Juana Hernández Rodríguez

Expediente 710/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
710/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • Juana Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa **********, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 186656, valioso por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N.), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, que exhibió para garantizar la medida suspensional concedida en autos; se acuerda: Tomando en consideración que mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la justicia federal, además de que no se actualiza la hipótesis del artículo 156 de la Ley de Amparo, devuélvasele el referido documento valor, previo recibo que de su entrega se deje en autos. Asimismo, dígase a la promovente que el mencionado billete se devolverá exclusivamente a la persona que aparece como depositante en el mismo, esto es, a **********, en razón de que al tratarse de un valor debe ser manejado con la seguridad debida, a fin de tener la certeza de que fue entregado a su depositante, dado el riesgo que implicaría entregarlo a persona distinta. Por otra parte, hágasele del conocimiento que por razones de seguridad será devuelto el billete de depósito que solicita únicamente los días jueves de las nueve a las doce horas ante este Juzgado Sexto de Distrito ubicado en la Avenida Quetzalli número 901, colonia Álamos de esta ciudad, para que la depositante comparezca con identificación oficial vigente a recoger el billete en mención.

  2. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de enero del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho valer; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, respecto del acto que hizo consistir en la la resolución de ocho de julio de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el toca 315/2015, que confirmó la interlocutoria de siete de mayo de dos mil quince emitida por la Jueza Civil de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil C-74/2000, que dirimió el incidente de liquidación de sentencia promovido por el aquí tercero interesado Gabriel Navarrete Juárez. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que: El Magistrado citado dejara insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil quince y dictara una nueva pero purgando la violación formal detectada; esto es: analizara las documentales a las que la demandada incidentista hizo alusión al formular la apelación, consistentes en el contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre dicha apelante y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que obran en el expediente de origen a fojas 189 y 194 así como aquellas en las que consta la solicitud de cancelación de la reserva de dominio por parte del titular de dicha dependencia que constan en las fojas 428 y 433 de dichos autos; con lo cual la responsable estaría en posibilidad de analizar el agravio que se hizo valer consistente en que el dominio del bien raíz materia del incidente de liquidación se adquirió fuera de la vigencia del matrimonio. 2) En providencia de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, remitió copia certificada del auto de catorce de enero del presente año, por medio del cual dejó sin efectos la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil quince. 4) Asimismo, mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número 878, remitió copia certificada de la nueva determinación de diecinueve de enero del presente año, dictada al resolver el toca 315/2015 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el veinticinco de enero del año en curso se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil quince. Emitió una nueva, en la que considerando las documentales aportadas por la apelante, relativas al contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, así como la cancelación de dicha reserva solicitada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra el veinticinco de agosto de dos mil tres, revocó la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil quince, emitida por la Jueza Civil de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando que el bien inmueble materia del incidente de liquidación de sentencia no debe ser liquidado, ya que es propiedad única y exclusiva de la demandada incidentista. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió al rendir su informe justificado la Jueza Única Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, con las que se formaron dos tomos, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veinticinco de enero del presente año, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que lo hubiese hecho valer; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: 1) Mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, respecto del acto que hizo consistir en la la resolución de ocho de julio de dos mil quince, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato en el toca 315/2015, que confirmó la interlocutoria de siete de mayo de dos mil quince emitida por la Jueza Civil de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los autos del juicio ordinario civil C-74/2000, que dirimió el incidente de liquidación de sentencia promovido por el aquí tercero interesado Gabriel Navarrete Juárez. La protección constitucional otorgada fue para el efecto de que: El Magistrado citado dejara insubsistente la resolución de ocho de julio de dos mil quince y dictara una nueva pero purgando la violación formal detectada; esto es: analizara las documentales a las que la demandada incidentista hizo alusión al formular la apelación, consistentes en el contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado entre dicha apelante y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, que obran en el expediente de origen a fojas 189 y 194 así como aquellas en las que consta la solicitud de cancelación de la reserva de dominio por parte del titular de dicha dependencia que constan en las fojas 428 y 433 de dichos autos; con lo cual la responsable estaría en posibilidad de analizar el agravio que se hizo valer consistente en que el dominio del bien raíz materia del incidente de liquidación se adquirió fuera de la vigencia del matrimonio. 2) En providencia de veintiuno de diciembre de dos mil quince, se declaró la firmeza del fallo protector y se requirió a dicha responsable cumpliera con él. 3) En cumplimiento a la ejecutoria de mérito el Magistrado Propietario de la Sexta Sala Civil de Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, remitió copia certificada del auto de catorce de enero del presente año, por medio del cual dejó sin efectos la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil quince. 4) Asimismo, mediante oficio registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número 878, remitió copia certificada de la nueva determinación de diecinueve de enero del presente año, dictada al resolver el toca 315/2015 de su estadística. 4) Con motivo de lo anterior, el veinticinco de enero del año en curso se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dejó insubsistente la resolución reclamada de ocho de julio de dos mil quince. Emitió una nueva, en la que considerando las documentales aportadas por la apelante, relativas al contrato de compraventa con reserva de dominio celebrado el seis de febrero de mil novecientos noventa y cinco, así como la cancelación de dicha reserva solicitada por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra el veinticinco de agosto de dos mil tres, revocó la resolución interlocutoria de siete de mayo de dos mil quince, emitida por la Jueza Civil de Primera Instancia de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando que el bien inmueble materia del incidente de liquidación de sentencia no debe ser liquidado, ya que es propiedad única y exclusiva de la demandada incidentista. En ese sentido, el suscrito considera que con las actuaciones descritas con antelación, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este Juzgado hasta en tanto se destruya. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de las constancias que remitió al rendir su informe justificado la Jueza Única Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, con las que se formaron dos tomos, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este asunto; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa con las constancias de referencia así como con las recibidas en este juzgado el veinte de enero del presente año (foja 139), para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

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