Juana Garduño González

Expediente 1609/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1609/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Juana Garduño González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se otorgó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1609/2016; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en esa fecha a este órgano jurisdiccional; Juana Garduño González por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, este juzgado registró y admitió la demanda bajo el número 1609/2016, solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 54 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos de autoridades que tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama: Del Juez Segundo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las actuaciones ordenadas en el expediente 812/2016 de su índice, con las que se pretende el embargo de su domicilio ubicado en calle Reyes Heroles, número 403, colonia San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México; y, De la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores, así como del Director de Seguridad Ciudadana, ambos de Toluca, Estado de México, la ejecución del mandato referido en el párrafo que precede. Tercero. Negativa del acto reclamado. El Director de Seguridad Ciudadana, ambos de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó el acto que se le atribuye, sin que el peticionario del amparo haya aportado prueba idónea para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto a esa autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" Cuarto. Certeza del acto reclamado. Por su parte, el Juzgador y Ejecutora señalados como responsables, al rendir su informe justificado aceptaron los actos reclamados, por lo que se tiene acreditada su existencia. Se estima aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la juzgadora responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 812/2016, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de manera oficiosa, este juzgador advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" De dicho numeral, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. En ese sentido, cabe señalar que la reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ahora bien, en el presente caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, en atención a que el acto reclamado proviene de un tribunal judicial y la quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo afectado de manera personal y directa. Por ende, se indica que el interés jurídico a que se refiere el párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, es el derecho que asiste a un particular para reclamar algún acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, que el quejoso estime violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad que ocasiona un perjuicio a los derechos o intereses de su titular. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que el quejoso demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En el caso, la parte quejosa manifiesta que desconoce la naturaleza del juicio del que emanan los actos reclamados, por lo que le resulta la calidad de tercero extraño, pues se vulnera en su perjuicio el artículo 14 constitucional ya que los actos reclamados tienen como efecto una privación ilegal de la posesión del inmueble ubicado en calle Reyes Heroles, número 403, colonia San Buenaventura, municipio de Toluca, Estado de México Así, para que la parte quejosa acreditara su interés jurídico, debió probar que tiene la titularidad de los derechos que alude sobre el bien en cuestión. En ese orden, la amparista ofreció como medios de convicción las copias certificadas de los contratos de arrendamiento que celebró en su calidad de arrandataria con Félix Fernando Miranda García, como arrendador, sobre el bien raíz de referencia. Sin embargo, esas documentales no tienen la eficacia jurídica para acreditar lo pretendido por la quejosa. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, que cuando una persona acude al juicio de amparo a defender sus derechos de propiedad o posesión respecto de un bien, debe acreditar de manera fehaciente la afectación a su interés jurídico, para lo cual no basta con que exhiba un contrato privado de arrendamiento y/o documento de similar contenido, sino que éste debe ser de fecha cierta. En este sentido, un documento adquiere dicha naturaleza a partir de que se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta. Ahora, cuando ante un fedatario público se presenta un documento privado para su cotejo con su original y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal certificación. Motivo por el cual la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento, es decir, la suscripción del mismo. En el caso concreto, los contratos de arrendamiento en estudio tienen como fecha de su elaboración el uno de febrero de dos mil once y dos mil trece, pero ambos fueron certificados por un notario público el veinte de octubre de dos mil dieciséis, por lo que a partir de esta última data, se convierte en un documento de fecha cierta. Ahora, de las copias certificadas que la autoridad responsable remitió como complemento a su informe justificado, valoradas en el considerando que antecede, se aprecia que la tramitación del juicio de origen data del doce de septiembre del presente año (fecha en que se admitió la demanda), así como la diligencia de embargo y emplazamiento, inició con el citatorio dejado el veinte de octubre siguiente. En consecuencia, es inconcuso que los documentos que ofreció la quejosa no son suficientes para acreditar su interés jurídico, en tanto que si bien son de fecha cierta, la misma es posterior al juicio del que emana el acto aquí reclamado. Máxime que, de la certificación que obra en los contratos privados de arrendamiento en cuestión, no se obtiene que el Notario haya fedatado la autenticidad de esos acuerdos de voluntades, ni califica la legalidad del documento o de lo estipulado en él, pues únicamente se certificó que era fiel reproducción y exacta del documento auténtico del que fue tomada, sin referir sobre las circunstancias referidas. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que establece lo siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." De lo descrito, se estima que no es suficiente que la quejosa se ostente como poseedora del bien inmueble afectado, sino que debió acreditarlo de manera fehaciente con prueba idónea, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, esto es, la contemplada en el artículo 61, fracción XII, con fundamento en el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio constitucional. Sobreseimiento que deberá hacerse extensivo a los actos de ejecución reclamados a la Ejecutora adscrita a la Central de Ejecutores y Notificadores de Toluca, en virtud de que el acto a ella reclamado no se impugnó por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad atribuida a la actuación reclamada de la autoridad ordenadora. Finalmente, es importante hacer mención que no obsta que en el presente sumario no se haya emplazado a la tercero interesada Rosalío Quiñones Hernández, toda vez que es inconcuso que la presente determinación no le irroga perjuicio alguno. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R e s u e l v e: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Juana Garduño González , respecto de los actos reclamados a las autoridades que precisados quedaron en el resultando primero y en términos del considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón suscrita por el fedatario de la adscripción en la que expone su imposibilidad para emplazar el tercer interesado, por las razones que expone; circunstancias de las cuales este juzgado toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  4. Incidental

    Toluca, Estado de México, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese la razón suscrita por el fedatario de la adscripción en la que expone su imposibilidad para notificar el proveído de veinticinco de octubre del año en curso, por las razones que expone al tercero interesado. Por tanto, resérvese a ordenar la notificación de dicho proveído, hasta en tanto se cuente con el domicilio actual y correcto de dicha parte, en el juicio del cual deriva el presente cuaderno. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

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