Juana Escobar Martínez y Otros.
Expediente 248/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juana Escobar Martínez y Otros.
- Juan Antonio García Tapia y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, al que adjunta testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 45/2022, interpuesto por **************, quien se ostenta como mandatario judicial de ******************, contra el auto de veintiocho de febrero del año en curso, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja promovido por ***************** quien se ostentó como mandatario judicial de ******************, en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 248/2022-V, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya." En ese sentido, acúsese recibo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
. Agréguese en autos el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del proveído de veintiocho de febrero del año en curso, el cual quedó registrado con el número 45/2022.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por *****************, quien se ostenta como mandatario judicial de *****************; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se acuerda: I. Se tiene por interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintiocho de febrero del año en curso. II. En razón de lo anterior y dada la naturaleza de la resolución recurrida, esto es, que no existe parte alguna a la cual se haya emplazado a este juicio de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, el escrito original del recurso, copia certificada de la resolución recurrida, el informe materia de la queja y las constancias que estimen pertinentes para su substanciación. III. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de ser cierto el acto reclamado, toda vez que efectivamente el suscrito el veintiocho de febrero del año en curso, determinó desechar la demanda de amparo promovida por la parte quejosa.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, quien se ostenta como mandatario judicial de ******************, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otra autoridad; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número de expediente 248/2022-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Como se observa de la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta de la fracción VIII del artículo 107 de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, aplicado a contrario sensu. De la literalidad de este último precepto, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar competencia o el conocimiento de un asunto. En sentido contrario, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no se ubique en la hipótesis aludida. Acerca de cuál es el alcance del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo en relación con la procedencia del juicio de amparo en contra de los actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia de Trabajo y Segundo en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, en sesión pública ordinaria celebrada el veintiocho de mayo de dos mil quince, esencialmente determinó que la fracción normativa en comento no puede interpretarse en su literalidad, ya que se soslayarían los principios rectores del juicio de amparo, constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. Por ello, el Alto Tribunal estableció que los actos de autoridad que determinan declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta, en el caso de la competencia por declinatoria, o bien, cuando el órgano requerido se inhibe del conocimiento de un asunto, en el caso de la competencia por inhibitoria, por ser ese el momento cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y cuando, en todo caso, se afectaría personal y directamente la esfera de derechos del interesado. De tal manera, que la procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, requiere que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia produzca una afectación real y actual a la esfera del interesado, lo que acontece cuando el acto es definitivo. Pues bien, si en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, emitida por la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca 66/2022 de su índice, mediante la cual confirmó la interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ordinario civil C-141/20221 de su estadística, que declaró procedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por su contraparte; es incuestionable que el presente juicio constitucional no se ubica en la hipótesis de procedencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, deviene improcedente. Se afirma lo anterior, pues el referido acto no es de los que hacen procedente el juicio de amparo indirecto cuando se reclama la determinación de la autoridad de declinar o inhibir la competencia, según se explicó en líneas anteriores, ya que la autoridad a favor de quién se declinó la competencia no ha determinado si la acepta o no. En efecto, el acto reclamado no es definitivo para los efectos del juicio de amparo, dado que se encuentra supeditado a que la autoridad que conozca de la competencia la acepte o la rechace y, en todo caso, la que ésta emita será la que en todo caso podría causar el agravio para ser impugnada a través del juicio biinstancial. De ahí que se estime que el acto reclamado no se ubique en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en que la autoridad determina declinar o inhibir la competencia, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica por así haberlo solicitado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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