentes, Con una superficie de 346.66 metros cuadrados. De la anterior trascripción se advierten discrepancias en la ubicación, colindancias norte y sur, así como medida de la colindancia poniente, del inmueble materia del juicio de origen con el inmueble referido en los medios de convicción exhibidos por la quejosa. Luego, tratándose de bienes inmuebles es imprescindible que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el documento generador de posesión exhibido en el juicio de amparo, con el inmueble objeto de afectación en el procedimiento natural. Pues de no ser coincidentes en ubicación, medidas y colindancias, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad materia de análisis constitucional; por tanto, en ese supuesto, será necesario el auxilio de una prueba que arroje datos concretos sobre la cuestión en que se requieran conocimientos científicos o especializados, preferentemente una de tipo técnico; pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar la identidad de un inmueble, es la idónea para tales efectos. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia : VI.1o.C. J/13, de rubro y texto: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado." Ello es así, toda vez que los peritos son personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: 1) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez por no formar parte del programa de estudios de quienes estudian la licenciatura de Derecho y del común de la gente; y, 2) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente, razones por las cuales la prueba pericial es la idónea para demostrar la identidad entre el bien defendido por el quejoso y aquél que es materia del juicio natural. Sin embargo, la parte quejosa no ofreció medio de convicción alguno con el propósito de acreditar la identidad de los inmuebles antes referidos. Por tanto, al no existir identidad de ubicación, medidas y colindancias del inmueble materia del juicio natural, con el referido por la hoy quejosa, y no haber acreditado pericialmente la identidad del inmueble controvertido, con el que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, resulta inconcuso que no se demostró la afectación a su interés jurídico. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/340, de rubro y texto: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESION DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4 de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama; es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, surge en la especie la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable." Además, las diversas pruebas documentales ofrecidas por la quejosa tampoco se consideran idóneas para acreditar el interés jurídico, las cuales hizo consistir en: Original de boletos de avión de fecha veinte de julio de dos mil veinte. Original de cédula de notificación personal de doce de octubre de dos mil quince, relativa al expediente 43/2014-2, del índice del Juez Primer Mixto de Primera Instancia de Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Copia del escrito de demanda promovida por Angelina Martínez Ortiz contra Yazmin Julieta Martínez González, fechado el diecisiete de febrero de dos mil catorce, la que diera origen al juicio reveindicatorio 43/2014-2, del índice del Juez Primer Mixto de Primera Instancia de Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Original del escrito de contestación de demanda de seis de agosto de dos mil quince, dirigida al expediente 43/2014-2, suscrito por la aquí quejosa. Original de escrito de solicitud de copias dirigido al expediente 43/2014-2, firmado por la ahora quejosa. Original de escrito de ofrecimiento de pruebas dirigido al expediente 43/2014-2, suscrito por Juana Gonzáles Ramos. Pues si bien de las documentales referidas se puede acreditar que la hoy quejosa fue parte del diverso juicio 43/2014-2, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para los efectos del presente juicio de amparo, no acredita algún derecho generador sobre el inmueble ubicado en Calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Barbara en el Municipio de Atlatlaucan, Morelos, ni tampoco la coincidencia de inmueble analizada en anteriores párrafos, por lo que no son idóneas para acreditar su interés jurídico. Sin soslayar que a fin de acreditar el referido interés jurídico, haya ofrecido también como prueba la instrumental de actuaciones relativas a lo actuado en el juicio 43/2014-2, del índice del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, expediente en el que aduce se le reconoció la calidad de posesionaria del inmueble ubicado en Calle Insurgentes número 12, Barrio Santa Barbara en el Municipio de Atlatlaucan, Morelos. Sin embargo, contrario a lo referido por la hoy quejosa, de la lectura de la sentencia del juicio antes citado no se advierte que se le haya reconocido la calidad con la que se ostenta, por el contrario, de su lectura se advierte que la calidad de propietaria fue evidenciada a la parte actora (Angelina Martínez Ortiz), mientras que fue reconocida como posesionaria del inmueble únicamente Yazmin Julieta Martínez González, como se lee a continuación: "Expuesto lo anterior, es pertinente sostener que en caso que nos ocupa, si bien es cierto que la parte demandada niega ser propietaria del inmueble materia de la Litis y el cual pretende reivindicar la actora, cierto es también, que la misma actora acepta que fue ella quien le otorgó a la demandada al permitirle vivir en el inmueble, es decir una posesión derivada de una relación contractual, ya que se insiste, la actora refiere que le permitió que siguiera viviendo en el mismo, en virtud de sus problemas de salud, sin embargo, en fecha tres de abril de dos mil trece, YAZMIN JULIETA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, llega a vivir a dicho inmueble, bajo el argumento que iba a cuidar de la salud de su padre, por lo que la suscrita no le vio inconveniente, por lo que, la demandada se encuentra en posesión como simple detentador en el inmueble multicitado desde la fecha tres de abril del año dos mil trece, y esto derivado y aprovechando la enfermedad de su hermano GREGORIO MARTÍNEZ ORTIZ. [.]" ". la posesión que detenta YAZMIN JULIETA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, nace de un acto jurídico verbal, aún y cuando no lo ha reconocido la demandada, acto jurídico que la actora deberá acreditar en el juicio correspondiente; luego entonces la propietaria del bien tiene derecho a recuperar a posesión, empero, no podrá ejercerlo a través de una acción real, como la reivindicatoria, sino que deberá intentar la acción personal basada en aquel acto jurídico que refiere existe. Todo lo anterior permite concluir que a acción reivindicatoria es improcedente en virtud de la posesión derivada que refiere a actora detenta la demandada." Así, de los anteriores argumentos torales que emitió el Juez que resolvió el juicio reivindicatorio 43/2014-2, en el que la ahora quejosa fue tercera llamada a juicio, no se advierte que le haya reconocido algún derecho de posesión, sino por el contrario, se evidencia que refirió como improcedente la acción intentada por la actora, a virtud de la posesión derivada de un contrato verbal celebrado entre ésta (Angelina Martínez Ortiz), con la demandada (Yazmin Julieta Martínez González), lo que consideró hacia improcedente la acción reivindicatoria. Por lo tanto, con dicho medio de convicción tampoco se acredita el derecho de posesión que detenta la promovente de amparo. Finalmente, la quejosa exhibió como pruebas fotocopias simples de su credencial para votar, así como de credencial "VISA". Documentos que carecen de valor probatorio, de conformidad con el arábigo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción sobre la veracidad de su contenido con la facilidad con la que se pueden confeccionar. Sirve de apoyo a la anterior consideración por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J. 21/98, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN." Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia IV.3o. J/23, de rubro: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE." De lo anterior se obtiene que las pruebas ofrecidas por la quejosa son ineficaces para acreditar el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, pues no se desprende de las mencionadas documentales que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos de la hoy quejosa, por ello, al no ser parte del juicio sumario civil 13/2018-1 y aunque alegue ser comodataria del inmueble materia del documento que anexa, al margen de cualquier consideración que pudiera hacerse en torno a la veracidad o no para efectos de terceros pues solo se atendió a su alcance en este juicio; ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra el acto reclamado precisado y por los motivos expuestos en el considerando cuarto. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el cual, en cumplimiento a lo solicitado por auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, informa que después de una búsqueda minuciosa dentro de sus archivos no encontró registro del domicilio de la parte tercera interesada; lo que se toma del conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.

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