Juana Hernández Maldonado

Expediente 305/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
305/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
17/05/2016

Partes del expediente

  • Juana Hernández Maldonado
  • Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d) de la ley invocada, para que la parte quejosa impugnara el auto de diecinueve de abril pasado, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, con apoyo en los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 203, página 23, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir. Así mismo, la diversa tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, enero de dos mil dieciséis, página 3424, que es del tenor siguiente: REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, CUANDO SE SOBRESEA RESPECTO DEL ACTO QUE DE ELLA SE RECLAMA. La legitimación para impugnar la sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 87 de la ley de la materia, se actualiza en favor de la autoridad responsable únicamente cuando afecta el acto que de ella se reclama, lo que no ocurre cuando se decrete el sobreseimiento respecto de éste. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio. De conformidad con la certificación de cuenta y el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se colige que mediante oficio recibido el treinta y uno de marzo del año en curso recibido en la oficialía de partes de este juzgado, la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del, Estado de México, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de marzo del año actual, remitió copia certificada de las constancias de notificación realizada a las partes correspondientes al laudo emitido en el expediente laboral 880/2013 de su índice. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. La doctrina ha establecido que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, pero de similar contenido en el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga; que para ser aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; aunado a lo anterior, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de los derechos violados. Como se puede ver, es un supuesto de causa de improcedencia del juicio de amparo cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Para que se actualice dicha causa de improcedencia se requiere: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda constitucional, y d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Sobre el particular, es aplicable la tesis publicada en la página 2443, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XCIX, Quinta Época, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Y la tesis publicada en la página 731, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXIX, Quinta Época, emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá. Establecido todo o anterior, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues no hay duda que han cesado los efectos de la omisión reclamada al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ya que ha dejado de producir consecuencias de derecho, al haberse dictado el laudo correspondiente. En efecto, porque en fecha ocho de marzo de dos mil dieciséis, la quejosa Juana Hernández Maldonado reclamó la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 880/2013, acto que a la fecha de presentación de la demanda existía; sin embargo, en misma fecha, se dictó el laudo respectivo, mismo que fue notificado a la solicitante del amparo y al tercero interesado el treinta y uno de marzo del año actual. Situación que se encuentra corroborada con la copia certificada del laudo (fojas 10 a la 15) y de las notificaciones respectivas (fojas 21 y 22), constancias que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de la última legislación. Ante tal circunstancia, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, con lo que se cumplen los supuestos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, ya que la omisión de la que se adolece la parte quejosa ha cesado al emitirse el laudo, al no existir motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la sustitución procesal argumentada, de modo tal, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V del diverso numeral 63 de la propia ley invocada. Resulta aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época, cuya literalidad es: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Juana Hernández Maldonado, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación descrita. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta enviado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al proveído de veintiocho de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del laudo emitido dentro del expediente laboral 880/2013 de su índice. Por lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito y con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes con las constancias remitidas, para que se impongan de su contenido. Sustenta esta determinación, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y datos de localización siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con l1o dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. (S.J.F. 9° Época, Tomo II, agosto 1995, página 594)" Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales de referencia; sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, agréguese a los autos los oficios de cuenta signados por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conclusión y Arbitraje del Estado de México; a través de los cuales con el primero acusa de recibo el oficio 8821 de quince de los cursantes, respecto al segunda misiva informa que se llevó a cabo la audiencia de almoneda de remate, dentro del expediente laboral 304/2010, de su índice y para acreditar su dicho remite copias certificadas que lo acreditan, lo cual será tomado en consideración al momento en que este órgano de control constitucional se pronuncie respecto al cumplimiento dado al fallo protector.

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